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10/02/2009

Indígenas de Tataltepec toman oficinas de la Procuraduría Agraria


Por Élfego Gregorio Jiménez, corresponsal

Santiago Jamiltepec, Oax.-
Un centenar de indígenas chatinos del barrio Chico Abajo del municipio de Tataltepec de Valdés se apoderaron de las oficinas de la Procuraduría Agraria (PA) para solicitar la intervención de Luis Alberto Jiménez Paredes, Jefe de Residencia de dicha dependencia para solucionar el conflicto por cancelación de un camino vecinal por parte de Simeón López Pérez, particular que decidió levantar una barda en lo que alega es su propiedad.

Los más de cien vecinos que utilizaban el camino, que ahora es bloqueado por una barda, exigen la inmediata solución de este conflicto que tiene ya cuatro años, sin que las autoridades tanto municipales, comunales o agrarias hagan algo.

Desde las 8 de la mañana los indígenas chatinos, se apoderaron de las oficinas para ser atendidos por algún funcionario, después de varias horas fueron recibidos por el visitador Pedro Hernández Santiago, quien se limitó a decir que este tipo de conflictos se puede solucionar por conciliación o de lo contrario el propio Tribunal Unitario Agrario (TUA) con sede en Huajuapan de León, sin dar ninguna alternativa de solución.

La Procuraduría Agraria es un organismo gubernamental dependiente de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), que tiene como finalidad resolver los conflictos agrarios.

“Venimos en compañía del comisariado de bienes comunales Saúl Hernández Cruz, para pedir que la propia intervención de la autoridad agraria para solucionar el conflicto que tenemos los vecinos del Barrio Chico contra el señor Simeón López, ya que al construir una barda obstruyó nuestro camino”, dijo indignado Panuncio López Hernández.

En tanto el jefe de la PA, Luis Alberto Jiménez Paredes informo que “como parte de su competencia, la Procuraduría Agraria inicio una audiencia como parte del procedimiento conciliatorio, que es la vía preferente para la solución de conflictos, analizando la legalidad de las propuestas, apegándose siempre de acuerdo a lo que establece la ley en la materia, de lo contrario se dejaran a salvo los derechos de las partes para deducirlos ante la autoridad competente”.

Daniel Mejía Hernández, otro de los afectados por la actitud de Simeón López, explico en la lengua chatina que en una reunión de comuneros en Tataltepec solicitan la intervención del visitador Pedro Hernández Santiago, quien únicamente se ha dedicado a darle vueltas al asunto, sentimos que esta incurriendo en actos de parcialidad y corrupción, toda vez que nos ha ignorado, pero nosotros tenemos los papeles en la mano que nos avala que este camino es utilizado desde nuestros abuelos, y ahora no los quieren quitar, sin tener otra camino más que este”.

De no tener respuestas en los próximos días, los indígenas inconformes tomaran las instalaciones del Tribunal Unitario Agrario de la ciudad Oaxaca, además de que han enviado copias de su inconformidad ante la Comision Nacional de los Derechos Humanos, la Secretaria de la Función Publica, entre otras dependencias y organismos no gubernamentales.

Se vive tensión en Chimalapas

San Miguel Chimalapas, Oax., (Reforma).- La falta de acuerdos entre Oaxaca y Chiapas por el problema de límites de tierras mantiene tensa la situación en la zona de San Antonio, por un bloqueo que comuneros zoques realizan sobre el camino hacia la comunidad chiapaneca de Gustavo Díaz Ordaz desde hace más de 25 días.

El delegado de Gobierno en la zona de Los Chimalapas, Manuel Montero López, informó que por este bloqueo que mantienen los comuneros de San Antonio Chimalapas, ambas comunidades permanecen incomunicadas.

Y es que el pasado 13 de enero los comuneros zoques retuvieron a tres personas y tres camiones cargados con madera cortadas de manera ilegal en la zona de reserva ecológica de Los Chimalapas.

"En esa ocasión intervino el Presidente Municipal y se dejaron libres a las tres personas, pero los carros continúan ahí y el bloqueo permanece", dijo.

Ayer se cumplieron 27 días de que los comuneros oaxaqueños colocaron troncos en el camino que conduce a San Antonio y Díaz Ordaz, aunque la comunidad más afectada es la chiapaneca.

Ante este decomiso, los zoques oaxaqueños bloquean con troncos y postes de luz la entrada de San Antonio y, por consiguiente, el camino que conduce a la población de Díaz Ordaz, ya que los chiapanecos sólo tiene esta vía para salir a la carretera Panamericana por el entronque de la comunidad de El Jícaro, en Zanatepec.

Con esta medida, los comuneros exigen que el Gobierno federal suspenda los permisos otorgados a los chiapanecos para sacar madera de la selva, ya que a ellos les prohíben la tala en tanto no se resuelva el problema de límites.

"Se cerró el acceso a los de Díaz Ordaz porque se había acordado para proseguir con las mesas de negociación suspender la explotación forestal, lo que no fue respetada, porque ellos cuentan con el permiso otorgado por el Gobierno federal", dijo Uriel Juárez Hernández, agente municipal de San Antonio.

Señaló que el Gobierno federal es responsable de atizar la confrontación entre pueblos al conceder permisos de explotación en una zona con conflictos agrarios.

"¿Por qué otorgan permisos cuando saben que aquí hay bronca? ¿Por qué ellos sí y nosotros no?", abundó.

San Antonio tiene 90 comuneros y alrededor de 300 habitantes y estos aseguran que la solución está en manos del Gobierno.

El pueblo zoque de San Antonio argumenta que posee 134 mil hectáreas de tierra reconocidas en la Resolución Presidencial de 1967.

Juárez Hernández dijo que por ello los comuneros de San Antonio, agencia municipal de San Miguel Chimalapa, exigen al Gobierno federal la reubicación en territorio chiapaneco de los ejidatarios de la población de Gustavo Díaz Ordaz, agencia de Cintalapa, Chiapas.

"La única a salida para poner fin al conflicto de límites de tierras entre Chiapas y Oaxaca es sacar a Gustavo Díaz Ordaz del territorio oaxaqueño, reubicarlo en Chiapas y otorgar una indemnización a los ejidatarios", explicó.

Expuso que sólo de esta manera se puede evitar el saqueo de maderas preciosas de la zona de reserva de ecológica de Los Chimalapas por parte de los talamontes chiapanecos y posibles enfrentamientos entre habitantes de ambas poblaciones

Por su parte, el representante legal de los comuneros Javier Balderas Castillo, del Centro de Derechos Humanos Tepeyac, informó que las autoridades involucradas en el conflicto, después de una reunión sostenida en la Ciudad de México con la Subsecretaría de Gobernación, acordaron instalar una mesa de diálogo en Tuxtla Gutiérrez el próximo 11 de febrero.

Se organizan contra reemplacamiento den Tlaxiaco, Oaxaca

Por René López, corresponsal

Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oax.-
Con la finalidad de evitar mayores gastos económicos, la población de la región Mixteca de Oaxaca ya está realizando los trámites para ampararse en contra del remplacamiento, ante la instancia jurídica de la sección 22, ya que este significa un gasto extraordinario que golpea la economía de los Mixtecos y todo el estado de Oaxaca, aseguró Raúl Hernández, representante de los trabajadores de la educación por esta región.

Sobre el remplacamiento dijo este un gasto que perjudica el bolsillo de los Oaxaqueños y particularmente a esta región Mixteca, por lo que convocó a la ciudadanía en general dueño de algún vehículo a que tome en cuenta el amparo que están convocando, donde la instancia jurídica de la sección 22, no solo esta atendiendo a sus agremiados si no a la población.

Ante ello, dijo que existe ya coordinación con diversos sectores de la población para revertir el deterioro de la economía familiar enfrentando entre todos este remplacamiento que lo único que está provocando es mayor pobreza y generando para el estado tejidos de inversión para que los políticos sigan manteniéndose en el poder.

Lamentó que la crisis económica ya está dando resultados en esta región, después de que estamos viendo como están regresando nuestros familiares a falta de trabajo en los Estados Unidos, sin que se reconsideren políticas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de millones de familias y lejos de esto, todavía nos quieren generar un gastos que no se tiene ante esta situación, considerando que el remplacamiento; representa un ingreso importante, dinero que se gastarán los políticos para reprimir y utilizarlo en las campañas.

El proceso de amparo lo está siguiendo el jurídico de la sección 22, por lo que pide a la comunidad en general llevar los siguientes documentos, factura de la compra del carro, el último pago de tenencia, credencial de elector y tarjeta de circulación para tramitar este amparo.

Los documentos están siendo notariados y además ya existe el formato de este amparo que los abogados han realizado justo con otros formatos de llenado que los interesados deben tener.

Mientras tanto este sector por la Mixteca ya está realizando brigadas de vigilancia e información sobre esta situación porque ya no seremos los ciudadanos quienes tengamos que pagar las campañas de los que están en el poder y si quieren ganar que gasten de sus propios recursos.

Adelanto que los días 23 al 25, la sección 22 de la Mixteca realizaran mesas de información para el paro nacional en contra de esas anomalías que los gobiernos, quienes abusando del poder están haciendo, así como a la política que no atiende la crisis económica actual.

Terminan obras de red de agua y drenaje

Tlaxcala, Tlax., (e-consulta).- Con la finalidad de coadyuvar a mejorar las condiciones de vida de la población indígena del estado, en próximos días el Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario (SEPUEDE), a través de la Dirección de Pueblos Indígenas, inaugurará dos importantes obras de infraestructura básica en beneficio de pobladores indígenas de San Isidro Buensuceso, municipio de San Pablo del Monte.

Se trata de una inversión de más de un millón 400 mil pesos, gestionados por la Dirección de Pueblos Indígenas del SEPUEDE ante la CDI México, de los cuales el 70 por ciento fue aportado por la institución y el 30 restante por el gobierno del estado de Tlaxcala.

Las obras consisten en la ampliación de la red de agua potable y la extensión de tubería para drenaje, en beneficio aproximadamente de mil habitantes indígenas de esa demarcación.

Se prevé que en breve se realizará la inauguración de estas obras, las cuales obedecen a la indicación del gobernador de Tlaxcala, Héctor Israel Ortiz Ortiz, de llevar a cabo las acciones necesarias que permitan que los tlaxcaltecas accedan a una mejor calidad de vida.

Amnistía denuncia la persistencia de la impunidad y de las violaciones graves de DDHH en México

Madrid, España (Europapress).- Amnistía Internacional (AI) afirmó hoy que el informe presentado recientemente por el Gobierno mexicano al Consejo de Derechos Humanos de la ONU "no refleja la realidad sobre el terreno" e ignora la persistencia de la impunidad, las graves violaciones de los Derechos Humanos que se perpetran en el país, como torturas, detenciones arbitrarias, violencia sexual y homicidios ilegales, y la falta de medidas de protección a la mujer.

El informe, según la organización, no reconoce "la frecuente falta de aplicación o impacto de las políticas del Gobierno mexicano", como tampoco reconoce "el empeoramiento del clima de Derechos Humanos en muchas partes del país", denunció AI en un comunicado difundido hoy. México es uno de los 16 países que se someterá a examen en el contexto del cuarto periodo de sesiones del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, que se inauguró en Ginebra el pasado lunes 4 de febrero. El examen de México está previsto para mañana, día 10.

"La lista de reformas e iniciativas positivas que enumera el informe del Gobierno es una buena noticia", manifestó la directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional, Kerrie Howard. "El problema es que no se da información sobre los progresos para impedir que sigan cometiéndose violaciones de Derechos Humanos y para poner fin a la impunidad", añadió.

Amnistía Internacional ha presentado una serie de informes alternativos con ocasión de la ronda actual de exámenes en los que detalla motivos de preocupación claves en materia de Derechos Humanos en 12 de los 16 países objeto de estudio.

En su informe sobre México, la organización señala que, "hasta el momento, México no ha reconocido explícitamente en su Constitución la categoría de los tratados internacionales de Derechos Humanos". Asimismo, denuncia que las autoridades aún no han hecho rendir cuentas a nadie "por el centenar de homicidios y las 700 desapariciones forzadas que tuvieron lugar entre las décadas de 1960 y 1980".

El informe de AI también asegura que los agentes de la Policía federal, estatal y municipal de México implicados en violaciones graves de Derechos Humanos --como tortura, violación y homicidio ilegal--, especialmente las cometidas durante los disturbios civiles en San Salvador Atenco y la ciudad de Oaxaca en 2006, "no han comparecido ante la justicia".

El sistema de justicia militar, aseguró la organización, sigue juzgando casos de violaciones de Derechos Humanos pese a que las normas internacionales "insisten en que estos casos deben ser juzgados por tribunales civiles".

TORTURAS, DETENCIONES Y HOMICIDIOS

El informe denuncia también que el número de informes sobre abusos tales como detención arbitraria, tortura, malos tratos, violencia sexual y homicidios ilegítimos a manos de agentes de seguridad "ha aumentado durante las operaciones emprendidas para combatir a las bandas criminales violentas".

Asimismo, el documento advierte de que los defensores de los Derechos Humanos, especialmente los de zonas rurales, "sufren a menudo persecución, y en ocasiones detención prolongada, por cargos penales falsos o de motivación política".

Las comunidades indígenas o que sufren cualquier otro tipo de marginación también son víctimas frecuentes "de acoso por oponerse a proyectos de desarrollo que afectan a sus medios de vida", añadió AI. Otro colectivo perjudicado, según AI, son los migrantes irregulares que atraviesan México y que "son sometidos sistemáticamente a malos tratos por agentes del Estado, y a violencia sexual y de otro tipo por bandas criminales".

Por otra parte, asegura el informe, la pobreza y la marginación siguen privando a muchas comunidades rurales, especialmente indígenas, del derecho a un nivel de vida adecuado y del derecho al desarrollo de acuerdo con sus propias necesidades e intereses.

"Pese a los avances en la legislación para proteger a las mujeres frente a la violencia, su aplicación es tenue", advirtió Amnistía. "Los índices de denuncia, procesamiento y condena de los responsables de violencia intrafamiliar, violación e incluso homicidios de mujeres siguen siendo extremadamente bajos", prosiguió.

"Dos años después de la adopción, en 2007, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dos Estados todavía no habían introducido siquiera la legislación necesaria para ponerla en vigor", se lee en el informe.

EL EPU

"Amnistía Internacional reconoce que el informe de México destaca la invitación abierta a los mecanismos internacionales de Derechos Humanos", declaró Kerry Howard. "Dado el papel fundamental del país en el diseño del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la organización confía en que el Gobierno aprovechará esta oportunidad para redoblar sus esfuerzos de abordar los problemas de Derechos Humanos en México", añadió.

El examen periódico universal (EPU) es el primer mecanismo de que dispone la ONU para estudiar sistemáticamente la actuación en materia de Derechos Humanos de los 192 Estados miembros de la ONU. Entre 2008 y 2011, cada año se someterán a examen 48 países, 16 en cada uno de los tres periodos de sesiones anuales del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal.

Entre los Gobiernos que el Consejo de Derechos Humanos tiene previsto examinar este mes figuran China, Cuba, Alemania, México, Nigeria, la Federación Rusa y Arabia Saudí. El actual periodo de sesiones del EPU se prolongará hasta el 13 de febrero.

Mujeres de La Montaña, Guerrero, vida de miedo y militarización

Ayutla de los Libres, Gro., (CIMAC).- Las mujeres de Barranca Guadalupe, en la zona Me´phaa (tlapaneca) de La Montaña de Guerrero revivieron su miedo desde el pasado lunes, cuando soldados del Ejército Mexicano, “guachos”, como les llaman, regresaron al lugar e instalaron un campamento.

Las niñas y niños dejaron de ir a la escuela y las mujeres se encerraron en sus casas por miedo a ser violadas por “los guachos”, como ha ocurrido antes, como pasó en 2002 a Inés y Valentina, quien entonces tenía 17 años de edad.

La agresión sexual contra ellas, en Barranca Tecuani y en Acatepec, respectivamente, con tan solo unos días de diferencia, no ha tenido reparación, ni se ha castigado a los culpables.

“Me robaron la tranquilidad y la de mi familia”, dice Inés a Cimacnoticias. “Como mujer me queda claro que el gobierno no respeta mis derechos y garantías, como los militares que me violaron; me mataron en vida, ya no soy la Inés feliz que era antes, ahora soy diferente, vivo con miedo”.

El lunes llegaron los “guachos”, dice Inés, y “me encerré con mis hijos, ya no salí, me enfermé, estuve con dolor de cabeza, calentura y temblaba, no dejé que mis hijos salieran a la escuela”.

Su hija y sus dos hijos, de 11, 9 y 5 años de edad, respectivamente, le dijeron con mucho miedo que no querían ir a la escuela, “no te vamos a dejar sola, mamita”.

“Tengo mucho miedo –dice Inés—de que mi hija pueda ser agredida sexualmente por los “guachos”, como me pasó a mí, o que agredan a mis hijos”.

Los habitantes de Barranca Guadalupe denunciaron que los militares, acampados a la entrada de la colonia Filo Caballo, robaron de sus parcelas frijol, caña, naranjas...

Sin casi haber comido y enferma, Inés salió al jueves siguiente de su comunidad, gracias a que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan se enteró de la presencia militar y mandó por ella para llevarla hacia Ayutla de los Libres, donde está la sede de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM).

Ese mismo jueves, Inés e integrantes de la OPIM acudieron al penal de Ayutla, donde están recluidos cinco integrantes de la organización, acusados sin pruebas de haber matado a un informante del Ejército, entre ellos dos sobrinos de ella. Amnistía Internacional fue al lugar para verificar su estado y para indagar por qué no han sido liberados; su único delito es ser defensores de sus derechos humanos.

“NO ESTAMOS EN GUERRA”

El jueves 5 de febrero, Inés regresó a Barranca Guadalupe, acompañada por Tlachinollan, por la Comisión Estatal de Derechos Humano y por dos mujeres de las Brigadas Internacionales de Paz, medios locales y Cimacnoticias.

En el campamento había al menos 50 soldados, comandados por el subteniente de Infantería del 48 Batallón, con sede en Cruz Grande, Henry Luis Ancona Flores, quien declaró que estaban allí porque se les notificó de la siembra de enervantes.

Los habitantes de la comunidad, en su mayoría mujeres, niñas y niños, entre ellos Inés y su esposo Fortunato, los integrantes de Tlachinollan y de la Comisión, así como Obtilia Eugenio Manuel, presidenta de la OPIM, cuestionaron, en idioma me´phaa y en español, la presencia de los soldados, como lo han hecho en otras ocasiones y hace apenas dos meses. “Esta región no está en guerra, váyanse”.

Algunos soldados fotografiaban a la gente. La presencia de las y los comunicadores, la presión de los miembros de los Centros de Derechos Humanos y de algunos miembros de la comunidad hizo que el Subteniente ordenara el retiro: en pocos minutos levantaron su campamento y se fueron.

Juan Silva Santana, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y Armando Ramírez Cuevas, director de Orientación y quejas de este organismo, aseguró a Cimacnoticias que las denuncias por ataques de militares en la región han aumentado al doble. De diciembre a la fecha, ha habido alrededor de 57 denuncias por abusos de soldados.

AUTORIDADES, SIN RESPUESTA

Inés y Valentina, víctimas de tortura y violencia sexual por militares, buscaron justicia ante las autoridades de los gobiernos local y federal, sin encontrarla.

“A pesar de haber denunciado y pedir justicia, no hay respuesta del Gobierno mexicano, de ninguna autoridad. Ninguna funcionaria, ni diputada, ha intentado ayudarme para que se investigue mi caso”.

Para Inés es claro: ninguna funcionaria o funcionario tiene el interés de solidarizarse con los problemas que tienen las mujeres indígenas y la justicia para sus pueblos.

Agrega: “yo necesitaba apoyo al momento y nadie me lo brindó, ahora que mi caso está en instancias internacionales, que otros países piden justicia, intentan acercarse, pero aquí no hacen nada”.

La denuncia por la violación y tortura de Inés fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en junio del 2004 y el 12 de octubre del 2007 este organismo realizó una audiencia pública, en Washington, a la cual ella asistió junto con Valentina, quien también presentó su caso.

Después de esta audiencia, donde se evidenció la responsabilidad del Estado Mexicano por las violaciones a los derechos de estas mujeres, la CIDH emitió el pasado 7 de noviembre un informe confidencial al Gobierno de México.

El documento, dijo en su momento Tlachinollan, recomienda la reparación del daño a las víctimas, la investigación y la sanción a los militares responsables.

Están en espera de que el Estado Mexicano responda a las recomendaciones. Si no lo hace, la CIDH emitirá un Informe final o el caso irá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), como pidió Tlachinollan en diciembre pasado.

“Al ver a los guachos, recuerdo lo que viví y tengo miedo. Desde que fui violada vivo junto al miedo, mi vida es triste, peleo mucho con mi marido y me golpea. Le pregunto ¿por qué me pegas?”.

Inés encuentra la respuesta en la violación de los soldados, hoy libres porque el Gobierno de México le niega la justicia.

Fomentan la identidad maya entre habitantes de Yucatán

Mérida, Yuc., (Notimex).- Directivos del Programa Hoy en Tu Comunidad y del Proyecto Iniciativa para Preservar la Herencia del Patrimonio Cultural Maya (MACHI, por sus siglas en inglés), firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de fomentar la identidad maya.

Como resultado del acuerdo, los estudiantes distribuirán en comunidades del interior del estado materiales educativos con énfasis en la identidad maya, expresó la directora del proyecto asociado a la Universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos, Shoshaunna Parks.

Por los integrantes de Hoy en Tu Comunidad suscribió el documento Jorge Carlos Guillermo Herrera y como testigo James Callaghan, secretario de la Asociación Civil "Kaxil Kiuik".

Guillermo Herrera, egresado de la Facultad de Medicina, abundó que MACHI donará guías para profesores y libros para colorear con mensajes en español y maya.

Señaló que el material será utilizado por los estudiantes y los niños de las diversas comunidades y que el paquete incluye también un CD con una obra enfocada a conservar la identidad maya.

Hoy en Tu Comunidad es un programa formativo no curricular en el que participan estudiantes de 19 licenciaturas, quienes cada sábado recorren comunidades del interior de la entidad.

Por su lado, el proyecto MACHI tiene tres años en el rescate de la cultura maya en Guatemala, Belice, Honduras y México, y colabora con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto de Cultura de Yucatán y la Universidad de Oriente.

Cinco estados de México concentran mayor número de indígenas presos

Ciudad de México, DF., (UPI).- Los estados mexicanos de Chiapas, Oaxaca, Chihuahua y Nayarit y el Distrito Federal tienen el mayor número de indígenas presos por delitos federales.

Según la Procuraduría General de la República (PGR), en los penales capitalinos hay 23 miembros de pueblos autóctonos, cuando a principios de 2008 sumaron 31.

Un comunicado de la dependencia dijo que la población indígena está dispersa en todo el territorio nacional, pero es la ciudad de México la que tiene el mayor número de indígenas presos, que proceden de los estados de Guerrero, Hidalgo, Michoacán y Oaxaca, y pertenecen a los pueblos y comunidades indígenas náhuatl, otomí, purépecha y zapoteca.

En su mayoría s trata de indígenas involucrados en delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, principalmente por pretender transportar armas y/o estupefacientes, de sus lugares de origen a otras regiones del país.