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28/07/2009

Piden mazahuas que Sedesem cumpla con apoyos a viviendas

Toluca, Méx., (El Diario).- Alrededor de 100 hombres y mujeres mazahuas de la organización de Campesinos del Estado de México se plantaron frente a Palacio de Gobierno para exigir que la Secretaría de Desarrollo Social cumpla con los apoyos de vivienda que prometieron entregarles antes del día de la elección, es decir, del 5 de julio.

Los quejosos denunciaron que tanto las autoridades estatales como las constructoras que supuestamente les construirían sus hogares “sólo se burlaron de su pobreza” y acusaron que al gobierno no le gusta ayudar a la gente y mucho menos si se trata de indígenas.

Asimismo, aseguraron que 17 mil familias mazahuas no cuentan con una vivienda digna y aquellos que tienen un hogar, se encuentra en condiciones deprimentes a causa de las lluvias.

Eladio Sánchez Gómez, representante de la Organización de Campesinos solicitó al gobernador Peña Nieto trabajo en beneficio de los habitantes.

Tras varias horas, los inconformes fueron escuchados y la Secretaría de Desarrollo Social se comprometió a presentarles el próximo 8 de septiembre los proyectos de vivienda para comunidades indígenas.

Sin embargo, Sánchez Gómez advirtió que si las autoridades estatales vuelven a incumplir a partir del día acordado, convocarán a una gran manifestación para presionar y den respuesta a sus demandas.

Difunden en internet nepotismo en Jamiltepec



Por Élfego Gregorio Jiménez, corresponsal

Santiago Jamiltepec, Oax.-
En un reciente blogspot que circula en internet, se difunden ampliamente el alto grado de nepotismo y corrupción de las autoridades municipales de Santiago Jamiltepec, encabezadas por el izquierdista Prisciliano Ramírez García y su familiares que se encuentran en nomina.

La página puede consultarse bajo la siguiente dirección electrónica: http://santiagojamiltepecoax.blogspot.com/, en donde se explica en varias “notas”, las distintas actuaciones de los regidores, familiares y de la propia familia del edil Ramírez García. Aquí se explica la cantidad que cobran de manera quincenal los familiares del “profe prici”, (como es conocido localmente).

Desde su creación reciente, la pagina ha sido visitada por más de diez mil cibernautas, en donde señala: “averiguamos por varias personas de las cuales no diremos sus nombres para no perjudicarlas, porque trabajan en el municipio, nos dijeron que el presidente tiene metida en la nomina a casi toda su familia”, explica el texto.

El blogs se titula SANTIAGO JAMILTEPEC, la cual archiva diversos documentos que evidencian las corruptelas de la presente administración, entre ellas la nomina de familiares; por ejemplo la mujer del edil, Inés García Mayoral quien se ostenta como directora del DIF municipal gana un salario de $4,500 pesos quincenales, la acompaña su cuñada Julia Alejandra Fernández, quien es asesora del DIF con un pago de 3,500 pesos.

En la mencionada página de internet se exhiben fotografías de familiares, entre ellas al hijo Cesar Eli Ramírez García, quien se desempeña como director de obras públicas y tiene un pago de $4,500 pesos quincenales. Destaca también la sobrina del edil, Sinaí Ramírez García, que como su secretaria particular tiene un pago de $3,000 pesos de manera quincenal.

En la larga lista de familiares, se encuentra también su primo de nombre Tirso Cruz con un pago de 3,000 pesos; como asesora contable de la tesorería se encuentra la hija de Prisciliano Ramírez, Elsy Ramírez García cuyo pago asciende a $10,000 pesos quincenales. En tanto su hermano Álvaro Ramírez García, gana como maestro del club de danza 3,000 pesos.

La información difundida en el blogspot señala la dieta del primer perredista de Jamiltepec, Prisciliano Ramírez García, que es de 50,000 pesos a la quincena. “No nos extrañaría que también estuviera su mama, amasias, tíos y ahijados, que entre todos han creado un verdadero negocio familiar o vil “chiquero” de nepotismo. Se supone que “el profe prici” iba a componer este tipo de corrupciones que han ido heredando gobiernos anteriores pero o que gran decepción nos llevamos, pues al ver tanta lana que llega al municipio (como 33 millones al año)”, señala textualmente el portal.

El mencionado sitio guarda varios comentarios de los visitantes entre los que destaca el siguiente:”empleados del mismo municipio están inconformes con tanta familia del presidente en la nomina, pues mientras a ellos le pagan bien, a los demás los castigan con salarios bajísimos”, dijo un anónimo.

Otros opinan que “el profe Prici” se hace oídos sordos cuando le piden que despida a todos los integrantes de su familia que actualmente engrosan la nomina municipal y están nada mas sin hacer nada, además que los recursos no son transparentados.

Conapred discrimina indígenas

Ciudad de México, DF., (Contralínea).- Más de 9 millones de indígenas viven en constante discriminación; sin embargo, el Conapred –organismo encargado de garantizar el trato igualitario y el acceso de oportunidades– carece de programas dirigidos a esta población, observa la ASF. Representantes de organizaciones indígenas ni siquiera conocen de la existencia de la institución. La dependencia federal asegura que no se le han otorgado recursos para desempeñar su trabajo con la población indígena

“¡Quítate el sombrero cuando entres, indio!” Fue la orden que un funcionario público de la agencia municipal de Huahutla, en Hidalgo, espetó a Ramiro Díaz Baltasar, un indígena nahua que apenas había pisado las oficinas gubernamentales. El joven se negó a despojarse de una de las prendas que lo identifican como campesino.

Integrante del Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata, Ramiro había acudido a realizar gestiones administrativas para tramitar los apoyos que entrega el gobierno a través de programas de desarrollo social para algunas organizaciones campesinas e indígenas.

De la burocracia no obtuvo ninguna atención. No hubo secretaria ni oficinista que le diera indicaciones de lo que debía hacer para realizar el proceso administrativo; tampoco hubo a quién dirigirse para asentar una queja.

Ramiro es uno de los 9 millones 533 mil 126 indígenas registrados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía que viven expuestos a las prácticas de discriminación en diversos sectores.

La marginación en la que subsisten estos pueblos es el resultado “de siglos de explotación y discriminación, pero se ha acentuado y se ha hecho más visible en las últimas décadas, afectando, sin duda, a los grupos indígenas de nuestro país y dificultándoles el desarrollo”, dice el estudio Pueblos indígenas del México contemporáneo, elaborado por el investigador Federico Navarrete Linares para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Ante esta situación, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) reprobó la fiscalización que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El organismo al que se le asignaron 93 millones 87 mil 600 pesos en 2007 para desempeñar su trabajo “no avanzó en la consecución del objetivo de la política pública de prevenir y eliminar la discriminación, promover la igualdad de oportunidades y de trato, y proteger los derechos humanos de los indígenas”, indica el dictamen del órgano encargado de fiscalizar y revisar la aplicación de los recursos públicos.

La ASF precisó en el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007 que el Conapred “careció de programas y acciones específicas para atender a la población indígena contra los actos discriminatorios de que son sujetos”.

Hablar de discriminación, dice Ramiro, “es hablar de algo que siempre ha existido para nuestras comunidades. Desde la conquista, en que vinieron los españoles a saquear, robarnos y hacernos esclavos, nos han considerado objetos sin derechos.

“Después de que algunas organizaciones pudimos recuperar nuestras tierras de las manos de los hacendados, vemos que el mismo trato lo cometen hoy las autoridades. Del Conapred yo no sé nada”, comenta el joven nahua.

De huaraches y sombrero

“¡Pata rajada!”, “¡pinche indio!”, son, por lo menos, dos de los motes escuchados por Pedro Hernández Flores a lo largo de su vida. Él es originario del municipio de Atlapexco, Hidalgo. Dice: “Ésos son los menores agravios que conozco”.

Pedro también es indígena nahua. A sus 55 años, es presidente del Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental. El hombre estuvo preso en el expenal de la Fortaleza de San Carlos, en Perote, Veracruz.

En la Fortaleza careció de todas las garantías que debería tener por ser mexicano: en el inicio de su juicio no tuvo acceso ni traductor ni defensa. Expresarse en su lengua se convirtió en una limitante y motivo de desprecio, incluso por parte de los mismos reos con los que tenía que convivir.

Los cargos por homicidio en su contra no fueron sustentados y después de dos años de encierro injustificado (de 1996 a 1998) fue liberado sin recibir ninguna indemnización. Dentro del penal veracruzano, ser indígena fue motivo de maltrato físico y verbal.

“Afuera no es tan diferente. Cuando llegamos a las dependencias de gobierno y nos ven con nuestros huaraches o sombrero, nos hacen hasta atrás, de plano no nos atienden. En los centros de salud pasa lo mismo. Mientras, en las fuentes de empleo no hay seguridad social y se cometen muchos abusos relacionados con la jornada laboral, el salario y la agresión verbal”.

El hombre dice desconocer el trabajo que ha hecho el Conapred: “Lo único que conozco son unos folletos”.

Trabajo insuficiente

Según la evaluación de la ASF, las actividades realizadas por el Conapred fueron insuficientes para “contribuir al desarrollo cultural, social y democrático del país”, y “coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal en materia de prevención y eliminación de la discriminación”, como señala el artículo 17 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Y es que el informe de la ASF señala que la institución, que actualmente encabeza la exatleta paralímpica Perla Bustamante, propuso en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 promover la protección de los derechos humanos y prevenir la discriminación, con el indicador “Acciones contra la discriminación”.

No obstante, las cifras revelan que de las 73 actividades para “Contribuir al desarrollo cultural, social y democrático del país”, sólo el 4.1 por ciento, es decir tres actividades, estuvieron enfocadas a los pueblos originarios, y de las 4 mil 531 acciones, sólo el 3.6 por ciento (162) tuvieron el enfoque para prevenir la discriminación hacia los indígenas.

Sin especificar cada una de las cifras relacionadas con los resultados anteriores, la ASF muestra que las acciones corresponden a la participación en eventos nacionales, informes de programas institucionales, organización de eventos internacionales, reclamaciones, medidas administrativas, instalación de módulos, quejas, verificaciones, asesoría, orientaciones y cursos, entre otros; todas relacionadas con otros grupos en riesgo de ser discriminados.

También, la coordinación con otras entidades federativas para prevenir la discriminación en la población indígena fue casi nula; las actividades registradas sólo fueron tres de las más de 4 mil que realizó el Conapred. Con respecto de las acciones, apenas se llevaron a cabo 35. En este rubro se identifican procesos administrativos, actos de juicio laboral, civil y penal, y otros.

La ineficacia

Juana Guadalupe Gómez llegó de la región indígena de Oventic al único hospital regional de los Altos, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con peritonitis. Después de tres días de permanecer postrada en una cama del nosocomio, murió sin siquiera ser auscultada por un médico. El reportero Hermann Bellinghausen del periódico La Jornada dio a conocer –el 27 de abril de 2008– que “racismo y negligencia” en el hospital coleto causaron la muerte a la indígena de 72 años.

En abril de ese año, “la coordinación de la clínica zapatista La Guadalupana, del caracol de Oventic, denunció que el 90 por ciento de los pacientes que ha canalizado en las semanas recientes –en su propia ambulancia– al único hospital regional de los Altos, en San Cristóbal, recibe mala o nula atención”.

Tzeltales, choles, zoques, tzotziles, tojolabales, mochó, todos ellos son tratados con la misma discriminación en la capital chiapaneca. En esta región, los actos de racismo persisten como en la época de la colonización, dice Daniel Luna, integrante del Movimiento de Resistencia Popular del Sureste.

“En Chiapas, como en todo México, hay un racismo profundo de la sociedad mestiza y del régimen. El grupo de personas oriundas de la principal ciudad chiapaneca (San Cristobal), los llamados coletos, manifiestan el desprecio por los indígenas en todo momento; los tachan de ignorantes, creen que el indígena no debe tener acceso al manejo de vehículos y mucho menos a pisar la acera por donde pisan ellos”, dice el activista social.

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la atención del Conapred se circunscribe a “toda acción que tenga por objeto hacer distinción, exclusión o restricción que basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, o cualquier otra que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas”.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, el Conapred –entonces dirigido por Gilberto Rincón Gallardo– estableció que promovería la protección de los derechos humanos y la no discriminación, para lo que desempeñaría actividades que supuestamente permitirían el desarrollo de una cultura a nivel nacional sobre los derechos humanos, así como fomentar una cultura contra la discriminación. Su meta programada fue de 2 mil 827 acciones.

No obstante, la ASF determinó que la meta para prevenir y eliminar la discriminación “no se definió con base en un propósito estratégico que reflejara un compromiso concreto por parte del Conapred”.

Lo anterior incumplió con el artículo 25 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que de fine como meta al “propósito estratégico que refleja el compromiso concreto que asumen las dependencias y entidades para lograr el cumplimiento anual de los objetivos de los programas presupuestarios”.

Andrés Solís, subdirector de información del Conapred, indicó que el Órgano Interno de Control en el organismo continúa en el proceso de solventación de observaciones hechas por la ASF.

El funcionario justificó la falta de acciones a para prevenir la discriminación hacia los grupos indígenas, debido a que durante 2007, 2008, 2009 no se contempló la asignación de presupuesto a este rubro.

Anunció que será hasta los próximos meses cuando se inicie una campaña en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y será hasta 2010 cuando se proyecte un presupuesto específico para los pueblos indios.

La discriminación en el DF

Ocho de las 16 delegaciones que conforman el Distrito Federal reconocieron no contar con programas de atención a población indígena, revela el informe La ciudad pluricultural. La política indígena del gobierno del Distrito Federal y su armonización con los mecanismos internacionales 2008, elaborado por la Academia Mexicana de Derechos Humanos:

Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, entre las que niegan la atención a la comunidad indígena. El resultado se logró después de diversas consultas realizadas a través del sistema acceso a la información Infodf

Gloria Ramírez, presidenta de la organización, dice que el Estado mexicano no ha dado la categoría de ciudadano pleno a los pueblos indígenas; no están reconocidos sus derechos colectivos y ha creado paradójicamente mecanismos de exclusión por los que debe haber responsables y sancionados

Álvaro Obregón. No presentan ningún programa, o cuando menos acción específica, orientado a la protección y defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Esta delegación registra 19 mil 58 indígenas. Las etnias que habitan en esta zona son nahua, otomí y mixteco

Azcapotzalco. No cuenta con ningún área, dirección o departamento de asuntos indígenas. A través del Infodf justifican: “No se puede determinar si existe personal indígena trabajando, debido a que los trabajadores de nuestra demarcación han transitado por un proceso de urbanización”

Benito Juárez. No existe un programa o área específica sobre asuntos indígenas. Dicen que “se busca promover una cultura de no discriminación a los grupos vulnerables y atender sus peticiones; sin embargo, en cuanto a la atención a este grupo durante 2007 y 2008 no se ha recibido ninguna solicitud por parte de alguna persona o grupo residente en la delegación Benito Juárez para la atención de asuntos indígenas”

Coyoacán. Cuenta con la Unidad Departamental de Equidad que desarrolla el programa de atención a población indígena residente en Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos. Respondió: “En esta delegación política no existen pueblos indígenas por lo que… no tiene programas al respecto”

Cuauhtémoc. Es quizá una de las delegaciones con mayor presencia indígena migrante, pues en ella convergen indígenas triquis, mixes, zapotecos, entre otros, que en busca de un mejor nivel de vida migran a la ciudad. Aquí se desarrolla el Programa de Atención a Población Indígena 2008, elaborado a través de la Subdirección de Atención Comunitaria que depende de la Dirección General de Desarrollo Social

Iztacalco. Reconoce la presencia de la población indígena. Las colonias registradas con mayor presencia de habitantes que hablan alguna lengua indígena son: “Agrícola Pantitlán, Gabriel Ramos Millán Sección Bramadero, La Cruz Coyuya, Campamento 2 de Octubre, y la Reforma Iztaccíhuatl Sur”. Desarrolla programas de servicios de gratuidad médica, asesorías jurídicas y psicológicas, albergues y actividades de carácter deportivo, político

Iztapalapa. Cuenta con el Programa de Atención a Grupos Indígenas, a través del cual se “han realizado talleres de diversidad cultural, enfocado directamente en los asentamientos de grupos indígenas que se encuentran en la demarcación, además ha realizado actividades lúdico y recreativas para incrementar los lazos de convivencia familiar y comunitaria”

En esta demarcación hay un total de 20 mil 502 indígenas. Las principales lenguas que se hablan en la delegación son: mixteco, otomí, mazahua, mazateco y triqui

Magdalena Contreras. La Dirección General de de Desarrollo Sustentable, a través de su Subdirección de Desarrollo Rural, refirió tener a su cargo el Consejo de Pueblos Originarios de la Magdalena Contreras; asimismo manifestó que “dichos pueblos ostentan tal calidad por ser propios o nativos del la construcción histórica de esta delegación, no así porque deriven de raíces propiamente indígenas, en tal caso, a dichos pueblos se les proporciona un tratamiento a fin de la conservación o preservación de sus actividades y tradiciones inherentes, lo cual no implica directamente un reconocimiento a la calidad indígena, ya que en la demarcación no se tienen identificados asentamientos propios de esta calidad, lo cual no permite su tratamiento en lo particular como grupo social. Esto a su vez se encuentra sumado a la visión de que la delegación atiende de manera general y congruente a la población contrerense, y a la fecha no a individualizado u enfocado tareas a la promoción o preservación de la población indígena”

Miguel Hidalgo. “La delegación no entra en los polígonos de pueblos indígenas”

Milpa Alta. Los programas, proyectos y/o acciones que la delegación son los siguientes: “El programa de fortalecimiento de la lengua náhuatl en las distintas casas de cultura y Museo Regional, además la difusión de danzas tradicionales (aztecas, vaqueros y danzas prehispánicas), muestras gastronómicas, medicina tradicional, herbolaria, baño de temascal”

Tláhuac. La Dirección General de Desarrollo Económico y Rural indicó: “En esta demarcación no existen programas, proyectos y/o acciones encaminadas a proteger los derechos de los pueblos indígenas en el Distrito Federal, toda vez que no existen como tales. A la fecha, perviven tradiciones y costumbres en los siete pueblos y los barrios que los conforman, pero su población es mestiza. Dichos pueblos y barrios son de origen prehispánico, en donde viven personas ancianas que hablan el idioma náhuatl”

Tlalpan: no se consideraron competentes, sugiriendo turnar la petición a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Xochimilco. Se encuentran asentados pueblos indígenas que se ubican en los diferentes barrios de la delegación y continúan llevando a cabo sus costumbres y tradiciones. No obstante, la Dirección General de Administración declaró que “no cuenta con un presupuesto específico para atención a indígenas”

Triquis, bajo amenaza de desalojo

Ciudad de México, DF., (Contralínea).- Sesenta familias triquis asentadas en el Estado de México son amenazadas por inmobiliarias que les disputan sus tierras, a las que llegaron en busca de refugio hace más de una década. Las constructoras utilizan maquinarias y grupos de choque para limpiar terrenos que no son suyos

Le dieron cinco minutos para recoger todas sus pertenencias y salir de su casa. Apenas pudo sacar a sus cuatro hijos y ponerlos en resguardo. Dentro de la cabaña de madera con piso de tierra que habitaban Felícitas Santiago y su familia se quedó todo: dos camas, una parrilla, una pequeña mesa de madera, mochilas, ropa de vestir y los uniformes escolares de sus hijos.

El 26 de noviembre de 2008, un grupo de hombres vestidos de civil llegó con máquinas demoledoras para destruir las chozas de 60 familias triquis, asentadas desde hace 12 años en una parte del predio Paraje de Lago de Guadalupe –ubicado en el municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México–. Los sujetos amedrentaron a mujeres y niños. Era el medio día de un miércoles, y la mayoría de los hombres había salido a su jornada de trabajo.

Codiciado por un grupo inmobiliario que pretende ampliar la construcción de casas de interés social, el terreno había sido el refugio de los emigrantes de la comunidad triqui alta –municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca–, que llegaron a la región mexiquense con la esperanza de superar las paupérrimas condiciones de vida que padecían, y aún padecen.

Después del desalojo, las familias se dispersaron. Algunas tuvieron oportunidad de rentar un cuarto, otras se quedaron en las calles resistiendo el frío invernal de aquel año. Todo dependía de sus ingresos. Dos meses después pudieron reubicarse en otro extremo del paraje, donde no pagan renta y tienen la promesa de obtener algunas hectáreas de tierra, una vez concluido el proceso judicial entre los dueños del predio y la constructora Casas Beta del Centro (ahora propiedad de la Desarrolladora de Vivienda Homex).

A cambio, los triquis permanecen vigilantes de que no se intente otro despojo de tierras o que organizaciones como la de Antorcha Campesina –de filiación priista– invadan el predio, como se ha venido amenazando en los últimos días.

El estudio Triquis, pueblos indígenas del México contemporáneo, editado por la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), indica: “Pese a que es un grupo étnico pequeño, pues apenas supera los 25 mil habitantes, la problemática sociopolítica por la que ha atravesado a lo largo de su historia lo ha colocado en la atención de la opinión pública nacional e internacional desde hace varias décadas”.

El documento añade que “los conflictos sociales y políticos, la violencia y la persistente lucha por la defensa de su territorio son los aspectos más sobresalientes que dieron visibilidad a la presencia triqui en el marco de la diversidad cultural del país”.

La pobreza a cuestas

Mientras recuerda el momento en que perdió todo lo que había podido adquirir en más de 10 años, Felícitas extiende su mano y da un taco de arroz a su pequeña de cinco años. La mujer no tiene más que ofrecer a su familia. “Mañana, dios dirá”, dice. Su esposo Pablo Antonio Merino se quedó sin el trabajo que tenía como auxiliar de albañil apenas el viernes pasado, y su hija mayor fue despedida hace unos meses de la guardería donde se empleaba.

Felícitas es una de los 1 mil 722 indígenas triquis que emigraron a la región mexiquense, indican las cifras del más reciente Censo Nacional de Población, elaborado en 2000 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Nació en el pueblo de San Andrés Chicahuaxtla. Ahí dejó su casa y su parcela, de la que ya no podía echar mano porque carecía de recursos para la compra de fertilizante y semilla. También dejó a sus padres y hermanos, a quienes llega a ver una vez al año. “Allá casi no hay trabajo y uno quiere superarse, por eso salimos del pueblo, pero ahora vemos que estamos igual”, dice.

Cuando llegaron al Estado de México, su esposo Pablo Antonio Merino y otras 10 personas firmaron un contrato de comodato (del que Contralínea posee copia) con los dueños del lugar. En el documento, sellado por el juez décimo primero de distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, se especifica que los integrantes de la comunidad “reciben gratuitamente el uso del terreno rústico, obligándose a usarlo única y exclusivamente para cultivo, crianza de animales y vivienda, sin que puedan darlo en arrendamiento, prenda o conceder el uso de terceros”.

Así habían vivido por más de una década, pero la urbanización los alcanzó. A inicios de 2000, los triquis se vieron rodeados por fraccionamientos que contaban con agua potable, pavimentación, luz eléctrica, pensaron que algún beneficio llegaría para ellos, pero ocurrió todo lo contrario: el progreso de aquellas colonias se convirtió en una amenaza.

El estudio de la CDI indica que “las necesidades económicas, la violencia social y los conflictos políticos, sobre todo en la parte baja (de la zona triqui), han motivado la residencia temporal o permanente de los triquis en la capital del estado y en otras entidades de la república mexicana”.

De de todo Oaxaca –dice el estudio elaborado por Pedro Lewin Fischer, profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y Fausto Sandoval Cruz, profesor de educación indígena, originario de San Andrés Chicahuaxtla, municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca–, los triquis “son el tercer grupo porcentual con presencia en diversos estados del país, especialmente en la zona norte (Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur), en el Estado de México y el Distrito Federal”.

El destino migratorio y la actividad laboral de los triquis varía de acuerdo con su origen en Oaxaca: los emigrantes de Copala se desempeñan en el norte del país en actividades agrícolas, mientras que los de Chicahuaxtla radican en el Distrito Federal y en el Estado de México como miembros del Ejército o en la policía bancaria, explica el estudio.

La brecha económica

Contrario al modelo de vivienda que tienen a sólo unos metros de distancia –estructuras de dos niveles en pleno funcionamiento, construidas de concreto, con pisos aplanados, herrería en ventanas y puertas, muebles de baño y una fachada arquitectónica que simula confort y modernidad–, los triquis carecen de todo servicio.

Cada tercer día, una pipa de agua atraviesa las mallas de protección que bordea el predio. Dota por 13 o 15 pesos, depende de la compañía que les surta, cada uno de los tambos viejos y oxidados que se enfilan a las afueras de sus casas. Los recipientes permanecen cercanos a las letrinas, expuestos al sol, tierra e insectos. De esa misma agua, beben, lavan trastes, se bañan.

También carecen de luz eléctrica y de drenaje. A veces, recurren a los llamados “diablitos” para poder “colgarse” de los postes de electricidad, que abastecen de energía a los fraccionamientos vecinos. Pero cuando los servidores de la Compañía de Luz se dan cuenta, arrancan y destrozan los metros de cable que llevan luz al predio.

La falta drenaje y el espacio terroso en el que viven han provocado enfermedades epidérmicas y estomacales. Los niños son los más vulnerables: “Les salen granitos por todo el cuerpo. Los llevamos al centro de salud y les mandan pomaditas que nada más se los quita un rato. Pero si se las dejamos de poner, les vuelven a salir”, dice una de las mujeres triquis que, ataviada con su huipil de colores, carga a su pequeño hijo.

Mientras, otros niños corren entre los matorrales, comen las plantas y flores que encuentran a su paso, ríen, se divierten entre la maleza. María, una pequeña de unos cuatro años de edad, arranca una flor de pétalos rosas y tallo delgado. Alza la mirada y pregunta a su madre si la puede comer. La mujer susurra en su lengua y de inmediato la niña se sacude de la mano la planta que a la vista se figura inocente.

Parece que es venenosa, dice Daniel Hernández, uno de los triquis que se alistó en el Ejército hace 24 años y que ahora vive en el lugar. También hay que estar al pendiente de otros animales ponzoñosos como los alacranes, arañas y víboras que hay en el predio, advierte. El hombre entró como soldado con la idea de que en la milicia tendría oportunidad de seguir con sus estudios en preparatoria, mismos que no tuvo oportunidad de concluir.

En alimentación, la dieta de los triquis no ha cambiado del todo con la migración: el frijol, la tortilla y los quelites son su principal alimento, como lo era en su pueblo. Huevo, leche y carne apenas una o dos veces por semana. Carecen de todo apoyo gubernamental, pese a que han acudido a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Del campo a la milicia

Margarito González llegó hace 25 años al municipio de Naucalpan. Como Daniel, formó parte de las filas castrenses de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Tenía 17 años, y a esa edad, su doctrina fue “amar a la patria, defenderla ante todo y todos, eso significaba pertenecer al Ejército, ser un buen soldado”. Eso le decían en el Campo Militar Número 1 donde vivía y lo entrenaban.

A su ingreso le ofrecieron salario, comida y techo. Así se mantuvo por seis años, hasta que ya no pudo resistir y dejó el servicio militar: ya no veía a su familia, no sabía de ella, los trabajos eran arduos y sin descanso, el pago no alcanzaba para vivir mejor, y “a veces me encuartelaban por ocho, 15 días y hasta un mes; yo era joven y quería mi libertad; por eso deserté”.

Margarito fue militar como su padre. Siguió la tradición porque no había mayores opciones, el campo ya estaba en el abandono. Además, “también me metí porque nada más terminé la secundaria y no había dinero para seguir estudiando. Lo mismo hacen varios de mi comunidad, vemos al Ejército como una oportunidad de empleo”.

Ahora tiene 42 años, vive con su esposa –que durante la mañana ofrece sus servicios como trabajadora doméstica en las colonias aledañas– y sus cinco hijos. La familia ocupa unos tres metros cuadrados del Paraje del Lago de Guadalupe. Después de desertar de las tropas de la Sedena, ingresó como policía a una empresa privada de seguridad que le ofrece un salario de 5 mil pesos mensuales sin prestaciones sociales, excepto el seguro médico que pagan de forma particular.

Margarito lleva 15 años prestando sus servicios a la compañía y sabe que nunca obtendrá un crédito hipotecario para hacerse de una vivienda como las que tiene frente a su choza de madera. No cuenta con la prestación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por eso se empeña en defender el predio, quizá algún día tenga un terreno y un techo seguro que ofrecer a sus hijos.

Una triqui mexiquense

Adriana Betancio tiene cuatro años viviendo en el terruño y enfrenta los mismos problemas de desalojo que los triquis. También cuida del predio en busca de obtener una porción para poder edificar su hogar.

Tiene 37 años y un mal que la acaba poco a poco. Padece lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmunitaria, es decir que no protege a su cuerpo de sustancias dañinas. En las mismas condiciones de pobreza que sus compañeros triquis, vive con su esposo de 53 años de edad y sus hijos de 18 y 11 años.

Su marido es barrendero y todos los días sale a las cuatro de la madrugada a limpiar las calles del municipio. Sus ingresos apenas les alcanzan para susbsistir y a veces para comprar los medicamentos y pagar la consulta de Adriana en el Hospital General de México.

“Vivimos de la pura barrida. Mi esposo gana entre 80 y 150 pesos diarios, pero no nos alcanza”. Por eso, Adriana aprendió de los triquis a sembrar la tierra. Ahora obtiene de ella frijol, maíz, espinaca, calabacita. En el Paraje del Lago de Guadalupe se hizo campesina. “Mientras, mi esposo se metió a estudiar, a una escuela de oficios, plomería, a ver si así podemos ganar otro poquito. Hay que pagar entre 500 y 800 pesos en medicamentos cada que voy al doctor, y no nos alcanza”, relata.

La mujer dejó de trabajar como “checadora” de las salidas de los microbuses en el paradero del metro Toreo a causa de su enfermedad. Apenas el año pasado tuvo una crisis y quedó paralizada por más de un mes, sus extremidades se inflamaron tanto que no podía moverse, tampoco podía hablar, sus riñones no funcionaban. Sus vecinos fueron quienes se hicieron cargo de ella la mayor parte del tiempo, mientras su marido salía a trabajar y sus hijos a la escuela. Eso los hace compañeros de lucha.

Los juicios

Pedro Suárez Treviño, integrante del Colectivo de Abogados Zapatistas (CAZ), asegura que las escrituras correspondientes al Paraje de Lago de Guadalupe acreditan la posesión de tierras de Arcadio Martínez Olivera, Adrián Ortiz Barrios, Raúl de los Santos Cruz, Fernando López Hernández, Raymundo Hernández Jiménez, Efraín Vallejo Reyez y Felipe Miranda Medrano.

Suárez Treviño explica que Arcadio, originario de Oaxaca, fue quien ofreció a los triquis un espacio para vivir y cosechar. Pese a ello, desde 2004 se han llevado a cabo los desalojos, indica. Ante esta situación ya hay una demanda en contra de Casas Beta, Desarrolladora Homex y María Ángela Mequel, quienes presuntamente los despojaron de 138 hectáreas aproximadamente.

Derivado de eso se iniciaron dos juicios civiles en el Juzgado Décimo Tercero en el distrito de Tlalnepantla, con los expedientes 173/006 y el 600/2004, en los que se exige la posesión. Ambos continúan en proceso.

El abogado del CAZ dice que una vez concluido el juicio, los dueños del predio están comprometidos con los triquis a entregar ocho hectáreas del terreno, en las que los miembros de la comunidad emigrante podrían edificar sus casas y, ahora sí, tener un espacio en donde vivir sin temor a ser desalojados nuevamente.

Lo que están viviendo los indígenas en este movimiento “es reflejo de la falta de empleo, oportunidades, escuelas y salud en sus comunidades de origen. Se ven obligados a salir, pero llegan aquí y son maltratados por las propias autoridades que no respetan su contrato de comodato con los dueños del predio.

Se solicitó entrevista con Javier Romero Castañeda, director jurídico del corporativo de la Desarrolladora Homex, sin que al cierre de la edición se haya obtenido respuesta.