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21/06/2009

Migrantes indígenas sin intérpretes en EEUU

Los Ángeles, Estados Unidos (La Opinión).- La escena se repite: un hombre enfrenta cargos y debe comparecer frente al juez. Es un indígena mexicano, no habla ni inglés ni español, y la corte no tiene un intérprete en su lengua. ¿Qué hacer en estos casos?

El más reciente de ellos, registrado en la Corte Superior de Ventura, fue resuelto gracias a que el acusado hablaba un poco de español; el juez acordó que se le hablara muy despacio, a través de un intérprete inglés-español; así se celebró la audiencia. No fueron las mejores condiciones, sin duda, ni lo que garantiza la ley para alguien que enfrenta un juicio.

Originario de Pueblo Nuevo Solistahuacan, Chiapas, en México, el acusado —de quien no se proporcionaron más datos por haber un menor involucrado— tiene por lengua nativa el tzotzil. La migración hacia Estados Unidos proveniente de comunidades chiapanecas, como en este caso, es relativamente reciente. En las cortes es más común la presencia de indígenas mixtecos o zapotecos, para quienes existen ya algunas redes de intérpretes.

"Hay una nueva ola de migrantes indígenas que viene", explica Gaspar Rivera-Salgado, coordinador del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), agrupación que intercede por mejorar el servicio de interpretaciones. "La migración indígena tiene una presencia en California desde hace 25 años, con los mixtecos y zapotecos; pero ahora tenemos que encontrar intérpretes para los nuevos migrantes que han llegado en años recientes", señala.

Para Rivera-Salgado, el que estas situaciones continúen es una muestra de que la comunidad migrante no está preparada para lidiar con los nuevos flujos. Y apunta también hacia los países de origen.

"Ni siquiera ahí existen estos recursos. En México no hay redes de intérpretes indígenas, y los indígenas se encuentran en la cárcel sin que sus casos avancen porque no hay traductores", acusó.

En el caso de Estados Unidos, asegura, esto es también un problema; para los gobiernos locales, pagar por traductores indígenas puede ser un lujo en tiempos de crisis. Y el problema no se limita sólo a los recursos para la interpretación.

"No hay ni siquiera sentido común. A veces se piensa que con proveer un intérprete en español es suficiente porque creen que cualquier persona que viene de México entiende español. No se concibe a la mexicana como una población diversa, y ello termina en tragedias. Hay casos de indígenas que han estado en prisiones federales por crímenes que no han cometido", afirma el dirigente.

Cecilia Isaac, gerente del programa en la Unidad de Intérpretes de la Corte de Ventura, y quien tuvo a su cargo el caso del indígena tzotzil, asegura que es la primera vez en los 20 años que lleva trabajando ahí que se requiere alguien que hable esta lengua.

Normalmente cuentan con dos intérpretes: uno que traduce del inglés al español y viceversa, y otro que lo hace del español a la legua indígena, como zapoteco o mixteco.

"En el caso de este indígena tzotzil, la persona que estuvo presente para hacer la interpretación es de México, eso ayudó; le hablaron muy despacito, le pidieron al abogado que no usara términos jurídicos que lo pudieran confundir, le explicaron lentamente los conceptos", relata Isaac.

Sin embargo, no siempre los intérpretes abundan. Para el mixteco, por ejemplo, los contactos de la corte están en Fresno y en San José; en ocasiones se ha tenido que recurrir a los enlaces telefónicos para hacer el trabajo de interpretación.

De acuerdo con Isaac, en la corte de Ventura en particular se registraron 58 comparecencias en lenguas indígenas, todas de mixtecos oaxaqueños. Aunque la cifra es elevada para este periodo, al finalizar el año apenas alcanza unos 110 debido a los flujos migratorios acordes con el trabajo en el campo; el principio de año es cuando hay una mayor afluencia de esta comunidad.

Para conseguir intérpretes, las cortes se apoyan particularmente en las asociaciones de oriundos, en especial de oaxaqueños, así como en organizaciones indígenas y consulados. "Pero cuando nos llegan otros idiomas como tzotzil o triqui, tenemos que empezar a buscar en todo el estado; nos ocurre no sólo con las lenguas indígenas de México, sino con las de Guatemala y otros idiomas de las islas del Pacífico", explica.

El desafío será atender a las poblaciones de indígenas mayas y chiapanecas que llegan a Estados Unidos, para lo cual, hasta el momento, no hay mucho de dónde echar mano.

Ayuda al índigena recién llegado

Los Ángeles, Estados Unidos, (La Opinión).- Tal vez usted recuerda el caso de Jesús Martínez: un indígena triqui viviendo en el valle central de California, quien fue acusado de intentar vender a su hija por acceder a que ésta se casara siendo menor de edad y pedir una dote, como se acostumbra en su pueblo de Oaxaca.

Cada año decenas de indígenas y/o migrantes de comunidades rurales provenientes de México y Centroamérica enfrentan juicios debido a faltas cometidas por la ignorancia de las leyes, que son diferentes a las leyes o reglas que operan en sus comunidades de origen.

Por esta razón, el Centro Binacional Para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño (CBDIO), en conjunto con el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), ha iniciado una campaña de información y sensibilización cultural, tanto para los migrantes recién llegados, como para aquellos prestadores de servicios que trabajan con ellos, o para los miembros de las comunidades a las que éstos llegan.

"El objetivo es que los servidores públicos comprendan los usos y costumbres de la comunidad indígena, las contribuciones de la medicina tradicional, la existencia de un sistema jurídico que no es como el de Estados Unidos", comentó Odilia Romero, dirigente de FIOB en Los Ángeles. "Pero también que los indígenas comprendan que están en un nuevo sistema y que deben evitar ciertas actitudes para no terminar arrestados, en una corte, o perdiendo a sus hijos".

Como parte de esta campaña, el CBDIO ha hecho circular un documento con seis reglas para evitar ser detenido. Se busca que las organizaciones tanto en México como en Estados Unidos, así como los miembros de la comunidad que recibe a los nuevos migrantes, difundan la información para contribuir a disminuir los problemas que afectan a las familias indígenas migrantes.

El primer tema al que hace referencia es la edad legal para tener pareja. En California las personas menores de 18 años de edad no se pueden casar a menos que sus padres o tutores legales den su consentimiento ante un juez. Se considera ilegal que una persona menor de 18 años tenga relaciones sexuales con alguien mayor de 18 años aún con su consentimiento. Las consecuencias pueden ser cárcel, una multa elevada, y la posible deportación al país de origen.

Otro motivo de arresto y encarcelamiento para los migrantes indígenas es la violencia doméstica. Es preciso hacer de su conocimiento que golpear a la pareja y a los hijos son delitos muy graves y están prohibidos por el Código Penal. Incluso las personas con residencia permanente pueden perder ésta y ser deportados a sus países por esta razón.

En los países hispanos suele ser común el dar "una nalgadita" a los niños cuando se portaron mal. En Estados Unidos existe una ley para reportar el abuso infantil, la cual exige a los profesionales que trabajan con los niños (maestros, doctores, dentistas, enfermeras trabajadores sociales) que reporten a la policía cualquier sospecha de abuso o negligencia hacia los niños. Esto incluye el abuso físico, sexual, emocional – gritarles, insultarlos o castigarlos- y el descuido. Estos delitos son fuertemente penalizados y los padres podrían perder la custodia de sus hijos.

Otra actividad común en algunas comunidades es conducir bajo la influencia del alcohol. En California, la primera vez que una persona es detenida con .08% de concentración de alcohol en la sangre o más, debe pagar una multa que podría ser superior a los cinco mil dólares. La segunda vez esta cantidad se incrementa, además de que se enfrentan otros cargos penales.

Por lo que respecta a la vía pública, es importante hacer del conocimiento del recién llegado que tirar basura en las calles u orinar en las mismas, puede generar multas de hasta mil dólares en el primer caso, y cárcel en el segundo.

Se puede contactar al CBDIO en el teléfono (559) 499-1178.

Reconocen ayuda de México a refugiados durante guerra en Guatemala

Guatemala, Guatemala (Notimex).- México fue el lugar de salvación para miles de indígenas guatemaltecos, desarraigados por la violencia del conflicto armado interno y la persecución, indicaron organizaciones populares y de defensa de los derechos humanos.

La guerra interna no declarada en Guatemala causó más de 200 mil muertos y desaparecidos en 36 años de conflicto, que finalizó el 29 de diciembre de 1996 con la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla avalado por Naciones Unidas.

Con motivo del Día Mundial del Refugiado, dirigentes de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina destacaron la solidaridad mexicana que protegió a miles de refugiados que huyeron a México para ponerse a salvo de la inusitada violencia del conflicto armado interno.

Organizaciones indígenas y campesinas e instituciones defensoras de los derechos humanos han coincidido en que los guatemaltecos salvaron la vida al internarse en territorio mexicano en uno de los periodos más difíciles de la guerra interna guatemalteca (1978-1984).

Más de cien mil indígenas, acosados por el Ejército en su campaña contra la guerrilla guatemalteca, cruzaron la frontera para refugiarse en los estados mexicanos de Chiapas, Tabasco y Campeche, principalmente, establecen estimaciones oficiales.

"El terror sin precedentes" generó las corrientes de refugiados guatemaltecos en México, según la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH), entidad de las Naciones Unidas.

La CEH, creada por los acuerdos de paz para investigar las violaciones de los derechos humanos en más de tres décadas de guerra fratricida, los indígenas fueron las principales víctimas de la violencia de la guerra interna guatemalteca.

"El terror sin precedentes, provocado por las masacres y la devastación de aldeas enteras en el periodo comprendido entre 1981 y 1983, desencadenó la huida masiva de una población diversa, cuya mayoría estaba constituida por comunidades mayas", indicó.

En las conclusiones del informe de la CEH se indicó que "mediante las masacres y denominadas operaciones de tierra arrasada, planificadas por las fuerzas del Estado se exterminaron por completo comunidades mayas".

La CEH "registró 626 masacres atribuibles" al Ejército y los agentes del Estado, que emprendieron una feroz lucha para eliminar a la guerrilla y, en ese objetivo, arrasaron comunidades indígenas a las que acusaban de colaborar con los insurgentes.

"El desplazamiento forzado de la población civil en Guatemala destaca en la historia del enfrentamiento por su carácter masivo y su potencia destructora",

"Encarna la ruptura del tejido social en su forma más directa y desgarradora. Implica el desmembramiento de familias y comunidades, así como el debilitamiento de los lazos culturales que conformaban su cohesión", añadió.

De acuerdo con las investigaciones de la CEH, "las estimaciones sobre el número de desplazados va desde 500 mil hasta un millón y medio de personas en el periodo álgido -del conflicto armado interno- (1981-1983)".

Las cifras incluyen a los guatemaltecos que "se desplazaron internamente y las que se vieron obligadas a buscar refugio en otro país", señaló en su informe la CEH.

Estimó que "unas 150 mil personas buscaron su seguridad en México. Cerca de la tercera parte de ellas se ubicó en campamentos y contó con el reconocimiento del estatus de refugiado" por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Señaló que "otras 50 mil personas vivieron como refugiados dispersos en Chiapas, mientras el resto se arraigó en la capital mexicana en otras ciudades de dicho país".

Los acuerdos de paz suscritos en diciembre de 1996 establecieron el retorno y repatriación voluntaria de los guatemaltecos refugiados en México, que se llevaron a buen término con base en una coordinación entre los dos gobiernos involucrados y la ACNUR.