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22 ene 2009

Resuelven litigio agrario tras 30 años

San Cristóbal de las Casas, Chis., (Reforma).- Luego de más de 30 años de conflicto agrario, los habitantes del ejido Tila, del Municipio del mismo nombre, en el norte del Estado, resultaron beneficiados por una resolución del Tribunal Agrario que les otorga certeza jurídica sobre 130 hectáreas.

El Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las Casas" informó que, como resultado de las acciones en defensa de la tierra que ha llevado a cabo el pueblo Ch'ol del ejido Tila, en diciembre pasado éste obtuvo una resolución judicial definitiva que le reconoce la plena propiedad de su territorio.

La resolución tuvo lugar después de un proceso judicial interpuesto contra el Ayuntamiento, el Congreso estatal y el Gobierno del Estado, que tardó en resolverse más de 30 años, precisó.

Las autoridades ejidales, añadió el Centro, rendirán un informe sobre el tema.

"(Este caso) evidencia las prácticas ilegales del Gobierno estatal, que intentó despojar al ejido de 130 hectáreas, al pretender simular la existencia de un fondo legal, con el fin de privatizar tierras ejidales por parte del Ayuntamiento de Tila, para beneficiar a caciques locales e intereses ajenos al beneficio común del pueblo Ch'ol de Tila", expuso en un comunicado de prensa.

El Centro celebró las acciones de defensa de la tierra del pueblo Ch'ol de Tila, ya que después de más de tres décadas obtuvieron por fin una resolución judicial definitiva que les reconoce la plena propiedad de su territorio.

"Si bien esto significa un avance en el reconocimiento de sus derechos, como ellos manifiestan, tampoco es de considerar que la lucha por la defensa de su territorio ha terminado, ya que aún falta que las autoridades responsables den cumplimiento a dicha resolución".

El organismo no gubernamental evidenció asimismo la actitud negligente del Poder Judicial de la Federación para resolver la demanda de amparo interpuesta por los ejidatarios ch'oles, ya que tardó más de 30 años en resolver el juicio.

"Dilación que deriva en un trato discriminatorio hacia los pueblos indígenas", advirtió.

Acusa EPR falta de voluntad de titular de Segob


Foto de Archivo
Ciudad de México, DF., (El Universal).- El Ejército Popular Revolucionario (EPR) califica al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y al subsecretario de Seguridad Pública federal, Javier del Real, como “representantes de los grupos de poder político más corruptos del sistema que pugnan por un mayor desangramiento del país con sus medidas policíaco-militares”.

Aun así, no anuncia ataques e insiste en exigir que se reconozca el papel de la Comisión de Mediación de intelectuales que coadyuvan a buscar a sus militantes Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

“(…) del gobierno no ha existido ni la voluntad ni la disposición política para resolver estos crímenes de lesa humanidad, a la Comisión de Mediación no se le ha dado el lugar y el trato que le corresponde como tal al estar tratando un asunto de suma importancia y salud política para el país, de ahí la importancia del reconocimiento oficial sin regateos de la Comisión de Mediación y la respuesta oficial sobre la detención-desaparición de nuestros compañeros”.

En un comunicado difundido esta tarde, el grupo armado califica al gobierno federal como esquizofrénico al negar la realidad económica de una gran crisis y al negar que haya violaciones cotidianas a los derechos humanos y torturas en el país.

Asegura que el hilo de la estabilidad social es cada vez más delgado por la que llama “afición” de este gobierno por la represión y las medidas fascistas “que criminalizan la pobreza, la protesta social, el descontento popular y la organización fuera de las estructuras corporatizantes”.

Culmina su texto sosteniendo que “las acciones de autodefensa popular son legítimas ante el terrorismo de Estado”.

Migrantes mexicanos solicitan a Presidente de Estados Unidos reforma migratoria

Oaxaca, Oax., (Olor a mi tierra).- Integrantes del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) solicitaron al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama la legalización justa e integral para todos los integrantes.

Esto lo solicita el FIOB, a través de una carta que han hecho llegar a la Casa Blanca y mencionan que es necesaria una reforma migratoria integral, justa y humana, así como invalidar la decisión de la administración pasada con respecto a la eliminación del proceso de legalización de los migrantes.

El FIOB es un organismo fundado por oaxaqueños, que tiene sus bases en las comunidades indígenas a nivel binacional (México-Estados Unidos), para contribuir al desarrollo y la autodeterminación de los pueblos indígenas migrantes y no migrantes, así como luchar por la defensa de los derechos humanos con justicia y equidad de género a nivel binacional.

La carta firmada por el Coordinador General del FIOB, Gaspar Rivera Salgado; la Coordinadora de la Mujer, Odilia Romero Hernández; el Coordinador Estatal en California José gonzález y la Coordinadora de la Mujer en California Nayamín Martínez Cossio.

En el documento los dirigentes del FIOB exigen el respeto hacia los migrantes con una solución pronta y legal, además de darles la oportunidad de tener una mejor calidad de vida a nivel personal y profesional.

Exigen detener la construcción del muro en la frontera de México y Estados Unidos, no permitir el ingreso a Estados Unidos a los representantes de los gobiernos locales, estatales y a nivel federal de México, quienes son señalados por las graves violaciones de los derechos humanos como el caso Oaxaca en el 2006.

Los coordinadores del FIOB abogan también por el cumplimiento a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con México.

Las peticiones de este organismo tienen el objetivo de proteger a todos los migrantes indígenas de cualquier violación a sus derechos, considerando la oportunidad que existe con el cambio político que ahora vive Estados Unidos, con su nuevo gobernante.

Protestan maestros y organizaciones en el Istmo por parque eólico

Oaxaca, Oax., (Notimex).- Profesores de la Sección 22 del SNTE y organizaciones sociales mantienen una protesta en inmediaciones de La Ventosa, en el municipio de Juchitán de Zaragoza, región del Istmo, en desacuerdo con el funcionamiento del parque eólico en la zona.

La protesta inició cerca de las 8:30 horas de este jueves con el bloqueo a la carreteras federales 185 y 190, en inmediaciones de la localidad denominada La Ventosa, donde se ubican los parques eólicos.

En la zona, el presidente Felipe Calderón pondrá hoy en marcha un proyecto de generación de energía a base de la fuerza del viento con la presencia de autoridades municipales y estatales.

De igual forma, profesores y organizaciones como el de Derechos Humanos Tepeyac, el Colectivo en Defensa de la Tierra y el Territorio, y la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), entre otros grupos sociales, protagonizaron una marcha que arribó al punto del bloqueo poco antes del mediodía.

A través de pancartas y un altavoz, los manifestantes protestan en contra de la Ley del ISSSTE, la Alianza por la Calidad en la Educación (ACE) y la empresa española que tiene a su cargo el funcionamiento del parque eólico, porque, aseguran, no ha traído ninguna ventaja a la región del Istmo.

La zona del evento se mantiene custodiada fuertemente por elementos del Ejército y el Estado Mayor Presidencial, por lo que las manifestaciones fueron contenidas a varios kilómetros del lugar donde tendría efecto el evento.