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31/03/2010

Llevan a la CIDH caso de 2 indígenas acusados de repartir propaganda del EPR

Ciudad de México, DF., (La Crónica de Hoy).- Los casos de Juan García Cruz, originario de Zacapoaxtla, Puebla, y de Santiago Sánchez, de Tlaxiaco, Oaxaca, quienes cumplen condenas de 40 de años de prisión en el Estado de México, fue llevado a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ambos acusados fueron detenidos y –a decir de familiares, abogados y aun médicos legistas— torturados el 6 junio del 1997 por policías judiciales del Distrito Federal, acusados de estar armados y repartiendo propaganda del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

La versión de la policía judicial es que los dos hombres los llevaron a una supuesta casa de seguridad, en un cuarto de vecindad.

“Los policías señalan que ahí encontraron propaganda del EPR y armas de fuego, sin embargo, no existe un inventario de objetos encontrados, mismo que tiene que ponerse en disposición del juez, y que las personas detenida tienen que firmar, tal como lo señala el Código Penal”, señaló el Centro Nacional de Comunicación Socail (Cencos) en un comunicado.

Por el contrario, Juan y Santiago afirman haber sido detenidos en su domicilio, la madrugada del 6 de junio por personas vestidas de negro que nunca se identificaron.

Asimismo, aseguran haber firmado las declaraciones sobre papeles en blanco en el Ministerio Público, haber sufrido tortura y amenazas de muerte durante la detención.

Documentos oficiales firmados y sellados por los médicos legistas Luis Guzmán García y Martín García Uribe, que dan fe de que Juan y Santiago sufrieron golpes en cabeza, tórax, brazos, y región lumbar durante su detención.

Por ese motivo, las defensoras Pilar Noriega, de Abogados y Abogadas para la Justicia y los Derechos Humanos; Alejandra Nuño del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y Servicios Legales Información y Estudios Jurídicos, presentaron una queja ante la CIDH el pasado 22 de marzo durante el 168 periodo de sesiones del organismo.

Según el comunicado, las defensoras argumentaron que la condena que actualmente purgan Juan García y Santiago Sánchez está basada en diversas violaciones a derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, ocurridas en un contexto de práctica de tortura infringida por parte de agentes del Estado mexicano, misma que ha sido denunciada durante años por organismos nacionales e internacionales que trabajan la materia.