En Hidalgo, desde noviembre pasado, se ha tenido una serie de confrontaciones entre las autoridades formales y la policía indígena, por las retenciones de personas que han realizado los pobladores de comunidades como San Juanico.
Estas detenciones han sido calificadas por el gobierno como ilegales.
Los vecinos de esta región, que se localiza a 65 kilómetros de la capital del estado, han argumentado que sus usos y costumbres les da derecho a detener a quien comete alguna infracción en sus comunidades.
En una carta que será entregada este día a los integrantes de la legislatura local, los pobladores de las comunidades del Valle del Mezquital, señalan la omisión que durante siete años ha tenido el Poder Legislativo para modificar la Constitución local.
El artículo 2 constitucional garantiza los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación y autonomía.
El incumplimiento de los diputados constituye una omisión legislativa que se deriva en un trato discriminatorio a estos pueblos respecto al resto de las comunidades indígenas del país, acotaron.
Los indígenas argumentan que la falta de una ley reglamentaria para garantizar el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, ha ocasionado los conflictos con las autoridades del estado por lo cual exigen se normen estos derechos mediante una consulta con las comunidades indígenas que habitan el estado.
En Hidalgo radican poco más de medio millar de indígenas de las etnias: Ñhañhu, Tepehua y Nahuatls.
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