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26/07/2010

Crece la violencia; huyen de las balas

Por René López, corresponsal

Tlaxiaco, Oax.-
Niños, esposa y madre de los desaparecidos de Zimatlán de Lazaron Cárdenas, Putla de Guerreo, con cuatro horas de camino, llegaron a la población de Tlaxiaco, pidiendo la presentación con vida de sus familiares a quienes no ven a más 48 días, luego que un grupo de presunto paramilitares se los llevaran.

En conferencia de prensa denunciaron que ante los constantes tiroteos por armas de fuego, y después de herir a dos personas, salieron huyendo de su comunidad un aproximado de 40 personas entre ellos, niños y adultos.

La señora Atila Hernández Jiménez, de 60 años, mama del joven desaparecido, Eleazar Asunción Sánchez Hernández de 18 años de edad, dio a conocer que solo quiere que los paramilitares o las personas que se encuentran armadas escondidas entre los cerros, le regresen a su hijo, porque el desconoce los problemas del pueblo, y mucho menos sabe cuáles son los motivos de su retención. Dijo que no quiere pensar que está muerto, solo quiere que se lo entreguen, ya que el joven, al momento de su retención estaba recogiendo leña en el cerro.

Celerina Hernández, esposa del desaparecido, Marcelino Pedro Hernández Jiménez, de 39 años, pidió que a su esposo no le hagan nada y lo regresen porque sus tres hijos necesitan de él, además de que sus niños ya no van a la escuela y en su casa ya no hay alimentos.

Ambas mujeres, pidieron de la intervención del gobierno federal principalmente y del estatal también, aunque en múltiples ocasiones el gobernador del estado Ulises Ruiz Ortiz, salo ha hecho omisión.

Dijeron que actualmente se encuentran refugiados en la ciudad de Tlaxiaco, luego que recientemente el grupo armado hirió a dos personas, entre ellas a Jaime Jiménez Cruz, quien esta grave en el hospital de Putla de Guerrero, así como de Rubén Hernández Cruz, este último, en su testimonio dio a conocer que aun tiene la bala en el hombro derecho y solo pide que sea atendido medicamente, y sobre sus agresores dijo que el desconoce que tierras pelean o cual es el problema.

Dijo que eran las cinco de la tarde cuando él se dio cuenta que sus animales estaban muertos por varios balazos, cuando en eso iniciaron los disparos, pero el logró salir corriendo y hoy al lado de sus familiares, niños, mujeres y otras personas, se encuentran refugiados en el Centro de Derechos humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, ya que esta les dio el alojo.

Varios niños también denunciaron que extrañan los juegos y cuando inician los tiroteos se esconden en los barrancos, pero ya quieren regresar a sus casas y ver la tranquilidad para asistir a sus salones de clases.

Rufino Benítez Sánchez, director interino del centro de derechos humanos y asesoría a pueblos indígenas, (CEDHAPI), dio a conocer que este acontecimiento no es un enfrentamiento, es una agresión, ya que San Sebastián Nopalera esta violentando a la gente de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, de la que ya conoce el gobierno estatal y federal, pero cuando el Centro Interamericano de derechos Humanos pide información, el gobierno ha tergiversado esta y ha omitido los cinco legajos de investigación en la fiscalía de Putla de Guerrero, que no se han cumplido conforme a la ley, además ante el juzgado tercero del distrito de Tlaxiaco, tampoco existe la aplicación de la ley y solo dan a conocer que el policía ministerial no han podido entrar a Nopalera a poner la paz.

Carla Espinoza, del Instituto Internacional de la ley derechos Humanos de Chicago, Estados Unidos, en entrevista, lamentó que ahora los desplazados está sufriendo una doble agresión ante la falta de autoridad y aplicación de justicia por parte del estado, y al haber omisión el gobierno está de acuerdo, porque esta la injusticia se da cuando la gente de Nopalera está atacando con arma de fuego y sin que Zimatlán este respondiendo también.

Aumentan detenciones y abusos contra defensores y defensoras de derechos humanos


Por Carmen González Benicio, corresponsal
Tlapa, Gro.-  El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en la celebración de su 16 aniversario informó que en el periodo de  junio de 2009 a mayo de 2010 se ha incrementado el número de detenciones a defensores y defensoras de derechos humanos de los cuales documentaron 26 casos.
En su informe ejecutivo señaló que a pesar de las medidas provisionales con que cuentan 108 defensores y defensoras de derechos humanos de diciembre del 2009 a junio de este año se han suscitado nueve casos de amenazas que se suma a los siete casos que se registraron de mayo a noviembre de 2009.
Maneja que en los últimos dos meses el gobierno del estado  de Guerrero, que gobierna Zeferino Torreblanca Galindo reactivó las órdenes de aprehensión contra integrantes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y egresados de la normal rural de Ayotzinapa, a los miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), los opositores de la minera Media Luna y contra integrantes del Frente Opositor al Muelle de Icacos (FOMI) así como del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI).
 Además de catalogar a los luchadores sociales como delincuentes y  sin tregua para permitir el desistimiento de las órdenes de aprehensión contra ellos  que en el proceso penal  logran demostrar que fueron víctimas de delitos fabricados.
Detalla que el  caso del miembro de la Organización del Pueblos Indígena Me´phaa (OPIM),  Raúl Hernández en el que hay  evidencias de que existen una consigna para encarcelarlo por  razones políticas causándole  graves daños  al tener más de dos años y tres meses pagando injustamente un delito que nunca cometió.
Enfatiza que en el último tramo del sexenio perredista resurgió la violencia política  “como una expresión funesta del vacío de autoridad que experimenta la mayoría de guerrerenses” ante el  descrédito en el sistema de justicia.
Cuestiona que para los  partidos políticos y sus precandidatos el tema de la militarización, los derechos humanos, el acceso a la justicia, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres no formen parte de su agenda para el próximo sexenio.
Menciona que el gran desafío de los guerrerenses es luchar contra el hambre, el desempleo, el analfabetismo, las enfermedades, la inseguridad, la militarización y la corrupción de los políticos.
Describe que el estado de Guerrero es el único que tiene cuatro casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos: el de Rosendo Radilla, Inés Fernández, Valentina Rosendo y los campesinos ecologistas, cuyo  denominador común es el Ejército como el autor de las violaciones a los derechos humanos.
Lamenta que  los nuevos gobiernos neoliberales le otorgaran facultades extra constitucionales al Ejército para salir de los cuárteles e instalarse en las comunidades indígenas, atendiendo el libreto de la guerra de contrainsurgencia y se niegue al fuero civil a investigar estos delitos de lesa humanidad y los ponga en manos de la justicia militar para hacer más cruel el sufrimiento de quienes esperaban el apoyo del Estado  para castigar a los responsables.