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20/10/2009

Muerte de bebé lleva a prisión a mujer maya en QR

Chetumal, Q.Roo., (El Universal).- Yasuri Sac-Nicté Pool Mayorga, maya de 22 años, perdió a su hijo en un parto prematuro y ahora duerme en prisión. La madrugada del 12 de octubre, la joven acudió de urgencia al hospital materno de Chetumal para que la atendieran por una hemorragia. Minutos antes había muerto su bebé de casi siete meses de gestación.

Madre soltera de una niña de año y medio, y de un menor de 5 años, fue acusada y recluida en el Centro de Readaptación Social de esta capital por homicidio doloso calificado, delito que se sanciona hasta con 30 años de cárcel, según el Código Penal de Quintana Roo.

La Procuraduría de Justicia la consignó por la muerte del neonato en su vivienda en la comunidad rural de Sabidos, municipio de Othón P. Blanco.

Yasuri vivía con su madre y sus dos pequeños hijos. Ahora sus familiares dejaron el pueblo para ir a Chetumal y estar cerca de ella. En un recorrido por el poblado se constató que su casa, con paredes de palos de madera y techo de palma, está abandonada.

Sabidos se fundó en 1942 y cuenta con 2 mil habitantes. La agricultura es la principal actividad, por lo que no hay suficiente oferta de empleo para las mujeres, salvo una empresa de papaya hawaiana, la pizca de picante y el corte de zacate palapero.

Sac-Nicté tenía un embarazo de más de seis meses y tres semanas, según la averiguación previa que se le inició, pero la madrugada del lunes 12 ingresó al Hospital Materno Infantil Morelos, sin que precisara que había perdido al bebé.

Este suceso fue notificado a la Policía Judicial y en la investigación presuntamente se encontró al neonato muerto en el patio de su vivienda. Juan Antonio Alcocer Basto, director de Averiguaciones Previas de la zona sur, dijo que en la necropsia se comprobó que “el bebé vivió y respiró”. Las indagatorias atribuyen que la joven le privó de la vida, lo que se persigue por tratarse de homicidio doloso calificado.

“No le brindó atención médica a su hijo, ni dio aviso a la autoridad de lo ocurrido. Lo único que dijo en el hospital es que pasó un coágulo de sangre”, insistió. Dijo que de acuerdo con la investigación, había ocultado su embarazo durante todo este tiempo.

Días antes a su detención, la joven había cambiado de lugar algunos muebles en su casa, lo que provocó la hemorragia y el aborto involuntario, explicó la legisladora Luz María Beristáin Navarrete, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso local.

“Es la primera víctima de la ley a favor de la vida que impulsó una legisladora priísta”, aseveró la diputada perredista, quien agregó que “nadie puede garantizar que pretendía matar a su bebé, (ella) no tiene ese tipo de conductas, ni tenía la oportunidad para hacerlo y lo único que nos muestra a la sociedad es que las mujeres van a sufrir la injusticia de esta ley” aprobada.

“Estoy convencida de que no lo provocó, fue un accidente; porque conozco a la familia y sé que están cometiendo una injusticia, puso en peligro su vida y afuera tiene dos niños que mantener”.

El Tribunal Superior de Justicia informó que le asignaron defensoría de oficio a través de la abogada particular Gabriela Rojo, quien es considerada promotora de los derechos de las mujeres en el sur del estado.

Será hasta hoy cuando asuma el caso, una vez que haya revisado el expediente. Adelantó que por experiencia propia, “muchos de estos casos se cometen por errores, sin dolo”.

La litigante prometió analizar la posibilidad de que exista libertad bajo caución.

La abogada Gabriela Rojo promovió ante un juzgado local un grupo de 72 amparos contra la reforma al artículo 13 constitucional de Quintana Roo, que protege la vida desde la concepción. La audiencia constitucional de ese caso será en breve.

Inicia relleno de playas en QR; acusan ecocidio

Cancún, Q.Roo., (El Universal).- Si bien la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) concluyó que las obras de Restauración Ambiental de Playas de Cancún, Playa del Carmen y Cozumel son “viables”, las opiniones técnicas de cuatro instancias federales, dos instituciones científicas, un par de autoridades estatales y uno de tres ayuntamientos involucrados, advierten inquietantes dudas sobre las implicaciones que la extracción e inyección de arena tendrá para ecosistemas marinos y de duna, debido a deficiencias de los estudios ambientales presentados para soportar los trabajos.

De acuerdo con el resolutivo SGPA/DGIRA/DG/3758/09, emitido por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), órgano desconcentrado de la Semarnat y la encargada de evaluar el proyecto, se establecieron siete condicionantes principales para otorgar el permiso al Fideicomiso de Restitución de Playas, encabezado por la Secretaría de Turismo (Sectur), impulsor de las obras. Los siete puntos responden a opiniones y comentarios técnicos y especializados de diferentes instancias, ya sea gubernamentales o académicas, que fueron consultas por la DGIRA para enriquecer su evaluación.

El proyecto, indispensable para mantener la economía de más de un millón de habitantes que viven de la oferta de sol y playa, así como la competitividad de los destinos del Caribe mexicano ante los extranjeros, tiene un costo de entre 800 y mil millones de pesos, y consiste en la extracción de casi 6.2 millones de metros cúbicos de arena a depositarse en Cancún, Playa del Carmen y Cozumel, en porciones diferentes.

Incluye la instalación de estructuras de cierre para disminuir el golpe del oleaje y evitar la fuga de arena; el monitoreo de los trabajos durante los próximos 10 años, la búsqueda y encuentro de al menos tres bancos marinos adicionales, en un año, para la extracción de arena, y el financiamiento a través de un porcentaje de la recaudación por uso, goce y aprovechamiento de zona federal marítimo terrestre, entre otros.

Entre las observaciones se alerta sobre el posible fracaso del millonario proyecto, debido las deficiencias de los estudios y las dudas sobre los impactos que éste tendrá.

Puntos en contra

El Instituto de Limnología y Ciencias del Mar de la UNAM destaca que el proyecto exhibe el “desconocimiento de aspectos relacionados con la dinámica costera y el potencial impacto que las obras causarán sobre la comunidad arrecifal, pradera submarina y fauna”. Enfatiza la carencia de una buena caracterización del tamaño del grano de arena a extraerse de los bancos La Ollita (al sur de Isla Contoy) y Punta Norte (Cozumel).

“Este aspecto es crítico, porque el uso de arena de grano demasiado fino fue una de las principales causas del fracaso del proyecto de rehabilitación de 2006”.

Subraya que en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) se admite el peligro del “fracaso del proyecto”, al no garantizar la permanencia y preservación de playas.

La Semarnat informó que de los seis bancos marinos analizados, sólo dos presentan las características idóneas para el relleno de playas por la similitud de la arena con la de las que se van a rehabilitar.

La Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio) consideró preocupante la sobreexplotación del banco marino de Punta Norte.

“Los cerca de 6 millones de metros cúbicos que se van a utilizar para los rellenos, van a tener un impacto significativo en el único ecosistema de dunas costeras con el que cuenta Cozumel y que está en buen estado de conservación. Se calcula una pérdida de playa de 50% después de su estabilización”.

Al respecto, la DGIRA respondió que el proyecto puede llevarse acabo siempre y cuando se coloquen mallas geotextiles para evitar la dispersión y formación de plumas de sedimentos que se dirijan hacia las formaciones coralinas; programas de monitoreo para compilar información y, en caso de haber impactos, detener las obras.

El Instituto de Ingeniería de la UNAM indicó que en la MIA del proyecto faltó información sobre las estructuras de cierre, así como los criterios de selección y explotación de los bancos de arena elegidos.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) resalta que el proyecto cumple con el Programa de Manejo del Parque Marino Nacional Costa Occidental Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc, y con las rutas de navegación marcadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y establece varias recomendaciones que se convirtieron en parte de las condicionantes.

El ayuntamiento de Solidaridad, con cabecera en Playa del Carmen, consideró que la MIA no contenía toda la información requerida para un proyecto de tal envergadura; que éste no era de carácter integral, al no incluir programas de restauración de dunas costeras con vegetación halófita como uno de los factores que contribuye a la dinámica de playa.

Para subsanar esta observación, una de las siete condicionantes establece la aplicación de un programa de siembra de vegetación que reconstruya las dunas costeras.

Faltó información

Para la Dirección General de Zona Federal (Zofematac), el proyecto carecía de especificaciones en cuanto a la longitud de las estructuras de protección propuestas, el número de éstas, su espaciamiento y el tipo de actividades necesarias para construirlas.

“Tampoco describe el procedimiento para retirar los espigones (estructuras), su localización ni las alteraciones que provocarán (…)”, se indica y agrega que no hay referencia alguna sobre procedimientos para restaurar la duna costera. No obstante, la Semarnat declaró ambientalmente viable el proyecto.

Las obras comenzaron desde septiembre con la instalación paulatina de maquinaria y tubería, pero el primer vertido de arena se hará hoy y se espera que el banderazo de arranque lo dé el propio presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, según lo anunciado el jueves pasado por el secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo.

El funcionario afirmó que el proyecto ya no enfrenta ninguna traba, debido a que el Fideicomiso de Restauración Ambiental solucionó la demanda de suspensión provisional de las obras, ordenada por el Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa, en respuesta a la queja de la organización Cielo, Mar y Tierra.