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29 dic 2010

Subsisten 12 mil indígenas en Naucalpan

Naucalpan, Méx., (Milenio).- Enclavados en la sierra poniente de este municipio, subsisten al menos 12 mil indígenas que conforman las comunidades de San Francisco Chimalpa y Santiago Tepatlaxco, quienes han salido a los centros urbanos en busca de la ayuda oficial.


El abandono gubernamental, se ha sentido aún más en los últimos 12 años, a pesar de que somos más antiguos que la cabecera municipal, que las emblemáticas torres de Ciudad Satélite, sentencia Natalia Márquez, delegada de los poblados.

No somos migrantes y sin embargo, en la última administración municipal, decidieron rechazar la iniciativa de los ciudadanos en el pago del impuesto predial para evitar la prestación de los servicios públicos más elementales como agua, luz, drenaje.

Nuestros antepasados, nos heredaron los manantiales que brotan en los bosques que rodean las comunidades, de esto nos abastecemos, inquirió Natalia, una joven mujer de origen otomí.

El agua que brota de manantiales en San Francisco Chimalpa y Santiago Tepatlaxco, se mezcla con las aguas negras de ríos contaminados que atraviesan la zona ante la poca infraestructura para almacenarla y distribuirla entre la población que, paradójicamente, sufre escasez del líquido, comenta Natalia.
Los originarios de las poblaciones, ubicadas en la parte alta de Naucalpan, consideran inaudito que se pierda el agua cristalina de los manantiales ante lo que considera la ausencia de una política de gobierno que no atiende de fondo esta situación.

Aquí, uno de los más importantes generadores de riqueza del Estado de México, coexisten núcleos humanos con antecedentes milenarios y otros mas recientes, resultado de un crecimiento formal e irregular y vertiginoso en las últimas cinco décadas, provocado por su ubicación cercana al Distrito Federal y donde se asienta el estratégico corredor industrial valle Cuautitlán-Texcoco, el más importante del país.

A pesar de la modernidad, estas comunidades se organizan aún por el sistema de usos y costumbres, luchan por conservar sus ritos religiosos y con frecuencia se reúnen para pedir la benevolencia de sus ancestros para aliviar el abandono oficial, la marginación y la pobreza de los núcleos indígenas de origen Mazahua, Otomi, Nahuatl, Matalatzinca y Tlahuica de Naucalpan.

Según cifras oficiales, del Censo de Población y Vivienda 2005, el Estado de México, alberga 312 mil 319 personas de 5 años y más hablantes de alguna lengua indígena; de ellas, 182 mil 899 corresponden a los pueblos indígenas originarios del estado y los 129 mil 420 restantes pertenecen a personas indígenas de otras entidades del país.

Los pueblos indígenas en el Estado de México, que históricamente han compartido el territorio son cinco; en orden descendente, según el tamaño de su población son: el pueblo mazahua, con una población total de 95 mil 411 hablantes, que representan 52.2 por ciento de la población originaria; el otomí, con 83 mil 352 hablantes, que significan 45.6 por ciento; el náhuatl, con 2 mil 367, que representa 1.3 por ciento.

Mientras los matlazincas, con 952 hablantes, representan 0.5 por ciento y finalmente el tlahuica, con una población total de 817 personas, significan 0.4 por ciento.

En 2011 podría haber reforma indígena, confían diputados del PRD

Morelia, Mich., (Quadratín).- Luego de casi 8 años de espera, en 2011 se podría tener listo un dictamen para la reforma a la Constitución Política de Michoacán en materia indígena, coincidieron en señalar los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Jesús Lucas Ángel, Gabriela Molina Aguilar y Antonio Cruz Lucatero, todos ellos integrantes de la Comisión de Cultura Indígena del Congreso del Estado.

Al respecto, los representantes populares manifestaron que un gran avance lo constituyó la instalación de la Mesa Técnica para la Reforma Indígena en Michoacán, que se concretó en noviembre de 2010, así como el hecho de que a la misma se haya convocado a especialistas en el tema que trabajarán de manera permanente.


Entre los primeros acuerdos de ese grupo de trabajo, afirmó el presidente de la Comisión de Cultura Indígena, José Jesús Lucas, se encuentra el de enviar la iniciativa a diferentes instituciones de prestigio para que hagan su valoración de la misma y emitan sus opiniones y recomendaciones.


Así, entre aquellas instituciones a las que se remitió el documento destacan la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Colegio de Michoacán, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, así como al alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México, entre otras instancias.


Lucas Ángel indicó que la propuesta se analizará por ejes temáticos, como derechos colectivos de la multiculturalidad, derechos políticos y de representación electoral, derechos jurisdiccionales y pluralismo jurídico, derechos territoriales, derechos económicos y sociales y derechos culturales.


Por su parte, Gabriela Molina, quien es además presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, Equidad y Género del Congreso del Estado, recordó que desde 2003 hasta 2008 se realizaron diversos talleres y foros por parte del Ejecutivo estatal con el fin de lograr consensos en los diferentes tópicos. Incluso en 2009 se llevaron también diversas actividades de consulta con la participación de diputados locales.


El objetivo de la iniciativa, explicó la legisladora, es garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, motivo por el que se ha solicitado la participación de especialistas en la materia con la intención de que el marco jurídico que se presente ante el pleno del Poder Legislativo de Michoacán contemple los derechos de todos los pueblos indígenas de Michoacán.


Para Antonio Cruz, que es además vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la reforma constitucional en materia indígena plantea que al interior de las comunidades de las etnias se trabaje de manera pluricultural y plurilingüe, además de que se garantice el derecho a la autonomía, entendida como la capacidad de autogestión de los pueblos indígenas y no como un concepto de exclusión de los pueblos y comunidades.


En su opinión, es urgente que se realicen acciones y que se modifiquen los marcos jurídicos con la intención de contribuir a mejorar la calidad de vida de este sector de la población, ya que de acuerdo con datos del Colegio de México, en las zonas indígenas 1 de cada 2 hogares presenta condiciones de pobreza extrema y al menos 7 de cada 10 mujeres viven en situación de marginación, sólo por poner algunos ejemplos de las condiciones en que se encuentran.