¡Búscanos en las redes sociales!

Síguenos en Twitter.com/c_indigenas o como @c_indigenas.
Búscanos en Facebook como Corresponsales Indígenas y hazte fan

10/08/2010

Rarámuris denuncian ante la ONU proyecto en las Barrancas del Cobre

Urique, Chih., (La Jornada).- Rarámuris de las comunidades de Bacajípare, Huetosachi, Mogotavo y Repechike presentaron una queja ante la comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Palais Wilson, en contra del proyecto turístico Barrancas del Cobre, que incluye la construcción de un teleférico en Divisadero y un aeropuerto en el municipio de Creel, por considerar que viola garantías fundamentales y el derecho de los indígenas sobre sus territorios ancestrales.

Los gobernadores tradicionales de las cuatro comunidades entregaron la queja en las oficinas del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México y expusieron que los proyectos turísticos impulsados por los gobiernos federal y estatal, con inversión de empresas extranjeras y nacionales, han trastornado la vida de mil 421 indígenas.

Las 203 familias, que tienen varios centros ceremoniales en la zona, de más de 16 mil hectáreas, aseguran que han sido víctimas de acoso, amenazas e intentos de desalojo, resultado de la especulación inmobiliaria.

Respaldados por las organizaciones Asesoría Técnica Comunitaria y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, entre otras, relataron que por años han acudido a tribunales agrarios, civiles y penales para denunciar los constantes atropellos a sus derechos, sin que las autoridades los atiendan.

Martín Moreno y María Monarca, gobernadores tradicionales de Bacajípare y Huetosachi, respectivamente, explicaron que desde que arrancó el proyecto turístico Barrancas del Cobre la vida comunitaria se alteró y no saben si podrán seguir viviendo en sus casas y sembrando sus tierras, como lo han hecho por generaciones.

Agregaron que empresarios y políticos se disputan la zona para construir hoteles, restaurantes y tiendas para miles de turistas que visitan las Barrancas del Cobre, y se prevé que llegue más gente con las obras de infraestructura en marcha, entre ellas el teleférico, cuya inauguración está planeada para principios de septiembre.

Explicaron que el senador panista Ramón Galindo Noriega enfrenta demandas por invadir tierras en la barranca. Se trata de un predio que compró al ejido San Alonso, a pesar de que ya había sido entregado a otra persona, por lo que existe un litigio para saber quién es el legítimo dueño.

También acusaron al dueño de la inmobiliaria Desarrollo Turístico Barrancas del Cobre, Federico Elías Madero, de intentar desalojar a 16 familias indígenas del predio El Madroño, donde proyecta construir un hotel, cabañas y un campo de golf.

Monarca Lázaro y Cruz Romero afirmaron que empleados de Elías Madero les han impedido construir sus viviendas, recolectar leña y usar la cáscara de los árboles de táscate para labrar figuras de animales que venden a turistas que visitan el mirador de la barranca.

Insistieron en que este proyecto viola sus derechos a la tierra, a los recursos naturales, al reconocimiento jurídico de sus autoridades tradicionales, a ser consultados antes de emprender obras, a que se respeten sus usos y costumbres, y a recibir justicia expedita en tribunales agrarios, civiles y penales.

La inversión pública, añadieron, está dirigida a obras de infraestructura relacionadas con el proyecto turístico, sin tomar en cuenta lo que necesitan las comunidades rarámuris.

Tampoco les han informado qué hará el gobierno para abastecer de agua a la zona y manejar los residuos que generará el aumento del turismo.

Pidieron al alto comisionado de la ONU solicitar al gobierno mexicano una investigación sobre las violaciones a los derechos indígenas y reclamaron que se respete su derecho a conocer información sobre el proyecto turístico, que les ha sido negada.

El Día de la Marcha de Periodistas... ¡Agredieron a uno en Chiapas!

En la Foto, Abenamar López (centro), del diario Cuarto Poder, antes de ser víctima del abuso policial.

Por Bankilal Tesh, corresponsal

Ciudad de México, DF.-
Apenas nos reunimos para exigir respeto a nuestro trabajo. El mismo día en que decenas de periodistas salimos a las calles del país a reclamar garantías... ese mismo día, un colega fotógrafo de Chiapas fue agredido, violentado y asaltado por elementos de la Policía Ministerial del Estado de Chiapas.

Aquí la carta de denuncia de nuestros colegas.

A la opinión pública
Compañer@s de periodismo de esperanza

Compañeros y compañeras periodistas, el día de hoy al terminar la movilización de comunicadores que realizamos en la capital del estado, en el marco de la movilización nacional ¡Los queremos vivos! fué agredido el reportero Abenamar López.

El colega periodista Abenamar López fue interceptado por un policía ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) cuando tomaba fotografías de un desalojo en una de las colonias populares al oriente de la capital del estado.

El reportero fue increpado por el uniformado quien le reclamo el hecho de estar tomando fotografías del suceso, el colega siguió haciendo uso de su cámara pero otro uniformado lo tomo por detrás con lujo de violencia para someterlo sujetándolo por el cuello

“Lo inmovilizó por ahorcamiento, en tanto ese sujeto ya había pedido ayuda a una decena de Policías Preventivos, quienes forcejaron con Abenamar para, literalmente, robarle su mochila y su cámara fotográfica donde, obviamente, se encontraban los testimonios del desalojo y las imágenes de ese judicial. Además, le revisaron su billetera como si de un delincuente se tratara. Por favor, los que puedan publicar háganlo, para evitar la impunidad y frenar las agresiones”, refiere el testimonio de uno de los colegas presentes en su agresión.

Abenamar López ya interpuso su denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos en Contra de Periodistas, que encabeza el abogado Ignacio Soberano Velasco.

Desde ya exigimos al fiscal investigue y proceda conforme a derecho en contra del o los uniformados implicados en la agresión. Reclamamos que se le devuelva el equipo de trabajo arrebatado o de lo contrario que se le pague los daños ocasionados en su perjuicio.

Reclamamos al Procurador General de Justicia del Estado , Raciel López Salazar, instruya a sus agentes policiacos que respeten la labor de los periodistas y que respeten la Ley de Derechos para el Ejercicio del Periodismo del Estado de Chiapas promulgada por el Poder Ejecutivo en el 2007.

Los periodistas chiapanecos condenamos la agresión que sufrió el colega reportero Abenamar López, que en nada abona al crítico escenario que viven los periodistas a lo largo y ancho del país.

Exigimos que en Chiapas se cumplan y hagan cumplir las leyes que deben o deberían garantizar el libre ejercicio del periodismo y del periodista en Chiapas.