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21/01/2010

En la Costa abren Centro de desarrollo y estudio de la lengua Mixteca


Por Élfego Gregorio Jimenez, corresponsal

Santiago Jamiltepec, Oax.-
Este viernes, 22 de enero será inaugurada en el municipio indígena de Santa Catarina Mechoacán el centro de desarrollo y estudio de la Lengua Mixteca, que tendrá su sede en Santiago Jamiltepec, informo primero en su lengua y luego en español Tobías Hernández García, escritor de esta lengua y colaborador de dicho centro.

El objetivo explico, “es planear, organizar, coordinar, fomentar, desarrollar, difundir y ejecutar las acciones y actividades inherentes a la investigación, estudio y preservación de la lengua mixteca de la región de la Costa de Oaxaca; asimismo, intercambiará experiencias con instituciones académicas”.

Esta nueva oficina pertenecerá al Centro de Desarrollo y Estudio de las Lenguas Indígenas de Oaxaca, (CEDELIO) institución de carácter académico e de investigación que tiene la encomienda de mejorar las condiciones lingüísticas de los diferentes grupos éticos del Estado, así como el propósito de preservar, fortalecer, desarrollar, promover y rescatar las lenguas.

Hernández García explico que en el evento de inauguración participaran el director general del CEDELIO, Andrés Hernández Cortes, el jefe de zonas de supervisión, Gabriel Pérez Merino, entre otras autoridades municipales, educativas y escritores indígenas.

En el Centro de desarrollo y estudio de la Lengua Mixteca, se propondrá políticas que protejan y procuren su uso constante en todos los aspectos de la vida, en las diferentes regiones y áreas de influencia realizando acciones encaminadas a propiciar la investigación, el estudio, desarrollo y preservación, contribuyendo con ello al fortalecimiento de su identidad cultural.

Emprende población mixteca su propio desarrollo


Por René López, corresponsal

Tlaxiaco, Oax.-
Entre las montañas de la Mixteca, en la comunidad de independencia Atatlahuca, cuatro asociaciones integradas en su mayoría por mujeres, están iniciando proyectos productivos de invernaderos, tres de jitomate y uno de rosas, con lo que pretenden abatir la pobreza y el alto número de emigración.

Fueron muchos los pleitos y problemas a los que se enfrentaron a la llegada de estos proyectos, primero ante la incredulidad de la gente, y ante la división que provocaron los chismes, porque no creían que era posible iniciar sus propias empresas, y hoy este sueño ya se encuentra en un 90% de avance, dio a conocer el ex agente, José Silvestre Bautista Barrios.

Dijo que esta comunidad, sumida en la pobreza, ya ha iniciado a trabajar, primero invirtiendo sus fuerzas con tequio logrando hasta en estos momentos acondicionar el lugar donde se pusieron los invernaderos, la apertura de un camino, el acarreado de abono del bosque y otras obras menores.

Saldrán de este atraso, siendo uno de los principales impulsores, el ingeniero en agroecología Arturo Chávez, de la Universidad de Chapingo, quien ha dado las asesorías sin cobrar recurso alguno y lo primero que se hizo es organizar a la gente, lo que hoy ya es una realidad resultando con ello cuatro invernaderos de alta tecnología, listos para la producción en este año.

Lo segundo que se hizo en este pueblo es prohibir las bebidas alcohólicas que tanto daño estaba haciendo a la comunidad.

En independencia Atatlahuca para que las mujeres puedan dar sus tequios y cooperaciones para la realización de estos proyectos, se creó una guardería apoyado por el gobierno federal, donde ahora las mujeres dejan a sus niños, siendo en estos momentos un total de 35 infantes, donde tres mujeres nativas del lugar les dan atención, comida y hospedaje de 7 de la mañana a 4 de la tarde, siendo a la vez un modo de empleo.

Escolástica Sandoval Avendaño, presidenta general de los cuatro comités de invernadero y responsable del proyecto de rosas, dio a conocer que tienen todas las herramientas listas para plantar un total de 3 mil plantas de rosas de más de 15 variantes y tener la primera producción de más de dos toneladas en los primeros días de mayo del presente año.

Eulogio Cervantes Mariscal, recién nombrado agente municipal por usos y costumbres, dijo que en el pueblo mantendrán el tequio para salir avante en el desarrollo, porque en estos poblados no hay otra herramienta, acción que a mediano plazo dará buenos resultados, por lo que se pretende que al menos el 60% de los 461habitantes de esta comunidad tengan un empleo.

Arturo Chávez, asesor, añadió que estos proyectos han generado la conformación de estas cuatro empresas, las que han sido posible con la inversión de más de 10 millones de pesos, recursos de la Sedesol y Sagarpa, con lo que han realizado ocho naves en un total de dos hectáreas y media.

Desde el 2008-2009, la gente ha iniciado a trabajar en tequios, fuerza de trabajo que finalmente es una inversión, y con ello actualmente con cooperaciones se compararon cuatro vacas lecheras y un semental para alimentar a los niños de la estancia infantil, también se implementó la siembra de tomate de cascara con sistema de riego a campo abierto, en una cuantificación de 10 hectáreas, donde se emplean 80 mujeres.

La tortura en México "continúa siendo un problema generalizado": Human Rights Watch

Washington, Estados Unidos (Avenida 24).- Los gobiernos responsables de graves violaciones de los derechos humanos han intensificado durante el último año los ataques contra defensores de derechos humanos y las organizaciones que documentan los abusos, dijo Human Rights Watch (HRW) hoy en la publicación de su Informe Mundial 2010.

En el capítulo dedicado a México, el informe señala que “en el marco de sus actividades de seguridad pública, las fuerzas armadas mexicanas han cometido graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias”, añade que “la tortura continúa siendo un problema generalizado” y apunta que continúa el asesinato de periodistas, lo que ha suscitado “un clima de autocensura en algunas regiones del país”.

El informe anual de HRW de 612 páginas, que constituye el vigésimo examen anual de la organización sobre las prácticas globales de derechos humanos, resume las tendencias principales de los derechos humanos en más de 90 naciones y territorios de todo el mundo, sobre la base del extenso trabajo de investigación realizado en 2009 por el personal de Human Rights Watch, añadió.

El capítulo introductorio de esta edición, a cargo del director ejecutivo Kenneth Roth, argumenta que la capacidad del movimiento de derechos humanos para ejercer presión en representación de las víctimas ha crecido enormemente durante los últimos años, y que este desarrollo ha generado una reacción por parte de los gobiernos abusivos que se intensificó particularmente en 2009, indicó la organización en un comunicado.

"Los ataques contra defensores de los derechos pueden ser vistos como un homenaje perverso al movimiento de derechos humanos, pero eso no atenúa el peligro", señaló Roth. "Bajo diversos pretextos, los gobiernos abusivos están atacando las bases mismas del movimiento de derechos humanos".

Por considerarlo de interés para los lectores, presentamos a continuación el resumen del Informe Anual de HRW:

El Presidente Felipe Calderón ha delegado mayormente en las fuerzas armadas la lucha contra la violencia relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado. En el marco de sus actividades de seguridad pública, las fuerzas armadas mexicanas han cometido graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias. México permite sistemáticamente que las fuerzas militares se investiguen a sí mismas a través de un sistema de justicia militar que garantiza la impunidad de los abusos cometidos por el Ejército.

El sistema de justicia penal de México padece graves problemas de derechos humanos, como el uso de la tortura y el maltrato por parte de las autoridades de aplicación de la ley, y no juzga adecuadamente los delitos. La creciente violencia contra los periodistas que denuncian al crimen organizado y la corrupción gubernamental ha generado un clima de autocensura en varias partes del país.

Impunidad por abusos militares

Los soldados mexicanos continúan cometiendo abusos aberrantes durante su participación en actividades de seguridad pública. La cantidad de denuncias de abusos cometidos por el Ejército presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México se sextuplicó entre 2006 y 2008, y llegó a 559 durante el primer semestre de 2009.

En febrero de 2009, por ejemplo, un grupo de soldados detuvo arbitrariamente a un indígena en Oaxaca durante seis horas y lo sometió a golpizas y técnicas de asfixia por inmersión. En marzo, varios soldados detuvieron a 25 agentes de la policía municipal de Tijuana en una base militar en la cual les propinaron reiteradas golpizas, les administraron descargas eléctricas, incluso en los genitales, y los asfixiaron con bolsas de plástico. En agosto, un grupo de soldados detuvo a dos hombres en Morelos, los amenazaron de muerte, les vendaron los ojos y los golpearon.

Las autoridades militares asumen habitualmente la jurisdicción militar para investigar y juzgar los abusos del Ejército. Como resultado, la gran mayoría de los casos de abusos del Ejército nunca son juzgados con éxito. El sistema de justicia militar carece de la independencia necesaria para llevar a cabo investigaciones confiables, y su funcionamiento se caracteriza por una falta de transparencia generalizada. La capacidad de los agentes del ministerio público militar de investigar los abusos cometidos por el Ejército se ve aún más debilitada por el temor hacia esta institución, que impide que las víctimas civiles y los testigos brinden información a las autoridades militares.

Sistema de justicia penal

El sistema de justicia penal no ofrece justicia a las víctimas de crímenes violentos y de violaciones de derechos humanos. Esta falla responde a diversas causas, como corrupción, capacitación y recursos insuficientes, y prácticas de policía abusivas sin ningún tipo de rendición de cuentas.

La tortura continúa siendo un problema generalizado. Uno de los factores que perpetúan este problema es la aceptación por parte de algunos jueces de pruebas obtenidas mediante tortura u otros malos tratos. Otro factor es que no se investigan ni juzgan la mayoría de los casos de tortura.

Más del 40 por ciento de los reclusos en México no han recibido nunca una condena por los delitos que se les atribuyen. En lugar de ello, se encuentran en prisión preventiva a la espera de un juicio que, a menudo, demora años. El uso excesivo de la prisión preventiva contribuye a la sobrepoblación de las cárceles. A su vez, los reclusos también son víctimas de abusos por parte de los guardias. Con frecuencia, los niños son detenidos en condiciones deficientes en delegaciones policiales y otras instituciones, y muchos menores detenidos no tienen acceso a programas educativos.

En junio de 2008, México aprobó una reforma constitucional que sienta las bases para un sistema de justicia penal acusatorio con juicios orales, y contempla medidas que son esenciales para promover un respeto más amplio de los derechos fundamentales, como la inclusión de la garantía de presunción de inocencia en la Constitución. Sin embargo, existen dos disposiciones que vulneran las obligaciones de México conforme al derecho internacional. La primera permite a los agentes del ministerio público, con autorización judicial, detener durante un máximo de 80 días a personas que presuntamente han participado en actividades de delincuencia organizada, antes de haber sido acusados de la comisión de un delito. La segunda deniega a los jueces la facultad de decidir, en casos vinculados con una lista preestablecida de delitos, si el acusado debe ser puesto en libertad provisional hasta la sustanciación del juicio y durante este. El gobierno tiene un plazo de ocho años para implementar la reforma.

Impunidad por los crímenes de la “guerra sucia”

Durante sus cinco años de vigencia, la Fiscalía Especial creada en 2001 para investigar y juzgar los abusos cometidos durante la “guerra sucia” ocurrida en México entre la década de 1960 y de 1980, realizó avances muy limitados. No logró obtener ninguna condena penal.

De los más de 600 casos de desapariciones, consignó 16 casos y obtuvo órdenes de aprehensión en 9 de ellos. La fiscalía sólo pudo determinar el destino de seis personas desaparecidas (cuatro fueron enviadas a instituciones psiquiátricas y dos fueron asesinadas mientras se encontraban detenidas).

Luego de que Calderón cerrara oficialmente la Fiscalía Especial, los casos fueron transferidos a otra unidad no especializada que pertenece a la Procuraduría General de la República, que no ha obtenido avances significativos en las investigaciones.

Libertad de expresión e información

Diversos periodistas, especialmente aquellos que han realizado investigaciones vinculadas con el narcotráfico o han criticado a los gobiernos de los estados, han sido víctimas de hostigamiento y agresiones. En julio de 2009, por ejemplo, el cuerpo brutalmente golpeado de un periodista fue encontrado enterrado cerca de Acapulco, con las manos y los pies atados y la cabeza envuelta con cinta. Siete periodistas mexicanos han desaparecido desde 2005, cinco de los cuales habían investigado los vínculos entre funcionarios locales y la delincuencia organizada. Estos casos han suscitado un clima de autocensura en algunas regiones del país.

Desde 2007, la difamación, las calumnias y las injurias ya no constituyen delitos federales. Sin embargo, en los estados las leyes penales sobre difamación continúan siendo excesivamente restrictivas y suelen socavar la libertad de expresión.

Tanto la ley federal sobre transparencia y acceso a la información de 2002 como la reforma constitucional de 2007 incrementaron las vías para el escrutinio público del gobierno mexicano. No obstante, los avances logrados en la promoción de la transparencia en el Poder Ejecutivo federal no se han replicado del todo en los demás poderes de gobierno, en los organismos autónomos, ni a nivel estatal.

Defensores de derechos humanos

Las Naciones Unidas han documentado 128 casos de violencia o intimidación contra defensores de derechos humanos mexicanos desde 2006, y 27 de ellos se produjeron durante la primera mitad de 2009. Los métodos de intimidación más comunes han sido las amenazas contra la vida o la integridad física de los defensores, realizadas por medio de correos electrónicos, llamadas telefónicas o notas anónimas dejadas en el lugar de trabajo.

La lista incluye además 10 asesinatos. Por ejemplo, los cuerpos de dos defensores que habrían sido secuestrados en Guerrero por la policía en 2009 fueron encontrados varios días después con marcas visibles de tortura.

Derechos reproductivos, violencia doméstica y abuso sexual

Las leyes mexicanas no protegen adecuadamente a las mujeres y niñas de la violencia doméstica y el abuso sexual. Algunas disposiciones son abiertamente contrarias a los estándares internacionales, como aquellas que establecen sanciones para algunos delitos sexuales en función de la “castidad” de la víctima, o penalizan la violencia doméstica únicamente cuando la víctima ha sido golpeada en reiteradas oportunidades. Las garantías legales existentes no suelen aplicarse con suficiente firmeza. Las niñas y mujeres que denuncian ante las autoridades haber sido víctimas de violación o violencia generalmente se enfrentan a una actitud de sospecha, apatía y menosprecio. Por ello, las víctimas suelen ser renuentes a denunciar los delitos, y esta falta de denuncia, a su vez, frustra la promoción de las reformas legales necesarias. Como resultado, prevalece la impunidad por la creciente violencia sexual y doméstica contra mujeres y niñas.

En agosto de 2008, la Suprema Corte de Justicia de México confirmó la constitucionalidad de una ley del Distrito Federal que legalizó el aborto practicado durante las primeras 12 semanas de embarazo. Sin embargo, el aborto continúa estando penalizado en el resto de México, y durante 2009 varios estados intentaron incorporar el derecho a la vida del no nacido en sus constituciones. Si bien todos los estados permiten el aborto en determinadas circunstancias específicas, como luego de una violación, el trato displicente y hostil impartido por las autoridades a las víctimas de violaciones que desean interrumpir su embarazo no deseado muchas veces logra que desistan de llevar a cabo esta práctica.

Derechos laborales

La actividad sindical legítima continúa siendo obstaculizada por los convenios colectivos negociados entre los sectores gerenciales y los sindicatos afines a estos. A menudo, estos convenios no ofrecen a los trabajadores otros beneficios que los mínimos impuestos por las leyes mexicanas. Los trabajadores que intentan organizar sindicatos independientes se exponen a perder sus empleos, ya que las leyes inadecuadas y su ejecución deficiente por lo general no los protegen frente a despidos dispuestos a modo de represalia.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos

La institución oficial de derechos humanos de México ha ofrecido información detallada y autorizada sobre casos específicos de violaciones de derechos humanos y ha identificado algunos obstáculos sistémicos que se interponen al avance de derechos fundamentales. Sin embargo, pese a su amplio mandato y a sus importantes recursos, en general no ha exigido a las instituciones gubernamentales que reparen los abusos documentados ni ha promovido las reformas necesarias para evitarlos. En noviembre de 2009, el Senado designó a un nuevo presidente de la Comisión por un mandato de 5 años.

Actores internacionales clave

La Iniciativa Mérida es un paquete de asistencia de varios años de duración acordado en 2007, mediante el cual Estados Unidos ha proporcionado a México fondos por $ 1.351 millones destinados a abordar los niveles crecientes de violencia y corrupción por parte de poderosos carteles de narcotraficantes [Actualizado en enero de 2010]. Al autorizar los fondos, el Congreso estadounidense determinó que la mayor parte de la asistencia para las fuerzas de seguridad mexicanas estaría disponible inmediatamente, pero que el 15 por ciento de la mayoría de los fondos sólo se entregarían una vez que la Secretaria de Estado de Estados Unidos informara al Congreso que el gobierno mexicano ha cumplido cuatro requisitos sobre derechos humanos: garantizar que los agentes del ministerio público y las autoridades judiciales del fuero común o federal investiguen y juzguen a los policías federales y a los militares que violan los derechos fundamentales; consultar periódicamente a las organizaciones de la sociedad civil mexicanas sobre la implementación de la Iniciativa Mérida; hacer cumplir la prohibición de utilizar aquellas declaraciones que se obtengan mediante tortura u otros tratos degradantes; y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de las fuerzas policiales.

Sin embargo, la efectividad de estos requisitos se vio debilitada cuando en agosto de 2009 el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió su primer informe acerca de los requisitos sobre derechos humanos de la Iniciativa Mérida, en el cual no se analiza si estos fueron cumplidos por México ni se demuestra que México esté asegurando que las autoridades civiles investiguen los abusos. El Congreso autorizó la entrega de una parte de los fondos retenidos, pero solicitó información adicional que debía ser incluida en el próximo informe del Departamento de Estado.

En diciembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emite sentencias vinculantes, decidió que México era responsable por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, cometida por militares durante la “guerra sucia”, y por la impunidad del caso. La Corte ordenó al estado que investigara adecuadamente los hechos y determinara los responsables, que adoptara diversas medidas de reparación y que modificara el Código de Justicia Militar para adecuarlo a estándares internacionales. En 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remitió también otros tres casos sobre abusos militares en Guerrero a la Corte Interamericana. Los casos involucran la detención arbitraria y tortura de dos activistas ambientales en 1999, y la violación sexual de dos mujeres indígenas en 2002. [Actualizado en enero de 2010]

En 2009, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas realizó el Examen Periódico Universal de México. El gobierno mexicano apoyó la mayoría de las recomendaciones destinadas a mejorar sus prácticas de derechos humanos, pero no aceptó aquellas que cuestionaban el uso de tribunales militares para juzgar los abusos del Ejército.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mantiene una oficina en México que provee valiosa documentación sobre los problemas de derechos humanos y ofrece recomendaciones para superarlos, como su informe de 2009 sobre la situación de los defensores de derechos humanos en el país.

El INEA advierte un rezago de 30 años en alfabetización

Ciudad de México, DF., (El Universal).- Hacer que 33.4 millones de mexicanos aprendan a leer y escribir, así como terminar la primaria y la secundaria, le llevará a México por lo menos 30 años más al ritmo que hoy lo hace, estimó el director del Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA), Juan de Dios Castro Muñoz.

El funcionario informó que dentro de ellos está el grupo “más vulnerable de los vulnerables” que son los indígenas monolingües, grupos que no saben leer, escribir y hablar en español.

“Los monolingües, esos sí pa’ que veas están más fregados”, afirmó al considerar que son ellos son parte de los “indigentes educativos” de los que habla la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su informe La Educación para Todos en el Mundo 2010. Llegar a los marginados.

A ellos lo primero que hay que hacer es enseñarles a leer y escribir en su lengua y una vez que lo consiguen, se les enseña a escribir en español, dijo. “Con ellos nos tardamos dos años porque el asesor tiene que ser de ellos, es decir, que también hable esa lengua indígena”.

Incremento en pobreza educativa

El director del INEA explicó en conferencia de prensa, que con los recientes datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en México se incrementó en 6 millones el número de mexicanos pobres que al mismo tiempo caen en una “pobreza educativa”.

Para atender a ese grupo de la población “nosotros estamos poniéndonos más metas para atender a más mexicanos, pero es una meta moderada, mesurada pero real”.

Juan de Dios Castro Muñoz informó que en el último año, el Instituto Nacional de Educación para los Adultos atendió a 2.4 millones de jóvenes y adultos, pero sólo logró que tres de cada 10 obtuviera un certificado que avale que aprendió a leer y escribir, o bien, que concluyó la primaria o la secundaria.

Argumentó que existe una falta de asignación de mayor presupuesto por parte de los gobiernos estatales.

El director del instituto explicó que en la República Mexicana hay una “resistencia cultural en todo el Estado, de privilegiar otras actividades de carácter asistencialista, porque a veces se le da más importancia, sobre todo en los municipios, a la despensa, a la dádiva, al cemento, y no se le da importancia a la educación de las personas”.

Retraso en mayores de 15 años

El director del INEA comentó que el objetivo de la actual administración es reducir de 45.7% en 2006 a 40.9% en 2012 la proporción de mexicanos en situación de rezago educativo.

Castro Muñoz indicó que a mitad del sexenio del presidente Felipe Calderón el avance ha sido de 660 mil jóvenes y adultos que lograron un nivel educativo, con lo cual se tiene 42.6% de la población mayor de 15 años de edad en condición de rezago.

A partir de la nueva terminología que usó la UNESCO, el funcionario dijo que si la “indigencia” incluye a todos aquellos que no tuvieron oportunidad de concluir la primaria, en nuestro país “la cifra podría ser de hasta 16 millones de personas. Eso incluye los 6 millones analfabetas y los 10 millones que no concluyeron la primaria”.

A partir de los indicadores internacionales, Castro Muñoz aseguró que en México “no existen analfabetas entre los 15 y 24 años de edad”, y luego de insistirle reconoció que hay 1.8% de ese grupo de la población (más de 363 mil 500 jóvenes) los que no aprendieron los conocimientos básicos de lectura, escritura y cálculos matemáticos y que son básicamente indígenas.

Explicó que si las proporciones se ubican por debajo de 4%, la UNESCO ha autorizado a hablar de “erradicación” del analfabetismo o del rezago educativo, y en este caso México logró ubicarlo por debajo de 2%, es decir, afirmó, “hemos erradicado el analfabetismo en ese grupo de edad”.

Castro Muñoz comentó que en el caso de los 17 millones de personas que no lograron concluir la secundaria, las condiciones de desarrollo social son diferentes a los que no concluyeron el primer ciclo de la educación básica (primaria).

El ex secretario de Educación Pública José Ángel Pescador Osuna aseguró que en los últimos 20 años el número de mexicanos que no concluyeron la educción básica pasó de 26 millones a 34 millones y no porque creciera el analfabetismo sino “por la incapacidad del Estado mexicano para brindar estudios de secundaria a los mayores de 15 años”.

Aseguró que como ex director del INEA (1978-1979), en ese periodo, dos generaciones “no recibieron la atención educativa apropiada”.

Desvalorado, aporte indígena a la música


Oaxaca, Oax., (Tiempo).- Los aportes de las comunidades indígenas al universo de la música son enormes y muy importantes; sin embargo, carecen del debido reconocimiento por parte de los músicos mexicanos, lamentó aquí el guitarrista jalisciense, Ramón Macías.

“Los músicos en general deberían tomar en cuenta esas aportaciones por la riqueza cultural que representan”, señaló.

Así, con la intención de que los músicos mexicanos conozcan sobre esos aportes, reveló que aunada a las dos investigaciones que ha realizado abordando temas sobre la música y relativos a la guitarra, actualmente trabaja en una tercera indagación que dará origen a “La guitarra en el universo de la música indígena de México”.

“Particularmente, considero que no hay tal universo, sin embargo, estoy convencido que el indígena ha hecho muchas y muy importantes aportaciones a la guitarra europea y por eso mi interés por explorar en estos temas”, dijo.

Al abundar en tanto sobre tales aportes, Macías expuso que estas tienen su base en la concepción del mundo de las distintas etnias del país, “ideas que, lógicamente, difieren de las que tenemos quienes no formamos parte de ellas”.

Añadió entonces que un ejemplo claro de lo anterior, es lo que sucedió en México, “donde antes de la llegada de los españoles, la guitarra era un instrumento desconocido, sin embargo, con la apropiación que los pueblos hicieron del mismo, se dio origen a nuevos ritmos propios de nuestra cultura, ritmos que, lamentablemente, son desconocidos”.

En este sentido, y cuestionado sobre su inclinación hacia la interpretación de la música española puntualizó: “si bien es cierto que la música que ejecuto es de origen español, cabe considerar que es música flamenca, es decir, del pueblo más desposeído y perseguido, pues son los ritmos emanados de esa cultura los que me atraen”.

“Por ello, cuando hay oportunidad de tener algún elemento musical emanado de alguna etnia, lo grabamos y después lo reproducimos para finalmente llevarlo después a una sala de concierto”, apuntó.

A decir de las tres investigaciones que ha realizado como guitarrista, reveló que la primera de las tres tiene como título: “Las Seis Cuerdas de la Guitarra”, donde hace una exploración del universo en el que se encuentra inmerso este instrumento musical.
En tanto, abundó que la segunda investigación fue hecha para dar forma a una biografía del destacado compositor mexicano Armando Lavalle a la cual tituló: “De Sotavento a Barlovento”.

Hallan vestigios prehispánicos en la Sierra Tarahumara

Chihuahua, Chih., (Milenio).- Viviendas, cementerios y construcciones para el almacenamiento de granos con más de mil años de antigüedad fueron descubiertos aproximadamente a unos 40 metros del fondo de una barranca de 1 mil 300 metros de profundidad, la cual ni siquiera aparece en el mapa del municipio de Guachochi, en Chihuahua, informó el alcalde Martín Solís.

Fue en julio del año pasado cuando un grupo de indígenas, que viven a nueve horas de camino del lugar del hallazgo, descubrieron los vestigios prehispánicos. Sin embargo, fue hasta este invierno que personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) junto con estudiantes de Antropología de la Universidad Autónoma de México (UNAM) pudieron ingresar, debido a que en tiempo de lluvias la vegetación en muy espesa, el piso se vuelve fangoso y las víboras peligrosas abundan, explicó Ventura Palma, tarahumara que participó en el descubrimiento y posteriormente lo denunció.

Las antiguas construcciones hechas con lodo y piedra al interior de cuevas pequeñas, sólo eran utilizadas para dormir y protegerse de animales. Al exterior de las casas pero en espacios dentro de las mismas cuevas se cocinaba y realizaban otras actividades, explica Enrique Chacón, arqueólogo del INAH-Chihuahua

Las construcciones se encuentran en medio del bosque, cerca de un río, en una zona de difícil acceso: para llegar desde la capital del estado es necesario conducir cinco horas en carretera, cuatro más en terracería y caminar otras nueve de bajada.

El investigador añade que las cuevas fueron aprovechadas para la construcción de viviendas y sus habitantes elegían las zonas más barrancosas con el fin de protegerse de otras tribus enemigas y de los animales salvajes que abundaban como león, puma, oso y lobo.

Chacón comentó que según investigaciones que se han realizado en lugares muy similares del estado, se presume que se trata de habitaciones y cementerios que pertenecían a la cultura de los tubares, los cuales son recordados por los indígenas de ahora como cocoyomes o bárbaros.

Los tubares son indígenas que se extinguieron hace más de 150 años, fueron los que más se resistieron a la evangelización, comenta Chacón.

Respecto a los cementerios que también se encuentran en el interior de cuevas, la mayoría se compone de entierros múltiples, aunque cada cuerpo era envuelto en petates hechos con hilo de palmilla, una planta del lugar.

En la barranca fueron localizados dos entierros: en una cueva estaban los restos de diez cuerpos, y en otra de seis, algunos de infantes, comentó Claudia Jaramillo, quien realiza su servicio social de la carrera de Antropología de la UNAM.

El alcalde señala que hay alrededor de 50 sitios arqueológicos en la barranca. Hasta ahora el INAH registró seis sitios y en posteriores visitas estudiará más.

Los pobladores

Hay descripciones de viviendas como las de los vestigos recientemente descubiertos en el libro El México desconocido de Carl Lumholtz, quien señala que los tarahumaras se referían a los salvajes como los tubares, con quienes probablemente hasta entonces no tenían rivalidad.

Otra referencia, un libro de 1645 del jesuita Andrés Pérez de Rivas, donde se refiere a sus habitantes como un grupo no evangelizado, el único que no había aceptado el acercamiento del cristianismo.

De esta cultura se cuenta con muy poca información, explica el arqueólogo del INAH; se sabe que tuvieron tres etapas, fueron nómadas, luego seminómadas y finalmente se asentaron y formaron pequeñas comunidades aprovechando las cuevas como viviendas, como tumbas y como graneros para almacenar sus alimentos.