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11/06/2009

Toman mixtecos oficinas del Gobierno del Estado de Oaxaca


Por René López, corresponsal

Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oax.-
Indígenas Mixtecos provenientes de diversas partes del municipio de San Juan Mixtepec, Juxtlahuaca, mantienen tomadas las instalaciones de la delegación de gobierno en la ciudad de Tlaxiaco en exigencia que el gobierno del estado cumpla con las obras que prometió el año 2008.

Apostados a la entrada de las oficinas de la delegación de gobierno, mecates y anuncios a que el gobierno cumpla, también cerraron el paso a los vehículos desde el miércoles a las diez de la mañana y no cesaran hasta ver los cumplimientos.

Que el gobierno estatal cumpla con lo que prometió, dio a conocer Eusebio López Gómez, dirigente de la Confederación Nacional Campesina, CNC en la Mixteca, “la minuta firmada el 2 de diciembre del año 2008, contempla obras de electrificación en varias comunidades que asciende a los más de 5 millones de pesos”.

El documento fue firmado en la población de Tlalixtac de Cabrera, en ciudad administrativa, estando presentes, Juan Riera Fullana, asesor de asesores de la secretaría general de gobierno, Isidro Olguín Rubio, director de atención a la demanda social de coplade y el representante de la CNC en la Mixteca, San Juan Mixtepec.

Estos compromisos que están exigiendo se ubican en comunidades en extrema pobreza y tiene que ver con obras de electrificación, que se ubican en comunidades como Yerba Buena, Santiago Tillo, Yucumí y San Isidro, todos del municipio de San Mixtepec.

Las vueltas ya han sido muchas y es hora que el administrador estatal le cumpa a los pobres, mientras tanto el acuerdo por parte de los inconformes será no levantar esta protesta hasta que exista una solución a las demandas, no descartando manifestarse hasta la ciudad de Oaxaca.

Otro de los acuerdos que no se ha cumplido, es la autorización de cuatro obras de ampliación de electrificación que iniciarían desde el mes de febrero del presente año y las múltiples vueltas han sido largas y el cansancio ha llegado.

Por su parte, Fernando Hernández, presidente del PRI en san Juan Mixtepec, dijo que esta es una de las múltiples necesidades que ante los incumplimientos nos hacen más pobres, por lo que solo piden al gobierno del estado liberar recursos para obras de electrificación, agua potable, escuelas, salud, caminos, puentes y proyectos productivos, para los campesinos en la región Mixteca de Oaxaca.

Para aumentar la presión ante la solución de demandas dieron a conocer que de los 150 indígenas Mixtecos que hoy están participando en la manifestación, hombres y mujeres, aumentaran a más de mil agremiados, si no existen cuentas claras.

Destacan escuelas indígenas… ¡en retraso educativo!

Guadalajara, Jal., (El Informador).- Las escuelas de “peor calidad” en el país se encuentran entre la población indígena, en las que destacan el bajo nivel educativo y las deficientes instalaciones, coinciden el Banco Mundial y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Tereso era parte del universo marginal de un millón 382 mil 586 indígenas de entre los 15 y 24 años de edad que no asistía a la escuela a principios de 2009. La extrema pobreza y la distancia —vivía en Cañón de Tlaxcala, a cinco horas a pie por peligrosa serranía desde la delegación de Tuxpan de Bolaños, en el Norte de Jalisco— impedían que el wixárika acudiera a clases. De niño, estudió algunos meses en la primaria de Tuxpan, pero desertó, pues tenía que trabajar para llevar alimento a casa.

En México, “seis de cada 10 alumnos de escuelas indígenas asisten a escuelas con condiciones de infraestructura precarias”, revela el estudio “La educación para Poblaciones en Contextos Vulnerables (2007)”, elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). El documento subraya que maestros y directores de estas escuelas critican la infraestructura, el acceso a recursos educativos y las condiciones en las aulas, y agrega que los directores, en relación con los de otro tipo de escuela, son los que más bajo califican el estado del edificio escolar, aulas, patio, baños, mesabancos y pizarrón.

En 1976, producto de la lucha de grupos de antropólogos y maestros, se creó la Dirección General de Educación Indígena, con el fin de ofrecer una educación bilingüe y bicultural. “Parecía la mejor manera de llevar una educación pertinente a las poblaciones indígenas; sin embargo, parece haber indicios de que efectivamente, segregar a los indígenas en un sistema educativo propio no ha rendido los resultados esperados, sino todo lo contrario”, recalca el Observatorio Ciudadano de la Educación.

La ineficiencia del sistema de contratación y capacitación de docentes, así como su formación profesional, propicia la inadaptación que se expresa en falta de compromiso y ausentismo. El resultado: deserción escolar por cuestiones de trabajo y porque, como muestra un estudio de la Sedesol, “lo que les enseñan en la escuela no les interesa” y, por otra parte, “los padres expresan que sus niños llegan a renegar porque se les educa como hombres blancos”.

En la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, “más de 60% de la población mayor de 15 años es analfabeta, y de cada 10 niños que empiezan la primaria, sólo dos terminan el sexto año —enfatiza el activista Samuel Araiza Alcaraz—. El problema de retraso educativo se manifiesta en la marginación cultural, las experiencias aisladas, la imposición de programas ajenos a sus costumbres y la falta de proyectos productivos, entre otros. Esto ha ocasionado efectos que se traducen en una situación generalizada de violencia social, por ejemplo en la falta de servicios básicos, la sobreexplotación forestal, el narcotráfico y la narcosiembra, la falta de tierras cultivables, el alcoholismo, la fuerte migración y la pérdida de identidad cultural”.

Las 10 localidades con mayor rezago en México se ubican a una distancia promedio de 28 kilómetros de las carreteras pavimentadas más cercanas que conducen a zonas urbanas. La comunidad con mayor grado de rezago social es El Palmari, en el Municipio de Batopilas, Chihuahua. Está a 43.6 kilómetros del punto de referencia. Estas poblaciones generalmente están aisladas de las vías de comunicación, y por ende es poco probable que se integren a la economía del país. Incluso coinciden con los municipios con mayor incidencia de pobreza y están habitadas por comunidades indígenas en las que no existe educación para menores de edad.

Incongruencias

El inadecuado modelo educativo en zonas indígenas radica principalmente en calendarios y horarios que no toman en cuenta los ciclos agrícolas y migratorios ni las obligaciones familiares de los niños: trabajar y cuidar de hermanos menores. La educación en estas comunidades se basa en la comunicación y enseñanza del español en los primeros grados de primaria, cuando los estudiantes están en proceso de afirmar la estructura de su propia lengua. Pero los métodos centrados en repetición y memorización de datos están en abierta contradicción con la forma en que los indígenas aprenden y socializan los contenidos culturales de sus pueblos.

En otra arista, las deficiencias de la educación indígena en el nivel básico se constatan cuando los estudiantes pretenden cursar la preparatoria o una licenciatura: “El ingreso de indígenas en la matrícula de la Universidad de Guadalajara es de .04% —indica César Díaz Galván, responsable de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la UdeG—. Cuando realizan exámenes de admisión, 99% reprueba porque tienen una formación deficiente y la prueba no está diseñada para ellos. Cada semestre ingresan alrededor de 10 indígenas, pero no encuentran trabajo al terminar sus estudios por actos discriminatorios; ni siquiera la Secretaría de Educación ofrece trabajo en comunidades rurales”.

Acentúa que en las telesecundarias el nivel es deprimente: “En la mayoría falla constantemente la energía eléctrica, no tienen material bibliográfico, no hay baños, no hay agua ni drenaje. Los maestros o asesores suspenden clases cuando quieren y todo eso repercute en que los indígenas tengan una formación de pregrado deficiente”.

Mientras el Plan Nacional de Desarrollo reconoce que la educación es uno de los aspectos más sensibles en la marginación de los pueblos indígenas, Díaz Galván enfatiza: “Realmente es deprimente la educación en todos los niveles. Priva una visión muy colonial… estamos muy alejados de una visión intercultural. En el nivel básico, muchos de los profesores utilizan de plataforma la escuela para lanzarse de políticos: un grupo fue llevado para desarrollar el programa de educación bilingüe a la Sierra de Manantlán, en Jalisco, pero están más entretenidos en ser alcaldes o delegados. Lo que menos atienden es la educación. La Secretaría de Educación termina entregando plazas a maestros que responden a grupos políticos de poder”.

Sin respuesta

Vía Ley de Transparencia, se le solicitó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) “el número de menores de edad indígenas por Entidad federativa y el Distrito Federal, que no estudian los niveles de preescolar, primaria y secundaria”. La respuesta fue: “Esta dirección general no capta ni procesa dicha información”, contestó Fernando Ulises González Colorado, titular de Estadística Educativa, adscrito a la Dirección General de Planeación y Programación.

A la Dirección General de Educación Indígena, dependiente de la SEP, se le solicitó la población escolar y el rezago en estas comunidades. Sin embargo, la Subdirección de Planeación y Sistemas de Información respondió que formula el documento 2008-2009, “el cual estará en los próximos meses”, pero recalcó que “no hay información de cuántos niños no van a la escuela”.

La dependencia destacó que atiende a 23 mil escuelas en el país, donde imparten clases 60 mil profesores a un millón 600 mil alumnos.

En el Ciclo Escolar 2007-2008, en zonas indígenas se dio atención a un millón 283 mil 049 alumnos, distribuidos en tres niveles educativos. Las entidades que concentran una mayor captación de la matrícula de educación inicial y básica son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz (representan 72%). Sin embargo, no incluye información de cuántos menores de edad no acuden a la escuela. Especialistas estiman que más de un millón de niños se encuentran en esta situación.

Ciclo Escolar 2007-2008
Nivel Atención Edad
Inicial:
62 mil 330 0-3 años
Preescolar
382mil 036 3 y 6 años
Primaria
838mil 683 6-14 años y más
Fuente: Dirección General de Educación Indígena.

Para saber

Un millón 382 mil 586 indígenas de entre 15 y 24 años de edad no asiste a la escuela, indica el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

El documento oficial también revela que un millón 589 mil 796 indígenas mayores de 15 años son analfabetas.

Discriminación
En zonas urbanas, 47.7% de los alumnos no quiere indígenas en su salón, de acuerdo con la Encuesta Nacional Exclusión y Violencia en Escuelas Públicas.

Informe general

En el ciclo escolar 2008-2009, la SEP reporta que están inscritos 25 millones 603 mil 606 alumnos en educación básica (preescolar: cuatro millones 634 mil 412; primaria: 14 millones 815 mil 735 y secundaria: seis millones 153 mil 459), que forman parte de un sistema educativo que tiene entre sus principales desafíos reducir la deserción y reprobación, además de formar mejores ciudadanos con la reincorporación de civismo y ética. La dependencia federal enfatiza que existe una cobertura de 97%, y explica que “la no cobertura (3%), significa el porcentaje de niños de entre seis y 12 años de edad que no asistieron a la escuela de educación privada como pública”.

Pero existe un estudio que contrasta las cifras anteriores: el informe “Retos Educativos” de la SEP (2007), confirma que en México están en el desamparo 12 millones de niños y jóvenes sin acceso a estudios de primaria y secundaria. Los estados de Chiapas, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Zacatecas y Puebla concentran una proporción importante de menores de edad que no acude a la escuela.

A pesar de la “amplia” cobertura en este nivel educativo, el estudio “Impacto de la educación en la pobreza rural” de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), es contundente: “México reduciría sus niveles de pobreza alimentaria en 18% si su población tuviera acceso a la educación primaria y bajaría 30% si concluye la secundaria”. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por su parte, da otro revés a las autoridades mexicanas: el país ocupa el último sitio en gasto por alumno, de los 30 países que integran el organismo. Señala que México exhibe una gran disparidad entre la cantidad destinada a la educación superior y a la básica, pues ésta última recibe tres veces más, y a diferencia de las naciones que asignan montos similares para ambos rubros, este desequilibrio cierra las puertas a muchos jóvenes que desean cursar estudios profesionales.

Camino al aula en penumbra

En el Municipio de Bolaños, Jalisco, se ubica la comunidad de Amoleras (agencia ubicada en la delegación de Tuxpan de Bolaños), donde recientemente se construyó un salón de cinco por siete metros con ladrillo. Ahí, una quincena de niños estudia de manera simultánea los tres primeros niveles de primaria. Los alumnos se comunican en lengua wixárika y el modelo educativo está elaborado en español.

Por si fuera poco, el contenido de los libros tiene una antigüedad de más de 15 años —los alumnos y hasta el profesor desconocen que el año pasado se reincorporó la asignatura de civismo y ética en el nivel básico; lo mismo ocurre con todas las modificaciones en el sistema educativo—.

“Los certificados de estudio o constancias se manejan mediante calificaciones que se mandan a Guadalajara, donde dan el reconocimiento oficial a los alumnos más avanzados, quienes reciben constancia de estudio; pero sí se tarda algo en recibir los certificados”, explica Cristino Chino López, maestro responsable de la escuela. Este tipo de planteles está inscrito en la Comisión Nacional de Fomento Educativo (Conafe).

A pesar de las desgastadas bancas de madera, los libros anticuados y los cuadernos reciclados, así como lápices y plumas que pasan por decenas de manos, el maestro es positivo ante la situación: “Antes no teníamos ni siquiera un salón seguro, de ladrillo. Estamos trabajando fuerte porque cada día aumenta la asistencia de niños. Nos apoya con material la Conafe, pero los padres de familia cooperan en otras compras para las principales necesidades. Hace falta más apoyo del Gobierno para que vengan más niños a clases. Acá las enfermedades son continuas, como gripe, diarrea, fiebre y tos, y pues sí faltan más apoyos en medicinas para entregar a las familias necesitadas; además de médicos, para que no falten tanto a la escuela”.

Los niños de Amoleras, que pretenden formalizar sus estudios en español, deben acudir a Tuxpan de Bolaños, a cerca de tres horas de camino a pie, en donde se ubican la primaria “Lázaro Cárdenas del Río” y la telesecundaria “Enrique González Martínez”, avaladas por la Secretaría de Educación.

Los hermanos Isaías y Gabriel González Romero, de 12 y seis años de edad, respectivamente, relatan pausadamente el precio que pagan para acudir a la escuela: “Vivimos en Banco del Venado —explica el mayor—. Nos levantamos a las cuatro de la mañana porque tenemos que caminar mucho y entramos a las ocho a las clases. Hacemos más de dos horas de la casa a la escuela (por camino peligroso entre serranía), siempre salimos por la noche... hace mucho frío y a veces corremos pa’ que se quite. No vamos a las clases a veces porque tenemos que trabajar en la siembra de maíz y frijol. No nos pagan; lo sembramos pa’ comer. Mis papás nos ponen a trabajar porque no tenemos dinero, nos hemos quedado sin comer hasta dos días”.

Algunos guaraches han quedado en el largo camino de terracería entre su casa y la escuela: “Desde que entramos a la escuela usamos guaraches; mi papá nos consiguió estos usados y pos’ todavía aguantan un rato”, agrega Isaías, mirándose los pies llenos de tierra, mientras su hermano Gabriel sólo mira. No habla español, pero destaca en su rostro el cansancio. En el momento de la entrevista se dirigen a su casa. Deben subir por la Sierra para llegar. Desean que sus papás tengan algo de comida para ofrecerles. Traen el estómago vacío y el hambre y la sed se convierten en una tortura constante en el camino. El aprendizaje en la escuela se olvida en el calvario.

Rechaza México someter violaciones de militares a tribunales civiles

Ginebra, Suiza (Apro).- El gobierno de México rechazó hoy en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la eliminación de la figura del arraigo y se negó a realizar una reforma al sistema judicial para someter los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por militares a tribunales civiles.

La postura de la administración de Felipe Calderón fue duramente criticada por representantes de organizaciones no gubernamentales durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos, en la que se llevó a cabo la parte final del llamado Examen Periódico Universal (EPU) que evaluó a México en esta materia.

En febrero pasado, el gobierno de Calderón se sometió al nuevo mecanismo de control de la ONU en materia de derechos humanos. Aceptó 83 recomendaciones que le formularon los Estados miembros de la ONU, dejó ocho en suspenso, los cuales se concentraron en requerimientos para abolir el arraigo y reformar la justicia militar, con el fin de garantizar que todas las violaciones de los derechos humanos sean atendidas por tribunales civiles.

José Guevara, jefe de la Unidad Derechos Humanos del Ministerio del Interior, asumió en la ONU que el arraigo "es una medida cautelar que se aplica unicamente para casos de delincuencia organizada y está sujeto a estrictos controles legales"; que "sólo podrá ser dictada por un juez cuando sea necesario para el exito de la investigación, la protección de personas o bienes juridicos o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia".

Manifestó que en el arraigo está prohibida "la incomunicación, intimidación o tortura", y al inculpado "se le deben informar los hechos que se le atribuyen y los derechos que lo asisten", con "pleno acceso a su abogado".

Sin embargo, entre las ong`s que participaron en las deliberaciones, Agnieska Raczynska, a nombre de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, afirmó tener documentados "casos en los que falsamente, por motivos de corte político, se les imputan delitos graves a lideres de movimientos sociales con legítimas demandas, y se les acusa de pertenecer a la delincuencia organizada".

Por su parte, Vidulfo Rosales Sierra, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, manifestó su preocupación por actos que, dijo, criminalizan la protesta social. Citó la desaparición reciente, "tortura y ejecución", de los defensores indigenas Raúl Luca Lucía y Manuel Ponce Rosas.

Dijo que los crimenes ocurieron en el municipio de Ayutla, estado de Guerrero, donde proliferan "amenazas, persecuciones y judicialización de defensores de derechos humanos", que han tenido que cerrar oficinas e interrumpir su labor.

En presencia de los generales del Ejército, Jaime Antonio López Portillo y José Luis Chávez, que asistieran a la anterior vista oral del EPU en febrero pasado, y que volvieron ahora para estas conclusiones del proceso en Ginebra, José Guevara desestimó realizar reformas en la justicia militar, porque sus decisiones "pueden ser recurridas ante la justicia civil mediante el juicio de amparo".

Dio por inamovible "la jurisdicción militar sobre conductas cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas en ejercicio de sus funciones", al estar "prevista por la propia Constitución y tiene por objeto preservar la disciplina militar".

Al respecto, Juliette De Rivero, de Human Rights Watch, afirmó que tiene registrado "un drastico incremento de abusos militares". Demandó se ponga fin "al clima de impunidad" y responsabilizó al procurador de las Fuerzas Armadas por no proporcionar "ni un solo ejemplo de los últimos 10 años en el cual los tribunales militares hayan condenado a un miembro de las Fuerzas Armadas acusado de cometer una violación de derechos humanos".

A su vez, Luis Arriaga Valenzuela, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juarez, afirmó que "la propia Constitución mexicana, limita el fuero de guerra sólo a delitos contra la disciplina militar". Añadió que "la jurisdicción militar ha sido aplicada indebidamente para investigar delitos que atentan contra civiles y los afectan en sus derechos fundamentales".

El gobierno de México pareció también dar por finalizadas las investigaciones sobre las masacres perpetradas en el pasado reciente, pero las ong`s le refrescaron la memoria.

Humberto Guerrero, de Conectas Dereitos Humanos, recordó a "los 1,200 desaparecidos por la represión gubernamental de los años 60-70, de los cuales aun hoy se desconoce su paradero".

Explicó a los 192 Estados miembros de la ONU que lo escuchaban, la fallida experiencia de la Fiscalía Especial creada para esclarecer aquella "guerra sucia", clausurada en 2006 sin ninguna "sentencia final ni sanción de los responsables".

Guerrero se unió al reclamo anticipado por escrito un día antes en Ginebra de un gran colectivo de ong`s mexicanas e internacionales, que pedían "restablecer la Fiscalia Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado o crear una oficina similar", y así cerrarle el camino al olvido.

Grupos indígenas demandan parar agresiones contra etnias de Perú

Ciudad de México, DF., (La Jornada).- Representantes de 93 agrupaciones indígenas mexicanas entregaron una carta en la embajada de Perú en México, en la que urgieron al presidente de aquel país, Alan García, a detener de inmediato las agresiones contra etnias locales, así como cancelar órdenes de aprehensión contra dirigentes y castigar a las autoridades responsables y autores intelectuales de la matanza contra indígenas.

Adelantaron que el 18 de junio diversas agrupaciones se movilizarán hacia la ciudad de México para realizar una manifestación frente a la sede diplomática de la nación andina.

La delegación mexicana que participó en la cuarta Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala informó que entregaron el documento en el que condenan la represión gubernamental contra integrantes de etnias que el pasado viernes reclamaron la derogación de leyes que "vulneran sus territorios y medio ambiente" y permiten la explotación de recursos petroleros en beneficio de trasnacionales.

En el texto, organizaciones, dirigentes, grupos sociales y pueblos indígenas de México exigieron garantías para preservar la integridad física de las etnias, así como respeto de sus derechos específicos y libertades fundamentales.

Abundio Marcos, representante de México ante la Coordinadora Continental de los Pueblos Indígenas de América, informó que pidieron también la cancelación de acuerdos internacionales como el Tratado de Libre Comercio, que, dijeron, violentan la vida de los pueblos peruanos originales.

Respetar cuota de candidatos indígenas, ordenan al PRD

Ciudad de México, DF., (La Jornada).- Debido a que en la asignación de candidaturas por el principio de representación propoprcional el PRD incumplió disposiciones estatutarias del partido, que asignan cuotas a la población indígena, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la resolución con que avaló dichas listas para que sean incluidos tres militantes de grupos étnicos.

En la resolución, la magistrada ponente señaló que, para hacer efectivo el derecho de los grupos étnicos, en el caso de Filemón Navarro, originario de Guerrero, el PRD debe incluirlo entre los 10 primeros lugares de la lista de la cuarta circunscripción.

De igual forma, Valente Martínez y Arnulfo Hernández, aspirantes por Hidalgo, deberán incorporarse entre los lugares uno y 13, y 14 al 26 de la quinta circunscripción.

Lo anterior, de acuerdo con el proyecto presentado por la magistrada presidenta María del Carmen Alanís, en función de la proporcionalidad que la población indígena tiene en cada una de esas circuncripciónnes, la primera con cabecera en el Distrito Federal y la segunda en Toluca.

En el proyecto de resolución se rechazó la argumentación del PRD de que dichos militantes no habían acreditado ser indígenas para ser incluidos en la lista de representación proporcional.

Alanís explicó que los quejosos habían acreditado por diversas vías pertenecer a comunidades indígenas, conocer la lengua y tener arraigo.

En cuanto al esquema de asignación de quienes impugnaron la lista original aprobada por el PRD, "se debe atender el porcentaje que representa la comunidad indígena en la circunscripción de que se trate, así como el número de candidaturas a repartir".

Se determinó que para el caso de la cuarta circunscripción –Distrito Federal, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala– la proporción de indígenas es de casi 9.40 por ciento, motivo por el cual se propuso que se incluya en los 10 primeros lugares, lo cual, dada la votación perredista en esas entidades, lo ubica en un sitio con posibilidades de que llegue a la Cámara de Diputados.

En el segundo caso, la quinta circunscripción –estado de México, Hidalgo, Colima y Michoacán– la población indígena equivale a 7.37 por ciento, por lo que se determinó que debe ubicarse a uno de los dos inconformes entre los lugares uno y 13 de la lista, y el segundo entre el 14 y el 26.

Con base en la resolución, el PRD debe realizar ajustes en las listas de candidatos plurinominales y notificarlo al IFE, instancia responsable de realizar los cambios de candidaturas.

Durante la sesión pública del TEPJF, los magistrados desecharon un recurso presentado por el PRI contra sanciones a sus candidatos por haber incurrido en irregularidades en la presentación de sus informes de precandidatos, y ratificaron la multa de 475 mil pesos.