Chilpancingo, Gro., (Olor a Mi Tierra).- El magistrado Ponente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del 21 Circuito con sede en Acapulco, Jesús Rafael Aragón, confirmó la sentencia de amparo que dictó una juez federal a favor de cuatro de los cinco integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) que están presos en la cárcel de Ayutla desde el pasado 17 de abril del 2008.
La resolución desecha el recurso de revisión que el 30 de octubre del año pasado presentó un agente del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del fallo que emitió la juez Octava de Distrito con sede en Acapulco, Livia Lizbeth Larumbe Radilla, el 15 de octubre.
Se espera que en las próximas horas la resolución que confirma dicho amparo sea notificada al juez Mixto de Primera Instancia radicado en Ayutla, Alfredo Sánchez Sánchez, para que éste a su vez en un plazo máximo de 24 horas ponga en inmediata libertad a los indígenas de El Camalote que fueron adoptados por Amnistía Internacional (AI) como presos de conciencia.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan quien asumió la defensa jurídica de Manuel Cruz Victoriano, Orlando Manzanarez Lorenzo, Natalio Ortega Cruz, Raúl Hernández Abundio y Romualdo Santiago Enedina, recibió al medio día de hoy miércoles 18 de marzo, la notificación que el Juzgado Octavo de Distrito, en donde señala que la justicia federal concedió su libertad a los defensores de derechos humanos privados de su libertad ilegalmente el año pasado.
Antecedentes
Los cinco defensores de derechos humanos de El Camalote fueron detenidos la mañana del 17 de abril, en un retén policiaco-militar cuando regresaban a su comunidad. Ellos fueron señalados como presuntos responsables del homicidio de un informante del Ejército de nombre Alejandro Feliciano García, ocurrido el 1 de enero del 2008.
El 23 de abril del mismo año, el juez Mixto de Primera Instancia, Alfredo Sánchez dictó el auto de formal en contra de los cinco indígenas, a quienes días atrás se negó a recibir su declaración por escrito argumentando que el documento no estaba redactado en lengua me´phaa.
EL 27 de junio de 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington D.C. solicitó al Estado Mexicano que extendiera a favor de los prisioneros, las medidas cautelares que había otorgado ya para otros integrantes de la OPIM que han estado recibiendo amenazas.
El 7 de julio de 2008, los presos acudieron ante la justicia federal para solicitar un amparo en contra del auto de formal prisión del Juzgado Mixto de Primera Instancia. El 15 de abril la jueza Octava de Distrito les concedió dicho amparo ordenando su inmediata libertad, no obstante, el 30 de octubre del mismo año, justamente el último día para presentar apelaciones, un agente del Ministerio Público federal adscrito a la Procuraduría General de la República (PGR) presentó un recurso de revisión en contra del fallo.
El 11 de noviembre del 2008, la prestigiosa organización de derechos humanos Amnistía Internacional los declaró como presos de conciencia y pidió también su inmediata libertad pues consideró que los cinco indígenas estaban presos por motivos políticos.
Como miembros de la OPIM, Manuel Cruz Victoriano, Orlando Manzanarez Lorenzo, Natalio Ortega Cruz, Raúl Hernández Abundio y Romualdo Santiago Enedina han destacado por su valioso trabajo de denuncia sistemática de las violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades civiles y militares.
Entre los casos que ha denunciado la OPIM están las violaciones sexuales a Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú por parte de militares en 2002, casos que fueron llevado en octubre de 2007 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la imposibilidad de obtener justicia en México.
La organización de los me´phaa también denunció la esterilización forzada a 14 hombres me’phaa en la comunidad de El Camalote en 1998, caso por el cuál la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 66/2007 el 17 de diciembre de 2007 exigiendo que se procese a los culpables y que se indemnice a las víctimas.
Asimismo la OPIM ha estado exigiendo justicia por el asesinato de Lorenzo Fernández Ortega, hermano de Inés y destacado integrante de la organización quien fue encontrado muerto, el 9 de febrero de 2008, en Ayutla, con huellas evidentes de tortura.
El 5 de febrero de este año, en el marco de la visita de activistas de Amnistía Internacional, la OPIM y Tlachinollan arrancaron la campaña ¡Alza tu voz por su libertad! para exigir la liberación de los cinco defensores de derechos humanos.
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