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21/04/2009

Sin espacios los artesanos mixtecos en Tlaxiaco


Por René López, corresponsal

Heróica Ciudad de Tlaxiaco, Oax.-
Artesanos de la región Mixteca dan a conocer que ante la falta de espacios para la exposición y venta de sus obras de arte, muchos de ellos migran a otros estados, resultando con ello la perdida de estos trabajos herencia e identidad para el pueblo Mixteco, del estado y de México.

Artesanos de la palma y del barro que desde diversas comunidades alejadas de la Mixteca, llegan a la ciudad de Tlaxiaco en los días de tianguis a ofrecer sus productos, se encuentran ante una situación de que su mercancía es regateada o mal pagada al precio que piden.

Mauro López, tejedor de petates de palma, originario de la comunidad de Minas llano Verde, Nochixtlán, población ubicada a tres horas de la ciudad de Tlaxiaco, en entrevista dio a conocer que con la entrada de otros productos, la venta de sus petates ha disminuido así como su precio.

Dijo que para la elaboración de un petate de medidas de un metro 90 de largo por uno 20 centímetros de ancho, se invierte todo un día de trabajo y su costo es de 50 pesos.

La situación se empeora aun mas en el mercado que se da en los días sábados, plaza donde los artesanos se encentran para vender sus productos, su aspecto de vestido humilde es su armonía y los malos tratos a la que se encuentran, por ejemplo de los comparadores que les regatean sus productos y nunca pagan lo que piden, otro es que la policía municipal los reprimen y a cada rato los cambian de lugar y no los dejan donde es acostumbrado con lo que van perdiendo clientes.

Situación que empeora su única labor de subsistencia en su comunidad, oficio que aprendió desde niño, herencia de su padre, oficio que cansa de la espalada, ya que para tejer un petate lo hacen agachados sobre la tierra para que se mantenga fresco, pero hoy poco a poco sus fuerzas terminan y no logra terminar un petate durante el día.

Por otra parte, Itahí González, artesana en orfebrería, Natalio y José Luis Ávila, elaboradores de la artesanía urbana, coincidieron que siguen faltando espacios para la exposición y venta de sus artesanías, lo que hace que queden excluidos y sus productos sin venta.

Una situación que no mejora para las personas que se dedican a las obras de arte que elaboran manos que dan formas y colores y que también forma parte de la identidad de los Mixtecos y de los mexicanos, por lo que sugiriendo exista atención oportuno para los artesanos y a los vendedores indígenas con espacios dignos, ya que desde diversas poblaciones alejadas de la mixteca desde hace varios siglos mantienen la plaza de la ciudad de Tlaxiaco, la que representa la base económica y de identidad de los Mixtecos.

México: comisión termina mediación entre gobierno y la guerrilla del EPR

Ciudad de México, DF., (AFP).- La comisión de mediación entre la guerrilla del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el gobierno mexicano anunció el martes el fin de su misión al considerar que las autoridades no han tenido la voluntad para esclarecer la "desaparición forzada" de dos miembros de ese grupo.

La comisión de mediación "decidió poner fin a su misión en virtud de que el gobierno federal sólo ha tenido voluntad declarativa para abordar la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez", miembros del EPR, dijo en rueda de prensa el escritor Carlos Montemayor, uno de los seis integrantes de ese grupo mediador.

El grupo mediador afirmó que la secretaría (ministerio) de Gobernación mexicana llevó a cabo prácticas dilatorias para impedir el avance de la negociación.

Gobernación respondió en un comunicado manifestando su "extrañamiento" por el fin de la mediación ya que, sostuvo, ha "respondido favorablemente a todas y cada una de las solicitudes hechas por la Comisión".

La secretaría "reitera su llamado a un diálogo constructivo y pacífico y solicita a los integrantes de la Comisión reconsiderar su decisión" y asistir a una reunión programada para el 24 de abril.

Los mediadores advirtieron además sobre la posibilidad de que el EPR suspenda la tregua a la que se comprometió con la comisión formada luego de que el grupo guerrillero atentara en julio de 2007 contra oleoductos de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) para reclamar por la desaparición de ambos militantes, en mayo de ese año.

"Hay riesgo lógico de que el EPR suspenda la tregua a la que se comprometió con nosotros", advirtió el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, miembro de la comisión.

El EPR se comprometió en abril de 2008 a cesar sus acciones militares mientras durara la mediación.

El grupo guerrillero denuncia que policías estatales y militares capturaron a Reyes y Cruz en mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca (sureste) y que desde entonces están desaparecidos.

Limitados derechos SyR entre mujeres indígenas las expone a enfermedades sexuales y creciente mortalidad

Ciudad de México, DF., (CIMAC).- Es muy probable que pocas mujeres aztecas perdieran la vida a causa de la maternidad, ya que para esta cultura, la noticia del embarazo de una mujer producía gran alegría y muchos cuidados, además era motivo para que los ancianos de la familia y los padres emprendieran disgresiones en torno a la trascendencia y a las implicaciones que este hecho traía consigo.

Las que llegaban a morir durante el parto recibían los mismos honores que un guerrero muerto en batalla, y además de acuerdo con sus creencias se convertían en diosas llamadas "Cihuateteos" que acompañaban a Huitzilopochtli en su recorrido diario del cénit hacia el ocaso. La mortalidad infantil también era mínima porque las mujeres amamantaban hasta cuatro años para criar hijas e hijos sanos.

Lamentablemente, en la actualidad sucede lo contrario, muchas mujeres pierden la vida, pero peor es la situación con las mujeres indígenas quienes están gravemente limitadas al momento de ejercer sus derechos como la de prevenir un embarazo no deseado, tener un embarazo y parto sin riesgos, evitar las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), disfrutar su sexualidad sin tabúes y tener hijos saludables, etc.

Y es más crítica su situación debido a que la tasa nacional de muerte materna se sitúa en 51 de cada 100 mil niños nacidos, pero en las comunidades indígenas la cifra es de 151 defunciones, llegando hasta las 283 muertes por cada 100 mil alumbramientos, según las cifras del Consejo Nacional de Población (Conapo) y de la Secretaría de Salud de México.

Los estados con mayor población indígena es donde se concentran las tasas más altas; tal es el caso de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. La mortalidad infantil tampoco se compara con la de los aztecas, debido a que es 60 por ciento más elevada que en la población no indígena.

Y por si fuera poco las ETS son más altas en las mujeres indígenas debido a los procesos de migración que obligan a sus parejas a dejar sus familias para buscar el trabajo que no encuentran en sus localidades.

Los pocos recursos económicos con los que cuentan es una gran barrera para que acudan a una clínica particular, en las ciudades es una alternativa, pero para ellas esto es un sueño, porque además de de que no se encuentran cerca (al igual que las gratuitas) tampoco tienen la posibilidad de pagarlo.

La principal acción que se debería implementar para abatir este problema de salud es el brindarles educación, ya que la tasa de analfabetismo entre las mujeres indígenas es de 42.2 por ciento, situación que es un gran obstáculo en torno a las acciones que se llevan a cabo para abatir este problema.

Esta situación es limitante debido a que si las mujeres indígenas no saben leer y escribir, ¿cómo van a leer un folleto sobre la importancia del uso del condón como método que previene un embarazo y las ETS?, ¿cómo van a aceptar o rechazar un proyecto para su entidad?, ¿cómo van a demandar que no se les entregó el recurso completo prometido para la construcción de una clínica?, es decir ¿cómo van a exigir sus derechos?

Necesitamos oírlas, que ellas exijan, demanden sus necesidades; porque ellas tienen más conocimiento de su sentir que cualquiera, podrían decir qué caminos construir para llegar a sus comunidades, cuántas clínicas, cómo informar a la gente sobre temas que aún no son hablados en la familia como la sexualidad. Algunas mujeres indígenas ya lo hacen, pero necesitan más voces.

Las autoridades conocen esta problemática y han mostrado buenas intenciones con sus iniciativas, leyes, campañas, acuerdos internacionales etc. Pero la realidad supera la fantasía ya que muchas mujeres indígenas siguen muriendo.

Todos conocemos su problemática, pero poco hacemos para resolverlo. Quienes más han luchado para mejorar esta situación son las asociaciones civiles, sin embargo, tienen muchas limitaciones porque sin suficientes recursos destinados por parte de las autoridades, tampoco se pueden llevar a cabo muchas de sus propuestas o simplemente sin la voluntad política no se puede atender muchas de sus demandas que se enfocan en erradicar este problema que en la época de los aztecas no lo era.

Riesgo de que liberen a paramilitares de la masacre de Acteal

Ciudad de México, DF., (CIMAC).- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas ha recibido información de fuente confiable de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitirá resolución para que obtengan la libertad los 12 paramilitares acusados de participar el 22 de diciembre de 1997 en la Masacre de Acteal, donde fueron asesinadas 33 mujeres -14 de ellas niñas- y 12 hombres -4 de ellos niños- tzotziles, en el municipio de San Pedro Chenalhó, como resultado de la incursión militar en la zona zapatista de los Altos de Chiapas.

El 2 de julio del 2007, señala el Frayba en un comunicado, la SCJN decidió atraer los amparos de 12 paramilitares inculpados en la Masacre de Acteal, por faltas al debido proceso cuyo origen es el deficiente sistema de procuración y administración de justicia; pero de ningún modo para pronunciarse por el fondo del asunto.

Sería lamentable, considera el Frayba, que la SCJN se deje influir por la campaña mediática, realizada por la defensa académica de los paramilitares sentenciados, desde diversos medios de comunicación masiva, particularmente desde la revista Nexos.

Los abogados de los paramilitares plantean la defensa desde una lógica académica, desde el escritorio, con el simple análisis de los expedientes derivando en hipótesis absurdas y mentirosas; y planteando su estrategia mediática involucrando como sus aliados a medios de comunicación afines a Ernesto Zedillo Ponce de León, principal autor intelectual de la Masacre de Acteal y quien seguramente está detrás de este intento de mayor impunidad, considera el Frayba.

LOS HECHOS

El 22 de diciembre de 1997 a las 11:30 de la mañana 33 mujeres -14 de ellas niñas- y 12 hombres -4 de ellos niños- tzotziles fueron masacrados en Acteal, municipio de San Pedro Chenalhó, como resultado de la incursión militar en la zona zapatista de los Altos de Chiapas.

Los atacantes, que fueron reconocidos como miembros del grupo paramilitar priista Máscara Roja estaban armados con fusiles AK-47 y M-16 y utilizaron balas expansivas contra las y los indígenas tzotziles que se encontraban rezando en una iglesia en la comunidad de Acteal, según un comunicado de prensa del EZLN.

Luego de que asesinaron a las y los 45 tzotziles, los paramilitares fueron por machetes y por más de sus compañeros.

“Hacían bulla, se reían, hablaban entre ellos, `hay que acabar con la semilla´, decían. Desvistieron a las mujeres muertas y les cortaron los pechos, a una le metieron un palo entre las piernas y a las embarazadas les abrieron y sacaron a sus hijitos y jugueteaban con ellos, los aventaban de machete en machete. Después se fueron”, relata Micaela, quien tenía 11 años cuando sucedió la masacre, en el libro la Otra Palabra mujeres y violencia en Chiapas: antes y después de Acteal.

Luego de la masacre, dice la publicación coordinada por Rosalía Aída Hernández Castillo y editados por Ciesas en 1998, en Acteal era “como si la muerte siguiera flotando en el aire y pudiera regresar en cualquier momento”.

Y aún cuando no hay lápidas que marcan el lugar exacto en el que quedó cada cuerpo, hay una cruz señala el lugar de entierro de las y los 45 asesinados.

Un día después de la masacre, las mujeres comenzaron a moverse en grupos y las y los niños, que como Micaela perdieron a alguno de sus padres, quedaron bajo el cuidado de la comunidad, incluso muchas de las mujeres que ya tenían seis o siete hijos tenían a su cargo hasta ocho huérfanos.

SOLICITANTES DE AMPARO

De acuerdo a las declaraciones de los testigos presenciales, es decir, las y los sobrevivientes, todos los que hoy están solicitando amparo participaron en la masacre el día 22 de diciembre de 1997, en Acteal, sus declaraciones constan en los expedientes judiciales desde 1997 y en diligencias posteriores, incluyendo careos. En su momento los jueces de las causas penales consideraron suficientes los testimonios de los sobrevivientes, para fincar responsabilidad a las 12 personas que ahora acuden a la SCJN solicitando amparo.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas considera que la SCJN deberá valorar que de ser ciertas las faltas al debido proceso que alegan, en modo alguno implican la inocencia de los sentenciados. Su tarea principal debería ser no abonar a una mayor impunidad a 11 años y 4 meses de cometido este crimen de lesa humanidad.

Los hechos previos de violencia que llevaron a la Masacre, y por supuesto ésta en sí misma, constituyen un crimen de lesa humanidad, que se perpetraron en el marco de la implementación de una estrategia contrainsurgente implementada por el Estado Mexicano. Obviar esto, por parte de los ministros de la SCJN, a lo único que llevaría es convertirse en cómplices, dice el comunicado, sumarse a la lista de perpetradores de violaciones a derechos humanos por la Masacre de Acteal y a desgastar aún más, las ya débiles instituciones del Estado Mexicano.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas teme que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al pronunciarse, contribuya a la impunidad con consecuencias imprevisibles en las comunidades indígenas de Chiapas donde
persiste un Conflicto Armado Interno no resuelto.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO MEXICANO

A once años de perpetrada la masacre de Acteal, este Centro de Derechos Humanos insiste en la responsabilidad del Estado mexicano por las siguientes razones:

El Estado Mexicano es responsable por acción, ya que dicha masacre fue producto de una Política de Estado totalmente deliberada y encaminada a cometer ataques sistemáticos en contra de la población civil, con el fin de debilitar el apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y posteriormente disolverlo.

En la implementación de una política contrainsurgente el Estado creó, financió, entrenó y encubrió a grupos paramilitares para cometer ataques sistemáticos contra la población civil disidente.

El Estado Mexicano es responsable por omisión, pues mientras ocurría la masacre, la Policía de Seguridad Pública se encontraba a escasos 200 metros del lugar de los hechos, sin que interviniera para evitar su consumación.

Asimismo, autoridades del Gobierno de Chiapas fueron informadas de lo que ocurría esa mañana del 22 de diciembre, sin que actuaran en consecuencia.

El Estado Mexicano, continúa el comunicado, es responsable por dilación y denegación de justicia porque:

1) El derecho a conocer la verdad de los hechos ha sido negada, pues no se han agotado las líneas de investigación relativas a la implementación de una estrategia contrainsurgente ni a la existencia de grupos paramilitares. El Estado Mexicano se ha negado a reconocer las causas que dieron origen a la masacre, propiciando con ello impunidad.

2) Los autores intelectuales, como el entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo, el secretario de la Defensa Nacional, General Enrique Cervantes y el comandante de VII Zona Militar y de la Fuerza de Tarea Arcoiris que llevó a cabo el Plan de Campaña Chiapas 94, Mario Renán Castillo, entre otros, no han sido investigados y en consecuencia, tampoco castigados.

3) A once años de la masacre aún hay causas penales abiertas, los juicios se han extendido excesivamente debido a omisiones imputables al propio Estado, implicando con ello el desgaste de los sobrevivientes y testigos. Aún existen 27 órdenes de aprehensión sin ejecutar. Sólo una de las sentencias que han quedado firmes para cumplimentarse, condenó a uno de los autores materiales al pago de la reparación del daño por algunos de los ejecutados.

4) No han sido implementadas las medidas que garanticen la No Repetición de hechos como esta masacre, entre las que estaría el desarme de los grupos paramilitares.

EXIGENCIAS A LA SCJN

Por tanto, el Centro Frayba y numerosas organizaciones de la sociedad civil están enviando escritos a los Ministros y Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación* del Gobierno Mexicano, urgiéndoles a:

1.- Que la revisión de los expedientes no contribuya a generar mayor impunidad, sino justicia para las víctimas y sobrevivientes de la Masacre de Acteal. En tal sentido, que se pronuncien de manera independiente e imparcial sobre la responsabilidad que tuvieron los sentenciados, la cual ha sido acreditada por las víctimas y sobrevivientes de la masacre.

Que exija a las autoridades responsables de la Procuración y Administración de Justicia se investigue de manera imparcial, la participación en estos crímenes de lesa humanidad de funcionarios de alto nivel, señalando a los responsables de operar esta política contrainsurgente.

SOLICITUDES AL EJECUTIVO FEDERAL

Al Poder Ejecutivo Federal, que se tomen acciones para garantizar justicia, investigación y castigo a los responsables por comisión y por omisión de quienes planearon, coordinaron yejecutaron la masacre.

Se abstengan de otorgar impunidad y cobijo a las Fuerzas Armadas de México que han actuado en contra de la población civil.

Y a la Sociedad Civil, solicitan “pronunciarnos en contra de la continuidad de la estrategia contrainsurgente y paramilitar. La liberación de los sentenciados, hoy quejosos, responsables de la masacre implicaría la confirmación de la acción de los grupos paramilitares contra la población civil, en el contexto del Manual de Contrainsurgencia que se implementa. Así mismo se corre el riesgo de la reactivación de sus acciones violentas.

Que no olvidemos lo sucedido, sus causas; que se movilice y manifieste sumándose a la exigencia de justicia y de la verdad.

Gran discriminación contra niños indígenas y afro-descendientes en América Latina

Madrid, españa (Terra).- Los niños pertenecientes a las principales minorías en América Latina, los indígenas y afro-descendientes, son las mayores víctimas de la discriminación racial, con un promedio de 5 a 7 años menos de escolarización con respecto a la media y niveles excepcionalmente altos de pobreza y malnutrición crónica.

Así lo afirmó hoy el director de Unicef para América Latina, Nils Kastberg, quien participa en la Conferencia Mundial contra el Racismo que se celebra esta semana en Ginebra.

'Existe un claro patrón de discriminación contra esos grupos', declaró el representante de Unicef, quien lamentó que la sucesión de gobiernos democráticos en la región haya sido incapaz en las últimas décadas de revertir tal situación.

De los 150 millones de afro-descendientes (una gran parte en Brasil) y entre 40 y 50 millones de indígenas, la mitad son niños 'que sufren de discriminación económica, social y cultural', recalcó Kastberg.

Para ilustrar su afirmación, dijo que ambas minorías están sobre representadas entre los 71.000 a 75.000 niños menores de cinco años que mueren cada año en México y Brasil, 'dos de los países donde se observan los problemas más importantes' por ser también los de mayor peso demográfico.

En términos de pobreza, 'los niños indígenas y afro-descendientes son dos veces más pobres con respecto al resto' y son los países con mayor representación de esos grupos donde los niveles de malnutrición infantil son los más elevados.

Kastberg precisó que en Bolivia, Perú, Ecuador, Honduras, Nicaragua y Paraguay la malnutrición crónica supera el 25 por ciento, mientras que en Guatemala alcanza el 41 por ciento.

También con respecto a este indicador, los niños pertenecientes a las minorías están en peor situación.

Kastbert lamentó que en la Conferencia Mundial contra el Racismo 'nadie hable de la mitad de la población del mundo (los niños, adolescentes y gente joven), que son los que no votan', por lo que abordará este asunto en una intervención que tiene previsto realizar mañana en este foro.

La Universidad de Salamanca imparte un curso de iniciación al maya yucateco

Salamanca, España (Europa Press).- La Universidad de Salamanca (USAL) imparte un curso de iniciación al maya yucateco (MAAYA T'AAN), como actividad complementaria de la asignatura de Historia de América Prehispánica e Indígena.

Esta actividad está dirigida por la profesora Izaskun Álvarez Cuartero en la Facultad de Geografía e Historia de Salamanca y están matriculados más de 25 alumnos, que "ha superado con creces todas las previsiones iniciales", informaron a Europa Press fuentes de la Institución académica.

La inclusión de la enseñanza del maya yucateco ha sido posible gracias a un convenio de colaboración suscrito recientemente entre las universidades de Salamanca y Oriente (México).

El curso lo imparte la profesora de lengua maya en la Universidad de Oriente de Valladolid de Yucatán, Ana Patricia Martínez Huchim, "reconocida antropóloga con una dilatada experiencia en la enseñanza del maya en México y Estados Unidos".

Exigen comunidades indígenas cancelar tres hidroeléctricas

Oaxaca, Oax., (La Jornada).- El foro nacional Tejiendo resistencias por la defensa de nuestros territorios, que reunió a pueblos zapotecos, mixtecos, mixes, chatinos y chontales, así como a organizaciones sociales estatales, nacionales e internacionales, exigió la cancelación de los proyectos hidroeléctricos Paso de la Reina, en Oaxaca; La Parota, en Guerrero, y Zapotillo, en Jalisco. Además, pidió al Ejecutivo federal que conceda derecho de audiencia a las comunidades afectadas por dichas presas.

Igualmente demandaron parar el proyecto minero en el municipio San José del Progreso, Oaxaca, con el argumento de que causará daños irreversibles al ambiente, a las comunidades y a la población.

Los participantes en el acto, celebrado en el municipio de San Pedro Apóstol (a unos 30 kilómetros de la capital de Oaxaca), afirmaron en el pronunciamiento de clausura que México vive un embate sistemático de macroproyectos promovidos por autoridades federales, estatales y algunas municipales para cumplir acuerdos con gobiernos extranjeros.

De esta forma, añadieron, se brindan concesiones y privilegios a trasnacionales que a su vez fortalecen a oligarquías locales, a costa de la "explotación irracional" de los pobladores, dueños originarios de los recursos naturales.

Expusieron que dichos proyectos incluyen turismo a gran escala, construcción de presas, explotación minera, complejos inmobiliarios, infraestructura, producción de energía eléctrica, explotación petrolera y de mantos acuíferos para negocios particulares, con lo que se impulsa la privatización de territorios y recursos naturales localizados en comunidades indígenas y campesinas.

Acotaron que esta política implican devastación y saqueo de la riqueza natural y territorial, explotación de mano de obra, daños a la salud y pérdida de calidad de vida, así como violación sistemática de derechos individuales y colectivos, y la ruptura del tejido social comunitario.

Aparte, subrayaron, propicia la complicidad entre autoridades y empresas y ocultamiento de información pública relacionada con el desarrollo de megaproyectos. También se propicia persecución, hostigamiento, mediatización o soborno de líderes y autoridades, y se recrudece la tendencia de los gobiernos a criminalizar las manifestaciones ciudadanas.

En el foro participaron activistas de Michoacán, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y el Distrito Federal, así como de España, Francia, Estados Unidos, Suiza, Argentina, Guatemala, Perú, Honduras y Alemania, así como académicos e investigadores.

Señalan desprecio a ONG humanitarias en Guerrero

Chilpancingo, Gro., (La Jornada).- Los gobiernos federal y estatal no respetan el trabajo que realizan en Guerrero instituciones defensoras de las garantías individuales, señalaron dirigentes sociales de la entidad, así como representantes de organismos no gubernamentales (ONG) de Alemania, Perú, Colombia y Estados Unidos, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes participaron en el Foro Internacional sobre Criminalización de los Defensores de Derechos Humanos y de la Protesta Social.

En entrevista, la dirigente de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaá (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel, informó que el sábado pasado fue hostigada por paramilitares en el municipio de Ayutla de los Libres.

Sostuvo que mientras aguardaba a una camioneta de pasajeros para viajar a la comunidad El Camalote, se acercó Hermenegildo Remigio y media hora llegó su hermano Romualdo, quien junto con su también consanguíneo Isidro Remigio Cantú forma parte de un grupo paramilitar que opera en la Costa Chica y la Montaña de Guerrero, protegido por autoridades municipales. "Una hora permanecieron ahí en actitud amenazante, acompañados de una policía municipal", afirmó.

Dijo que abordó un vehículo colectivo junto con otros integrantes de la OPIM, y al llegar al crucero Yerba Santa, unos soldados bajaron en un retén a los pasajeros, entre ellos a Inés Fernández Ortega –violada por soldados en 2004– y minutos después los dejaron ir.

Durante la inauguración del foro, a cargo de la directora de la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF, por sus siglas en inglés), Katya Salazar, y el director de Tlachinollan, Abel Barrerra Hernández, se presentaron las ponencias Los alcances del sistema interamericano, a cargo de la abogada de la unidad de defensores de la CIDH, Belissa Guerrero; Experiencias comparadas de América Latina, que presentaron defensores de derechos humanos de Perú y Colombia, y Experiencias de México, en la que participaron integrantes de 10 organismos locales.

Abel Barrera aseguró que las autoridades no tienen voluntad para proteger a los defensores de los derechos humanos en Guerrero, y "muchos están sometidos a procesos judiciales".

Emilie E. Joly, de DPLF, afirmó que en la entidad persiste una política de criminalización contra las organizaciones no gubernamentales y se cierra el diálogo. "Se reprime la protesta civil y pacífica, se denuncia penalmente a sus dirigentes y se les fabrican delitos, como privación ilegal de la libertad o ataques a las vías de comunicación", comentó.

El abogado de la OPIM, Vidulfo Rosales Sierra, manifestó que el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, que comenzó en abril de 2005, ha obstaculizado el trabajo de los defensores de los derechos humanos.

Belissa Guerrero consideró "inadmisible" que se criminalice a la protesta social, "sobre todo cuando se desarrolla en la vía pública y respetando la ley".

En el foro, que culminará este martes, participan representantes de 50 organizaciones de derechos humanos, indígenas, sociales, campesinas y magisteriales provenientes de Chile, Perú, la ciudad de México, Monterrey, Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

Entre las organizaciones destaca la peruana Asociación Pro Derechos Humanos, que impulsó el juicio contra el ex presidente Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad.

México no deja ser diputados a no residentes

Ciudad de México, DF., (La Opinión).- Tienen los contactos políticos en Estados Unidos al alcance de la mano, los recursos necesarios para reactivar las economías más subdesarrolladas en México y, sobre todo, interés. Sin embargo, los migrantes residentes en la Unión Americana no lograron convencer a los partidos políticos mexicanos sobre su interés en ser diputados.

Eran una docena de candidatos pero todos fueron excluidos de las listas de plurinominales —una variante de la representación proporcional— a pesar de que era su única opción legal para llegar al Congreso federal en la LXI Legislatura, que arranca en septiembre próximo.

A excepción de Zacatecas, ningún estado permite a los residentes del exterior del país ser votados.

Guadalupe Gómez, directivo de la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California, esperó hasta el último día para la aprobación de su nombre en la lista de plurinominales del Partido Acción Nacional (PAN).

Pero cuando el veredicto final lo hizo a un lado, él tuvo la opción de inscribirse por la vía uninominal en el mismo partido; es decir, podrá contender en las urnas por el Distrito 2, que abarca 28 municipios, la misma zona por la cual compitió y ganó hace tres años Andrés Bermúdez, El Rey del Tomate, fallecido recientemente.

"Mi trabajo ha sido ayudar al desarrollo de las comunidades de mi estado y eso me respalda", confió Gómez con miras en las elecciones del próximo 5 de julio, cuando se renovarán la Cámara de Diputados y el Senado.

El resto de los migrantes quedaron totalmente fuera de la jugada; sin posibilidades legales para contender y consideran que su exclusión es una discriminación tan grotesca como la que sufren las mujeres y los indígenas. Por ello, interpusieron una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la semana pasada.