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19 mar 2009

Por una Educación Indígena en el DF


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Importante el rescate y reconocimiento de la población indígena de Edomex

Texcoco, Méx., (Texcoco Mass Media).- La población Indígena del estado de México juega un papel importante como fuerza de trabajo en el área urbana, sin embargo tiene diferentes condiciones de trabajo y formas de ganarse la vida

De acuerdo con datos del II Conteo de Población y Vivienda 2005, realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el Estado de México, registró a 312 mil 319 personas de cinco años y más hablantes de alguna lengua indígena; de ellas, 182 mil 899 corresponden a los pueblos indígenas originarios del Estado de México y los 129 mil 420 restantes pertenecen a personas indígenas de otras entidades de la República Mexicana.

En Texcoco hay una población actual estimada de 240 mil habitantes, de éstos hay un mínimo de personas de origen indígena, según datos de de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del 2005 son sólo seis mil 911 personas hablantes de náhuatl, totonaca, y lenguas mixtecas

En este sentido, el gobierno del Estado de México realiza diversas acciones en las comunidades indígenas, a fin de mejorar las condiciones de este sector de la población con la introducción de energía eléctrica, agua potable, drenaje y construcción de carreteras, entre otras obras, todo ello con el fin de arraigarlos a su tierra, pero con el respeto a sus usos y costumbres.

Sin embargo a lo que se pueda generar, sigue siendo urgente el rescate y reconocimiento de la población indígena por parte de la sociedad, así como crear espacios pues en muchas ocasiones los artesanos no tienen un lugar fijo donde ofertar sus productos, por lo cual salen de sus respectivos lugares de origen a ofertar sus productos, como cualquier vendedor informal, se desplazan de un lugar a otro para la venta de sus artesanías.

Es el caso de Agustina Mondragón que oferta sus productos en la Casa de Cultura, la cual refiere que es probable la desaparición del artesano pues a los jóvenes no les interesa aprender a realizarla, al igual el practicar la lengua y los usos y costumbres de sus abuelos

De acuerdo a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, uno de los programas muy benéfico para esta población, es el de Apadrina un Niño Indígena, que ha elevado la calidad nutricional de los menores y sus familias, ya que disfrutan de una despensa mensual y cada seis meses reciben un apoyo económico para la compra de uniformes escolares; asimismo se les entregan útiles escolares de acuerdo al grado que cursen y una canasta especial los fines de año.

Además, en el estado de México se cuenta con interpretes que hablan otomí y mazahua, que son las lenguas más usadas por los indígenas en el Estado de México, además del Náhuatl, Tlahuíca, y Matlazinca, a fin de que las personas que tengan que declarar ante un ministerio público o un juez, por alguna situación, se vean involucradas en un ilícito, tengan la forma de expresarse en su lengua natal y no sean objeto de discriminación.

No sólo las letradas pueden ser feministas, dicen indígenas

Ciudad de México, DF., (CIMAC).- Uno de los desafíos políticos del feminismo es transformar el lenguaje, reconociendo la pluriculturalidad de los países, y fomentar así el respeto a las diversas formas de ser feminista, afirmó Martha Sánchez, coordinadora de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centro América y México.

Sánchez fue una de las panelistas de la plenaria "Las realidades latinoamericanas ante los fundamentalismos de hoy", la primera de las cuatro programadas durante el XI Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe, en la ciudad de México DF, del 16 al 20 de marzo.

Analizar el impacto global del fundamentalismo en la economía, la política y la cultura, para la región latinoamericana y caribeña, es uno de los propósitos de este Encuentro.

Sánchez, indígena mexicana, dijo a SEMlac que "el lenguaje político debe posicionar la pluriculturalidad de las mujeres y expresarlas en su amplia diversidad, no sólo a las indígenas, sino a las jóvenes, lesbianas, campesinas. En su opinión, debe sentar bases políticas, desde el discurso, para lograr más identificación con mayor número de mujeres".

Lamentó que, a lo largo de la historia, no se haya logrado "un reconocimiento a la historia de lucha, a los tipos de liderazgos que ejercemos y a los distintos caminos que emprendemos para alcanzar una vida mejor para las mujeres; aunque nosotras no hablamos del sistema patriarcal, en los hechos, lo combatimos", indicó.

Señaló que para las indígenas es difícil hacer alianzas más fuertes con las feministas, porque estas no entienden lo que significan para las indígenas los derechos colectivos, el territorio, los usos y costumbres.

"Siento que nos quieren imponer una forma de ver la violación a los derechos humanos y nosotras queremos denunciarla desde nosotras mismas. No puedo luchar solo por mis derechos individuales; como mujeres indígenas hemos demostrado que somos personas dentro del movimiento global", afirmó.

Como logros principales de los movimientos feministas, destacó el haber abierto conciencias, haber generado un discurso político, aportado a la ampliación democrática con su teoría y práctica, y con ello haber contribuido con una misión y visión para las nuevas generaciones de mujeres.

"Sueño con que mujeres indígenas sean feministas y en eso estamos trabajando. En ver cómo se da la transmisión generacional entre feministas mayores y jóvenes; entre indígenas se da. Nos daremos cuenta, al final del Encuentro, pero son nudos irreconciliables: pensamiento individual y acciones colectivas", puntualizó.

Sánchez se reconoció como feminista y advirtió que otras indígenas no se asumen así porque existe una visión de que sólo pueden serlo las letradas, las que tienen carrera, "es un mito que hay que romper", concluyó.

Tribunal federal confirma amparo otorgado a indígenas me´phaa presos en Ayutla

Chilpancingo, Gro., (Olor a Mi Tierra).- El magistrado Ponente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del 21 Circuito con sede en Acapulco, Jesús Rafael Aragón, confirmó la sentencia de amparo que dictó una juez federal a favor de cuatro de los cinco integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) que están presos en la cárcel de Ayutla desde el pasado 17 de abril del 2008.

La resolución desecha el recurso de revisión que el 30 de octubre del año pasado presentó un agente del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del fallo que emitió la juez Octava de Distrito con sede en Acapulco, Livia Lizbeth Larumbe Radilla, el 15 de octubre.

Se espera que en las próximas horas la resolución que confirma dicho amparo sea notificada al juez Mixto de Primera Instancia radicado en Ayutla, Alfredo Sánchez Sánchez, para que éste a su vez en un plazo máximo de 24 horas ponga en inmediata libertad a los indígenas de El Camalote que fueron adoptados por Amnistía Internacional (AI) como presos de conciencia.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan quien asumió la defensa jurídica de Manuel Cruz Victoriano, Orlando Manzanarez Lorenzo, Natalio Ortega Cruz, Raúl Hernández Abundio y Romualdo Santiago Enedina, recibió al medio día de hoy miércoles 18 de marzo, la notificación que el Juzgado Octavo de Distrito, en donde señala que la justicia federal concedió su libertad a los defensores de derechos humanos privados de su libertad ilegalmente el año pasado.

Antecedentes

Los cinco defensores de derechos humanos de El Camalote fueron detenidos la mañana del 17 de abril, en un retén policiaco-militar cuando regresaban a su comunidad. Ellos fueron señalados como presuntos responsables del homicidio de un informante del Ejército de nombre Alejandro Feliciano García, ocurrido el 1 de enero del 2008.

El 23 de abril del mismo año, el juez Mixto de Primera Instancia, Alfredo Sánchez dictó el auto de formal en contra de los cinco indígenas, a quienes días atrás se negó a recibir su declaración por escrito argumentando que el documento no estaba redactado en lengua me´phaa.

EL 27 de junio de 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington D.C. solicitó al Estado Mexicano que extendiera a favor de los prisioneros, las medidas cautelares que había otorgado ya para otros integrantes de la OPIM que han estado recibiendo amenazas.

El 7 de julio de 2008, los presos acudieron ante la justicia federal para solicitar un amparo en contra del auto de formal prisión del Juzgado Mixto de Primera Instancia. El 15 de abril la jueza Octava de Distrito les concedió dicho amparo ordenando su inmediata libertad, no obstante, el 30 de octubre del mismo año, justamente el último día para presentar apelaciones, un agente del Ministerio Público federal adscrito a la Procuraduría General de la República (PGR) presentó un recurso de revisión en contra del fallo.

El 11 de noviembre del 2008, la prestigiosa organización de derechos humanos Amnistía Internacional los declaró como presos de conciencia y pidió también su inmediata libertad pues consideró que los cinco indígenas estaban presos por motivos políticos.

Como miembros de la OPIM, Manuel Cruz Victoriano, Orlando Manzanarez Lorenzo, Natalio Ortega Cruz, Raúl Hernández Abundio y Romualdo Santiago Enedina han destacado por su valioso trabajo de denuncia sistemática de las violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades civiles y militares.

Entre los casos que ha denunciado la OPIM están las violaciones sexuales a Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú por parte de militares en 2002, casos que fueron llevado en octubre de 2007 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la imposibilidad de obtener justicia en México.

La organización de los me´phaa también denunció la esterilización forzada a 14 hombres me’phaa en la comunidad de El Camalote en 1998, caso por el cuál la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 66/2007 el 17 de diciembre de 2007 exigiendo que se procese a los culpables y que se indemnice a las víctimas.

Asimismo la OPIM ha estado exigiendo justicia por el asesinato de Lorenzo Fernández Ortega, hermano de Inés y destacado integrante de la organización quien fue encontrado muerto, el 9 de febrero de 2008, en Ayutla, con huellas evidentes de tortura.

El 5 de febrero de este año, en el marco de la visita de activistas de Amnistía Internacional, la OPIM y Tlachinollan arrancaron la campaña ¡Alza tu voz por su libertad! para exigir la liberación de los cinco defensores de derechos humanos.

Ejército rescata a migrantes secuestrados

Reynosa, Tamps., (El Universal).- “Si no pagábamos los 3 mil dólares que nos exigían para continuar el viaje a Estados Unidos, nos propinaban severas golpizas. De un momento a otro, sentíamos que ahí terminaba nuestra vida, nuestro sueño americano”, narran algunos de los indocumentados que soldados del Ejército rescataron aquí de una casa de seguridad, la tarde del martes.

Tras la captura de cinco polleros, o traficantes de personas, y la liberación de 55 migrantes —nueve mujeres, un mexicano y el resto centroamericanos—, la Procuraduría General de la República (PGR) investiga las operaciones que realizaban presumiblemente miembros de una red de tráfico de migrantes que opera en esta frontera.

La propia PGR informó que el rescate de los indocumentados se logró luego de un operativo militar en las calles de Querétaro y San Luis Potosí, colonia Rodríguez.

En dichas calles, en el interior de un departamento, notaron movimientos extraños, por lo que optaron revisarlos y descubrieron que adentro había varias personas de apariencia extranjera, unas atadas de pies y manos.

Ahí, un grupo de polleros reunían a migrantes traídos desde los estados de Tabasco y Veracruz, para exigirles un pago extra de 3 mil dólares (42 mil pesos mexicanos) y así pasarlos “seguros” a Estados Unidos.

Golpizas


Quienes no tuvieran familiares o personas cercanas que los apoyaran, recibían tremendas golpizas a modo de presión, relataron las autoridades.

Los indocumentados fueron liberados luego de permanecer cerca de tres semanas en una casa de seguridad, bajo constantes amenazas y actos de maltrato.

Según sus propias declaraciones, los ilegales, provenientes de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y uno de Tehuantepec, Oaxaca, aseguraron tener más de 20 días retenidos a la espera de que les llegara el dinero solicitado para cruzar.

Varios de los centroamericanos entrevistados coincidieron en señalar que los delincuentes, presuntamente mexicanos, estaban terminando de tajo con su “sueño americano”.

“Benditos soldados, ya sentíamos que nos mataban estas personas, pero no perdimos las esperanzas y fue como volver a nacer cuando vimos que entró todo el pelotón de militares diciendo que nos estaban rescatando, que no nos preocupáramos”, narró Carlos Roberto Arellano, originario de Honduras.

Comenta que no esperó sufrir esta “pesadilla” en territorio mexicano. “A mí me habían dicho que me cuidara cuando cruzara el río Bravo, que me cuidara de la migra; pero no, no se compara lo que se vive cuando te secuestran delincuentes mexicanos”.

Remata el migrante hondureño: “No vuelvo a andar en esto, no era lo que uno espera del ‘sueño americano’, duré casi 2 meses de infierno y de pesadilla”.

Crispiniano López, de 19 años y originario de Tehuantepec, Oaxaca, aseguró que las personas que no tenían un número telefónico para ubicar a algún familiar, las golpeaban más. “A mí sólo me pedían 3 mil pesos y como no los tenía me pegaban más y mas”. Incluso, recuerda que recibió golpes en todo el cuerpo durante 12 noches seguidas.

Aseguró que difícilmente olvidará el terror que llegó a sentir por las noches, “el pánico era terrible y no saber qué hacer”.

Además, dice: “Las golpizas que te propinan, no te dejan ganas de volver a intentar irte de mojado para buscar una mejor vida a Estados Unidos. No volveré a buscar el ‘sueño americano’, ya que son más temibles los delincuentes de México que las autoridades de Migración”.

Sobre los detenidos, la PGR omitió sus nombres, ya que siguen bajo investigación.

Comunidades indígenas se amparan contra Conagua

Oaxaca, Oax., (Ciudadanía Express).- Al menos 12 comunidades de la región de Valles Centrales, agrupadas en la Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa del Agua, presentaron un recurso de amparo ante el Juzgado Quinto de Distrito, por el sistema de concesiones de la Conagua.

En conferencia de prensa, Sergio Altamirano Jarquín, presidente de la mesa directiva de dicha Coordinadora, explicó que desde 1976 las comunidades han recargado sus mantos freáticos y la reforestación de sus bosques, sin mediación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Aseguró que los pobladores de San Pedro Apóstol, San Pedro Mártir, Asunción Ocotlán, Santiago Apóstol, San Sebastián, San Isidro Zegache, Santa Ana Zegache, San Antonino Castillo Velasco y otras cinco comunidades más, han solicitado a la dependencia se les libere del sistema de concesiones operado por ésta.

“Nosotros hemos trabajado en la zona para recargar los mantos acuíferos por años, nadie nos ha dado nada y por eso nos sentimos con derecho de exigir que se nos dé un trato excepcional”, señaló.

Asimismo, cuestionó el sistema empleado por la Conagua en sus comunidades en relación a la cantidad de agua autorizada por parcela, toda vez que ésta se basa en el consumo de energía, sin tomar en cuenta el tipo de terreno, de cultivo e inclusive el mismo consumo del agua del pozo.

Presidente municipal causó el conflicto en Tetela del Volcán

Cuernavaca, Mor., (La Jornada de Morelos).- Las constantes anomalías cometidas por Mario Soberanes Pérez, alcalde de Tetela del Volcán, fueron la detonante para que estallara el conflicto en el municipio. Incluso, el mismo presidente municipal había amenazado de muerte al ayudante de Hueyapan, Efraín Soberanes Sánchez, un día antes de que éste sufriera el atentado que terminó con su vida, así lo narran pobladores de la localidad en una denuncia escrita que hicieron llegar a La Jornada Morelos.

Los vecinos de la comunidad indígena, quienes pidieron el anonimato, establecen que la pugna por el abasto de agua entre las comunidades de Tetela del Volcán y Hueyapan no es la parte medular del conflicto, sino tan sólo una de las consecuencias provocadas por las acciones del ayuntamiento, encabezado por Soberanes Pérez del Partido Nueva Alianza (Panal), pues una vez que asumió el cargo dejó fuera a toda la gente que lo había apoyado durante su campaña.

Narran que cuando apenas se perfilaba como candidato a la alcaldía en 2003, la mayoría de los ciudadanos dio el espaldarazo a su proyecto político, debido a que el objetivo era que Mario Soberanes “se convirtiera en el primer presidente municipal de Tetela del Volcán originario de Hueyapan”. Cuando llegó al poder, denuncian, “todos los de su equipo de campaña ya tenían un lugar dentro de la presidencia; unos en la Secretaría General, en Recaudación de Rentas, en Obras, otros como choferes.

Pero los puestos más importantes se los dio a personas extrañas; de México, de Jonacatepec, de Cuautla, lo que motivó el descontento entre los habitantes de Tetela (del Volcán)”, quienes arremetieron contra las tuberías que conducen el agua del volcán Popocatépetl a la comunidad de Hueyapan, como medida de presión para obtener espacios en la presidencia municipal.

Luego de año y medio de administración, el alcalde ya había divido en dos a Hueyapan, entre los opositores y sus allegados –Noé Ramírez, Catarino Pérez, León Hernández, Adán Flores, “Isaías” del barrio de San Andrés y Abraham Genís–, a quienes les daba diversos apoyos, “pero no empleo” y seguía en su afán de dimitir a Ofelio Anzures del cargo de ayudante municipal de la comunidad indígena, lo que posteriormente se logró. Además, los pobladores de Tetela del Volcán “ya habían tomado la presidencia (dos veces) y habían destruido (en igual número de ocasiones), la tubería de agua potable de Hueyapan, como presión y por no haber quitado de los puestos importantes a los amigos y cómplices” del alcalde.

Por si fuera poco, Soberanes Pérez nombró a Filiberto Hernández, actual secretario del ayuntamiento, como su abanderado a la alcaldía, pese a que el pueblo de Hueyapan había elegido democráticamente a Javier Montes. La decisión del alcalde –acusan en el texto– se debe a que busca que el funcionario tape sus “fechorías” una vez elegido presidente municipal.

El estallido

Los pobladores mencionan que, Mario Soberanes asistió a una asamblea en Tetela del Volcán el domingo 8 de marzo, pese a los riesgos que él conocía. Una vez en el lugar fue retenido por los asistentes hasta hacerlo firmar un documento en el que se comprometía a solucionar la pugna por el agua, así como acudir al paraje Ahuayujkan, donde se encuentra la toma de Hueyapan, para destruir la misma. En el texto, también le ofrecieron seguridad, previendo una inconformidad en la localidad indígena.

Sin embargo, en Hueyapan, el alcalde señaló que lo habían secuestrado y pidió apoyo para bloquear la comunidad a fin de que le fuera imposible llegar a la cabecera municipal y se afectara la toma de agua. Al término de la reunión, le dio el documento que había firmado en Tetela del Volcán a Efraín Soberanes y le señaló “con expresión dura”: “a nadie se lo muestres de ninguna manera, te lo encargo y con tu vida me respondes”.

El lunes de 9 de marzo, la tensión se apoderó de la localidad de Hueyapan, cuando se informó de la andanada de los vecinos de Tetela de Volcán que se dirigían a cortar las tuberías de la comunidad. Mientras los incondicionales de Soberanes Pérez azuzaban al pueblo para impedir el bloqueo del suministro de agua, el aún ayudante Ofelio Anzures y un grupo de pobladores exigía saber el contenido del acuerdo firmado por el presidente municipal, por lo que solicitaban la presencia de Efraín Soberanes.

Aunque éste no se presentó, al final de la reunión el texto apareció y se supo de los acuerdos del alcalde con los habitantes de Tetela del Volcán.

Más tarde, quienes apoyan al presidente municipal renegaron de la tibia actitud de Ofelio Anzures y lograron que más pobladores se les unieran hasta lograr su destitución del cargo de ayudante municipal, sin ninguna autoridad que diera fe del acto, nombrando a Efraín Soberanes como el nuevo representante de la localidad. Por ello, “decidieron poner cadenas y candados a la entrada del palacio de la ayudantía de Hueyapan para que Ofelio Anzures no pudiera entrar”.

Al término de la misma cada uno se dirigió a su vivienda y, posteriormente, se dio el atentado que le costara la vida a Efraín Soberanes, sin que hasta el momento haya avances importantes en la investigación que realizan las autoridades. Los pobladores esperan que se haga justicia y se concluya, de una vez por todas, el conflicto en el municipio.

Caso de mujeres triquis desaparecidas no está cerrado

Oaxaca, Oax., (CIMAC).- El procurador de Justicia del Estado de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, señaló que el caso de Daniela y Virginia Ortiz Ramírez que este mes de marzo cumplieron 20 meses desaparecidas “aún no está cerrado”.

El funcionario estatal desechó que hayan cerrado el caso “no se de dónde sacaron eso”, respondió y desconoció su propia declaración emitida a un diario local el 18 de enero de 2008. No es verdad, dijo el procurador a más de un año de la aparición de esa noticia.

Vía telefónica, Martínez Ramírez aclaró que el caso de las hermanas Ortiz Ramírez, de 20 y 14 años de edad, desaparecidas desde el 5 de julio de 2007 en la zona territorial que habita el pueblo indígena Triqui “está en manos de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y no de la Procuraduría”.

En relación con las radialistas Teresa Bautista y Felícitas Martínez, asesinadas el 7 de abril de 2009 en la zona Triqui, el caso fue atraído por la Procuraduría General de la República (PGR), expuso el funcionario.

La declaración de Martínez Ramírez se da a unas horas de que unos 25 mil hombres y mujeres de los grupos étnicos Triqui y Mixteco realicen este miércoles una marcha desde el Monumento a la Madre, ubicado al poniente de la ciudad de Oaxaca, hasta el Centro Histórico para demandar la presentación con vida de Daniela y Virginia Ortiz Ramírez y luego de una nueva emboscada que habría dejado nuevas víctimas en la zona Triqui.

La contaminación en Chicontepec ya afecta a 15 mil habitantes, dicen líderes totonacos

Puebla, Pue., (La Jornada de Oriente).- Pobladores de varias comunidades totonacas –ubicadas en los límites de Puebla y Veracruz– denunciaron que Petróleos Mexicanos (Pemex) está afectando a por lo menos 15 mil habitantes de la región de Chicontepec, donde la paraestatal pretende realizar este año la perforación de 500 pozos para la extracción de crudo.

Asimismo, señalaron que Pemex generó el año pasado al menos 10 derrames de hidrocarburos en instalaciones de la empresa, lo cual ha provocado contaminación en 20 poblados distintos.

Los afectados participaron ayer en la conferencia El desafío de los derechos indígenas al desarrollo, impartida por el antropólogo Rafael Landerreche Gómez Morín, en el marco de la Cátedra Latinoamericana Ignacio Ellacuría SJ “Del análisis de la realidad política y social”, que se realizó en la Universidad Iberoamericana (Ibero) Puebla.

Durante su exposición, Felipe Herrera, representante de los habitantes totonacas de los poblados de Emiliano Zapata, El Chote, La Grandeza y Agua Fría, aseguró que las fugas, principalmente de petróleo crudo y gas, han dañado cultivos, tierras de pastoreo y cuerpos de agua, envenenado diversas especies acuáticas e inutilizado el agua para ganado.

Por ello, exigió a Pemex remediar los daños al ambiente y a la agricultura, además de garantizar la seguridad de los pobladores, por lo que informó que se reúnen frecuentemente en los consejos comunitarios a fin de analizar las próximas acciones a emprender por los abusos a sus derechos.

“Ya decidieron desde el gobierno (federal) que se tendrían que perforar más de mil 600 pozos en Chicontepec, sin consultarnos, y eso es “gravísimo”; por eso nos estamos reuniendo el consejo totonaca, porque queremos que no sean vulnerados nuestros derechos ni que se aprovechen de nuestra pobreza, porque es triste ver cómo con la instalación de Pemex las comunidades más pobres no reciben el beneficio; al contrario, todo está peor”, expresó Herrera.

En caso de seguir en las mismas condiciones –afirmó– los pobladores indígenas continuarán con los bloqueos carreteros y las manifestaciones pacíficas, para que el gobierno federal, encabezado por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, actúe conforme a la ley y no violente nuestro modo y forma de vida.

En la conferencia magistral, Rafael Landerreche Gómez Morín, criticó que la mentalidad de los tecnócratas no sea suficiente para entender las necesidades de los pueblos indígenas, que no están en contra de la modernización y beneficios para el país, sino en contra de que les sea arrebatado el patrimonio cultural del que emergieron.

Documentan explotación, racismo y violencia en perjuicio "de campesinas indígenas y pobres"

Ciudad de México, DF., (La Jornada).- Tzome Ixuk (mujer organizada) es el nombre de la cooperativa de mujeres indígenas tojolabales ubicada en la cabecera del municipio de Las Margaritas, en Chiapas. Dicha organización hoy día es un importante ejemplo colectivo de defensa de los derechos de las mujeres indígenas y centro de atención a mujeres que son víctimas de violencia.

Las historias de vida de las integrantes de esa cooperativa, así como los testimonios y experiencias de sus procesos de organización social, conforman la investigación titulada Tzome Izuk: una historia de mujeres tojolabales en lucha. Etnografía de una cooperativa en el contexto de los movimientos sociales en Chiapas.

Publicado por la editorial Plaza y Valdés, dicho trabajo –en el que se recurre a la historia, la antropología y la etnografía– se podría señalar como una "investigación-acción" que "oscila entre la academia y el activismo", pues por un lado "se intenta poner en práctica un proceso de descolonización de la investigación antropológica", y por otro se presentan las experiencias personales como de organización social, que han conformado y permitido que esa cooperativa "haya pasado de acciones básicas a estratégicas".

Triple opresión


El libro es producto de siete años de labor, explicó Sabine Masson, investigadora y activista suiza, quien lo presentó como tesis de doctorado. Se realizó en coautoría con María Aguilar Aguilar, Catarina Aguilar Cruz, Martha Aguilar Jiménez, Juana Cruz Jiménez, María Cruz Jiménez y Teresa Jiménez López, entre otras, “pues son compañeras a las que no sólo se les considera informantes, sino colaboradoras activas de este trabajo.



“El objetivo es analizar la experiencia de la cooperativa desde un triple enfoque: de género, de relaciones interétnicas o de racismo, y desde la cuestión de clase y propiedad de la tierra.

"De igual manera, la idea fue reflexionar sobre cuáles son los discursos, las voces, los procesos, las acciones de estas mujeres indígenas tojolabales respecto de lo que se podría denominar la triple opresión: ser mujeres, indígenas y campesinas pobres."

Nuevas formas de servidumbre

El texto integra las historias de vida de esas mujeres, como "servidumbre agraria, casi esclavitud" en una finca, con sus elementos de explotación, racismo y violencia, donde vivieron hasta principios de los años 80. Continúan los testimonios con "las nuevas formas de servidumbre que encuentran en el barrio, después de la finca".

Sin embargo, “el corazón del texto se concentra en la historia organizativa de las mujeres, abarcando las diferentes motivaciones y etapas que guiaron ese proceso. "Para defender sus derechos generaron un espacio de resistencia: crearon una cooperativa. Iniciaron con un molino de mixtamal y una tienda de abarrotes. Y luego de un largo proceso de ampliación organizativa, hoy día tienen un centro de atención a mujeres víctimas de violencia."

Tzome Izuk: una historia de mujeres tojolabales en lucha fue comentado el martes 17 por las investigadoras y activistas Ixkic Duarte, Martha Sánchez Néstor, Martha Patricia Castañeda y Olivia Gall, en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, de la Universidad Nacional Autónoma de México.