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04/11/2009

Temen intención de despojo de tierras en Venustiano Carranza

Tuxtla Gutiérrez, Chis., (Cuarto Poder).- El Comité de Campesinos Pobres señaló que en "Venustiano Carranza" el Estado pretende despojar de tierras ejidales y comunales a los labriegos de la región.

Por eso, indicó, recurren a la ocupación militar como ejército invasor.

"Con la militarización pretenden aplastar la inconformidad e indignación del pueblo", señaló la organización.

El Comité de Campesinos acusó al gobierno de estar al servicio de los terratenientes y del imperialismo.

Recordó que desde que tomó posesión esta administración, inició la guerra contra el pueblo en todos sus órdenes.

"Lanzar sus ataques al movimiento popular bajo la política fascista de criminalizar la lucha y protesta social es un ejemplo", apuntó.

En este contexto lamentó que se haya reformado el Código Penal de Chiapas, introduciendo el delito de "incitación a la violencia".

"Justifican que se persigue a quienes desestabilizan la paz social. Pero en verdad es un delito que confisca la libertad de prensa y de los periodistas", acotó.

Un eje de la ofensiva son los ataques policíacos y militares a las comunidades de La Otra Campaña, denunció.

Asimismo, añadió que el gobierno vigila, hostiga y golpea a los integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

"Y desde las oficinas de gobierno los acusan de defender a criminales, es decir, también criminalizan el derecho a la defensa", reprochó.

Mientras que los paramilitares de la OPDDIC plenamente identificados por sus agresiones, están libres y gozan de total impunidad, aseguró.

El Comité de Campesinos Pobres resume que los planes del gobierno en la región de Carranza significan millonarias inversiones extranjeras.

"Ésta es una muestra de aplicación del Plan Puebla Panamá y del Plan Mérida. Lo que sucede en esta región es muy similar a otras partes del estado y el país", concluyó.

Arranca campaña permanente de esterilización de perros en Tlaxiaco


Por René López, corresponsal

Tlaxiaco, Oax.-
Captura, sacrificios, desde meses y ahora con esterilización; el ayuntamiento de la ciudad de Tlaxiaco en coordinación de la dirección de salud y una veterinaria particular pretende controlar a más cinco mil perros callejeros que existen en la ciudad a través de una campaña permanente.

Debido a la mala costumbre que tiene la gente al no querer colaborar, se les está cobrando una cuota de cooperación de 150 pesos para que las personas lleven a esterilizar a sus mascotas entre ellos, perros y gatos, a fin eliminar riesgos a la salud y fauna nociva que representan, dio a conocer entrevista, Alberto Raúl Izunza Almazan, director de salud del ayuntamiento.

Desde hace dos meses ya están llevando a cabo la esterilización con la intención de captar el mayor número posible de mascotas, el se está ofreciendo una serie de ventajas tanto a los animales como a sus propietarios, por el hecho de que si éstos suelen permanecer en la calle, no se reproducen y por lo tanto, esto influye directamente en el control de la sobrepoblación.

Y es que de acuerdo con estimaciones de la dependencia, tan sólo en este municipio existen alrededor de 5 mil perros callejeros, situación que se considera preocupante por el hecho de que sigue siendo común la práctica de algunos propietarios, de mantener a los animales en la calle y sin proporcionarles los cuidados necesarios.

Esta situación comúnmente da lugar a las agresiones de los canes hacia las personas, además del consecuente riesgo a la salud pública que esto implica, pues la falta de atención que éstos requieren, genera la presencia de enfermedades.

Esta campaña es permanente y no tiene fecha ni esta calendarizada, porque no vamos a esperar a ver cuando llegan las instituciones a ver que nos falta, si no que debemos afrontar este problema, y una forma de sustento es esta cooperación a fin de que la campaña sea por tiempo indefinido y autosustentable.

Izunza Almazan, refirió que una esterilización tiene un costo alrededor de 600 pesos, pero su costo se reduce con la ayuda de varias instituciones y médicos veterinarios, acción tripartita que ayuda a la sociedad para el control de la población canina y felina.

Lideresas indígenas se reúnen en Buenos Aires

Buenos Aires, Argentina (PL).- Lideresas autóctonas de 10 naciones suramericanas participan desde hoy en esta capital en el taller internacional "Incidencia en políticas públicas sobre derechos de pueblos y mujeres indígenas: derechos sexuales y reproductivos".

El foro, que finalizará el viernes, tiene entre sus objetivos reducir la mortalidad materna mediante el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres indígenas en la construcción de políticas públicas con enfoque intercultural y de género.

Con ese propósito, el programa del encuentro incluye la capacitación en la formulación de estrategias políticas que permitan a las organizaciones originarias promover prácticas de salud interculturales e inclusivas.

La convocatoria al taller alerta que cada año en América Latina y el Caribe mueren 15 mil mujeres por complicaciones del parto, siendo las indígenas el sector más vulnerable.

Debido a la falta de acceso a servicios de salud básicos y a una atención de acuerdo a su idioma y cultura, el alto índice de mortalidad materna entre los pueblos originarios indígenas es uno de los más graves problemas de salud en la región, subraya.

El taller, que reúne a delegadas de Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Venezuela y de casa, concluirá el viernes próximo con la realización del foro Pueblos indígenas y políticas públicas en Argentina.

Entre las asistentes al encuentro figuran la fundadora de Chirapaq, Centro de Culturas Indígenas del Perú, Tarcila Rivera Zea, una mujer quechua de 60 años de edad que desde hace cinco lustros defiende los derechos de los pueblos originarios.

También, Librada Pocaterra, lideresa wayuú venezolana y coordinadora del Programa Indígena de la Universidad del Zulia; la Defensora de la Mujer Indígena de Guatemala, Cleotilde Cu Caal, y Ema Cuañeri, cantante étnica del pueblo Qom (Argentina).

La Corte Suprema mexicana anula las condenas a 9 indígenas presos por matanza de Acteal

Ciudad de México, DF., (EFE).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México anuló hoy por deficiencias en el proceso las condenas impuestas a nueve indígenas acusados de participar en una matanza, mantuvo seis y ordenó repetir el juicio a otros dieciséis implicados por la misma causa, informaron fuentes del alto tribunal.

La decisión de anular los juicios implica que los nueve indígenas, que llevaban más de una década en la cárcel por la matanza de 45 tzotziles ocurrida en diciembre de 1997 en el municipio de Acteal, en el sureste de México, saldrán próximamente de la prisión federal de El Amate, en la ciudad de Cintalapa.

Un portavoz de la SCJN explicó a Efe que la decisión se tomó por mayoría entre los cinco magistrados de una de las salas del Supremo, cuatro de los cuales votaron a favor de las nuevas excarcelaciones, que dejan a esos condenados "en libertad absoluta".

En el caso de los 16 reos que deberán ser juzgados de nuevo, la SCJN estimó que aún hay pruebas contra ellos que deberá revisar un Tribunal Unitario en Chiapas, el estado sureño donde ocurrieron los hechos, aunque únicamente por homicidio calificado y lesiones, menos cargos de los que se les impuso inicialmente.

La decisión de los magistrados de la Sala Primera considera que en los procesos contra los indígenas condenados por la muerte de 45 aborígenes, la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) basó sus sentencias en pruebas y testigos fabricados.

El jurista del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) José Antonio Caballero, defensor de los afectados, se mostró decepcionado con el fallo pues esperaba "que fueran más" los reos que serían liberados.

Sin embargo, dijo estar en términos generales "satisfecho" con la decisión porque "se está ayudando a reconstruir muy bien el proceso", donde los condenados carecieron de garantías básicas, como un traductor que les explicara a lo que se enfrentaban.

El 22 de diciembre de 1997 un grupo de indígenas que oraban en la comunidad de Acteal fueron atacados por presuntos paramilitares, también aborígenes, que acabaron con la vida de 45 tzotziles de la comunidad de "Las Abejas", 21 mujeres, 4 de ellas embarazadas, 15 niños y 9 ancianos.

Los agresores eran simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y estaban enfrentados con sus víctimas en un estado dividido desde 1994 entre seguidores y detractores del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Por el caso fueron detenidas un centenar de personas, y a lo largo de los años han sido liberadas más de la mitad, los últimos veinte el pasado 13 de agosto.

La tragedia forzó la renuncia en el seno del PRI del entonces secretario de Gobernación (Interior), Emilio Chuayfett, y del gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, a quien algunos consideran el autor intelectual de la masacre.

Hace una semana el gobierno chiapaneco explicó en un comunicado que una fiscalía especial de esa región, creada para ir al fondo del caso, había hallado "nuevos datos que acreditan la probable responsabilidad de ex servidores públicos estatales y federales, así como civiles".

Festival de Rock Indígena México-Guatemala


Especial

El Gobierno del Estado de Chiapas, a través del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, y el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena, realiza el Encuentro de rock indígena México-Guatemala, del 5 al 7 de noviembre del presente año, en las siguientes sedes: San Cristóbal de Las Casas, Tenejapa, Tuxtla Gutiérrez y Zinacantán.

Chiapas se distingue por su diversidad cultural y lingüística; sus 12 pueblos indígenas conservan una parte esencial de sus tradiciones: la música, la danza, los ritos, las ceremonias, las fiestas, a los que han sumado expresiones de reciente creación, como el rock y el reggae, donde las letras están escritas en lengua materna con una connotación cósmica de los pueblos.

El encuentro busca promover la música indígena contemporánea con la asistencia de ocho grupos provenientes de Guatemala y los estados de Sonora y Quintana Roo. De Chiapas participarán grupos de los municipios de Chamula, Chiapa de Corzo y Zinacantán.

Este encuentro, único en su género, mostrará que los pueblos indígenas crean permanentemente nuevas formas culturales con respeto a su origen y plena comprensión de su contexto.

Asimismo este festival atenderá a la nueva generación de jóvenes que disfrutan los géneros musicales contemporáneos, que sin lugar a dudas contribuirán en despertar el interés en la valoración y aceptación de la vida en la diversidad.

Encuentro de música indígena contemporánea México-Guatemala

5 de noviembre

Tenejapa
Inauguración (Plaza central)
Hora: 11:00 horas

Grupos participantes

- Sobrevivencia, mam de Huehuetenango, Guatemala
- Sak tzevul (relámpago), tsotsil de Zinacantán, Chiapas
- Hamac Cazzim, seris de Sonora
- Yibel Jmetik Banamil (raíz de la madre tierra), tsotsil de Chamula, Chiapas

San Cristóbal de Las Casas (UNICH)
18:00 horas

- Santos Santiago, maya de Quintana Roo
- Lumaltok, tsotsil de Zinacantán, Chiapas
- Nambué, chiapaneca de Chiapa de Corzo, Chiapas
- Sin rostro, mam de Guatemala

6 de noviembre

Zinacantán (Plaza central)
18:00 horas

- Sak tzevul (relámpago), tsotsil de Zinacantán, Chiapas
- Nambué, chiapaneca de Chiapa de Corzo, Chiapas
- Sobrevivencia, mam de Huehuetenango, Guatemala
- Hamac Cazzim, seris de Sonora

Tuxtla Gutiérrez (Plaza 5 de mayo o Patria Nueva)
18:00 horas

- Yibel Jmetik Banamil (raíz de la madre tierra), tsotsil de Chamula, Chiapas
- Santos Santiago, maya de Quintana Roo
- Lumaltok, tsotsil de Zinacantán, Chiapas
- Sin rostro, mam de Guatemala

7 de noviembre

San Cristóbal de Las Casas (Plaza de la feria)
17:00 horas

- Yibel Jmetik Banamil (raíz de la madre tierra), tsotsil de Chamula, Chiapas
- Nambué, chiapaneca de Chiapa de Corzo, Chiapas
- Sobrevivencia, mam de Huehuetenango, Guatemala
- Lumaltok, tsotsil de Zinacantán, Chiapas
- Santos Santiago, maya de Quintana Roo
- Hamac Cazzim, seris de Sonora
- Sak tzevul (relámpago), de Zinacantán
- Sin rostro, mam de Guatemala

Juez Penal ordena detener a integrante de radio comunitaria de México

Ciudad de México, DF., (Pulsar).- El Centro de DDHH de la Montaña “Tlachinollan” confirmó que David Valtierra Arango, integrante de radio Ñomndaa, tiene otra demanda en su contra. Es la segunda vez que piden su captura por “causas inventadas”, según denuncian sus vecinos.

El viernes 30 de octubre se confirmó la orden de detención que desde el día 13 de octubre pasado libró el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito de Abasolo con sede en Ometepec, Derly Arnaldo Alderete Cruz.

La radio Ñomndaa transmite hace 5 años con una programación en lengua originaria y realiza denuncias contra las políticas que irrespetan los derechos indígenas.

Los integrantes de la emisora entienden que la causa contra David Valtierra Arango responde a una persecución sistemática de quienes se oponen a las políticas del Gobierno.

A través de un comunicado denunciaron que tanto esta causa, como la demanda anterior, "están basadas en invenciones y mentiras". Indicaron que constituyen una "criminalización" del trabajo del comunicador "por participar de manera decidida en los defensa de derechos indígenas ante los hechos arbitrarios de la cacique priísta Aceadth Rocha Ramírez".

La funcionaria referida por los pobladores originarios es la actual diputada y dos veces presidenta municipal de Xochistlahuaca, que la radio ha denunciado por actos de corrupción.

La causa contra Valtierra Arango consiste en una supuesta agresión al hermano de la diputada, Ariosto Rocha Ramírez, quien es conductor del Espacio Noticiero de la radio La líder, propiedad de la cacique.

Amenazan a indígenas con desalojo de oficinas de la ONU en México

Tuxtla Gutiérrez, Chis., (Apro).- La Oficina de las Naciones Unidas en México pidió al gobierno estatal evitar el uso de la fuerza pública para desalojar a los 17 indígenas que se refugiaron en dicha sede desde el pasado fin de semana, como una medida de presión para que sean liberado tres dirigentes de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Región Carranza (OCEZ-RC).

En medio de la amenaza de desalojo, los indígenas pidieron la liberación de sus compañeros, así como cancelar las órdenes de aprehensión en su contra y desmilitarizar las comunidades donde tienen sus bases de apoyo.

Afirmaron que la decisión de refugiarse en las oficinas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) "es una medida desesperada para lograr la liberación" de José Manuel Hernández Martínez, José Manuel de la Torre Hernández y Roselio de la Cruz González, dirigentes de esa organización.

Los indígenas se declararon "desplazados internos por parte del Ejército" en esa oficina de Naciones Unidas.

El día de la toma de esa oficina, cuyas labores continúan, los indígenas pidieron a la ONU ser intermediaria de sus demandas ante el gobierno de Chiapas, al que acusaron de acoso policaco.

Los quejosos forman parte de un grupo de más de 150 indígenas que, por su parte, mantienen un plantón frente a la Catedral de San Cristóbal de Las Casas, donde denuncian la represión que, según dicen, se vive en el estado.

Por su parte, la oficina de la ONU pidió a los indígenas desocupar el edificio en el que se encuentran refugiados.

En una misiva, el PNUD dijo que el gobierno del estado atendió una petición para que sea atendida una persona que está hospitalizada, la cual sufrió un accidente durante la detención de los líderes de OCEZ. Añadió que se realiza una valoración clínica más especializada para ofrecer al paciente la mejor atención disponible.

"El PNUD se compromete a acompañar el proceso de negociación una vez haya sido liberada la oficina y haya sido clarificado el marco de interlocución y de representación de parte del grupo ocupante", se afirma en la misiva firmada por Arnaud Peral, funcionario de la ONU.

Peral añadió que "el PNUD ha constatado el hasta ahora carácter pacífico de la protesta, a pesar de que se haya ejercido la imposición de ocupar su sede, y ha solicitado a las autoridades que no se proceda a ningún desalojo por la fuerza, basados en el respeto al principio de inviolabilidad de las oficinas de Naciones Unidas", dice el documento.

Y dice que el abandono de la oficina por parte de los indígenas será considerado "un gesto de buena voluntad conducente a un buen clima de diálogo".