En una carta escrita a mano en hojas de cuaderno, los indígenas invocan el artículo octavo constitucional para solicitar “al mal gobierno como máxima autoridad del estado, nuestra inmediata libertad que tanto necesitamos para el bienestar de nuestras familias”.
“Nuestros hijos nos necesitan. Somos presos políticos que hemos sido torturados criminalmente” para aceptar los cargos que les fueron imputados. “Denunciamos todas estas agresiones de las autoridades corruptas que violan las garantías individuales”, expresan en la que resulta una verdadera botella arrojada al mar.
Señalan particularmente a los agentes de Ministerio Público como “prefabricadores de delitos por ambición y dinero” al realizar las diligencias, y a los jueces que les dieron condenas de 25 a 67 años.
Dicen que “como indígenas, no entendemos bien el español” y por ello no han sabido defender sus derechos de manera adecuada. “Suplican” al gobierno ser tomados en cuenta, tanto ellos como sus compañeros de La Voz del Amate, recluidos en el penal de Cintalapa y también miembros de la otra campaña.
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