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18/09/2009

Usa diseñadora mexicana textiles indígenas para abocetar su moda

Nueva York, Estados Unidos, (Notimex).- La diseñadora mexicana Carla Fernández combina la moda con textiles indígenas elaborados de manera artesanal, según explicó la víspera en una conferencia en el Instituto de Tecnología de la Moda de esta ciudad.

"La gente suele decir que en México no tenemos moda, y yo les digo que claro que la tenemos. Somos un país de textiles. La tenemos, lo que pasa es que no la vemos", enfatizó la diseñadora.

Considerada por la Semana de la Moda de 2008, en Londres, como la "joven empresaria de la moda en el año", Fernández dirige el Taller Flora, que colabora con artesanas de cuatro etnias y con una cooperativa de charros en la Ciudad de México.

El taller trabaja con 120 artesanas en Tenango de Doria, en Hidalgo, con 30 más en Tenancingo, en el Estado de México, con cinco en San Juan Chamula, Chiapas, y con un número variable en Pinotepa de Don Luis, en Oaxaca, según aclaró Fernández a Notimex.

"La nuestra es una manera de ayudar a las artesanas a integrarse a un mercado mucho más extendido", señaló la diseñadora.

Sus colaboraciones se basan en los propios diseños indígenas, concibe las prendas junto con las artesanas.

Por ahora, vende sus productos en tiendas de Los Ángeles y Japón. Planea, además, entrar a los mercados de Nueva York, Londres y, en enero, piensa lanzar una marca comercial que se venderá en boutiques mexicanas.

Lamentan vivan mujeres indígenas en alto grado de vulnerabilidad

Ciudad de México, DF., (Notimex).- El cuarto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Fernando Batista Jiménez, lamentó que mujeres indígenas en México vivan en un alto grado de vulnerabilidad y marginación, incluso en sus propias comunidades.

Entrevistado en el marco de las Jornadas de Acceso a la Justicia de la Mujer Indígena, agregó que lo más paradójico es que la mujer indígena "no sólo es el sustento de la vida familiar, sino también de la propia comunidad".

En torno a la discriminación institucional, subrayó que ésta se da en los tres órdenes de gobierno, "incluso de las autoridades indígenas".

En este sentido, subrayó que la CNDH está lista para atender cualquier violación a las mujeres indígenas y en general de todo ciudadano al que se violen sus garantías individuales, quienes desconocen sus derechos.

"Lo cierto es que a las autoridades penitenciarias no les interesa acercarles los mecanismos que permitan la defensa de sus derechos, y en muchos casos, ser liberados, razón por la que se refuerza el trabajo de promoción desde el organismo", comentó.

Un ejemplo de ello es que de 2005 a la fecha, bajo la coordinación de la CNDH y otras organizaciones civiles, se ha logrado la preliberación de un promedio anual de mil indígenas de las cárceles en México.

Respecto al marco legal que garantiza el acceso de la justicia a los indígenas en su propia lengua, lamentó existan muchas deficiencias y lagunas, empero expuso que antes de reformarla, hay que vigilar que se cumplan las leyes existentes.

"Tenemos que ver que no se conviertan en letra muerta, por ello hemos iniciado una revisión de las leyes locales para ver si éstas cumplen con las disposiciones federales para que se puedan adecuar a ese marco legal", consideró.

Batista Jiménez, quien elaboró la recomendación de la CNDH respecto al caso de la indígena Jacinta Francisco Marcial, pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) hacer lo propio con las indígenas Alberta Alcántara y Teresa González, también acusadas del secuestro de seis agentes federales.

Observó que es necesario "se cumpla a cabalidad" la recomendación que hicieran para la liberación de las indígenas ante "dudas razonables" por su presunta participación en los hechos delictivos.

Llama don Luis H. Álvarez a combatir pobreza extrema en México

Ciudad de México, DF., (Reforma).- Ahora más que nunca los funcionarios de todos los niveles deben apretarse el cinturón para hacer frente a la crisis económica y sobre todo a la pobreza extrema que afecta a millones de mexicanos, aseveró el Comisionado Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México, Luis H. Álvarez.

"Es vergonzante que un país que presumió por décadas de ser el cuerno de la abundancia, hoy se cuenten por millones los pobres que no tienen siquiera para comer o satisfacer sus necesidades básicas", subrayó el funcionario entrevistado en el marco de Las Jornadas de Acceso a la Justicia de Mujeres Indígenas, que se lleva a cabo en esta ciudad.

El panista sostuvo que sería un acto de justicia social el hecho de que quienes por años se beneficiaron con el sistema de gobierno hoy aporten y hagan un esfuerzo importante para ayudar a quien menos tiene.

Asimismo, hizo notar que en México hay una grave deficiencia en materia de justicia penal y respeto a las garantías individuales.

"Es una materia pendiente en México", puntualizó.

Por otra parte, el titular de la CDI manifestó su beneplácito por la liberación de la indígena Jacinta Francisco Marcial, quien estuvo 37 meses recluida acusada de secuestro a agentes federales.

"Esto representa un acto de justicia elemental y esperamos que en lo sucesivo otros indígenas que están presos sin pruebas recuperen su libertad y en ello estamos colaborando para que se les haga justicia", añadió el ex dirigente nacional del PAN.

Crecen obstáculos en América Latina para alfabetizar a los pobladores

Ciudad de México, DF., (La Jornada).- La región latinoamericana, con 71 millones de personas en la indigencia y unos 200 millones en la pobreza, enfrenta cada vez mayores obstáculos para alfabetizar a sus pobladores, ante factores como el desempleo y la violencia, mientras que la cobertura de programas educativos para adultos "continúa marginando a las poblaciones rurales, indígenas y afrodescendientes", con lo cual se ha profundizado la brecha antes que reducirla.

De acuerdo con un diagnóstico preparatorio de 26 gobiernos de la región, rumbo a la Conferencia Internacional de Educación de Adultos (Confintea VI) –a realizarse en diciembre próximo y en la que México llevará la posición de naciones de América Latina–, otro de los desafíos que enfrenta la enseñanza en todas las etapas de la vida es el "subfinanciamiento crónico, su gran vulnerabilidad en términos de participación, institucionalización y continuidad de políticas y programas".

La educación para jóvenes y adultos es una herramienta fundamental para luchar contra la pobreza y la exclusión social, pero también existe "la imposibilidad de resolver dicha problemática exclusivamente desde el campo educativo, en ausencia de cambios estructurales y sin la convergencia de otras políticas", expresan los gobiernos.

Según este análisis, que forma parte de los trabajos de dicho encuentro, auspiciado por la Organización de Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), otro problema es que se ha priorizado la oferta educativa para ciertos sectores por edad, por lo general hasta los 35 o 40 años, con lo que se ha dejado fuera a la "población de más edad, negando así su derecho a la enseñanza y contrariando la propia adopción del paradigma del aprendizaje a lo largo de toda la vida".

Además, sostienen, es necesario revertir la tendencia actual, para dar prioridad y atención con calidad y pertinencia a zonas, sectores y grupos con mayores desventajas de la región, como pueblos indígenas, poblaciones rurales y de afrodescendientes.

Así, reconocen que "los diversos contextos socioeconómicos, étnicos y culturales de la región plantean cada vez más obstáculos a la alfabetización y otras formas de aprendizaje entre jóvenes y adultos. Entre estos factores figuran el desempleo, la exclusión social, la migración, la violencia, las disparidades entre hombres y mujeres, todo esto vinculado en gran medida a la pobreza estructural".

Entre otras de las sugerencias realizadas por los grupos de trabajo rumbo a Confintea VI, se encuentran aumentar 3 por ciento de presupuesto recomendable a educación para adultos, así como el diseñar políticas para favorecer la integración de diversos grupos: indígenas, reclusos, migrantes y poblaciones rurales, entre otros.

La OIT respalda el derecho al territorio de los indígenas

Guadalajara, Jal., (El Informador).- La comisión de expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hizo público este año su apoyo al derecho al territorio de las poblaciones indígenas, particularmente en el caso de la comunidad autónoma de Bancos de San Hipólito, en El Mezquital, Durango, que en 1968 fue separada de su comunidad “madre”, San Andrés Cohamiata, Jalisco.

La OIT emitió su postura después de que en el 2007, las comunidades wixáritari enviaron su caso a la organización a través de la Delegación Sindical de Radio Educación, sección XI del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), a lo cual respondió el Gobierno mexicano hasta noviembre de 2008.

La Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (Ajagi) considera que “independientemente de lo que esto significa para el pueblo Wixárika (huichol)”, lo trascendente es que será un precedente en recuperación de territorios ancestrales que pertenecen a los pueblos por su ocupación tradicional.

De acuerdo a la Ajagi, la ocupación “tradicional” (de pueblos indígenas que han vivido ahí desde tiempos ancestrales) de un territorio, definitivamente es fuente de derechos y este ordenamiento es “piedra angular” sobre el que reposa el sistema de derechos sobre la tierra establecido por el Convenio 169, promovido por la OIT y firmado en 1989 por el Gobierno mexicano.
Según el Convenio, es violatorio darle prioridad a los “derechos legalmente constituidos”, sin tomar en cuenta las pruebas de ocupación tradicional, como sucede en la mayoría de los problemas agrarios de los pueblos indígenas.

La OIT argumenta que se viola el cumplimiento de las obligaciones internacionales cuando no existen procedimientos adecuados para la valoración de las pruebas de la ocupación tradicional. “El procedimiento para que sea adecuado debe estar encaminado a que los pueblos indígenas puedan solucionar las reivindicaciones de tierras demostrando la ocupación tradicional”, y el concepto debe ser reflejado de diferentes maneras en la legislación nacional.

Además plantean que, ante la postura de México de que hay irretroactividad de las leyes, pues las sentencias de tribunales nacionales que dieron origen al despojo territorial sucedieron antes de la existencia del Convenio 169, la legislación internacional tiene aplicación en la actualidad “en lo concerniente a las consecuencias de las decisiones tomadas con anterioridad a su entrada en vigor”.

Telón de fondo

En 1968, se emitió una resolución presidencial que segregó cerca de 170 mil hectáreas de San Andrés Cohamiata, quedando fuera tres comunidades, entre ellas, Bancos de San Hipólito, que en ese momento dejó de pertenecer a Jalisco y pasó a la jurisdicción de Durango.

Años después, Bancos pidió la dotación ejidal de las 10 mil 720 hectáreas que hasta la fecha ocupan, pero en 1981, San Lucas de Jalpa solicitó el anexo del poblado indígena y le reconocieron y titularon más de 33 mil 456 hectáreas.

En 2002, Bancos de Calitique interpone la demanda para que les reconozcan su territorio. Pero el Tribunal Agrario de Durango resolvió que los wixáritari de Bancos tenían que restituir las tierras a los mestizos de San Lucas, sentencia que reiteró el Tribunal Superior Agrario en la ciudad de México.

Para la OIT este caso es “emblemático” en la exigencia de los derechos ancestrales de los indígenas, lo cual podría sentar un precedente para el respeto del territorio de los pueblos originarios.

En 2008, el décimo quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa reconoce a los huicholes la posesión, pero no la propiedad. En esas mismas fechas, dos relatores de la Organización de las Naciones Unidas se pronunciaron para que el Gobierno resuelva este conflicto.

Legislación

El Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales de 1989 estipula lo siguiente:

Artículo 14

1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia.

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.
Artículo 15

1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.

Otros problemas agrarios en Jalisco

1-Los nahuas de Ayotitlán eran propietarios de 446 mil 742 hectáreas comunales. A través de una resolución presidencial de 1963, se les dotaron únicamente 50 mil 332 hectáreas, como terrenos ejidales y no comunales, de las cuales solo fueron entregadas 30 mil 620. En 1969 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que se ejecutara en su totalidad la resolución agraria de 1963, pero hasta el momento eso no ha sucedido, lo que ha generado conflictos de linderos con otras poblaciones e incluso con el Estado de Colima. Esta indefinición ha permitido la explotación minera de consorcios internacionales, principalmente.

2-Los nahuas de Tuxpan solicitaron la restitución de sus territorios en 1915. Se les declaró (al igual que a Ayotitlán, en 1921) que carecían de títulos eficaces, a pesar de tener los virreinales otorgados por el rey de España
La restitución de tierras comunales solicitada por Tuxpan fue revertida a dotación de ejidos por la Comisión Nacional Agraria (1918-19), y en 1925 se les entregaron menos tierras que las que les correspondían.

3-Los wixáritari han tenido graves problemas agrarios, ya que en la mayoría de los casos, la SRA entregó parte de sus tierras a núcleos mestizos de Jalisco y otros estados (Nayarit, Zacatecas y Durango).

Las autoridades llevan sus demandas ante tribunales nacionales y Bancos de San Hipólito ante la OIT. Hasta el momento han recuperado más de 10 mil hectáreas de las 67 mil en conflicto.

Zacatecas protegerá 140 kilómetros de la Ruta a Wirikuta

En las próximas semanas, el Gobierno de Zacatecas emitirá un decreto de Área Natural Protegida para preservar los territorios que atraviesan los wixáritari en su peregrinación a Wirikuta, en base a diagnósticos que la asociación civil Conservación Humana y la gente de Santa Catarina Teponahuaxtlán (Mezquitic, Jalisco) han hecho durante los últimos 10 años.

La ruta completa es de 400 kilómetros y Zacatecas solo decretará los 140 kilómetros que atraviesan los indígenas en este Estado.

La peregrinación inicia en Santa Catarina Teponahuaxtlán y concluye en Wirikuta (Real de Catorce, San Luis Potosí). Los sitios intermedios son el Cañón de Chapalagana, Mezquitic, las sierras de Monte Escobedo, la de Cardos, Susticacán, Jerez, la ciudad de Zacatecas, Yoliatl, San Juan del Tuzal, la presa Santa Gertrudis, el cerro Quemado, el cerro del Fraile y Cedral.

De acuerdo a un documento de Conservación Humana, en el itinerario habitan “deidades y espíritus de ancestros, espíritus de ciertas especies (como el lobo o el venado) o de fenómenos naturales como las nubes, la lluvia, el viendo o la madre tierra”.

Éstos viven en los sitios sagrados y dan a los peregrinos sabiduría y guía espiritual, o penalidades y castigos.

El propósito, además del aprovisionamiento del peyote que es de uso ritual, tiene como fin seguir los pasos de los antepasados para pedir lluvia y bienestar.
Por lo anterior, la actual gobernadora perredista de Zacatecas, Amalia García, decidió decretar la zona, de manera similar a como existe en San Luis Potosí, desde 1994. En Jalisco, en cambio, no existe ninguna iniciativa de este tipo (incluso hay proyectos como la carretera Huejuquilla-Bolaños, que dañó su territorio y sus sitios sagrados).

Humberto Fernández de Conservación Humana explica que los principales problemas de este itinerario cultural son la erosión por las malas prácticas agrícolas, el turismo “new age” que depreda las zonas donde hay peyote, y el mercado de esta cactácea, que se vende al interior del país y a ciudades como Ámsterdam (Holanda).

“Hay un gran saqueo de especies fauna y flora en peligro de extinción, pero principalmente de peyote. Y existe una simulación de todos los órganos de Gobierno, pues saben cómo operan estas redes y nada ha cambiado”.

Considera que la protección de 140 mil hectáreas que existe en San Luis Potosí sí ha impactado en la conciencia de la población, pero finalmente “sigue siendo una reserva de papel, porque ven como un problema menor que desaparezca la cactácea y que desaparezcan los ecosistemas. Pero no entienden que para los huicholes el peyote es como el petróleo de Estados Unidos”.

El decreto de Área Natural Protegida de Zacatecas incluirá sitios como la Sierra de Cardos (incluye sitios sagrados como Xurahue Muyeca), humedales en las afueras de Jerez, el Cerro de la Bufa, entre otros.

Estos estudios son “más finos”, y probablemente sirvan como un elemento más para proteger la ruta sagrada, “que puede desaparecer de por vida: el riesgo es real. Y es importante señalar que ya no es solo proteger, sino más bien restaurar los manantiales afectados, retirar las cercas que bloquean el peregrinaje, restaurar los humedales sagrados, y reforestar sitios como el Cerro de la Bufa, que antes de la minería, era bosque”, dice Humberto Fernández.

Ante la inexistencia en México de leyes que protejan el patrimonio inmaterial, Conservación Humana trabajó para que esta ruta se inscribiera en la Lista Indicativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (Unesco), por lo que, después de los polígonos protegidos por Zacatecas, tendrán la posibilidad de cabildear para que en posteriormente, pueda declararse Patrimonio de la Humanidad.

“Desafortunadamente el gobierno federal, al no entender el ritual, le prestaban a los huicholes los vehículos, para que no se fueran caminando. Eso sucedió desde los 70 y ahora pocos jóvenes conocen la caminata completamente. Por ello es que no podemos dejar que desaparezca esta tradición ancestral. Además, tenemos la hipótesis de que era una ruta de intercambio comercial en la prehistoria, es algo que falta estudiar”.