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22/08/2012

Por "flojos", corren a maestros de secundaria en Oaxaca

René López, corresponsal

Magdalena Peñasco, Oax.- Padres de familia lograron cambiar a toda la plantilla de 24 maestros y acuerdan iniciar las clases hasta el 5 de septiembre en la escuela secundaria general, “Revolución mexicana” después de hacer tomado las instalaciones por dos días.

Después de que más de 200 padres de familia tomaron las instalaciones de esta escuela secundaria en exigencia de que los maestros sean cambiados, la mesa de negociación dio como resultado el cambio total de la plantilla e iniciaran las clases el 5 de septiembre, donde los padres de familia acordaron ser vigilantes para que ninguno de estos catedráticos regrese.

Por flojos pedimos la salida de toda la plantilla de maestros, además están divididos, no participan en las acciones comunitarias de la comunidad de Magdalena Peñasco, dieron a conocer los padres de familia.

Dijeron que los maestros desde la fundación de esta escuela nunca participan en las actividades comunitarias, como los son las fiestas patronales, en los actos cívicos, mucho menos en las fiestas patrias donde los estudiantes brillan por su ausencia, además porque tienen muchos conflictos internos que genera que los alumnos este más enterados de sus problemas que de sus estudios, esto genera violencia dentro de sus salones de clases y en toda la institución.

Después de varias discusiones, lograron acuerdos con los integrantes de la mesa negociadora, entre ellos, iniciar las clases el 5 de septiembre con una nueva planta de catedráticos que ahora ya no serán 24 si no 29, la salida de los trabajadores de la educación incluye también a los administrativos e intendentes, así como directivos, entre ellos la subdirectora Lourdes Vilma López España, profesora que estaba presente que por cierto no la dejaron que hablara en varia ocasiones durante la negociación, por lo que optó en retirarse.

La mesa de los acuerdos estuvo integrada por Jesús Cruz Barrios, regidor de educación y cultura, Erasmo Velásquez Marín, delegado regional de servicios educativos, Bartolo Barrios, presidente de la asociación de padres de familia, José Luis Ramírez, auxiliar de la secretaria de conflictos de secundaria generales de la sección 22 y del presidente municipal de Magdalena, Víctor Mendoza Rojas, quien también formaba parte de la planta de maestros expulsados, así como su esposa la maestra Marina García Pérez, quienes abandonarán también la institución.

Erasmo Velásquez Marín, delegado regional de servicios educativos, en entrevista dio a conocer que la situación en esta comunidad ha sido difícil en esta comunidad en esta región Mixteca, pero se han logrado acuerdos que dan solución, el remplazamiento de todos los maestros, hay voluntad porque se acaben las anomalías.

José Luis Ramírez Juárez, auxiliar de la secretaria de conflictos, dio a conocer que es la división de los maestros efectivamente la que ha detonado para que no rindan en sus trabajos, por esta situación los padres de familia ha tomado la rienda de la institución y han ejecutado la toma de la escuela por dos días y la mantendrá tomada hasta el 5 de septiembre fecha en que recibirán a los otros 29 maestros, quienes además se conformaran en un comité de vigilancia sobre el trabajo de cada de los recién llegados a la institución, además serán vigilantes de las acciones de los más de 200 alumnos que estudian en la escuela secundaria general, “Revolución mexicana”.

Decisión de la Suprema Corte de limitar el fuero militar debe extenderse a todas las cortes del país

Comunicado de Prensa A Amnistía Internacional

México, DF.- La histórica decisión tomada por la Suprema Corte de Justicia (SCJN) de transferir la jurisdicción de un caso relacionado con violaciones a los derechos humanos cometidas por personal del ejército de una corte militar a una civil, debe sentar un precedente obligatorio para todos los casos de violaciones a los derechos humanos, afirmó Amnistía Internacional.

La SCJN se pronunció ayer en contra de la aplicación de la justicia militar en el caso de contra Bonfilio Rubio Villegas, un hombre indígena asesinado por personal del ejército en un retén en el Estado Guerrero, en junio de 2009.

Esta decisión confirma como inconstitucional la fracción II (a) del artículo 57  del código penal militar, mediante el cual se había justificado previamente el procesamiento de todos los casos de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas armadas en instancias militares.

“Amnistía Internacional hace un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que se asegure de que esta histórica decisión de procesar casos de violaciones a los derechos humanos en instancias civiles, y no militares, sentará un precedente vinculante para todas las cortes del país” afirmó Rupert Knox, Investigador para México de Amnistía Internacional.

“Además, es el momento de que el sistema de justicia civil demuestre su capacidad e investigue, persiga y enjuicie a aquellos militares implicados en violaciones de derechos humanos y defienda los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.” Agregó Knox.

La decisión de la SCJN está en la línea con las cuatro sentencias dictadas por la Corte Inter Americana de Derechos Humanos (CoIDH) contra México, que ordenan la modificación del fuero militar tras concluir que la justicia militar ha negado el acceso a la verdad,  la justicia y la reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

La decisión de la SCJN también cumple con la orden de la CoIDH de establecer y garantizar el derecho de las víctimas a un recurso legal efectivo, que incluya a los familiares de las víctimas de desaparición forzada y homicidio, acceder al juicio de amparo y cuestionar elementos relativos a la jurisdicción.

En esta sentencia la SCJN también confirma su interpretación de la Constitución en línea con las decisiones de la CoIDH, en el sentido de que la jurisdicción militar sólo es aplicable en los casos en los que los civiles no son ni acusados ni víctimas y deben limitarse a los casos relativos a la disciplina militar o a bienes jurídicos propios del orden militar.

Décadas de campaña

Numerosas víctimas de violaciones a derechos humanos perpetradas por las Fuerzas Armadas, así como organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos han realizado campañas por más de 40 años para lograr terminar con la impunidad ante esto abusos, que la justicia militar ha contribuido a garantizar.

Amnistía Internacional se dirigió a la Suprema Corte para solicitar que se limitara la jurisdicción militar, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos en los casos que recientemente fueron llevados ante la Corte por víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Los poderes ejecutivo y legislativo han fallado a su obligación de realizar reformas legislativas que habían sido ordenadas a través de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Dejando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la responsabilidad de actuar en favor de las víctimas de violaciones a derechos humanos.

En mayo de 2012, la SCJN ordenó que en al menos 28 casos relativos a la aplicación de justicia militar que se encontraban en distintos tribunales, no se resolvieran hasta que la Corte estableciera jurisprudencia sobre el tema.

La SCJN comenzó a estudiar casos el 6 de agosto de 2012, resolviendo el primer caso de conflicto jurisdiccional a favor de las cortes civiles en el caso de desaparición forzada, tortura y muerte de Jethro Ramsés Sánchez en mayo de 2011 en el estado de Morelos, caso que había denunciado Amnistía Internacional públicamente.

De acuerdo al sistema legal de México, La SCJN ahora debe pronunciarse sobre al menos dos casos más  para establecer una jurisprudencia que deba extenderse a todas las  cortes del país.