¡Búscanos en las redes sociales!

Síguenos en Twitter.com/c_indigenas o como @c_indigenas.
Búscanos en Facebook como Corresponsales Indígenas y hazte fan

22/09/2009

La CIDH admite los casos de dos indígenas violadas por militares

Ciudad de México, DF., (La Jornada).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó los casos de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú, y de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, por lo que un representante del gobierno mexicano deberá presentar los argumentos de defensa en el último trimestre del año.

Ambas indígenas fueron violadas por elementos del Ejército Mexicano, en tanto que Montiel y Cabrera fueron víctimas de tortura y detención arbitraria por los uniformados en 1999. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió sus casos entre junio y agosto de este año y en octubre iniciará la deliberación. Será en 2010 cuando emita su resolución.

En conferencia de prensa, Vanessa Coria, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, por sus siglas en inglés); Vidulfo González, coordinador jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, comentaron que dichos casos demuestran la urgencia de que se termine con el fuero militar.

Arriaga apuntó que de 2006 a 2008 se sextuplicó el número de quejas interpuestas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violaciones a los derechos humanos, y en los primeros siete meses de este año sumaron 934. Entre 2007 y 2008, el número de casos que involucran a militares asciende a 120.

"La cifra es alarmante y, aunque el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, ha dicho que el fuero militar no es un blindaje de impunidad, no se puede permitir que los militares se sigan juzgando a sí mismos cuando han cometido atropellos en contra de la población civil", expresó.

En esta administración se han atendido 12 casos de violación de derechos humanos cometidos por militares, pero no hay una referencia precisa de la condena; "es preocupante que el Estado siga ocultando la impunidad", dijo.

Vanessa Coria, del Cejil, precisó que el caso de Inés Fernández, integrante de la Organización de Pueblos Indígenas Mixtecos y Tlapanecos (OPIM) y violada por militares el 22 de marzo de 2002, fue trasladado a la CIDH el 7 de mayo de este año; el de Valentina Cantú, también perteneciente a la OPIM y violada el 16 de febrero de 2002, en agosto. El caso de Montiel y Cabrera se presentó el pasado junio.

Los integrantes del Cejil y de las dos organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos esperan que las sentencias que emita la corte obliguen al Estado mexicano a reformar su legislación y cumplan con las medidas necesarias para brindar a las víctimas un efectivo acceso a la justicia y la reparación del daño.

Asentaron que organizaciones no gubernamentales mexicanas han presentado 10 casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues aunque se ha avanzado en el intento de tener un Estado más democrático y se han creado instituciones para defender los derechos humanos de la población, continúa “la guerra silenciosa, de baja intensidad, represión y hostigamiento en contra de las comunidades indígenas y de sus organizaciones.

En Guerrero, 50 comunidades padecen el hostigamiento cotidiano e incluso se han creado redes de informantes y de confrontación en contra de los campesinos organizados”.

Se suma Cochoapa a los municipios de indígenas defraudados por cooperativas

Tlapa de Comonfort, Gro., (La Jornada).- Un caso más de indígenas de La Montaña defraudados, ahora en Cochoapa el Grande: de acuerdo con el síndico municipal, Margarito Cruz Chávez, hace unos seis meses que la empresa Productos Amor cerró sus oficinas en la cabecera, pero desde hace más de un año que prácticamente dejó de entregar dinero a los inversionistas que acudían a hacer retiros.

En Cochoapa el Grande, el municipio colero del desarrollo en México, la firma Teo’s, Productos Amor instaló una sucursal en 1996, según el testimonio de Margarito Cruz. A la cabecera, llegó un día un empresario que se presentó como originario de Veracruz y les dijo a las autoridades que traía un proyecto de la “Unión Americana” con el propósito de “apoyar a la gente pobre” mediante un programa de inversión en el cual quien hiciera aportaciones en dinero, en determinados plazo lo multiplicaría.

“Al principio todo iba bien –recuerda el síndico– la gente no creía pero con los primeros recursos que entregaron sí funcionó, quien dio dinero le fue bien, hasta dobleteaba su dinero”.

Sin embargo, con el paso del tiempo fueron surgiendo algunas dificultades cuando la empresa empezó a retardar los pagos y a disminuir las cantidades acordadas. Después, a mediados de 2007, definitivamente se suspendieron las transacciones sin que nadie ofreciera ninguna explicación a los ahorradores.

“Ya tiene más de un año que no se sabe dónde quedó la lana”, señala Cruz Chávez.

El edil manifiestó que no tiene un estimado de cuántos na savi invirtieron su dinero, pero afirma que “son muchísimos”.

“Mucha gente pobre, mucha gente que puso ahí las remesas, lo que le mandan los familiares. No es mucho, pero son ahorros, pocos, pero es un dinerito. La gente iba a preguntar qué pasaba con su dinero, pero les decía que bajaran a Tlapa, en Tlapa les decían que en Cochoapa y así se echaban la bolita. Hace seis meses que ya cerró la oficina, ya hasta quitaron el logotipo del cuarto que rentaban”, comenta.

96 horas en plantón…

Mientras tanto, en Tlapa, los indígenas de la región defraudados por la Cooperativa Tlapaneca de Abasto Popular cumplieron 96 horas en plantón. El domingo en la noche liberaron a los parientes de Alma Delia Gálvez Zapotal, la responsable de la cooperativa (junto con su esposo Gilberto Leal Ramírez), a quienes habían llevado por la fuerza al sitio del plantón como medida de presión para que se presentara Gálvez a negociar, pero aún no asiste.

Sin embargo, según la versión de un quejoso, la “dueña” de la empresa se habría comunicado con un grupo de personas para advertirles que concluyan con el movimiento, pues de lo contrario comenzará a “hacer algunas acciones”.

Ivan Vázquez, uno de los voceros de los quejosos, dio a conocer que ya preparan la demanda por fraude contra Gálvez Zapotal y Gilberto Leal, y que posiblemente el martes la presenten en la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR), en la capital.

Hasta ahora, reprochó, ninguna autoridad de ningún nivel de gobierno ha acudido al plantón para ofrecer ayuda a los defraudados. Por ello, llamó a que se presenten funcionarios de dependencias como la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

A las 7 de la tarde, los inconformes seguían apostados en la calle Hidalgo, justo frente a las oficinas de la Cooperativa Tlapaneca, donde han permanecido desde las primeras horas del viernes.

Deslinde de asesora legal

A las 4 de la tarde, Esperanza Ramírez, abogada que permaneció retenida durante más de 24 horas por los inconformes debido a que la señalan de ser cómplice de Gálvez Zapotal, pues ofrecía sus servicios a ésta en las operaciones de la cooperativa, dio una conferencia de prensa en la que aseveró que no tiene responsabilidad en el fraude y ofreció coadyuvar en las investigaciones, pero advirtió que demandará a ocho plantonistas por privación ilegal de la libertad y por daños causados durante su detención.

Aseveró que ella sólo ofreció sus servicios a Gálvez en una ocasión, el 5 de agosto, cuando elaboró un convenio que firmaron la empresaria y más de 200 vecinos de Tzalatzala (una localidad náhuatl de Tlapa, en el cual ella se comprometía a realizar pagos pendientes a los ahorradores. También admitió que conoce a Gálvez desde hace varios años y que tienen un vínculo familiar lejano, pero en la cooperativa no las unía ninguna relación laboral, aseveró.

Hasta hace unos días, Ramírez era la responsable del área jurídica del DIF municipal. Por verse involucrada en el lío del fraude, el ayuntamiento la dio de baja.