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31/01/2010

Jóvenes mixtecos se involucran con las artes


Por René López, corresponsal

Tlaxiaco, Oax.-
Más de trescientos jóvenes indígenas, provenientes de ocho telesecundarias de la región Mixteca de Oaxaca, se expresaron a través de las bellas artes como la poesía oratoria, y bailables nacionales, en el encuentro, cultural y académico del nivel básico, que se desarrolló el fin de semana en la población de Emilio Portes Gil, Santo Tomas Ocotepec.

Con trayecto de más de tres horas de camino, poblaciones como San Pedro Yosotatu, Santa María Yucuhiti, llegaron con sus estudiantes a esta comunidad alejada, para demostrar sus enseñanzas en las bellas artes con jóvenes de otras poblaciones.

Es una exposición de color, fuerza, alegría, entusiasmo, llantos y nostalgias en este concurso donde los jóvenes indígenas que estudian en las telesecundarias encuentra un modo para su expresión en esta adolescencia que les aqueja, dio a conocer el director y coordinador de las actividades artísticas, Luis Fidel Hernández Bautista.

El objetivo central de este encuentro es generar valor por las bellas artes, disciplinas que también forman parte de la vida académica de las instituciones educativas, y se trata de no hacer las cosas por rebote si no, que estos trabajos son constantes, ya que son muchos días de esfuerzos para que finalmente se haga este encuentro.

Los jóvenes tienen que ser competitivos y se les enseña a convivir con jóvenes de otros poblados a través de las artes como el baile, la danza, la poesía, la oratoria, el teatro, la pintura, entre otras, que en esta ocasión abarrotó esta comunidad.

En este encuentro a parte de compartir estas enseñanzas de las bellas artes, también conviven y se conocen, desde su actuar hasta comunicarse en sus variantes del idioma Mixteco, que por un lado fomenta sus tradiciones y las incorpora al mundo contemporáneo a partir del arte.

A este encuentro se dieron cita poblaciones como Nonuma, San Pedro Yosotatu, Juan Escutia Cuquila, Emilio Portes Gil, Zaragoza, San Lucas, Yucuhiti y Plan alemán, Ocotepec.

Festejarán indígenas la promulgación de la Constitución

Por René López, corresponsal

Tlaxiaco, Oax.-
Como una de las consecuencias más significativas de la Revolución Social Mexicana de 1910, los caudillos revolucionarios procedieron a la adecuación de la Ley fundamental del país en 1917, por la que ahora nos regimos; y ante esta causa, en la población de Santa Rosa Ñumi, región Mixteca, realizaran actividades festivas con la participación de 19 rancherías y núcleos rurales que se involucrarán por dos días, 4 y 5 de febrero.

La promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ahora en su 93 aniversario, y que se celebrará en esta localidad con la participación de más de 25 instituciones de nivel primaria y secundaría provenientes de 19 rancherías, es para revalorar que esta carta magna es una de las más avanzadas del mundo, primordialmente porque tomó en cuenta los postulados de la justicia social y los planteamientos de los artículos: 3º, 27 y 123. Coincidieron en entrevista, las autoridades municipales, Esteban Santos Cruz, agente y Alberto Castro Santos, agente suplente.

Dieron a conocer, realizaran diversas actividades sociales, entre ellas encuentros deportivos donde participan todas las instituciones, así como un programa cultural, donde se dará a conocer la importancia de la constitución, porque es imprescindible que en las escuelas se hable con claridad y se aproveche oportunamente el XCIII aniversario, para difundir entre niños y jóvenes, los aspectos más relevantes del documento.

Será provechoso que se eviten la demagogia y la reproducción del discurso oficialista, porque aquí resaltaremos nuestros derechos y obligaciones consagrados en la ley que rige la vida jurídica de la Nación y de los pueblos indígenas que en general enmarca a todos.

Esta celebración única en esta comunidad, es la oportunidad para una reflexión del estado en que se encuentra la sociedad, verificar si el gobierno de la República está rigiendo su mandato mediante el fiel cumplimiento de los preceptos constitucionales.

En esta Carta Magna se establece que en todo el territorio nacional los trabajadores asalariados deben recibir un salario justo por su trabajo y este aniversario de la Constitución se debe pugnar por una impartición de justicia imparcial y expedita, agregaron.

Las actividades inician este 4 de febrero en la cancha municipal, con un acto cívico con la presencia de más de 25 instituciones educativas, después inaugurarán dos obras municipales con recursos federal, una caja de agua con inversión a los 530 mil pesos y un comedor comunitario donde se invirtieron un aproximado de 150 mil pesos que beneficia a las enfermeras de la casa de salud.

Continúan las actividades para el cinco de febrero con diversas actividades culturales y la reanudación del torneo de basquetbol y un programa cultural.
Según datos, la constitución de 1857 formó parte de la legislación conocida como las Leyes de Reforma, promulgadas por un grupo de liberales del que destacan Benito Juárez, Miguel Lerdo de Tejada y Melchor Ocampo.

Sección 22 de la Mixteca a favor de los sindicatos


Por René López, corresponsal

Tlaxiaco, Oax.-
Dos mil trescientos maestros mixtecos, con pancartas y consignas, salieron a las calles de la ciudad de Tlaxiaco, el fin de semana, donde manifestaron su apoyo a la lucha del Sindicato mexicano de electricistas, y su repudio a las malas acciones gubernamentales que divide y destroza a los sindicatos.

Con consignas y pancartas, los trabajadores de la educación de la región Mixteca aglutinados en la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se manifestaron en contra de las acciones de desaparición que están emprendiendo los gobiernos, estatal y federal para desarticular a los sindicatos de trabajadores.

Raúl Hernández, representante de la sección 22 en esta región, al tomar la palabra en el mitin que realizaron después de su recorrido por las calles, dio a conocer que de todos los rincones los maestros del SNTE estamos en apoyo a los compañeros de lucha social, de aquellos que se organizan y exigen una administración justa de los impuestos que pagamos.

Aquellos que siguen en el poder que nosotros les dimos están haciendo reformas sin tomar en cuenta la opinión de los pueblos y esas acciones estructurales dañan el patrimonio de los mexicanos, como han dañado al sindicato mexicano de electricistas, donde han quebrantado el estado de derecho para dar paso a la privatización de la energía eléctrica.

Los servidores públicos que están el poder, siguen entregando las riquezas a los extranjeros, y quieren seguir desapareciendo sindicatos y todos sus beneficios que han logrado a más de doscientos años de lucha constante.

Temen que la gente este organizados en sindicatos y por eso a toda costa están emprendiendo una guerra sucia a través de las fuerzas policiales para aterrorizar toda acción de los trabajadores.

Soledad Ortiz Vásquez, trabadora de la educación, abundo que las diversas reformas que los poderosos están haciendo, entre ellas la privatización de la educación y de la salud, pone en riesgo a los que menos tienen y sobre todo en las poblaciones más alejadas y marginadas, por eso, debemos estar organizados para no permitirlas.

Rafael Santiago Reyes, otro de los trabajadores dio a conocer que una de las principales demandas del magisterio es un pago justo, que desde el año el 2003, los que están en el poder han negado el aumento salarial a los trabajadores de la educación.

Esta manifestación a nivel estatal, nacional y desde todos los rincones de Oaxaca, acordada el pasado 16 de enero con la finalidad de decirles a los gobiernos neoliberales.

Los trabajadores desde la revolución mexicana y desde el año 1917, fecha cuando se plasmó las garantías individuales, a trabajo igual un salario equitativo y la lucha tendrá que seguir por defender el artículo 23, tercero y el 31 para no se modifiquen y den paso a una educación privada que lastimaría a todo el pueblo mexicano.

Aseguraron, a través de mantas y carteles, que seguirán brindando el apoyo a los trabajadores del Sindicato de Electricistas luego de que el gobierno no ha cumplido con los puntos de su pliego petitorio en el que establece mejores condiciones laborales, una exigencia que hará desde todos los rincones del estado de Oaxaca.

Raúl Hernández, representante de los trabajadores aglutinado en la sección 22 de Oaxaca, en entrevista dio a conocer, Se siguen violando los acuerdos que en mesas de trabajo y de dialogo el propio gobierno del estado ha firmado y con ello no se han cumplido estas demandas, ni mucho se han respetado a este gremio de trabajadores de la educación.

Abundó que esta manifestación se da en el ámbito estatal, pero con incidencia en todas las regiones, particularmente en la Mixteca, los maestros realizan un trabajo contundente en lucha a fin de que estos acuerdos se cumplan.

En la región Mixteca, se suman más de 9 mil trabajadores de la educación que salieron a manifestarse de los distritos de Juxtlahuaca, Huajuapan, Tamazulapan, Silacayoapan y otras poblaciones.

Celebran liberación de permiso a radios indígenas en México

Oaxaca, Oax., (Ciudadanía Express).- El pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) otorgó el pasado 27 de enero, 19 permisos para operar estaciones de radio y canales de televisión a diversas entidades, entre ellas el Congreso de la Unión, al gobierno del Distrito Federal y a radios indígenas.

De este grupo de autorizaciones la Cofetel otorgó permisos de operación a 6 radios comunitarias.

El órgano regulador informó que conforme a las atribuciones que le confirmó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y como establecen las leyes Federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión desde 2006, tiene facultad para dar permisos en materia de radiodifusión, refrendar o modificar los permisos.

El pleno del órgano regulador aprobó así que el Gobierno del Distrito Federal, el Congreso de la Unión y la Universidad de Guadalajara operen canales de televisión digitales con fines culturales.

Al Canal del Gobierno del Distrito Federal se le asignó la frecuencia 512-518 Mhz., canal 21; el Congreso de la Unión operará su canal de televisión digital en la frecuencia 656-662 MHz, canal 45; y la Universidad de Guadalajara en la frecuencia 44.

La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) otorgó permisos para operar como un medio de comunicación a 6 radios comunitarias, dirigidas a poblaciones indígenas, campesinas y obreras, con lo que llegan a 19 el número de emisoras de este tipo en el país, apunta la agencia de noticias Cimac.

Las radios permisionadas fueron: “Por la igualdad social A.C.” de Monterrey, Nuevo León, “Cultura y Comunicación de Zaachila” de Zaachila, Oaxaca, “Teponaztle Cultura y Comunicación” de Tepoztlán, Morelos, “Comunicadores Filo de Tierra Colorada” de Xaltepec Palmar del Bravo, Puebla, “Voz Flor y Canto” de Otumba y “Radio Aro” de Ciudad Nezahualcoyotl, ambas del Estado de México, precisa un comunicado de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias-México (AMARC)

También obtuvieron su autorización, Radio Mintzita, de Michoacán, Fundación Maya de Cancún, Quintana Roo, Grupo Radio Monte, de Jalisco, operará en la 99.1 de FM.

La radiodifusora comunitaria Radio Mintzita, opera en la comunidad del mismo nombre y que sirve a poco más de mil 300 habitantes cercanos a la ciudad de Morelia.

El hecho constituye un paso fundamental para reconocer el derecho de las comunidades a la libertad de expresión a través de la radio, y el cumplimiento del Estado mexicano a las recomendaciones que le han hecho diversos organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

No obstante, las radios comunitarias siguen representando menos del 1 por ciento del total de las frecuencias que actualmente operan los sectores comercial y estatal, por lo que aún queda un largo camino por recorrer para equilibrar las asimetrías en la radiodifusión y fortalecer la democratización mediática del país.

Si bien AMARC-México se congratula, hace un llamado a la Cofetel a fin de que continúe con esta política de reconocimiento a los medios comunitarios e indígenas

AMARC pormenoriza que el reconocimiento de éstas radios no ha sido nada fácil muchos periodistas se han visto amenazados o muertos por diversos grupos de poder, por el simple hecho de orientar a la población sobre sus derechos y denunciar las injusticias, expuso AMARC.

Es el caso del asesinato registrado el 7 de abril de 2008, de las conductoras Felícitas Martínez y Teresa Bautista, dos indígenas triquis de la radio comunitaria “La Voz que Rompe el Silencio”, que defendían los derechos de las mujeres y la autonomía indígena.

A casi dos años de este suceso, no cesan las represiones y agresiones en contra de las y los conductores de emisoras indígenas.

Estas mismas denuncias han sido expuestas por periodistas indígenas del Congreso Nacional de Comunicación Indígena (CNCI).

En sus demandas, los comunicadores indígenas han reportado el desmantelamiento de sus emisoras como “La Rabiosa” en Huajuapan de León, Oaxaca, la agresión en Xochixtlahuaca, Guerrero a la radio “La Voz del Agua”, la destrucción de las estaciones radiales de Ocumicho y San Juan Nuevo, Michoacán, respectivamente.

También es permanente el hostigamiento contra reporteros indígenas.

“La Rabiosa” forma parte de la Red de Radios y TV Comunitarias Indígenas del Sureste de México, el mismo grupo a la que pertenece la Radio Triqui “La Voz que Rompe el Silencio” de San Juan Copala, cuyas locutoras Felicitas Martínez y Teresa Bautista fueron asesinadas apenas en abril del 2008.

El director general de “La Rabiosa” a su vez, coordinador de la Red de Radios Caracol en la región mixteca y triqui, Fredy Landa, abundó en torno al caso, manifestó que agentes PFP se presentaron en el municipio de Huajuapan de León para llevarse los equipos.

“Llegaron sin una orden, ni notificación, sólo nos dijeron que si nos oponíamos traerían al agente del Ministerio Público y se llevaron todo, transmisor, equipo de cómputo, antenas, todo el equipo, nos dejaron en cero”, relató.

Landa agregó, entonces, que este desmantelamiento se dio en vísperas del Encuentro de Radios Comunitarias y Libres, que se realizaría los días 30 y 31 de Agosto de 2008 en el municipio de Zaachila, en los Valles Centrales de Oaxaca, cuya radiodifusora obtuvo este 27 de enero del 2010, el permiso de transmisión de la Cofetel.

Si bien desde 1999 ha proliferado la aparición de radios comunitarias, la mayoría opera sin el permiso que exige el marco jurídico ya que el Estado mexicano se ha negado a dárselos o les pone condicionantes, a las cuales les resulta imposible acceder precisamente por su razón de comunitarias e incipientes, lo que a su vez las coloca en situación de vulnerabilidad.

De ahí la conformación del Grupo de Trabajo del Programa para el Ejercicio de los Derechos de los Pueblos Indígenas a Adquirir, Administrar y Operar Medios de Comunicación

El resultado del grupo es el Manual para el Trámite de Permisos de Radiodifusión Indígena, mismo que se presentó el 19 de mayo del 2009, en el Club de Periodistas de la Ciudad de México.

En el 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó, que tal y como lo establecen las Leyes Federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión desde 2006, la Cofetel es quien tiene la facultad de otorgar este tipo de permisos.

El resto de las autorizaciones de radiodifusión corresponden a 10 permisionarios que servirán a diferentes comunidades para cuestiones de interés social, entre ellas Plenitud de Vida, A.C., ubicada en Nayarit con la frecuencia 1280 AM.

Zapatistas denuncian desalojo y destrucción de comunidad indígena

San Cristóbal de las Casas, Chis., (La Jornada).- La junta de buen gobierno (JBG) El camino del futuro, con sede en el caracol de La Garrucha, denunció este viernes el desalojo y destrucción de la comunidad indígena Laguna San Pedro, en el municipio autónomo Ricardo Flores Magón, el pasado 22 de enero. La intención gubernamental explícita es "reforestar" el área y establecer centros ecoturísticos privados en Montes Azules, dentro de la considerada reserva de la biosfera.

Mientras ardían las casas de los indígenas, relata la JBG, los zapatistas fueron forzados a abordar helicópteros oficiales para ser trasladados a la ciudad de Palenque, donde pasaron "hambre y frío" en un albergue hasta que recibieron atención de organismos civiles independientes.

Como ha ocurrido anteriormente, el operativo fue precedido de una oportuna "solicitud" al respecto de las autoridades lacandonas asentadas en Lacanjá Chansayab, dueñas legales de 600 mil hectáreas de selva y habitual ariete para expulsar a los pobladores de Montes Azules.

Antes del desalojo fuerzas enviadas por “el mal gobierno federal, estatal perredista de Juan Sabines Guerrero y (el) presidente municipal (panista) de Ocosingo Carlos Leonel Solórzano realizaron un operativo (con) policías federales, acompañados por funcionarios de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa)”, quienes sobrevolaron con cuatro helicópteros el poblado Laguna San Pedro "para causarle miedo a la población", relata la JBG.

Ésta señala que participaron en la acción policías estatales y federales, tropas del Ejército, funcionarios del gobierno, camarógrafos y periodistas. Una vez en tierra, los funcionarios "platicaron con hombres y mujeres mientras los policías aprovechaban para quemar las casas de las bases de apoyo zapatistas".

Cómo es posible que "el mal gobierno hable de diálogo mientras sus policías y Ejército queman las pertenecias de los compañeros", cuestiona la JBG desde el caracol Resistencia hacia un nuevo amanecer. "Cómo es posible que el mal gobierno desaloje a los indígenas chiapanecos y mexicanos mientras ocupa la tierra para la construcción de ecoturismo para otras naciones".

Cabe recordar que tras el desalojo el gobierno estatal anunció que en días próximos iba a desocupar seis poblados más, incluido el 6 de Octubre, también zapatista, además de Nuevo San Gregorio, Ranchería Corozal y Salvador Allende, entre otras. Se sumarían a Suspiro, Buen Samaritano, Nuevo Salvador Allende y la mencionada Laguna San Pedro, que el gobierno llama San Pedro Guanil.

El ex gobernador panista de Yucatán Patricio Patrón Laviada, titular de la Profepa, visitó Chiapas en días pasados y acordó dichas acciones con el secretario de Gobierno de la entidad, Noé Castañón León, quien el martes 26 hizo público el acuerdo para "reforestar" y establecer un centro ecoturístico dentro de Montes Azules, se supone que a cargo de pobladores de Nueva Palestina, miembros secundarios de la denominada "comunidad lacandona" y responsables impunes de la masacre de Viejo Velasco Suárez en 2006, también en Montes Azules.

El "desarrollo ecoturístico" formaba parte de los proyectos de inversión del empresario Moisés Saba, fallecido semanas atrás en un accidente de helicóptero a las afueras de la ciudad de México. Otro proyecto suyo era la producción de biodisel en un millar de hectáreas de selva. Al parecer los proyectos siguen adelante, al menos por los gobiernos estatal y federal. Según Castañón León, se promoverá el "uso sustentable" de los recursos naturales con proyectos de "desarrollo comunitario" (para los lacandones y sus socios), "educación ambiental y circuitos turísticos de la ruta maya".

La JBG acusa al gobierno de "mentiroso y tramposo, que quema casas de los indígenas", mientras los periódicos hablan de la reubicación de los zapatistas de Laguna San Pedro, a quienes se les destruyeron sus viviendas, saquearon la tienda cooperativa y les ocasionaron pérdidas de árboles frutales, maíz, frijol, ropa y herramientas de trabajo. Los daños materiales ascienden a 585 mil pesos, además de las tierras, que como acostumbran decir los zapatistas no tienen precio.

Liberados 674 indígenas recluidos

Ciudad de México, DF., (El Universal).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que 674 personas pertenecientes a diversas etnias indígenas que estaban recluidas en penales del país fueron liberadas mediante el recurso de libertad anticipada.

De los mil 179 casos que el organismo presentó ante las autoridades judiciales en 2009 para obtener la libertad anticipada o condicionada, se obtuvieron resultados positivos para 72 hombres y 25 mujeres que cumplían sentencias del fuero federal, y para 18 mujeres y 559 varones que estaban sentenciados bajo el fuero común.

Los 674 indígenas liberados pertenecen a las etnias Cora, Chianteco, Chol, Maya, Mixteco, Mayo, Náhuatl y Huichol, entre otras, mismos que recibieron el certificado que tramitó ante las autoridades competentes el Programa de Gestión de Asuntos sobre Beneficios de Libertad Anticipada de la CNDH.

La libertad anticipada o condicionada al cumplimiento de requisitos legales, entre ellos la acreditación de buena conducta durante la reclusión, es un recurso establecido por las leyes mexicanas en favor de quienes han delinquido por primer vez.

En el caso del fuero federal, los beneficios legales obtenidos, dijo la CNDH, son producto del convenio de colaboración que la CNDH firmó en 1999 con la ahora Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, el Instituto de Defensoría Pública y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

En cárceles de México, 8 mil 400 indígenas

Ciudad de México, DF., (El Universal).- Desde hace cuatro años, las indígenas otomíes Teresa González y Alberta Alcántara están en espera de recibir su sentencia; el plazo para que esto ocurra vence en marzo próximo. La PGR las acusa de secuestrar a seis agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) y ha solicitado al juez que les aplique la pena máxima, que podría alcanzar 40 años de prisión —siete menos que la dictada a César Freyre, acusado de secuestrar a Hugo Alberto Wallace, y 10 años menor a la que recibió Juan Manuel Lugo, uno de los miembros de la célula criminal de secuestradores del cártel de Sinaloa.

Los abogados y familiares de Teresa y Alberta creen que la acusación de la PGR es un castigo por el “atrevimiento” que ambas tuvieron al solicitar a los agentes federales que se identificaran, luego de que el 26 de marzo de 2006 pretendieron decomisar la mercancía de tianguistas de la comunidad ñhañhú de Santiago Mexquititlán, en Querétaro. Jacinta Marcial, detenida y acusada del mismo delito, fue liberada por “ausencia de pruebas plenas”, pero no ha podido retomar su vida.

En el penal de Ayutla, en Guerrero, está preso el indígena Raúl Hernández, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa. La Procuraduría del estado dice que es sospechoso de asesinar a un informante del Ejército. Sus abogados aseguran que la única prueba que consta en el expediente y que supuestamente lo inculpa es un “testimonio de oídas”.

En las cárceles mexicanas hay 8 mil 403 indígenas. De ellos, reportó la Secretaría de Seguridad Pública en noviembre pasado, 7 mil 530 son acusados de delitos del fuero común y 873 del federal. Aunque la Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas de la PGR señala, al cierre de 2009, que había mil 7 recluidos por delitos federales.

Los delitos del fuero común por los que más se acusa a los indígenas son violación, homicidio, lesiones y robo. En el ámbito federal, los más recurrentes son contra la salud (en las modalidades de siembra, cultivo, transporte y posesión de droga) y violación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. Las organizaciones civiles agregan que el secuestro, los ataques a las vías generales de comunicación y los delitos ambientales son otros motivos frecuentes para privarlos de la libertad.

Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos e instituciones públicas como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) coinciden en que los indígenas sometidos a un proceso penal se enfrentan a un sistema judicial con “graves deficiencias”, que los detiene, acusa y sentencia con un criterio discriminatorio y racista.

Aseguran que los indígenas se enfrentan a procesos plagados de irregularidades como son: detención ilegal, fabricación de pruebas, tortura, irrespeto al principio de presunción de inocencia, falta de traductores, dilación y aplicación de la máxima pena sin considerar usos y costumbres.

La Organización de los Estados Americanos (OEA), la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero “Tlachinollan” advierten, además, sobre una tendencia reciente en el país para criminalizar a los indígenas y a usar el derecho penal para reprimirlos.

“Desde que inició el gobierno de Felipe Calderón hemos notado que hay un problema que crece cada vez más, porque a los indígenas ahora se les castiga con la represión física o legal por participar en manifestaciones o protestas y querer ejercer su libertad de expresión. Les han inventado hasta delitos, como el llamado ataques a las vías generales de comunicación, que se sustentan, además, mediante la fabricación de pruebas. Ahora reprimen con el derecho penal en la mano y el escarmiento público. Y para rematarlos, los acusan de delitos graves y socialmente reprobados, como el secuestro, para que queden en una situación aún más vulnerable”, asegura Andrés Díaz, abogado del Centro Pro.

Las injusticias de la justicia

Desde el año 2007, la OEA manifestó en un reporte que hizo público en Washington, que “los indígenas sujetos a juicio penal se encuentran normalmente desamparados en medio de un proceso que no entienden porque no hablan español y no cuentan con intérprete. La detención arbitraria es bastante común, así como los excesivos plazos de duración de la prisión preventiva y en general de los juicios. El maltrato y la tortura son también una práctica común para obtener una confesión”.

El informe, elaborado por Katya Salazar, directora del Programa de la Fundación para el Debido Proceso Legal, dice que “en muchos casos se han criminalizado arbitrariamente actividades de protesta, denuncia, resistencia y movilización, enviando a prisión por largo tiempo a presuntos responsables sin pruebas”.

No pierden la fe

Alberta Alcántara y Teresa González están un poco decepcionadas por el trato que han recibido en el aparato de justicia, pero no han perdido la fe. Así lo dice Gabriel, hermano de Alberta y esposo de Teresa. Al igual que ellas, cree que en este caso hay una clara muestra de discriminación por parte de MP, jueces y la Procuraduría General de la República.

“El juez no quiere aceptar que está en un error y que no existen pruebas que sustenten la acusación. Las únicas pruebas que dicen que tienen son las fotografías de un periódico y los testimonios contradictorios de los agentes que ya no están en activo. Ahí se ve la mala fe”.

Los hechos del 3 de agosto de 2006 —día en que las otomíes fueron aprehendidas— fueron fotografiados por la prensa, y esa fue la evidencia contra ellas.

“Fueron detenidas de manera ilegal y no contaron con traductor. El Ministerio Público sin estar especializado, se adjudicó el papel de perito lingüístico y determinó que todas comprendían el castellano, cuando nunca entendieron de qué se les acusaba y no sabían lo que significaba el secuestro”, explica Andrés Díaz, su abogado defensor.

El 25 de noviembre de 2009, la PGR reiteró la acusación contra Alberta y Teresa, y solicitó la pena más alta.

Andrés Díaz dice que la sentencia debe ser absolutoria, “si insisten en criminalizarlas apelaremos”. Teresa ahora es mamá. Tuvo a su hija en prisión.

Ya ni las disculpas

Jacinta Marcial fue liberada el 16 de septiembre de 2009 “por duda razonada”, pues no había pruebas plenas que fundamentaran la responsabilidad penal en los hechos de los que se le inculpaba.

A cuatro meses de distancia, Jacinta dice que percibe su situación “como un sueño (...) Nunca entendí por qué me detuvieron ni por qué me liberaron, no hubo disculpas ni nada”.

Pero ahora su vida en libertad se complicó, pues la actividad comercial que mantenía su hogar se afectó. “A veces salgo a vender a las escuelas, pero al tianguis no he regresado… unos (comerciantes) me recibieron bien y otros mal”.

Quiere que el Estado la indemnice y repare el daño causado después de casi cuatro años de cárcel.

Pablo Navarrete, coordinador de asuntos jurídicos del Inmujeres, afirma que entre algunos encargados de procurar y administrar la justicia “hay un menosprecio hacia los derechos de las mujeres, desconociendo, falta de sensibilidad y una postura misógina y machista”.

Dice que las mujeres sufren doble sanción: reciben las penas más altas, y al salir de prisión son condenadas socialmente.

“Es una política de Estado”

Teresa Paniagua, cuarta visitadora general de la CNDH, dice que las quejas más frecuentes de los indígenas sujetos a un proceso judicial son maltrato en la detención, detenciones arbitrarias sin orden judicial, introducción a sus domicilios sin orden de cateo, defensa deficiente e inadecuada, falta de intérprete y dilación.

Atribuye esos abusos a la falta de profesionalización de los servidores públicos.

Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero “Tlachinollan”, difiere. Dice que se deben a una intención del Estado de criminalizar a los indígenas.

Ese es el caso, asegura, de Raúl Hernández, miembro de la Organización de Pueblo Indígena Me’phaa. También está en espera de sentencia; está detenido en Ayutla, Guerrero, desde el 11 de noviembre de 2008, acusado de homicidio. “La acusación está sustentada en la declaración de dos supuestos testigos que, además, se contradicen”, explica Rosales.

Implicados en las drogas

Los delitos contra la salud son el principal motivo de prisión para los indígenas. Mauricio Camacho, responsable de la Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas de la Procuraduría General de la República, explica que Coahuila es la única entidad que no tiene indígenas encarcelados por estar implicados en la siembra, cultivo, transporte y posesión de drogas.

Dice que la pobreza es motivo por el que se ven obligados a participar en ese delito. “Muchos son utilizados para transportar la droga sin que tengan conocimiento del contenido del paquete que les dan y otros sí saben qué están haciendo, pero desconocen las implicaciones que conlleva. Mientras vivan en la pobreza seguirán siendo utilizados”.

En otros casos, se les detiene por prácticas relacionadas con sus usos y costumbres, como el caso de los huicholes, quienes en su tradicional recolección de peyote para sus ritos son aprehendidos.

“En estos casos la Constitución los protege, porque se justifica la práctica cultural y se les deja en libertad. Lo cierto es que ni siquiera se les debería detener, y para ello deberíamos hacer un frente común”.

Reconoce que los retos que debe resolver el sistema de justicia es la asistencia de traductores en los procesos judiciales, pues hay 62 lenguas reconocidas y 364 variantes, así como la observancia de los usos y costumbres.

Indígenas, en riesgo de desaparecer por la pobreza extrema

Ciudad de México, DF., (La Crónica de Hoy).- El senador priista Heladio Ramírez López, alertó que en México las enfermedades, la desnutrición y la pobreza extrema ponen en riesgo la existencia de las poblaciones indígenas.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Rural en el Senado refirió que en el país, unos 12 millones de indígenas, asentados en 20 mil comunidades de mil 500 municipios, enfrentan exclusión.

Mencionó que la pérdida de algunas lenguas indígenas son muestra de la extinción paulatina de estas comunidades y refirió que son 21 lenguas las que están en situación crítica en el país, entre las que están la chontal, el náhuatl, el zapoteco y el awakateco, del que sólo existen tres personas en Campeche que lo hablan, seguido del tuzanteco en Chiapas, con cinco parlantes.

El también presidente del Frente Nacional de Legisladores del Sector Rural señaló que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hay varios pueblos indígenas donde ya es difícil encontrar un hablante.

Ramírez López dijo que 20 de las 56 etnias que hay en el territorio nacional están en riesgo de extinción, ya que las comunidades y pueblos indígenas ”en su lucha ancestral por hallar los espacios que le permitan superar sus rezagos y marginación, no han encontrado por parte de los gobiernos de ayer y de hoy los cauces y la respuesta para incorporarlos al desarrollo“.

El senador consideró que el Gobierno debe reconocer el estado de emergencia en que viven los indígenas y asumir una política de desarrollo “alejada de la caridad y el asistencialismo, así como hacer efectivas las reformas constitucionales que aseguran el derecho de los indios a la autonomía y autodeterminación de sus pueblos“.

Prioriza México inmunización contra A(H1N1) en comunidades indígenas

Ciudad de México, DF., (Prensa Latina).- El gobierno mexicano prioriza a poblaciones indígenas en la campaña de vacunación contra la influenza A(H1N1) que continúa hoy, con la meta de llegar a casi la mitad de los habitantes del país.

Por albergues indigenistas en el municipio de San Pablo Macuiltianguis, Oaxaca, arrancó la víspera esta atención sectorial, a fin de respaldar el acceso de todos a las atenciones médicas y sanitarias, destacó el Secretario de Salud, José Ángel Córdova.

Hasta la fecha, indicó el funcionario, se aplicaron a escala nacional más de dos millones de dosis del inyectable, con escasos reportes de reacciones adversas de carácter leve.

Según recordó, en noviembre último comenzó este programa por los trabajadores de la Salud vinculados directamente a los pacientes portadores de la virosis y después incluyó a mujeres embarazadas en segundo y tercer trimestres de gestación.

A partir del pasado 15 de enero, se amplió a los ciudadanos más proclives de contraer el A(H1N1) ante factores de riego como obesidad, diabetes, problemas pulmonares, neuromusculares, asma, cáncer y VIH/SIDA.

Córdova destacó que de 150 mil a 200 mil personas reciben inmunización diariamente y el ritmo se reforzará durante este fin de semana mediante puntos móviles de vacunación en las redes de cadenas comerciales.

Para la semana entrante, anunció, esperamos un despliegue similar en las guarderías y estancias a fin de aplicar la vacuna, con el consentimiento de los padres, a la mayor cantidad de niños posibles, y también a las trabajadoras de esos centros.

Las Caravanas de la Salud puestas en práctica en los distintos estados, evaluó el ministro, reforzó el proceso de inmunización en las zonas más vulnerables, donde residen familias en desventaja social.

A causa del A(H1N1) fallecieron hasta el momento en México 969 personas.