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07/01/2010

Urge abatir pobreza en zonas indígenas del sur

Xalapa, Ver., (Diario de Xalapa).- La pobreza y marginación en las zonas indígenas náhuatl y popoluca del sur de Veracruz se intensifican cada día ante las carencias de programas de apoyo a la salud, alimentación, educación y trabajo.

El escenario de México no deja de ser deprimente ante los ojos del mundo globalizado, donde nuestro país juega un papel importante en la globalización y competitividad con mercados extranjeros que forman el TLC.

Los logros del Tratado de Libre Comercio aún no se ven reflejados en el campo mexicano, en especial en las zonas serranas del sur de Veracruz, al prevalecer la extrema pobreza en grupos indígenas y en el sector agrario. Todo se recapitula en varios aspectos: la educación, la falta de empleo, la migración y los bajos salarios.

Al transitar diariamente por la sierra de Santa Marta, ubicada en el sureste de Veracruz, he tenido la oportunidad de convivir con campesinos de raza indígena (popoluca y náhuatl) y he observado las condiciones en que viven los habitantes de las comunidades de los municipios de Soteapan, Mecayapan, Tatahuicapan y Pajapan.

Aún permanecen en el rezago social hereditario estos pequeños núcleos que en pleno siglo XXI subsisten establecidos y sin progreso alguno, por lo que optan por abandonar sus lugares de origen para buscar mejores expectativas de vida.

Problema que se ve reflejado en la mayor parte de las zonas rurales y como ejemplo cito a la comunidad de origen náhuatl, Arroyo Tzizapan, que se ubica entre los cerros de Santa Marta y San Martín, donde aún se respira el olor a ocote y se observa la verduzca vegetación paradisiaca que te llena de energía y te invita a seguir contemplando el bello panorama, pero al voltear al frente de estas preciosidades que te da la naturaleza, observas la cruda y cruel realidad.

Me refiero a las pequeñas viviendas de tablas, palmas o láminas con hoyuelos que sobresalen ante los ojos del visitante; la extrema pobreza resalta en los hogares de las cerca de 200 personas que habitan en el lugar mencionado.

Arroyo Tzizapan, pequeña comunidad que pertenece al municipio de Mecayapan, carece de todos los servicios prioritarios, como la energía eléctrica, agua potable, salud, educación, transporte, letrinas y trabajos. Sólo recibe la atención médica una o dos veces al mes, a través de un carro móvil que le llaman "caravana de salud" proveniente de la Jurisdicción Sanitaria de Coatzacoalcos.

Si se preguntan cuál es el alimento diario de los niños, adultos y ancianos, sólo encontrarán en sus hogares frijoles, tortillas, chile y café. Ellos no saben qué es tomar diariamente un vaso con leche, menos saborear un bistec. La alimentación la comparo con la de los diputados, senadores y altos funcionarios públicos, que derrochan el dinero del erario del pueblo o de los impuestos de todos los contribuyentes.

Este problema no es de indicadores porcentuales o de leyes, es de valores humanos, de conciencia de los gobiernos, que volteen a estos lugares que se encuentran en condiciones lamentables, insalubres y sin los servicios prioritarios para vivir dignamente.

Sus productos no los comercializan debido a la falta de apoyo, sus exigencias son grandes y les queda la esperanza de tener empleos dignos; requieren de apoyos al campo y salarios que les permitan cubrir sus necesidades. Estas personas sufren las consecuencias de los proyectos o programas gubernamentales mal diseñados para la zona serrana, por lo que se ven orillados a emigrar al norte del país.

La pobreza y las grandes carencias en que viven no se pueden ocultar, y no se pueden negar porque ellos ocupan un lugar muy especial en Veracruz y en nuestro México. Además representan nuestro origen pasado del que debemos de sentirnos orgullosos, al formar parte del México prehispánico de ayer y hoy.

La raza étnica está ante los ojos del mundo, tenemos la obligación urgente de incorporarla a la vida productiva, tecnificada y al sistema globalizador que envuelve a México.

El problema migratorio sigue generando toda una gama de conflictos que trae grandes secuelas: la desintegración familiar y problemas de salud y educativos, inconvenientes que están presentes en muchas familias de la zona serrana.

En Veracruz y en el país vivimos y experimentamos cada día los efectos del fenómeno pluridimensional conocido como "globalización". Por lo que debemos de sobresalir y competir con los grandes programas y proyectos de otros países.

Ante este problema social presente en muchos veracruzanos, el gobierno debe actuar de inmediato para que el Estado voltee sus ojos a las zonas serranas que viven en completa marginación.

Sufren desnutrición casi el 70% de niños indígenas mazahuas

Zitácuaro, Mich., (Cambio).- De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Nutrición, el 70 por ciento de los niños indígenas mazahuas del municipio de Zitácuaro y el Estado de México sufren de desnutrición. Esto, de acuerdo a datos preliminares del Censo de Peso y Talla 2009.

El estudio fue coordinado por el Instituto Nacional de Nutrición, y que contó con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Uno de sus resultados fue que el 51 por ciento de los niños malnutridos se encuentran en municipios de alta y muy alta marginación.

Los datos preliminares indican que uno de los grupos más afectados es el de los niños indígenas. La desnutrición “pega” especialmente a los niños mazahuas, que habitan el municipio de Zitácuaro, en Michoacán, y el occidente del Estado de México.

Entre ellos el nivel de desnutrición alcanza hasta las tres cuartas partes de su población, lo que significa una llamada de atención, para que las autoridades hagan algo al respecto.

Los reportes indican que entre los indígenas existen índices de mortalidad infantil similares a los de África subsahariana; esto, debido en buena parte a la desnutrición de los menores.

México no garantiza protección a niños: Unicef

Ciudad de México, DF., (La Jornada).- Con "gravísimos problemas de violencia", como la del crimen organizado que ha "empeorado la situación", en México siguen las dificultades para establecer políticas de protección infantil, pues alrededor de 3.6 millones de niños trabaja, de los cuales 42 por ciento (1.5 millones), no asiste a la escuela, establece el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Así, el organismo advierte sobre los déficits que enfrenta nuestro país en su responsabilidad de garantizar los derechos de los niños, para evitar que sean víctimas de violencia, explotación sexual y trabajo infantil.

En la edición especial del informe Estado mundial de la infancia, establece que debido a la problemática de la violencia y a que ha sido "duramente golpeado por la crisis económica", México tiene una tarea triple: abordar las desigualdades que impiden a los niños de las comunidades pobres y marginadas disfrutar de sus derechos, reforzar los sistemas de protección a escala local y nacional.

La región meridional del territorio, alerta, “tiene algunos de los problemas más graves en materia de derechos de la infancia. Allí vive la mayoría de las comunidades indígenas del país –más de 60 grupos étnicos y lingüísticos–, y la mayor parte del 20 por ciento de los mexicanos cuyas condiciones son de extrema pobreza. La violencia perpetrada por la delincuencia organizada ha empeorado la situación”.

Unicef señala que para que el país pueda solucionar estos problemas se requerirán nuevos compromisos y "mayores innovaciones" en torno a los derechos del niño. De los 3.6 millones de niños que trabajan, 1.1 millones es menor de 14 años.

En América Latina y el Caribe, establece en el reporte Progreso para la infancia, "no sólo se registran las tasas más altas de violencia armada en el mundo sino que 42 por ciento de todos los homicidios a escala mundial corresponden a esta zona".

La violencia intrafamiliar también está muy extendida. En seis naciones latinoamericanas se identificó que 83 por ciento de los niños entre dos y 14 años fueron sometidos a formas violentas de disciplina y 60 por ciento fue objeto de castigos físicos. El 16 por ciento de las madres y cuidadores consideran que el castigo corporal es necesario para educarlos.

Por otra parte, 11 por ciento de los niños de cinco a 14 años trabajan en esta región, mientras que en todo el mundo hay 150 millones de pequeños que laboran. Los lugares más comunes de trabajo infantil se cuentan las canteras, las minas, plantaciones de café y de caña de azúcar y mercados.

Emite SCJN criterios sobre caso Acteal

Ciudad de México, DF., (El Financiero).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió diversos criterios sobre el trato a los indígenas dentro de los procesos judiciales, a partir de la resolución de los amparos promovidos por implicados en el caso Acteal, y que deberán aplicar los juzgados y tribunales de todo el país.

Durante el análisis de los amparos que promovieron varias personas relacionadas con la matanza ocurrida el 22 de diciembre de 1997, y que dio como resultado la liberación de 29 personas y la reapertura del juicio a otras 22, el alto tribunal definió más de una veintena de criterios que se aplicarán a los indígenas involucrados en juicios.

El principal argumento que utilizaron los ministros para llegar a esta decisión fue que la Procuraduría General de la República (PGR) fabricó pruebas y utilizó testigos falsos para responsabilizar a los indígenas de la matanza de 45 personas en la población que se ubica en el municipio de Chenalhó, Chiapas.

A partir de esta decisión, la Primera Sala delineó los criterios que se deben adoptar para el trato hacia los indígenas por parte del Poder Judicial, que van desde que constituye una violación a las garantías individuales, la obtención de pruebas ilícitas por parte del Ministerio Público, hasta tomar en cuenta la lengua y la cultura de los indígenas.

En las más de 20 tesis aprobadas por los ministros de la Sala, se puntualizó entre otros aspectos, que no se pueden tomar fotografías a las personas que no tienen calidad de detenidos o presuntos responsables, además de los requisitos que deben tener las pruebas testimoniales para que tengan validez.

Asimismo, la Primera Sala se refirió a las obligaciones del Estado Mexicano para impedir que los servidores públicos incurran en conductas de tortura para obtener información, confesión o imponer un castigo por un acto que haya cometido o que se sospeche ha cometido.

También, definió los derechos mínimos que les asisten a los integrantes de pueblos o comunidades indígenas dentro de un juicio, como son que deberán tomarse en cuenta sus costumbres y especificidades culturales.

De igual manera, que deberán ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura para comprender y hacerse comprender en los procedimientos legales.

La Corte expuso de igual manera, que los indígenas deberán cumplir las sentencias en los centros de readaptación más cercanos a sus comunidades, y cuando se les impongan sanciones penales, deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.

Luego de la determinación de liberar a relacionados con el asesinato de integrantes de la comunidad denominada "Las Abejas", el máximo tribunal del país emitió criterios acerca de que se debe dar preferencia a sanciones distintas al encarcelamiento.

De igual manera, puntualizó que a los indígenas se les deben iniciar procedimientos legales, ya sea de forma personal o por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto de sus derechos y asumir las obligaciones correspondientes en igualdad de condiciones.