¡Búscanos en las redes sociales!

Síguenos en Twitter.com/c_indigenas o como @c_indigenas.
Búscanos en Facebook como Corresponsales Indígenas y hazte fan

12/01/2009

Encarcelan y amenazan de muerte a voceador del periódico "Noticias"; queman mil ejemplares



Por Élfego Gregorio Jiménez, corresponsal

San Pedro Jicayán, Oax.-
Por órdenes del presidente municipal de San Pedro Jicayán, el priista Leonardo Silva Palacios, quince integrantes de la policía de esta localidad, agredieron y encarcelaron al voceador Guillermo Vicente Pérez y a Hilaria Jacobo Robles, quemando mil ejemplares del diario NOTICIAS Voz e imagen de Oaxaca.

En el lugar de los hechos se presentó el agente del ministerio público del primer turno de Pinotepa Nacional, Raúl Arias Méndez y el secretario del MP Gonzalo García Martínez, quienes tomaron las declaraciones de los afectados.

Por estos hechos lamentables se abrió la averiguación previa número 22PN1/2009, en contra de Leonardo Silva Palacios, presidente municipal de San Pedro Jicayán, quien encabezo personalmente junto con los policías municipales la quema de los ejemplares en donde se denuncia públicamente el abuso de autoridad y la falta de obras en el municipio.

El munícipe priista Leonardo Silva Palacios es denunciado en la averiguación previa por daños a propiedad ajena, abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad y atentado contra la libertad de expresión, así mismo son denunciados varios integrantes de la policía municipal, entre ellos al comandante quien es hijo de un ex presidente municipal de esta localidad indígena.

En entrevista el voceador Guillermo Vicente Pérez quien esta discapacitado dijo que como todos los días se puso a trabajar en esta demarcación: “llegamos sin agredir a nadie, llegaron los policías y me ultrajaron, me arrastraron, nos quitaron el periódico, las bocinas, las mochilas y un poco de dinero que era para nuestra comida”.

Vicente Pérez dijo que el propio presidente municipal Leonardo Silva lo amenazo de muerte: “el mismo presidente me dijo que me fuera a la chingada, ya que si en cinco minutos no largaba, que me quebraría allí mismo”.

“Fue ordenes del presidente, es una persona prepotente, quiere abusar de su autoridad sin medir las consecuencias, hace un rato les quitaron los periódicos a los voceadores y después los encarcelaron, quemando los mil periódicos que se iban a vender en la población, siento que está mal porque atenta contra la libertad de expresión” dijo un testigo que prefirió mantenerse en el anonimato.

Funcionarios solapan a marido golpeador en Oaxaca


Por René López, corresponsal

Tlaxiaco, Oax.-
Mujer Indígena Mixteca que se atrevió a denunciar a su marido que la golpeaba no fue atendida por el DIF municipal de la ciudad de Tlaxiaco, además de que fue amenazada por meterla a la cárcel a ella y a sus 7 hijos si no regresaba con su marido.

A más de 20 años de sufrir golpes y maltratos por parte de su esposo, la señora angelina López Gustavo de la comunidad de San Miguel del Progreso, en el mes de diciembre se presentó ante el subprocurador para la defensa del menor, la mujer y la familia del DIF municipal, Esteban Ibáñez Zafra de la ciudad de Tlaxiaco, para denunciar los golpes y maltratos que sufría.

La denunciante en entrevista da a conocer que días después, el subprocurador la cito para anunciarle que ya tenía conocimiento de su caso, por lo que la amenazó de meterla a la cárcel a ella y a sus hijos si no regresaba con su esposo.

Relata que el 10 de diciembre del 2008, acudió a esta dependencia, ya cansada de la violencia y golpes que recibía ella y sus hijos, para hacer esta denuncia, pero ya el 13 del mismo mes, el defensor del menor, la mujer y la familia se presentó en compañía de su esposo el señor Higinio López Ramírez, luego salieron y después de una hora regresaron, a lo que el encargado de la subprocuraduría la hizo pasar y no le permitió ninguna palabra diciéndole “ ya sé de qué se trata su problema y si no regresas con tu esposo a ti te voy a meter a la cárcel junto con todos tus hijos” y le ordenó de manera prepotente que saliera de su oficina.

Angelina López Gustavo, es una mujer indígena que vive en extrema pobreza, originaria de San Miguel del Progreso, Tlaxiaco, no termino la educación primaria, es mama de 7 niños, dos varones y cinco mujeres, entre los 14 a los 16 años de edad.

A los seis meses de vivir juntos su actual esposo siempre la amenaza con matarla si ella se atreve a dejarlo o denunciarlo. Muchas veces su esposo la golpea en la cabeza con una silla, con un tubo de acero o con lo que encuentre.

Angelina recalca que ese día volvió con su marido, pero hoy ante las constantes amenazas, golpes y violencia por parte de su marido y de la propia subprocuraduría, sigue buscando justicia ante las instituciones, porque ahora se siente más desafiada por los servidores públicos, ante ello ya solicita la asesoría del centro ÑUU IICA, AC. Oficina de género, defensa y asesoría jurídica a pueblos Indígenas.

Esta violencia sufrida por parte de la subprocuraduría municipal de la ciudad de Tlaxiaco y los golpes y maltratos sufridos por parte de su esposo, hoy la hacen saber a los medios de comunicación y a los organismos e instituciones para que las mujeres que sufren todo tipo de maltrato lo hagan saber y no callen esta problemática que lo único que genera es mas atraso y violencia, dio a conocer Berenice Quiroz Pérez, representante legal de ÑUU IICA.

En entrevista da a conocer que en la Mixteca las mujeres sigue siendo sumisas, calladas y la violencia física y psicológica de la que son víctimas aun permanece en la obscuridad, resaltó que ya es hora de exigir una vida digna y terminar con esta enfermedad silenciosa.
Por Élfego Gregorio Jiménez, corresponsal

San Pedro Jicayán, Oax.-
Ciudadanos en su mayoría indígenas mixtecos de este cabecera municipal realizaron ayer domingo, la primera asamblea general, en la cual solicitan a través de un acta a la cámara de diputados la sustitución del actual munícipe priista Leonardo Silva Palacios; para nombrar posteriormente a un administrador municipal por la ingobernabilidad que allí impera.

Para poder llevar a cabo la asamblea comunitaria fue necesario nombrar a Ezequiel Antonio Vásquez como presidente de la mesa de los debates, a Francisco Jiménez Mejía como secretario, Margarito Mejía Paz y José Nicolás Martínez como escrutadores respectivamente.

“No queremos que este señor se siga burlando de nosotros, no solo nos ha engañado con el manejo de los recursos y mentido con la ejecución de obras, sino también se ha dado el gusto de ignorarnos y humillarnos a su antojo” dijeron inconformes los propios priistas que lo llevaron al poder.

En una sola voz los hombres y las mujeres solo exigían dos cosas: la revocación del mandato o la desaparición de poderes, que según los inconformes hace falta obras en sus comunidades, por lo que exigen su renuncia. “No solo ha incumplido con la priorización de obras del 2008, sino también de actitudes prepotentes y discriminatorias hacia este pueblo de raza indígena” dijo una mujer con su hijo en el brazo.

En la asamblea asistieron más de 500 ciudadanos de la cabecera municipal y las agencias y colonias, en la que asistió únicamente Jaime Calderón Guevara, Asesor jurídico de la delegación de gobierno, cuando el acuerdo fue que el propio Conrado Rodríguez estuviera presente.

En la asamblea también exigen la restitución de la regidora de Hacienda, Clemencia López López, pues aseguran que el Presidente Municipal no cuenta con autoridad ni facultad para destituir a un miembro del Cabildo que fue elegido por el pueblo

De acuerdo a los manifestantes, de un total de 16 obras priorizadas para el 2008, solo se ejecutaron dos, estas son la pavimentación de la carretera que comunica a Agua Dulce y la cabecera municipal, mientras que en la comunidad de La Chupa Rosa se edificó una Casa de Salud.

Nuestro pueblo ha tenido infinidad de gobernantes pero ninguno como el actual, Silva Palacios es una persona autoritaria, prepotente y racista, por ello tendremos otra asamblea general de ciudadanos este lunes 12 de enero para tomar medidas más drásticas hasta que logremos la salida de este ratero, dijeron los rumores.

Analizan autoridades conflictos del transporte en la Costa

Por Élfego Gregorio Jiménez, corresponsal

Santiago Jamiltepec, Oax.-Por acuerdo de asamblea celebrada en el mes de diciembre, diversas organizaciones que conforman la Alianza de Transportistas del Distrito de Jamiltepec, se reunieron este fin de semana en esta población con autoridades relacionadas al transporte, para plantear las diversas peticiones y exponer los conflictos que actualmente presentan al interior de sus gremios.

En su momento Antonio Sarmiento Dolores, Presidente de la Alianza de Transportistas del distrito de Jamiltepec, entregó a las autoridades correspondientes, un pliego petitorio sellado y firmado, en la cual exponen a través de 13 puntos las principales demandas, que de manera pacífica y directa solicitan sean atendidas.

Aquí se reunieron los sitios de taxis de Pinotepa Nacional, Jamiltepec, el Charquito, Huaxpaltepec, así como la Unión de Permisionarios, Uniones de Pasaje y carga, entre otros; quienes solicitan de manera urgente la intervención del Coordinador General de Transporte del Estado (COTRAN), Gonzalo Ruiz Cerón.

Las diversas organizaciones aglutinadas en la Alianza de Transportistas del Distrito de Jamiltepec, exigieron la Recaudación de Rentas que los trámites a estas oficinas sean más eficientes, rápidos y que el trato con los usuarios sea más justo y respetuoso.

En el documento, se denuncia públicamente a los funcionarios del transporte, principalmente a los trabajadores de transito del estado, ya que no realizan su función como la establecen los lineamientos, ya que en ocasiones es interferido el trabajo entre funcionarios entorpeciendo la labor y dando preferencia a los amigos, parientes y amistadas.

En el evento asistieron, el coronel de infantería, Juan Gonzalo Espada Ceballos, comandante del 47 batallón de infantería; Hipólito Salinas Añorve, Subdelegado regional de Gobierno; Efraín Ávila Contreras, encargado del destacamento de la policía preventiva; Ángel Heredia López, Supervisor Regional de Transito del estado de Pinotepa Nacional.

Además, Jacinto Nicolás Hernández, recaudador de rentas de Pinotepa; Raúl Arias Méndez, agente del ministerio publico; Rolando Rodríguez Elorza y Salvador Pérez Rojas, delegado de tránsito de San Juan Cacahuatepec y Santiago Jamiltepec, respectivamente, quienes tomaron nota de las inquietudes de los transportistas costeños.

Víctimas de tortura sexual, Inés y Valentina esperan justicia en la CIDH

Ciudad de México, DF., (CIMAC).- He tenido que enfrentar la soledad, el abandono de mi esposo y estar lejos de mi familia; no ha sido nada fácil. Desde el día que me atacaron sexualmente los militares vivo con miedo y resentimiento: ellos siguen libres y yo sigo luchando para que las mujeres de la Montaña de Guerrero no se enfrenten más a que los soldados las violen y que eso se vea como algo cotidiano. Lucho también para que el Gobierno nos escuche.

Así se expresa Valentina, indígena Me´phaa (tlapaneca) de la comunidad de Caxitepec, municipio de Acatepec, Guerrero, quien fue violada y torturada por militares el 16 de febrero de 2002, cuando tenía 17 años de edad.

Entrevistada por Cimacnoticias en Chilpancingo, en un lugar que prefiere no revelar a nadie, dice que su caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en noviembre del 2003, y el 12 de octubre de 2007 acudió a una audiencia pública en Washington, sede del organismo, que forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al cual llegan los casos que han agotado las instancias nacionales de justicia.

Para Valentina, la audiencia fue una experiencia buena pero triste “porque una mujer como yo, indígena mexicana, tuve que ir hasta Washington para que se me haga justicia, porque el Gobierno de México no escucha y porque hay muchas mujeres que no denuncian por vergüenza o por miedo a sus maridos o su familia”.

Inés, otra mujer Me´phaa, fue también atacada sexualmente por soldados del Ejército Mexicano el 22 de marzo de 2002, en la comunidad de Barranca Tecuani, municipio de Ayutla de los Libres. Su denuncia en México corrió la misma suerte que la de Valentina, por lo que su caso fue presentado también ante la CIDH en junio del 2004.

Inés, acompañada de los abogados Mario Patrón y Alejandro Ramos y de Obtilia Eugenio Manuel, su traductora, asistieron el mismo día que Valentina a la audiencia de la CIDH, donde se evidenció la responsabilidad del Estado Mexicano por violaciones a sus derechos.

NO CALLAR, SINO LUCHAR

A partir de la audiencia, asegura Valentina, sentí que las cosas podían cambiar y puede haber justicia para las mujeres, solo que tienen que entender que no deben callarse, sino luchar para que las cosas no se queden sin resolver.

El caso de Valentina, afirma Teresa de la Cruz, coordinadora del área de difusión del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, está en espera del Informe de Fondo que emita la CIDH, cuyo retraso ha obedecido a que el Estado mexicano envió en noviembre un informe a la Comisión pidiendo que no emita su Informe, porque asegura que está practicando algunas diligencias.

Sin embargo, explica, en diciembre pasado Tlachinollan, peticionario ante la CIDH afirmó que toda investigación que realiza el Estado mexicano es ineficaz, porque no se aclara la competencia, es decir, qué institución es responsable de hacer la presunta investigación.

El Estado mexicano dijo que la Procuraduría General de la República estaba practicando las diligencias, cuando en realidad era la Procuraduría estatal la encargada. “Y esto para nosotros no tiene validez, dice De la Cruz, porque la Procuraduría estatal sólo está investigando civiles, cuando fueron militares los que violaron a Valentina. Por eso en nuestro escrito de diciembre solicitamos que la CIDH ya emita el Informe de fondo.

MÁS TORTURA

Para Inés, además de las secuelas de la violación, continúa siendo víctima de otro tipo de tortura: su hermano Lorenzo, quien inició los trámites para denunciar la violación y era integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me`phaa (OPIM) fue secuestrado, torturado y asesinado el 9 de febrero de 2008, presumiblemente por denunciar en foros internacionales el caso de Inés.

Fue también pieza clave en la organización de los 14 indígenas esterilizados por autoridades de la Secretaría de Salud, bajo la promesa de que les construirían una clínica. Más aún, dos de sus sobrinos, uno de ellos víctima de esterilización, se encuentran encarcelados con otros tres integrantes de la OPIM, bajo la acusación de haber asesinado a un informante del Ejército.

La Montaña de Guerrero es una de las zonas con mayor presencia militar y la violación sexual a mujeres se ha mantenido en la impunidad debido al fuero militar que permite a los soldados no sean juzgados, dice Tlachinollan en su texto Injusticia Legalizada.

La justificación oficial para que La Montaña se encuentre militarizada, dice, es la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y el combate al narcotráfico. Sin embargo, explica Tlachinollan, la intervención de las fuerzas armadas se ha mantenido durante mucho tiempo como parte de la lucha contrainsurgente.

Afirma Tlachinollan que los casos de violaciones atraídos por la Procuraduría General de Justicia Militar o enviados por las autoridades civiles a las castrenses, implica que las víctimas no puedan acceder a la justicia, debido a que el fuero militar perpetra la impunidad en beneficio de sus agentes.

EL INFORME QUE VIENE

La CIDH emitió el pasado 7 de noviembre un informe al Gobierno de México por el caso de Inés, pero aunque confidencial, este tipo de documentos casi siempre se orientan a la recomendación de la reparación del daño de las víctimas, la investigación del hecho y la sanción a los responsables, dice De la Cruz.

Ahora, informa, están en espera de que el Estado Mexicano responda a las recomendaciones. Y si el Estado no las acepta, la CIDH emitirá un Informe final o el caso se va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), como lo pidió en diciembre pasado Tlachinollan.

“Seguiré luchando para que los militares paguen, estoy triste porque 7 años después aún no hay justicia y estoy sola y lejos de mi familia. Voy a luchar hasta que encuentre la justicia y cuando ésta llegue voy a regresar a mi pueblo a sembrar jamaica junto a mi familia”, concluye Valentina.

No hay problema con las iglesias, sino con la radiodifusión ilegal: Gobernación

Ciudad de México, DF., (La Jornada).- Al reunirse con un grupo de comunicadores y ministros de culto de iglesias evangélicas que poseen radios comunitarias que operan de manera “clandestina”, el director general de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), Álvaro Luis Lozano González, aseguró que el problema que enfrenta el gobierno federal no es contra las iglesias, sino para evitar la radiodifusión ilegal.

En el encuentro, celebrado el pasado viernes en la ciudad de México, los dirigentes evangélicos, agrupados en la recién creada Comisión Cristiana de Radio y Televisión de Chiapas, insistieron en la necesidad de encontrar mecanismos legales que les permitan operar más de cien estaciones radiales, situadas en su mayoría en zonas indígenas del país.

En respuesta, el director de RTC se comprometió a buscar mecanismos que puedan generar acuerdos, pero apegados al marco legal. Sin embargo, según versión de los quejosos, reconoció que desde hace tiempo se ha detenido por motivos políticos el flujo “normal” de permisos y concesiones de frecuencias de radio, y aceptó que en todo caso los candados legales que impiden actualmente que iglesias o ministros de culto manejen medios de información debieran discutirse.

Óscar Moha, representante en México de la organización Voz de los Mártires, presente en la reunión, dijo que el grupo evangélico dejó en claro que la intención de las estaciones de radio que han sido instaladas por ellos no promueven beneficios particulares, ni apoyos a partidos políticos, sino beneficios comunitarios y el fomento de valores en beneficio de la sociedad. Una de estas acciones, explicó, es la difusión y apoyo a las campañas de salud, de protección civil y de seguridad.

Informó que también estuvieron presentes en la reunión el director general de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Salvador Beltrán del Río, y el subsecretario del mismo ramo en el gobierno de Chiapas, Enrique Ramírez Coronado. A ellos, el grupo de evangélicos señaló que los operativos que han llevado a cabo la Agencia Federal de Investigación (AFI) y personal de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) en las últimas semanas han dado como resultado varias marchas de miles de cristianos, como reacción de protesta, por lo que pidió a la Secretaría de Gobernación la instalación de una mesa de diálogo, a fin de detener la incautación de los equipos de radiotransmisión.

Incluso se puso de manifiesto que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tiene frecuencias que operan desde 1994 en zonas indígenas, mediante las cuales se fomenta la desobediencia civil, sin que las autoridades hayan actuado en consecuencia hasta el momento.

Plantearon la necesidad de llevar a cabo cambios no sólo a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, para que las iglesias y los ministros de culto puedan ser propietarios de medios de comunicación –en lo que coinciden algunos jerarcas de la Iglesia católica–, sino también a aquellas que tienen que ver con los derechos indígenas y las garantías individuales.

Por otra parte, los pastores evangélicos reconocieron la labor de la actual administración para evitar y sancionar los casos de intolerancia religiosa, así como los acuerdos que se han firmado recientemente, sobre todo en Chiapas, donde los usos y costumbres todavía están por encima de la libertad de culto que consagra la Constitución.

En tanto, Salvador Beltrán del Río ofreció buscar espacios en el terreno legislativo y organizar un encuentro plural con legisladores de todos los partidos políticos para que sean los diputados y senadores quienes modifiquen las leyes y permitan que los medios electrónicos puedan difundir sin restricciones programa de contenido religioso en México, según informó Óscar Moha.

Dijo que actualmente existen al menos 100 estaciones de radio comunitarias en todo el país, que difunden información bíblica en frecuencia modulada, cuyos operadores son cristianos evangélicos, principalmente en zonas indígenas.

Buscan el desarrollo en Erongarícuaro

Morelia, Mich., (Quadratín).- La riqueza cultural, histórica, natural y la laboriosidad de sus habitantes, son las fortalezas con que el Presidente Municipal de Erongarícuaro, Eleazar Aparicio Tercero, cuenta para lograr el detonante que permita el desarrollo de este importante municipio de la región lacustre michoacana.

Las artesanías, la silvicultura y fruticultura junto a la elaboración de muebles, conservas y licores de frutos para darle valor agregado a los productos regionales, son proyectos que unidos a la infraestructura de desarrollo municipal tanto para la cabecera como a las trece comunidades rurales e indígenas, son parte del plan de trabajo que permitirá el desarrollo de este municipio que cuenta con extenso litoral hacia el Lago de Pátzcuaro y al lado poniente del mismo, colindancia hacia la Meseta Purépecha.

Mención especial hace el jefe de la comuna Eleazar Aparicio Tercero, al legado histórico de Erongarícuaro, con su heroína María Luisa Martínez, personaje clave en la lucha de independencia que en su determinación patriótica ofrendó su vida tras servir como correo y enlace con el generalísimo José María Morelos y Pavón. Murió fusilada en su pueblo natal por el Ejército Realista que comandaba Felíx María Calleja.

Conocedor del sentir de los habitantes de Erongarícuaro, el alcalde Aparicio Tercero, entre sus acciones no escatima esfuerzos para que en los Festejo del Bicentenario de la Independencia de México, se incluya su comunidad y ocupe el lugar que merece en la historia, la heroína María Luisa Mendoza, cuya imagen y vida, inspiraron a las autoridades educativas del país a plasmarla en la portada de los libros de texto gratuito como personificación de ‘La Patria’.

Entrevistado el político perredista, habló de la obra pública que en todos los rubros impulsa en su plan de gobierno para la cabecera municipal de Erongarícuaro, así como a las comunidades entre las que se encuentran: Tenencia Lázaro Cárdenas, Tzintziro, La Zarzamora, Yotátiro, Napízaro, Puácuaro, Colonia Revolución, Oponguio, Uricho, Arocutín, Jarácuaro, Tócuaro y Nocuzepo, que por sus bellezas naturales y arquitectónicas como el ex convento franciscano del siglo XVI, en el más puro estilo barroco, convierten a este punto de la región lacustre, en excelente destino turístico.

Buscará RTC acuerdos para que operen estaciones de radio indígenas

Ciudad de México, DF., (La Jornada).- Al reunirse con un grupo de comunicadores y ministros de culto de iglesias evangélicas que poseen y operan radios comunitarias que operan de manera "clandestina", el director general de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), Álvaro Luis Lozano González, aseguró que el problema que enfrenta el gobierno federal no es contra las Iglesias, sino para evitar la radiodifusión ilegal.

En el encuentro, realizado el pasado viernes en la ciudad de México, los dirigentes evangélicos, agrupados en la recién creada Comisión Cristiana de Radio y Televisión de Chiapas, insistieron en la necesidad de encontrar mecanismos legales que les permitan operar las más de cien estaciones radiales situadas en su mayoría en zonas indígenas del país.

En respuesta, el director de RTC se comprometió a buscar mecanismos que puedan generar acuerdos, pero apegados al marco legal. Sin embargo, reconoció que desde hace tiempo se ha detenido el flujo normal de permisos y concesiones de frecuencias de radio por motivos políticos, y que, en todo caso, los candados legales que impiden actualmente que Iglesias o ministros de culto manejen medios de comunicación, debieran discutirse.

Oscar Moha, representante en México de la organización Voz de los Mártires, y presente en la reunión, dijo que el grupo evangélico dejó en claro que la intención de las estaciones de radio que han sido instaladas por parte de ellos no promueven beneficios particulares, ni apoyos a partidos políticos, sino beneficios comunitarios y el fomento de valores en beneficio de la sociedad. Una de estas acciones, explicó, es la difusión y apoyo a las campañas de salud, de protección civil y de seguridad, entre otras.

Informó que también estuvieron presentes en la reunión el director general de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Salvador Beltrán del Río, y el Subsecretario del mismo ramo en el gobierno de Chiapas, Enrique Ramírez Coronado. A todos ellos, el grupo evangélicos les señalaron que los operativos que han llevado a cabo la Agencia Federal de Investigación (AFI) y personal de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) en las últimas semanas han dado como resultado varias marchas de miles de cristianos, como una reacción de protesta, por lo que pidieron a la Secretaría de Gobernación la instalación de una mesa de diálogo, a fin de detener la incautación de los equipos de radiotransmisión.

Inclusive, se puso de manifiesto que el denominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), tiene frecuencias que operan desde 1994 en zonas indígenas, mediante las cuales se fomenta la desobediencia civil, sin que las autoridades hayan actuado en consecuencia hasta el momento.

Plantearon la necesidad de llevar a cabo cambios no sólo a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, para que las iglesias y los ministros de culto puedan ser propietarios de medios de comunicación -en lo que también coinciden algunos jerarcas de la Iglesia católica-, sino también a aquellas que tienen qué ver con los derechos indígenas y las garantías individuales.

Por otra parte, los pastores evangélicos reconocieron la labor de la actual administración para evitar y sancionar los casos de intolerancia religiosa, así como los acuerdos que se han firmado recientemente, sobre todo en Chiapas, donde los usos y costumbres todavía están por encima de la libertad de culto que consagra la Carta Magna.

En tanto, Salvador Beltrán del Río ofreció buscar espacios en el terreno legislativo y organizar un encuentro plural con legisladores de todos los partidos políticos para que sean los diputados y senadores quienes modifiquen las leyes y permitan que los medios electrónicos puedan difundir sin restricciones programa de contenido religioso en México, según informó Oscar Moha.

Dijo que actualmente existen al menos cien estaciones de radio comunitarias en todo el país, que difunden información bíblica en frecuencia modulada, cuyos operadores son cristianos evangélicos, principalmente en zonas indígenas.

Nuevas reglas de operación para programa vivienda rural 2009 del Fonhapo

Ciudad de México, DF., (Quadratín).- El Programa “Vivienda Rural” que impulsa la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), a través del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) apoya a las familias mexicanas en condiciones de pobreza patrimonial que habitan en localidades rurales e indígenas de alta y muy alta marginación de hasta cinco mil habitantes, por medio de un subsidio federal para que edifiquen, amplíen o mejoren su vivienda y puedan elevar su calidad de vida.

Para este año, el Fonhapo tiene autorizado por el Congreso de la Unión un presupuesto de 379 millones 722 mil 483 pesos para el Programa “Vivienda Rural”, con el que se prevé realizar 16 mil 433 acciones de vivienda rural e indígena en beneficio de las familias más pobres del país.

Lo anterior quedó de manifiesto en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Sedesol, mediante el cual se establecen las modificaciones a las Reglas de Operación del Programa “Vivienda Rural” del Fonhapo, mismas que entraron en vigor el 2 de enero del 2009.

Mediante este programa se busca la concurrencia de esfuerzos de los beneficiarios, los tres órdenes de gobierno y, en su caso, de las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, con el propósito de fortalecer el patrimonio de las familias de escasos recursos que habitan en zonas rurales.

Dicho acuerdo también establece que en este programa se aplican tres modalidades de apoyo: edificación de una Unidad Básica de Vivienda Rural (UBVR), ampliación y mejoramiento de la vivienda existente.

Dicho programa se enmarca en el eje “Igualdad de Oportunidades” del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, cuya prioridad es reducir significativamente el número de mexicanos en condición de pobreza, a través de políticas públicas que superen el enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.

Además, se apoyará a las regiones más marginadas del país para reducir la brecha regional de desarrollo humano.

En el mismo sentido y como parte de la estrategia Vivir Mejor, con este programa se coadyuva a combatir los rezagos que persisten para la adquisición y mejora de la vivienda, garantizando la atención a la población más pobre.

De esta manera, el acuerdo señala que se contribuirá a que las familias rurales e indígenas en situación de pobreza patrimonial mejoren su calidad de vida a través de soluciones de vivienda.

El Programa “Vivienda Rural” del Fonhapo operará a nivel nacional en las localidades rurales o indígenas de hasta cinco mil habitantes, clasificadas como de alta o muy alta marginación y beneficiará principalmente a familias mexicanas en pobreza patrimonial.

Para apoyos a familias rurales indígenas que lo requieran, el Gobierno Federal, vía Sedesol y Fonhapo, destinará un subsidio de 40 mil pesos para edificaciones rurales nuevas. Por su parte, los gobiernos estatales o municipales contribuirán con el 30 por ciento del valor de la vivienda y los beneficiarios lo harán con el cinco por ciento, ya sea en efectivo o mediante su mano de obra, para construir la vivienda.

En caso de ampliación de vivienda, el Gobierno Federal invertirá 20 mil pesos, los estados o municipios el 30 por ciento del valor de la obra y los beneficiarios el cinco por ciento, en efectivo o en mano de obra.

El mejoramiento de vivienda tendrá una aportación federal de 15 mil pesos, los gobiernos estatales o municipales apoyarán con el 30 por ciento del valor de la obra y los beneficiarios con el cinco por ciento, en efectivo o con mano de obra, para realizar la obra a través de la autoconstrucción.

En el programa “Vivienda Rural” del Fonhapo los recursos de los gobiernos estatales o municipales podrán ser complementados o sustituidos por la aportación de empresarios agropecuarios, organismos privados y sociales de carácter nacional o internacional o por organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro.

Asimismo, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que así lo deseen podrán fungir como Instancias de Apoyo de las Instancias Ejecutoras, los gobiernos estatales o municipales o la Sedesol, en el marco de las presentes reglas y de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las OSC, determinando la Instancia Ejecutora su grado de participación en el Programa.

Quedarán excluidas como Instancias de Apoyo aquellas OSC que adeuden comprobaciones a la Sedesol o tengan iniciados procesos jurídicos por parte de la misma.

Las OSC que participen en el programa serán excluidas en caso de incurrir en actos de corrupción (desvío de recursos o cobro de cuotas, en dinero o en especie, por gestionar recursos a los beneficiarios). En tal caso, la Instancia Ejecutora deberá cancelar el convenio suscrito con dicha instancia, así como excluirla de futuras ejecuciones del programa.

El programa impulsará la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de la incorporación gradual de la Perspectiva de Género en las diversas fases de su operación, específicamente en materia de desagregación de información e indicadores y evaluación externa.

Se propiciará también la participación de los beneficiarios del Programa “Vivienda Rural” en la integración y operación de las contralorías sociales, para el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el mismo, así como de la correcta aplicación de los recursos públicos asignados.

Las delegaciones de la Sedesol, en coordinación con el Fonhapo, serán las encargadas de realizar la promoción y difusión de este programa y se darán a conocer las acciones a realizar y las comunidades beneficiadas.