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12/08/2008

Liberan yaquis a dos policías en Sonora, tras negociación

Hermosillo, Son., (La Jornada).- El policía municipal Roberto Valenzuela Gaxiola y el estatal Víctor Méndez López fueron liberados la noche del domingo en Vícam Pueblo, al sur de Sonora, por indígenas yaquis que negociaron a cambio que su líder indígena, Lorenzo Molina Buitimea, recuperara la libertad. Sin embargo, el gobernador Eduardo Bours negó que las partes hayan llegado a ese acuerdo.

Clara Cupis Mátuz, esposa de Lorenzo Molina, secretario de la Autoridad Tradicional Yaqui en la comunicad de Vícam Pueblo, dijo que fue detenido el 30 de julio, acusado de robo de vehículo, pero que realmente es un conflicto político.

Cupis Mátuz dijo en entrevista telefónica: “Los dos policías ya fueron liberados, luego de la negociación con el subsecretario de gobierno de Sonora, Daniel Ibarra Guerra; ahora esperamos que sea liberado mi esposo, que se encuentra en el penal de Ciudad Obregón”.

Expuso que a las 9 de la mañana de este lunes empezaron a contar 24 horas, prometidas por el gobierno estatal, para la liberación de Molina Buitimea. “Mi esposo no ha cometido ningún delito, lo único que hace es pelear por los derechos de los yaquis”, sostuvo.

Manifestó que las autoridades yaquis mostraron interés en mantener la paz y la tranquilidad en la región, al liberar a los policías que habían sido detenidos la noche del viernes pasado por los indígenas, para exigir, a cambio de su liberación, la del secretario de la autoridad tradicional de Vícam Pueblo.

Buscan detener lucha política

“Mi esposo redactó un escrito y lo hizo llegar el 31 de julio pasado al presidente Felipe Calderón durante su visita a Sonora, luego de lo cual fue detenido, y nosotros creemos que está muy claro (...) eso de que lo acusan de robar un vehículo es totalmente falso, es un invento para detener su lucha política”, comentó.

Al respecto, el gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, en su conferencia de los lunes, señaló que no existió tal negociación y que el personal del gobierno que dialogó con los yaquis sólo buscó la liberación de los policías sin prometer nada a cambio.

“Afortunadamente ayer esto se solucionó; como saben, las relaciones con la tribu yaqui son complejas, en función de los gobernadores tradicionales y los duales; hay un detenido con una orden de aprehensión, con un juez, no hay forma en que el estado negocie el estado de derecho”, expuso.

A punta de pistola se reanudan actividades en mina de Jalisco

Guadalajara, Jal., (La Jornada).- El panista Gerardo Palacios Campos, alcalde de Cuautitlán de García Barragán, municipio del sur de Jalisco donde se asientan varios poblados nahuas, entre ellos el ejido de Ayotitlán, envió el fin de semana policías municipales a resguardar la mina Los Juanes, cuya maquinaria fue parada en enero por indígenas que se oponen a la explotación de metales preciosos en sus tierras.

La reanudación de actividades en la empresa, que pertenece a un inversionista chino, viola un amparo obtenido por los indígenas en enero para evitar que se exploten los yacimientos de oro y plata hasta que se resuelva un conflicto territorial que lleva décadas entrampado en la Secretaría de la Reforma Agraria.

Ejidatarios de Ayotitlán, encabezados por Lino Roblada, miembro del Consejo de Mayores Nahua, obtuvieron el 16 de enero una suspensión contra la explotación de un predio adyacente al río Marías.

La disposición involucra a la Secretaría de Economía, a la Coordinación General de Minas, Promoción Minera, Cartografía y Concesiones Mineras, al Registro Público de Minas y Derechos Mineros, a la delegación de la Secretaría de Economía en Jalisco, a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, a la Dirección de Gestión Forestal y Suelos, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, al ayuntamiento de Cuautitlán y al edil, entre otras autoridades.

El fin de semana los policías de Cuautitlán llegaron al predio en disputa, donde los indígenas inmovilizaron maquinaria y retuvieron un camión de volteo y dos camionetas para presionar a la empresa a fin de que pagara los daños ambientales.

Miembros de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas (UACI) de la Universidad de Guadalajara, que asesora a los indígenas de Ayotitlán, han señalado que la empresa minera es propiedad de un empresario chino a través de prestanombres.

La Secretaría de Economía otorgó en 1997 una concesión a Juan Catarino Michel Victoria y a Juan Enrique Michel Arámbula, conocidos como Los Juanes, para la explotación de 25 hectáreas. El permiso fue avalado el 10 de febrero en una asamblea en Ayotitlán a cargo del comisario ejidal, Jesús Michel Prudencio, quien posteriormente fue desconocido y demandado por los indígenas.
Desde que se inició el conflicto entre los nahuas y las mineras que explotan oro, plata y cobre, el alcalde panista Palacios Campos ha condenado las denuncias y protestas de los indígenas por despojo de tierras y contaminación del río Marías.

“Me gustaría que las formas fueran legales, que la asamblea decidiera, que los demás acatáramos esas disposiciones y, sobre todo, que viéramos los beneficios y no nada más los perjuicios. Si la empresa reúne todos los documentos legales, tiene derecho a trabajar. Ojalá estos trabajos nos permitan tener desarrollo, que mucha falta nos hace”, declaró en marzo, antes de una reunión con integrantes de la Comisión de Gobernación del Congreso del estado.

A pesar de que esa reunión sirvió para acordar una mesa de trabajo en la que participarían autoridades locales, ejidatarios, representantes de las mineras, el Frente Regional Pro Manantlán y el presidente del Consejo de Mayores, las negociaciones no avanzaron y los nahuas continuaron en posesión del predio.

Palacios Campos ha reconocido que Los Juanes y las mineras La Gallina y María SA carecen de estudios de impacto ambiental federales, estatales y municipales, y sólo tienen una concesión federal.

En diciembre pasado la Comisión Estatal de los Derechos Humanos documentó quejas de las comunidades de Plan de Méndez, La Piedra, Rancho Viejo y Las Mojoneras, debido a la contaminación del río Marías con cianuro y otros desechos.

Desde finales de los años ochenta el ejido de Ayotitlán ha estado en conflicto con el consorcio minero Benito Juárez-Peña Colorada, propiedad de las trasnacionales Mittal Steel e Hylsa-Ternium.

Jesús Michel, comisario ejidal desconocido por los nahuas, ha sido empleado y contratista de Peña Colorada, empresa que, en contubernio con la Confederación Nacional Campesina y los ejidatarios que encabeza Michel, organizó una asamblea ilegal en la que resultó electo.

El Tribunal Unitario Agrario número 38 declaró nula esta asamblea, pero Jesús Michel intentó revocar esta sentencia a través de un juicio de amparo y un recurso de revisión que hace unas semanas resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual confirmó la sentencia que anuló la elección. Pese a ello, Michel sigue ocupando el cargo de comisario ejidal, con apoyo del alcalde Palacios Campos.

Investiga PGJE desaparición de dos abogados indígenas en Michoacán

Morelia, Mich., (Notimex).- Dos abogados que laboran para la Secretaría de Pueblos Indígenas del Estado y atendían, como traductores, un caso relacionado con narcotráfico, se encuentran desaparecidos desde el pasado 6 de agosto, informó la PGJE.


El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Miguel García Hurtado, dijo que hasta el momento se desconoce si fueron "levantados" o secuestrados, aunque señaló que ya se realizan las investigaciones para dar con su paradero.

De acuerdo con las investigaciones, Alejandro Cortés Laguna y Juan Hernández Bautista, ambos originarios de la comunidad de Santa Fe de la Laguna, desaparecieron tras asistir a una audiencia en Uruapan.

"Ellos salieron a las 15:00 horas del juzgado comunal de Uruapan, el miércoles pasado, para ir a comer a un lugar determinado y, desde entonces, no se les ha visto", dijo el procurador michoacano.

El secretario de Pueblos Indígenas del Estado, Alfonso Vargas Romero, evitó opinar sobre si el hecho pudiera estar relacionado con el crimen organizado, aunque reconoció que varios abogados indígenas han sufrido presiones de diferentes tipos vía telefónica por desconocidos.

Liberan a funcionarios en Hidalgo

Pachuca, Hgo., (Reforma).- En medio de un gran operativo de seguridad, cuatro funcionarios de la subsecretaría de Gobierno fueron liberados tras ser retenidos ayer por indígenas de la comunidad de Chichilico, en el Municipio de Huejutla.

De acuerdo con Carlo Magno González, director de Seguridad Pública en Huejutla, al filo de la 05:00 horas entró la fuerza pública a liberar a los funcionarios.El saldo es de 14 detenidos y hasta el momento no se ha confirmado ningún herido.

Según la información, los indígenas de Chichilico retuvieron a los funcionarios desde ayer por la mañana, quienes llegaron a la zona para solucionar un problema que mantiene esa comunidad con sus vecinos.Los inconformes también demandan de obras para su localidad, cuya exigencia en las pasadas elecciones de diputados locales los llevó a la retención de funcionarios y de tráileres con despensa.

Según la información oficial, más de mil elementos de Seguridad Pública se han desplegado a esta zona de la huasteca hidalguense, pues se teme que los habitantes se organicen para rescatar a los 14 detenidos.