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19/11/2008

Ciudadanos marginados

México, DF., (Rumbo de México).- A lo largo de los años, la comunidad indígena ha mantenido sus creencias y cultura, lejos de la modernidad y de los grandes lujos a través de la herencia de sus tradiciones y la adaptación de sus costumbres en las nuevas generaciones.

La situación de este grupo social a lo largo de los años ha sido difícil, porque la mayoría de los ciudadanos los ven como personas ignorantes, incapaces, y los relacionan con la pobreza y la marginación.

La situación del indígena que emigra al Distrito Federal es muy complicada, principalmente porque buscan una mejor calidad de vida y se encuentran con la discriminación y la carencia de oportunidades, para emplearse en actividades dignas y bien remuneradas.

El desplazamiento de este grupo social comenzó a realizarse a partir de los años 60, y generó un notable incremento en la siguiente década; hoy en día, se cuenta con un millones de indígenas que habitan en la ciudad de México, de los cuales cerca de 600 mil provienen de los estados de la República mexicana como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Querétaro, principalmente, y el resto, son originarios de Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac, demarcaciones que todavía mantienen zonas rurales, usos y costumbres.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Edgar Torres Baltazar, explicó que la situación de discriminación del indígena en la ciudad ha ido en aumento y desafortunadamente se les llama migrantes, cuando son realmente residentes porque son mexicanos y por lo tanto tienen derechos y obligaciones, aunque se encuentren en otro estado que no sea el de su lugar de origen.

“En la ciudad de México se registra, entre pueblos originarios y comunidades indígenas en el Distrito Federal, cerca de un millón de personas; por lo tanto, para el Gobierno del Distrito Federal esta población se compone de pueblos originarios y pueblos residentes, mismos que tratan de preservar sus lenguas, costumbres y tradiciones y por esas circunstancias enfrentan un problema de discriminación”, expuso Torres Baltazar.

Otro de los problemas con los que cuentan es el acceso a los servicios educativos, ya que la mayoría de los indígenas que se instalan en la ciudad no cuentan con los papeles necesarios, principalmente el acta de nacimiento.

Explicó que en la ALDF se han presentado tres iniciativas de ley en materia de asuntos indígenas, mismas que están orientadas a tratar de buscar que en la ciudad de México se pueda contar con una ley que regule los derechos que tienen los pueblos y comunidades indígenas, sobre todo en el marco de los derechos humanos, la procuración de justicia, reconocer sus autoridades, costumbres, tradiciones y derechos colectivos y formas de organización.

En materia de empleo, los indígenas migrantes tienen su fuerza de trabajo en la industria de la construcción, en la que ocupan puestos de albañiles y obreros en grandes fabricas; otro de los oficios es la venta en los cruceros; y una minoría se dedica a la venta de artesanías, además de que se enfrentan con los productos de manufactura China.

“Las poblaciones indígenas que emigran a la ciudad no tienen ni siquiera las posibilidades de conseguir un trabajo estable con un salario digno, ya que no cubren los requisitos en materia de estudios; incluso en ese sentido también se enfrentan al problema de no poder conseguir un crédito para vivienda, aunado a los actos de discriminación a los que son objetos en el área laboral”, puntualizó Torres Baltazar.

En materia de acceso a los servicios de salud, en la ciudad es limitado; por ser indígena difícilmente les dan prioridad; además necesitan contar con personal médico que hable dialectos para que se puedan comunicar.

En el aspecto del crecimiento poblacional, se deben crear políticas públicas mediante la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades en conjunto con el Consejo de Pueblos y Barrios Originarios en el Distrito Federal, porque son limitantes los programas y proyectos, ya que no están atendiendo realmente la necesidad de los pueblos y las comunidades; además estamos ante un problema de planificación familiar, debido a que la mayoría de las familias llegan a tener hasta seis hijos, concluyó el diputado local.

Por su parte, Bulmaro Ventura, integrante y fundador de la Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México, explicó que el 90 por ciento de los emigrantes indígenas lo hacen por buscar trabajo y el resto sólo lo hace por conocer la ciudad y para estudiar, y por lo general viajan solos, sin la familia y en grupo conformado por hombres.

Señaló que el estado de Oaxaca concentra 16 de las 60 etnias que existen en el país; principalmente zapotecos, mixtecos, mixes, triques, amuzgos, chocholtecos, mazatecos y ahinantecos; en el caso del Distrito Federal, la población que más se concentra es la zapoteca.

“El indígena tiene gran capacidad para hacer y entender las cosas; las personas deben quitarse el mito de que el indígena es ignorante y por ello tiene derecho a recibir la oportunidad y el espacio para desarrollarse dentro del ambiente laboral; la sociedad se ha encargado de marginarlos metiéndoles el pie a sus propios paisanos”, expuso Bulmaro Ventura.

Con respecto a los trabajos que realiza la Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México, el fundador subrayó que se creó en abril de 2000 y ha trabajado brindando talleres de música, computación, enseñanza de lengua, gastronomía, todo con la finalidad de evitar que se rezaguen y puedan contar con algún oficio. Tambien cuentan con una estación de radio por internet en donde se difunden actividades, talleres y acuerdos que se toman a favor del desarrollo de las comunidades indígenas.

Expuso que existen indígenas que concluyeron sus estudios universitarios y que además realizaron maestrías y doctorados, por ello es muy incómodo como la misma sociedad los clasifica, sin saber realmente la capacidad y el talento que tienen.

“Nosotros somos nuestros antepasados(…) somos los hombres y mujeres de hoy(….) seremos los hombres y mujeres de aquí y de mañana”, concluyó.

La voz indígena para un mundo mejor

Valencia, España (Levante).- Zenaida Pérez, de 24 años, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Oaxaca (México) y coordinadora de Radio Jënpoj, una emisora al servicio de las comunidades mixes, zapotecas y mestizas, en Santa María de Tlahuitoltepec. Según ha explicado en una reciente conferencia en el CEU Cardenal Herrera, Radio Jënpoj es un proyecto "con el que queremos construir un espacio de diálogo equitativo en la comunidad y que todos seamos escuchados por igual en nuestras propuestas para un mundo mejor".

En la emisora colaboran 12 personas voluntarias, en su mayoría gente joven, y emite 14 horas y media al día en castellano y en lengua local. En su parrilla cuenta con programas sobre los derechos de los indígenas y las mujeres, espacios culturales, sobre medio ambiente, salud y musicales.

Zenaida ha detallado que Radio Jënpoj "es una emisora abierta, manejada por y dirigida a la gente de la comunidad". La coordinadora se ha mostrado orgullosa del trabajo que se realiza y que ha convertido "la radio en un medio de comunicación entre personas, un referente que cuenta con gran apoyo de la gente".

Pérez explicó que proyectos como el de Radio Jënpoj, "se hacen gracias a la colaboración desinteresada y la aportación económica de la comunidad".

México - Declaración del CNCI

Desde el corazón de la gran Tenochtitlan, las y los delgados de este Congreso, comunicadoras y comunicadores de diversos medios, pertenecientes a los pueblos ñuu savi (mixtecos), ayuujk (mixes), náhuatl, zapotecos, wixarika (huicholes), mayas, totonacos, nashinanda (mazatecos), ñahñu (otomíes), tzotzil, tzeltales, triquis, purépechas, tepehuanos, mayos, mazahuas, de los Estados de Oaxaca, Guerrero, México, Veracruz, Puebla, Nayarit, Jalisco, Hidalgo, Chiapas, Michoacán, Durango, Yucatán, Sinaloa, Sonora, Baja California, D. F. y Quintana Roo, reunidos en la Ciudad de México, los días 12 y 13 de Noviembre del año 2008, con dignidad y respeto declaramos:

1. Que somos mexicanos y que como tales han sido violentados nuestros derechos a la comunicación e información porque el poder legislativo de México no ha atendido la declaratoria de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Radio, Televisión y Telecomunicaciones hecha por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para garantizar el derecho a la comunicación e información de los pueblos indígenas de México.

2. Que desde el I Congreso Nacional de Comunicación Indígena hemos hecho planteamientos sobre el derecho a la comunicación e información de los pueblos indígenas de México y a través de la Comisión de Seguimiento que este I Congreso Nacional nombró, acudimos a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores a través del Grupo Plural para la revisión de la legislación en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión del Senado de la República, para entregar nuestras propuestas para ser incluidas en las leyes de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, sin que se haya logrado realizar ninguna legislación sobre el particular.

3. Que la legislación en materia de Medios no es un asunto prioritario para el gobierno mexicano como lo prueba la falta de cumplimiento de los propósitos de esta Comisión Plural para la Reforma de la Ley de Medios y el haber ignorado a las radios comunitarias e indígenas en el Acuerdo en el que se establecen los requisitos para llevar a cabo el cambio de frecuencias de banda de amplitud modulada (AM) a banda de frecuencia modulada (FM), para optimizar el uso, aprovechamiento y explotación de un bien del dominio público en transición a la radio digital, lo que tiene graves consecuencias en torno al ejercicio del derecho constitucional de administrar, adquirir y operar medios de comunicación ya que no se cuenta con la existencia de una planeación del espectro radioeléctrico que permita la disponibilidad de frecuencias para los fines de la radiodifusión indígena.

4. Que la política de cierre de emisoras no permisionarias que quieren estar en la legalidad y conscientes de que la libertad de expresión no debe estar enmarcada en el ámbito de la justicia penal ya que criminalizar la libertad de expresión y el acceso a la información de lo ciudadanía es un grave atentado contra el Estado Democrático de Derecho, conforme lo establecen los principios 1 y 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

5. Que hemos seguido el camino que las leyes trazan y no hemos sido escuchados. Nos preocupa que el gobierno, en sus diversas instancias, en lugar de las puertas del diálogo y de la construcción responsable de soluciones a las demandas de los pueblos indígenas, esta vez de comunicadores indígenas reunidos en un Congreso Nacional, abra la puerta a otras vías de exigencia y de presión para ser escuchados. Nosotros insistimos en el camino del diálogo, de la construcción mutua y responsable de soluciones a las diversas demandas y problemas que plantea o que tienen los pueblos indígenas en este campo de la legislación para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de comunicación e información.

6. Que tenemos el firme propósito de dar un mayor impulso a la elaboración de proyectos de medios de comunicación e información con el propósito de fortalecer las identidades originarias de nuestros pueblos, fortalecer y difundir de manera más amplia las lenguas y culturas nacionales de estos pueblos y empezar a establecer vías y mecanismos de relaciones interculturales en un marco de igualdad y de respeto mutuo al otro.

7. Que estamos dispuestos a poner nuestra experiencia en el manejo de medios de comunicación e información al servicio de México como país y de nuestros pueblos indígenas, a los que estamos comprometidos como ciudadanos y como miembros con plena conciencia de nuestro papel histórico en este tiempo.

8. Que la comunicación indígena es un derecho que se niega o se obstaculiza su ejercicio porque se han clausurado o atacado radios comunitarias y ciudadanas como "Frecuencia Libre 99.1"; Radio "Tierra y Libertad" de Monterrey, Nuevo León; Radio Ñomndaa "La Palabra del Agua" de Xochixtlahuaca, Guerrero; y Radio "La Rabiosa" de Huajuapan de León; así como se han asesinado y no se ha esclarecido el crimen de las periodistas indígenas Triquis Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez, del antropólogo Miguel Ángel Gutiérrez Avila impulsor de Radio "Ñomndaa" y se ha hostigado a colaboradores de Radio Zaachila, entre ellos a Melesio Melchor Ángeles y Jorge Aragón Martínez.

9. Que defendemos nuestro derecho a la comunicación e información y nos acogemos a la legislación internacional en la materia, desde la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta la reciente Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como lo establecido en el Artículo 2º Constitucional y en la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas que establece en su artículo 6º, medidas para asegurar que los medios masivos de comunicación difundan la realidad y diversidad lingüística y cultural de la nación mexicana.

10. Que es necesario tomar medidas inmediatas en torno al ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas en materia de medios de comunicación e información:

EXIGIMOS AL CONGRESO DE LA UNIÓN

1. Exigimos una nueva legislación sobre radio, televisión y telecomunicaciones con base en la declaratoria de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia y en la legislación internacional vigente en la materia.

2. En la nueva Ley de Radio y Televisión y en la de Telecomunicaciones deben establecerse las medidas, mecanismos y estrategias para el respeto, ejercicio y pleno uso del derecho de los pueblos indígenas a adquirir, operar y administrar medios de comunicación e información para al fortalecimiento de sus culturas y lenguas, la afirmación de su identidad y el establecimiento de relaciones interculturales.

3. La nueva legislación sobre medios y derechos de comunicación e información indígena debe retomar lo que en la materia proponen los Acuerdos de San Andrés.

4. Se reconozca a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, a fin de que puedan ejercer con plenitud sus derechos a la comunicación y a la información.

5. Los derechos de información y comunicación indígena deben hacerse explícitos en la Constitución Federal y en las leyes reglamentarias.

6. Ratificamos nuestro planteamiento de que el derecho a la información y a la comunicación son derechos transversales que abarcan diferentes ámbitos y ordenamientos, entre otros la reforma del Estado y no solo el contenido del artículo 2º Constitucional Apartado B Fracción VI, por lo que su legislación debe tomar en cuenta los derechos lingüísticos, la autoría colectiva, el territorio y la diversidad cultural.

7. Ratificamos nuestra exigencia de que al legislar en materia de medios de comunicación deberán tomarse las medidas necesarias para que en la instalación y operación de medios de comunicación se consideren, entre otras cosas, los derechos territoriales de los pueblos indígenas para evitar la afectación de sus sitios sagrados o rituales.

8. Que la legislación ponga especial cuidado para que los contenidos relativos a pueblos y comunidades indígenas en los medios comerciales, se incluyan en los horarios de mayor audiencia y que se promueva de forma explícita y planificada la difusión y el fortalecimiento de las lenguas y culturas nacionales de México.

9. Que el legislativo, responsable de la aprobación del presupuesto nacional, determine una partida específica por lo menos el equivalente a el uno por ciento del presupuesto de Comunicación Social de la Presidencia al sostenimiento de medios de comunicación indígena, un presupuesto que será administrado directamente por organizaciones de los pueblos indígenas, independientemente de lo que se destine a los medios indigenistas, administrados por el CDI.

10. La legislación debe reconocer la personalidad jurídica de las comunidades indígenas y la manifestación de su voluntad a través del Acta o aprobación de la Asamblea Comunitaria y las formas organizativas que la comunidad determine, sin que se soliciten requisitos adicionales para el otorgamiento de concesiones o permisos.

11. Ratificamos nuestro planteamiento de que los trámites para el otorgamiento de concesiones y permisos de medios de comunicación indígena y comunitaria deberán ser simplificados en todos los aspectos, y atender a la realidad de sus pueblos.

12. Debe legislarse para que los partidos, grupos religiosos y otros intereses diferentes a los de los pueblos indígenas, respeten la orientación comunitaria, de servicio y de naturaleza cultural y social de los medios indígenas y comunitarios.

13. Ratificamos nuestro planteamiento sobre que al término de las concesiones y permisos otorgados a pueblos y comunidades indígenas, las medidas para su renovación sean equitativos y adecuados a la realidad económica y cultural de los pueblos indígenas al que pertenecen sus promotores.

14. Se debe legislar para permitir la comercialización de espacios sin que se afecte la autonomía y finalidad de los medios de comunicación indígenas y comunitarios.

15. Específicamente a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, se les solicita su intervención con el ejecutivo, a fin de detener las represiones a los comunicadores indígenas y comunitarios.

16. Se exige al Congreso de la Unión un punto de acuerdo para que no se sigan cerrando las radios comunitarias e indígenas hasta en tanto no exista las nuevas leyes correspondientes.

DEMANDAMOS AL EJECUTIVO FEDERAL:

1. Se cumpla con lo establecido en la fracción IX del Apartado B del artículo 2º de la Constitución Federal, relativo a la asignación de presupuestos para el desarrollo de los medios de comunicación indígena, a través de la actualización tecnológica de los medios indígenas, la capacitación de sus operadores y la formación de cuadros profesionales en los ámbitos universitarios públicos o privados.

2. Se reserve una porción del espectro radioeléctrico para la radiodifusión indígena equivalente a una tercera parte del total del espectro, para el uso de medios ciudadanos, comunitarios e indígenas, de tal manera que la migración de estaciones de AM a FM comerciales, no impida el ejercicio del derecho a la información de los pueblos indígenas.

3. Se cumpla con el artículo 6º de la Ley de Derechos Lingüísticos para que los medios masivos de comunicación existentes integren en su programación diaria, contenidos en lenguas y cultura elaborados por los pueblos indígenas.

4. Se sancione a la Comisión Federal de Telecomunicaciones por su práctica discriminatoria al no tomar en cuenta en la planeación del espectro radiofónico, en el Acuerdo publicado el 15 de septiembre, de la reserva de espectro para la radiodifusión indígena.

5. Se exige al gobierno federal que respete y deje operar a las radios comunitarias con y sin permiso evitando el hostigamiento y cierre de las mismas. Por lo mismo, se abstenga de cerrar las radios indígenas y comunitarias que aparecen en el padrón adjunto.

6. Preste la ayuda técnica y legal necesaria y gratuita para poder conformar el expediente que exige la ley a estas emisoras, de acuerdo a las recomendaciones de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

7. Se comprometa a otorgar los permisos a estas emisoras una vez que hayan cumplido con los trámites requeridos por la ley.

8. Que el gobierno federal y estatal hagan cumplir el artículo 6° de la Ley de Radio y Televisión firmando un convenio con los actores comunicativos.

9. Exigimos justicia y aclaración a los asesinatos de las comunicadoras triquis Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez de la Radio "La Voz que Rompe el Silencio", y del antropólogo Miguel Ángel Gutiérrez Ávila impulsor de Radio "Ñomndaa" realizados en los estados de Oaxaca y Guerrero.

10. Ratificamos nuestro planteamiento del I Congreso que la dirección y operación de los medios radiofónicos indigenistas debe quedar en manos de las comunidades indígenas, con su respectivo presupuesto.

11. Se exige protección al ejercicio profesional de los y las comunicadoras indígenas.

12. Se exige sancionar para los medios de comunicación que denigren o presenten una imagen deformada de los pueblos indígenas, independientemente de que se indemnice al pueblo que sufrió el agravio. El Estado debe tomar acciones inmediatas para castigar estos abusos.

13. El Estado deberá proteger y respetar el acceso a las fuentes de información para los comunicadores indígenas en igualdad de condiciones.

14. Demandamos a las instancias federales y estatales, como el Instituto Federal Electoral (IFE), respetar las formas de organización de los Pueblos Indígenas, no imponiendo promocionales que pongan en riesgo la unidad y convivencia de los pueblos y comunidades indígenas.

HACEMOS UN LLAMADO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NO INDÍGENAS:

1. Este Congreso pide a los medios de comunicación no indígena la apertura de espacios para que se difunda la riqueza cultural de los pueblos originarios de México, sus lenguas y se vayan estableciendo relaciones interculturales de igualdad y respeto, para fortalecer la democracia, el pluralismo informativo y la diversidad cultural. Y nos solidarizamos con los periodistas que han sufrido la represión gubernamental, abierta o disfrazada, así como elevamos nuestra más enérgica protesta y pedimos justicia por los asesinatos cometidos a compañeros comunicadores.

PLANTEAMOS A LA SOCIEDAD NACIONAL MAYORITARIA

Es tiempo de romper con la desigualdad histórica a la que nos han sometido como pueblos culturalmente diferenciados.

Somos la raíz de un gran pueblo y debemos ser reconocidos, aceptados y proclamados como tales. Deseamos el respeto a la diferencia y combate a la desigualdad.

Queremos el respeto a la profundidad de nuestros principios provenientes de la comunalidad y no de la individualidad occidental mercantilista.

Queremos una alianza con los sectores sociales de mexicanos que no son indígenas y que como nosotros viven la pobreza, sufren la desigualdad y son afectados en sus derechos fundamentales.

Si somos cuidadosos en el análisis histórico de nuestro origen, no podemos negar que somos los mismos, pero las ideologías dominantes en cada época nos han separado. Hoy es tiempo de la unidad.

Necesitamos y podemos ser aliados en esta lucha por la emancipación de aquello que no nos oprime y no nos deja surgir plenamente como pueblos.

México, D. F. a 13 de Noviembre del 2008

Delegaciones acompañantes en el II CNCI
Guatemala, Francia, Uruguay

Invierte Conafor 2 mdp en estufas ahorradoras de leña en Guerrero

Chilpancingo, Gro., (Notimex).- La Comisión Nacional Forestal (Conafor) invertirá más de dos millones de pesos para la construcción de mil 400 estufas ahorradoras de leña, cuya finalidad es disminuir la deforestación en las zonas rurales de Guerrero.

El subgerente operativo de la Conafor en Guerrero, Alejandro Albarrán Silva, informó que se construirán estufas ahorradoras en 90 localidades de la región de La Montaña.

Agregó que como parte del Programa Nacional de Dendroenergía, la dependencia abrió una convocatoria a familias rurales para la construcción de estufas ahorradoras de leña, y se recibieron 250 solicitudes.

La Conafor beneficiará a los indígenas de los municipios de Chilapa de Álvarez, Chilpancingo, Quechultenango, Huitzuco de los Figueroa, Copalillo, Metlatónoc, Coyuca de Benítez, Mártir de Cuilapan, Malinaltepec, Copala, Petatlán, Xochistlahuaca, Acatepec, Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Ometepec y San Luis Acatlán.

El objetivo de este programa es sustituir el uso del fuego abierto en comunidades que utilizan la leña como principal combustible para la cocción de alimentos, para preservar el medio ambiente.

También se pretende que disminuyan el impacto ambiental de los bosques, diluyan el riesgo de enfermedades respiratorias, ahorrar energía eléctrica en algunos casos, aminorar el riesgo de accidentesa causa de incendios, y contribuyan a mejorar los ingresos rurales al disminuir costos de recolección o compra de leña.

Se estima que en México el uso de madera para energía (leña y carbón vegetal) es de 38 millones de metros cúbicos al año, lo que cual provoca deterioro ambiental, por lo que la Conafor ha decidido tomar medidas.

También se sabe que la leña aporta un 80 por ciento de la energía usada en los hogares rurales, 10 por ciento del total de la energía primaria usada en el país y representa menos del tres por ciento del total de emisiones de carbono de México.