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07/01/2009

Interponen demanda indígenas por tierras expropiadas para zona de reserva ecológica

Oaxaca, Oax., (Olor a mi Tierra).- Habitantes de la población de Santa Cruz de Candayoc, Cotzocon en la región mixe interpusieron una demanda de amparo ante la justicia federal con el objetivo de recuperar cerca de 19 mil hectáreas de tierras que le fueron expropiadas para reubicar a los afectados por la construcción de las presas Cerro de Oro y Miguel Alemán, en la región de la cuenca del Papaloapan.

Este amparo que interpusieron al inicio de esta semana, también fue en contra del decreto emitido por el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, en el que les expropian dos mil 50 hectáreas como zona de reserva ecológica.

A través de un comunicado firmado por las autoridades de aquella población, encabezados por el agente municipal Emiliano López Victoriano, así como por el presidente de Bienes Comunales Guillermo Remigio Celio.

Especifican que el amparo fue interpuesto ante el Juzgado Primero de Distrito en la ciudad de Oaxaca y señalan que las tierras expropiadas para reubicar a los afectados por las presas “nunca fue realidad, la entonces Comisión del Papaloapam, se dedicó a venderlas al mejor postor y el dinero de la indemnización 600 mil pesos de aquella época (seis millones actualmente) fue entregado a un particular que nunca comprobó ser dueño de las tierras”.

El documento agrega que “a nosotros nos tocó solo tristezas, agresiones y desolación, muchas veces tuvimos que lidiar y correr a la Policía Hidráulica que a cartucho cortado se introdujeron a nuestras tierras. Hoy esta expropiación sigue sin ser indemnizada”.

Con la presentación de este amparo esperan recuperar sus tierras y confían –dicen—en el nuevo marco de los derechos indígenas y de los derechos humanos en el plano nacional e internacional.

Descartan ediles participar en reunión de indígenas

Huajuapan de León, Oax., (Tiempo).- Los presidentes municipales de los pueblos Chocholtecos se rehusaron a participar en la tercera reunión de dichas comunidades en la población de Nativitas, informó Teofilo Soriano Rivera, presidente del Consejo Indígena Municipal de los pueblos Ngiba.

Explicó que los presidentes municipales se reunieron con el gobierno del estado en Tequixtepec; sin embargo, el problema radicó en que él no asistió por compromisos con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), ni el director de CDI en Nochixtlan, Ángel Arturo Galindo, para plantear el proyecto de Cultura para los pueblos Chocholtecos o Ngiba, así que nadie lo trató, ahora hay que buscar al director para acordar otra reunión para tratar dicho proyecto.

Soriano Rivera aseguró que habían quedado con el director para convocar a los presidentes municipales y ponerse de acuerdo porque los recursos económicos que ascienden a cuatro millones de pesos existen, pero si no hay proyectos no pueden fluir.

Recordó que la primera reunión se hizo en Nochixtlán, Teotongo, Tamazulapan y Tequixtepec, la segunda en Teotongo, la Trinidad y Tequixtepec, mientras que la tercera tenía que hacerse en la población de Nativitas, pero no se pudo realizar.

El presidente del consejo indígena municipal de los pueblos Chocholtecos reveló que habían quedado con el director, Ángel Arturo Galindo, de que se reunirían con los presidentes municipales en San Miguel Tequixtepec a otro asunto porque estaba el gobierno estatal e iban los presidentes municipales, para aprovechar esa reunión y poder decirles: “señores presidentes municipales, hay dinero para todos los pueblos indígenas Chocholtecos”.

Resultó que recibió un oficio de que como consejero del pueblo Chocholteco tenía que estar el día cuatro de diciembre en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en México, ya que el día cinco salían rumbo a Europa a la décima sexta Asamblea Nacional.

En vista de que ya no pudo asistir, comentó, tuvo que ver al director para decirle: “aquí están las cartas por favor cubra eso, atienda, asista, ayude a los hermanos indígenas, le dejé toda la documentación para que él estuviera ahí en San Miguel Tequixtepec, me fui a México y me mandaron a Europa”.

Se reportó a su regreso pero no estuvo el director ni la secretaria de la CDI de Nochixtlán. El viernes 2 de enero localizó al director, Ángel Arturo Galindo, quien le dijo que no había asistido, entonces le pedió todas sus cartas para mandarlas a los presidentes.

Finalmente expresó que él quisiera que sus hermanos indígenas, principalmente las autoridades municipales, tomaran empeño al llamado que hacen sus representantes o el gobierno, además de estar atentos de qué se trata y participar.

Festejan Día de Reyes en comunidades pobres de Jamiltepec








Por Élfego Gregorio Jiménez, corresponsal


Santiago Jamiltepec, Oax.- Cientos de niños de comunidades marginadas, disfrutaron el día de reyes, que desde muy temprana hora se reunieron en el centro de la comunidad, acompañados de sus padres y hermanos, que con sonrisas estaban a la espera de tener entre sus manos un juguete.

El reconocimiento de los niños, que alejados de la cabecera municipal, aún mantenían la esperanza e recibir un regalo. Y a través de un recorrido por parte de los integrantes del programa “Poder Joven Radio” y la radiodifusora local XEJAM “La Voz de la Costa Chica”, repartieron obsequios a los infantes.


La pobreza en la que viven las familias es notoria, tan solo llegar a la comunidad de
Emiliano Zapata, una de las más olvidadas por el actual munícipe Prisciliano Ramírez García, en los lomeríos, asoman las casa construidas con madera, alguna que otra de concreto sin terminar.

De esas casas salían niños y niñas, la mayoría descalzos que pisaban el suelo y las piedras calientes; varios de ellos con ropa remendada, otros con ojos llorosos por tener gripe, que pedían en fila sus juguetes. “Aquí las autoridades no se acuerdan de los niños, sabemos que en la cabecera (Jamiltepec) hacen un gran festival de Reyes, con payasos, pero aquí solo vienen cuando quieren el voto” dijo el agente municipal Nicasio Santos Hernández.


Desde muy temprana hora los pequeños de las comunidades de Emiliano Zapata, Atotonilquillo y La Humedad, esperaban ansiosos la repartición de los juguetes que previamente los locutores de Poder Joven Radio y la estación local recolecto entre comerciantes y ciudadanía en el primer Radiotón. “Los niños de estas comunidades no esperaban tener un regalo del día de Reyes, por esa razón les dimos la sorpresa”, declaró Dulce Marcos Carro integrante de Poder Joven.


En la primera comunidad, la autoridad local Nicasio Santos agradeció el gesto de este grupo de jóvenes, que con ayuda del director de la XEJAM, Melchor García López y del titular de la Comisión Estatal de la Juventud, Moisés Molina Reyes hicieron felices por un momento a todos los pequeños.


De manera humilde, cientos de niños recibieron de manos de Dulce Marcos, Elfego Gregorio, Susana Baños, Fernando Juárez y Sandy Sánchez los juguetes que fueron recolectados por personas y comercios de Jamiltepec, que dieron a los niños un día inolvidable.

Liberan a detenidos de Ixmiquilpan

Pachuca, Hgo., (Reforma).- Los 16 indígenas de las comunidades de San Juanico, Cañada Chica y El Alberto detenidos por la Policía Federal Preventiva (PFP) y llevados a un reclusorio de la Ciudad de México acusados de secuestro, fueron puestos en libertad tras el pago de una fianza de 7 mil pesos cada uno.

Un líder de la comunidad El Alberto informó que en una maniobra legal se logró que el delito de secuestro fuera reclasificado por el de privación ilegal de la libertad y tras ochos días los detenidos quedaron libres la madrugada de ayer tras el pago de la caución.

Además de marchas y manifestaciones en Ixmiquilpan, para exigir la libertad de los indígenas, un grupo buscó el apoyo de la ex comisionada para la Atención de los Pueblos Indígenas del Gobierno federal, Xóchitl Gálvez, y de la senadora Rosario Ibarra.

La incursión de las fuerzas federales en las comunidades indígenas obedeció al conflicto generado en esta zona del Valle del Mezquital, tras el encierro del menor Cirilo G, quien en estado de ebriedad, atropelló y mató a un vecino de San Juanico.

En respuesta y ante la falta de acción de la justicia estatal, autoridades locales aplicaron el castigo del pueblo bajo el amparo de los usos y costumbres.

El muchacho permaneció 23 días encerrado pero fue rescatado por la fuerza pública estatal, y en el operativo fueron detenidas tres personas que lo custodiaban.

En respuesta, vecinos de Cañada Chica retuvieron a dos agentes de la PFP y los llevaron a la comunidad de San Juanico.

Fuerzas de seguridad rescataron 18 horas después a sus compañeros y detuvieron a varios indígenas, entre ellos dos personas de 80 años de edad, que alegaron inocencia.

Los detenidos aseguraron que durante la incursión policiaca, los federales entraron a las casas para sacar a las personas.

Sobre el presunto maltrato y tortura que padecieron los indígenas durante su captura y detención, advirtieron que acudirán a presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Exigen legislar sobre usos y costumbres en pueblos de Hidalgo

Pachuca, Hgo., (El Universal).- Indígenas de Hidalgo encabezados por la ex Comisionada Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez, exigen se legisle sobre el derecho de estos pueblos, a utilizar los usos costumbres.

En Hidalgo, desde noviembre pasado, se ha tenido una serie de confrontaciones entre las autoridades formales y la policía indígena, por las retenciones de personas que han realizado los pobladores de comunidades como San Juanico.

Estas detenciones han sido calificadas por el gobierno como ilegales.

Los vecinos de esta región, que se localiza a 65 kilómetros de la capital del estado, han argumentado que sus usos y costumbres les da derecho a detener a quien comete alguna infracción en sus comunidades.

En una carta que será entregada este día a los integrantes de la legislatura local, los pobladores de las comunidades del Valle del Mezquital, señalan la omisión que durante siete años ha tenido el Poder Legislativo para modificar la Constitución local.

El artículo 2 constitucional garantiza los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación y autonomía.

El incumplimiento de los diputados constituye una omisión legislativa que se deriva en un trato discriminatorio a estos pueblos respecto al resto de las comunidades indígenas del país, acotaron.

Los indígenas argumentan que la falta de una ley reglamentaria para garantizar el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, ha ocasionado los conflictos con las autoridades del estado por lo cual exigen se normen estos derechos mediante una consulta con las comunidades indígenas que habitan el estado.

En Hidalgo radican poco más de medio millar de indígenas de las etnias: Ñhañhu, Tepehua y Nahuatls.

Rechazan que EZLN haya causado pelea en Ocosingo


Aspecto de Ocosingo (Foto Archivo CI)


Ocosingo, Chis., (El Universal).- Bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) no atacaron a militantes de la Organización de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao), el pasado lunes, incidente que dejó como saldo al menos 12 heridos.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas dio a conocer que fueron militantes de la Orcao, los que intentaron despojar de los predios Bosque Bonito y Jetjá del concejo autónomo Che Guerra lo que ocasionó el incidente.

El organismo que preside el obispo emérito Samuel Ruiz García, señaló que en el enfrentamiento al menos tres indígenas del EZLN resultaron lesionados.

El origen del conflicto es la disputa de los predios Bosque Bonito y Jetjá, que fueron recuperados por los rebeldes y los militantes de la Orcao pero que eran parte de la Asociación Rural de Interés Colectivo (Aric).

Extrañamente los grupos abandonaron la zona, pero en el 2001, los zapatistas ingresaron a los predios, lo que molestó a los miembros de la Orcao.

Desde entonces ambos grupos se han mantenido en pugna por el control de esos lugares.
Incluso los rebeldes procedieron a sembrar milpa en los terrenos, pero el pasado sábado un grupo de militantes de la Orcao llegó a insultar a los zapatistas.

La situación se mantuvo en tensión y fue el domingo cuando los militantes de la Orcao llegaron a cortar las alambradas de los predios.

El lunes varias decenas de militantes de la Orcao armados con palos y piedras llegaron al lugar para desalojar a los zapatistas de eso predios y fue lo que provocó la reyerta.

Inicialmente voceros de la Orcao aseguraron que fueron los rebeldes del concejo autónomo Moisés Gandi, los que iniciaron la trifulca.

Despoja gobierno de tierras al pueblo mixe de Jaltepec

Propietarios del pueblo originario de Jaltepec de Candayoc, Cotzocón, Mixe, interpusieron ante la justicia federal un amparo contra la acción de expropiación de 18 mil 648 mil hectáreas de tierras ejecutada por el gobierno del estado de Oaxaca y la Secretaria de Desarrollo Rural sin respetar la decisión de la comunidad sobre sus tierras ni cumplir con la norma constitucional de indemnización.

Así también solicitaron anular el decreto por el cual el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, despoja a esa comunidad de 2 mil 50 hectáreas más de tierras para convertirlas en zona de reserva ecológica, sin el concurso de la población.

En un comunicado de prensa, los afectados, expresaron que la expropiación de esas superficies representan “un infame y criminal despojo ocasionado por el gobierno federal”.

A continuación el texto integro de la denuncia:

COMUNICADO DE PRENSA

Comunidad Indígena de Jaltepec de Candayoc, Cotzocón, Mixe.

Oaxaca, México.

A los medios de comunicación

A la opinión pública nacional e internacional

A los organismos de Derechos Humanos

A los Pueblos Indígenas del Mundo

Al Pueblo Ayuujk

Hermanos y hermanas, los saludamos y les deseamos que el creador y dador de vida les ilumine el camino para obtener un mundo más justo.

Ante el infame y criminal despojo que ha ocasionado el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Oaxaca sobre nuestras tierras comunales, mismo que persiste hasta nuestros días de manos del Gobernador del Estado y la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER), nuestra comunidad ha iniciado un proceso judicial para exigir Justicia.

Por esta razón, hoy queremos compartir nuestra palabra.

Los pobaldores de Jaltepec,  denuncian el despojo de su riqueza ancestral y natural con la complicidad del gobierno federal

Los pobaldores de Jaltepec, denuncian el despojo de su riqueza ancestral y natural con la complicidad del gobierno federal

Nuestro pueblo, es una comunidad llena de historia y riquezas naturales y territoriales desde la época colonial, nosotros, somos descendientes directos del antiguo Candayoc. En 1737 contábamos con una superficie de 108 leguas cuadradas de tierras equivalente a 335,394 hectáreas de tierras que compramos a la corona española en 800 pesos oro y otra parte recibidas en gratificación por los mismos españoles por servicios prestados en sus haciendas; en un irónico trato tuvimos que comprar nuestras propias tierras y conformarnos con un obsequio que tomaron de nuestros propios bienes. Nuestros títulos fueron utilizados por el Licenciado Miguel Bolaños Cacho para defender y establecer el lindero de nuestro Estado de Oaxaca con el Estado de Veracruz en el año de 1899, por lo que los Gobiernos del Estado y Federal, tienen pleno conocimiento que las tierras hasta la colindancia con el Estado de Veracruz le pertenecen a nuestra comunidad.

No obstante lo anterior, es decir, aún sabiendo que estas tierras eran de nuestra comunidad, en el año de 1956 y 1958 el Gobierno Federal expropio 18 648 hectáreas de nuestra propiedad ancestral sin avisar a nuestro pueblo y sin indemnizarla en la forma señalada por la Constitución Federal. De este modo, las injusticias sufridas durante la colonia continuaron en el México independiente pues quedamos a merced de un Gobierno injusto y represor. En esos años, se dijo que nuestras tierras servirían para reubicar a los hermanos afectados por la Construcción de las presas “Cerro de Oro” y “Miguel Alemán” en la cuenca del Río Papaloapam; en los hechos esto nunca fue realidad ya que la entonces Comisión del Papaloapam, se dedicó a vender nuestras tierras al mejor postor y las tierras restantes las utilizó para fines distintos a la expropiación. Asimismo, el dinero destinado para la indemnización más de seiscientos mil pesos de aquella época fue entregado a un particular que nunca comprobó ser propietario de las tierras expropiadas.

En estas condiciones, nuestras tierras fueron botín para acaparadores de tierras, fugitivos y funcionarios públicos que se hicieron ricos a costa de nuestro patrimonio. A nosotros nos tocó solo tristezas, agresiones y desolación, muchas veces tuvimos que lidiar y correr a la Policía Hidráulica que a cartucho cortado se introdujeron a nuestras tierras. Hoy esta expropiación sigue sin ser indemnizada.

Además 2,050 hectáreas de estas tierras que no fueron utilizadas para la expropiación, actualmente se encuentra en manos del Gobierno del Estado y en un acto de total autoritarismo el Gobernador ULISES RUIZ ORTIZ, las declaró Zona de Reserva Ecológica evitando cualquier ingerencia de nuestra comunidad. A pesar que ante el Gobierno del Estado hemos acreditado que somos los legítimos y ancestrales dueños conforme a nuestros títulos primordiales, la SEDER, en repetidas ocasiones nos ha manifestado que estas tierras nunca nos serán entregadas.

Hermanos y hermanas, queremos decirles que con la firmeza y la confianza que nos da el ser los legítimos dueños de las 18,648 hectáreas de que fuimos despojados, nuestra comunidad siempre ha defendido estas tierras, por muchos años buscamos y hemos documentado nuestra propiedad ancestral, asimismo, hemos documentado el terrible despojo que bajo la máscara de la expropiación se consumó en contra de nuestro pueblo. Hoy contamos con toda la documentación que acredita ante los ojos de las autoridades y de la opinión pública lo injusto de este criminal acto que nos ha reducido a una pequeña porción de tierras, el Gobierno Federal y Estatal, aún buscando las mejores argucias legales, no puede seguir este monumental acto de injusticia.

Por esta razón, confiando en la Justicia de los Tribunales Federales, el día de ayer 5 de enero de 2009, a las 15:00 horas, interpusimos Demanda de Amparo ante el Juzgado Primero de Distrito de la ciudad de Oaxaca, solicitando protección de la Justicia Federal en contra del decreto expropiatorio que sirvió para la usurpación de 18,648.90-32 hectáreas de terrenos de nuestra comunidad sin indemnización alguna; asimismo en contra del Decreto emitido por ULISES RUIZ ORTIZ en el que declara 2,050 hectáreas de las tierras expropiadas como ZONA DE RESERVA ECOLOGICA.

En esta iniciativa comunitaria de exigencia de justicia de nuestro pueblo, estamos seguros que el nuevo marco de los derechos indígenas y de los derechos humanos en el plano nacional e internacional, así como la presencia firme de los organismos defensores de los Derechos Humanos, no permitirá que este acto de injusticia quede en el olvido.

Veracruz y Chiapas lideranla lista de “chozas” escolares

Ciudad de México, DF., (Excélsior).- En el país existen más de 33 mil escuelas públicas de educación básica en pésimas condiciones físicas, es decir, que sus techos son de lámina, madera y hojas, los pisos son de tierra, no cuentan con baños o sus paredes y ventanas están hechas de un material inapropiado para un salón de clases. Sólo en Veracruz y Chiapas se encuentra la tercera parte de ellas.

Un diagnóstico elaborado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a finales del ciclo escolar 2006-2007 refiere que mientras en Colima sólo 17 planteles requieren rehabilitación, en Veracruz suman cinco mil 497 las escuelas con espacios físicos en pésimas condiciones. Asimismo, mientras que en Baja California Sur son 31 las instalaciones que necesitan remozamiento, los alumnos de cinco mil 17 aulas de Chiapas estudian casi a la intemperie.

A escala nacional, esta cantidad de planteles con mala infraestructura representa 18 por ciento del total de escuelas públicas que hay en México. Pero aunque parezca un porcentaje relativamente bajo, lo cierto es que un centro escolar deteriorado no garantiza un buen desempeño del docente y mucho menos un buen aprovechamiento académico de los alumnos.

La misma secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, ha reiterado que las autoridades federal y estatales tienen la obligación de garantizar que los planteles sean lugares dignos para las actividades académicas.

El documento de la SEP señala que de las 169 mil escuelas públicas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), 33 mil 455 fueron catalogadas en estados pésimo, muy malo y malo, en las que estudia un universo de dos millones 398 mil alumnos.

Luego de tener identificados los planteles a los que les urge rehabilitación, esta dependencia federal anunció que para el 2009 el presupuesto destinado a la infraestructura física de las escuelas será de tres mil millones de pesos, lo que da un promedio de 90 mil pesos por plantel.

No obstante, la autoridad educativa no ha dado a conocer el desglose de cuántos recursos serán asignados a cada escuela.

Según lo acordado en la Alianza por la Calidad de la Educación, la SEP espera rehabilitar durante este sexenio los 33 mil 455 centros escolares más dañados, de los cuales más de 25 mil 400 se encuentran en “mal estado”, poco más de seis mil en “muy mal estado” y cerca de dos mil en “pésimas condiciones”.

La SEP pretende rehabilitar aulas en malas condiciones físicas con 90 mil pesos por inmueble


En el país existen más de 33 mil escuelas públicas de educación básica en pésimas condiciones físicas, es decir, que sus techos son de lámina, madera y hojas, los pisos son de tierra, no cuentan con baños o sus paredes y ventanas están hechas de un material inapropiado para un salón de clases. Sólo en Veracruz y Chiapas se encuentra la tercera parte de ellas.

Un diagnóstico elaborado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a finales del ciclo escolar 2006-2007 refiere que mientras en Colima sólo 17 planteles requieren rehabilitación, en Veracruz suman cinco mil 497 las escuelas con espacios físicos en pésimas condiciones. Asimismo, mientras que en Baja California Sur son 31 las instalaciones que necesitan remozamiento, los alumnos de cinco mil 17 aulas de Chiapas estudian casi a la intemperie.

A escala nacional, esta cantidad de planteles con mala infraestructura representa 18 por ciento del total de escuelas públicas que hay en México. Pero aunque parezca un porcentaje relativamente bajo, lo cierto es que un centro escolar deteriorado no garantiza un buen desempeño del docente y mucho menos un buen aprovechamiento académico de los alumnos.

La misma secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, ha reiterado que las autoridades federal y estatales tienen la obligación de garantizar que los planteles sean lugares dignos para las actividades académicas.

El documento de la SEP señala que de las 169 mil escuelas públicas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), 33 mil 455 fueron catalogadas en estados pésimo, muy malo y malo, en las que estudia un universo de dos millones 398 mil alumnos.

Luego de tener identificados los planteles a los que les urge rehabilitación, esta dependencia federal anunció que para el 2009 el presupuesto destinado a la infraestructura física de las escuelas será de tres mil millones de pesos, lo que da un promedio de 90 mil pesos por plantel.

No obstante, la autoridad educativa no ha dado a conocer el desglose de cuántos recursos serán asignados a cada escuela.

Según lo acordado en la Alianza por la Calidad de la Educación, la SEP espera rehabilitar durante este sexenio los 33 mil 455 centros escolares más dañados, de los cuales más de 25 mil 400 se encuentran en “mal estado”, poco más de seis mil en “muy mal estado” y cerca de dos mil en “pésimas condiciones”.

De acuerdo con documentos de la SEP, además de hacer una clasificación del estado físico en el que están los más de 33 mil planteles, también se hizo una división por tipo de plantel, es decir que esta dependencia tiene un registro de cuántas son primarias generales, indígenas, del Conafe o cendis, así como si son secundarias generales, técnicas, telesecundarias o comunitarias.

De esta manera, el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed) tiene indicado que 16 mil 500 primarias del país, en las que estudian alrededor de un millón 500 mil alumnos, necesitan rehabilitación, de las cuales más de nueve mil son generales, alrededor de tres mil 300 corresponden al Conafe y cerca de cuatro mil son indígenas.

En segundo lugar se encuentran las escuelas de preescolar, pues en este nivel educativo suman más de 13 mil 200 planteles con infraestructura en malas condiciones, donde acuden más de 430 mil alumnos.

De estos centros, más de cinco mil 700 son planteles generales, poco más de cuatro mil son atendidos por Conafe, cerca de tres mil 500 son indígenas y 11 son cendis.

Respecto a secundarias, el diagnóstico de la SEP registra que son tres mil 708 planteles los que necesitan remodelación, en los que estudian cerca de 500 mil alumnos. De este total, más de dos mil 500 son telesecundarias, 549 son secundarias generales, 376 son técnicas, 218 son comunitarias y 30 para trabajadores.

Pese a que se tiene un registro del tipo de escuela en mal estado, el listado de planteles dañados que la SEP publicó en su página de internet no detalla en qué condiciones está cada escuela, ni cuál es el monto asignado para su remodelación.

De esta manera, se desconoce cuáles son las necesidades reales de cada plantel, en cuáles se requieren pisos o techos de concreto, en cuáles no hay baños o en cuántas no hay electricidad.