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21/01/2009

IFE pide conocer zonas calientes

Zonas indígenas, consideradas de alto riesgo

Ciudad de México, DF., (Excélsior). El Instituto Federal Electoral (IFE) ya trabaja en convenios con autoridades federales para conocer las zonas más peligrosas y con presencia del narco.

Así lo comentó el consejero presidente, Leonardo Valdés, al añadir que este trabajo se realiza dentro de las actividades derivadas del acuerdo del pasado 14 de enero en el que se tomaron medidas para evitar la infiltración de dinero ilícito en las campañas.

“Nosotros pensamos, y tengo la convicción, de que esa información obra en diversas oficinas y dependencias del gobierno federal, y estamos trabajando justamente para convenir con el gobierno federal los procesos que nos permitan tener acceso a esa información y en consecuencia tomar decisiones. Pero esa es una información que no obra en poder del Instituto Federal y estamos trabajando en los términos de la resolución que por unanimidad adoptamos el 14 de enero para que, en el uso de sus facultades, las organizaciones del gobierno federal nos apoyen en tener estos datos y en consecuencia tomar las previsiones que corresponden”, dijo Valdés Zurita.

Hay que recordar que, como lo informó Excélsior en diciembre pasado, en 2006 existieron mil 845 secciones en zonas de alta inseguridad, 562 con problemas de narcomenudeo y niños de la calle, así como 210 clasificadas con grupos armados, según la lista de secciones de “atención especial” elaboradas por las juntas distritales del IFE.

Valdés Zurita agregó que “está claro que hay municipios delicados en ciertos estados de la República en donde prevalece esa problemática: la presencia del crimen organizado y de actividades ilícitas que, yo espero, con el apoyo del gobierno federal, la Sedena y otras dependencias, que no sean obstáculo para que podamos organizar el proceso electoral, porque la prioridad es que los ciudadanos tengan confianza en que pueden participar en el proceso electoral con libertad y que su participación se dará en un marco de paz y respeto a sus derechos”.

En 2006 el IFE clasificó como “secciones de atención especial” a 10.85% del total nacional de 64 mil 609 secciones. Actualmente está en el proceso de clasificación de este tipo de áreas, pero se advierte que por el incremento en la violencia seguramente la cantidad de “atención especial” por inseguridad se aumentará.

La información de las áreas de alta peligrosidad y presencia del narco la tiene el gobierno, afirma Valdés

El Instituto Federal Electoral (IFE) ya trabaja en convenios con autoridades federales para conocer las zonas más peligrosas y con presencia del narco.

Así lo comentó el consejero presidente, Leonardo Valdés, al añadir que este trabajo se realiza dentro de las actividades derivadas del acuerdo del pasado 14 de enero en el que se tomaron medidas para evitar la infiltración de dinero ilícito en las campañas.

“Nosotros pensamos, y tengo la convicción, de que esa información obra en diversas oficinas y dependencias del gobierno federal, y estamos trabajando justamente para convenir con el gobierno federal los procesos que nos permitan tener acceso a esa información y en consecuencia tomar decisiones. Pero esa es una información que no obra en poder del Instituto Federal y estamos trabajando en los términos de la resolución que por unanimidad adoptamos el 14 de enero para que, en el uso de sus facultades, las organizaciones del gobierno federal nos apoyen en tener estos datos y en consecuencia tomar las previsiones que corresponden”, dijo Valdés Zurita.

Hay que recordar que, como lo informó Excélsior en diciembre pasado, en 2006 existieron mil 845 secciones en zonas de alta inseguridad, 562 con problemas de narcomenudeo y niños de la calle, así como 210 clasificadas con grupos armados, según la lista de secciones de “atención especial” elaboradas por las juntas distritales del IFE.

Valdés Zurita agregó que “está claro que hay municipios delicados en ciertos estados de la República en donde prevalece esa problemática: la presencia del crimen organizado y de actividades ilícitas que, yo espero, con el apoyo del gobierno federal, la Sedena y otras dependencias, que no sean obstáculo para que podamos organizar el proceso electoral, porque la prioridad es que los ciudadanos tengan confianza en que pueden participar en el proceso electoral con libertad y que su participación se dará en un marco de paz y respeto a sus derechos”.

En 2006 el IFE clasificó como “secciones de atención especial” a 10.85% del total nacional de 64 mil 609 secciones. Actualmente está en el proceso de clasificación de este tipo de áreas, pero se advierte que por el incremento en la violencia seguramente la cantidad de “atención especial” por inseguridad se aumentará.

Dentro de esta denominación se encuentran secciones con alto nivel de analfabetismo, zonas militares o navales, áreas con comunidades indígenas, lugares con inequidad de género, alta migración, dispersión poblacional. También zonas turísticas o residenciales, así como áreas con problemas de salud pública y grupos armados, entre otras.

Invierte Oaxaca 702 mdp en el sector minero de comunidades indígenas

Oaxaca, Oax., (Ciudadanía Express). La inversión estatal y privada en el sector minero alcanzó los 702 millones de pesos a través de la concesión de 600 mil hectáreas para la explotación de minerales como el oro, plata y zinc en comunidades indígenas de la entidad.

Actualmente se tienen más de un millón 600 mil hectáreas concesionadas, así como un sustancial aumento en la exploración con la presencia de diez importantes empresas de talla internacional originarias de Canadá y los Estados Unidos.

Dichas empresas exploran minerales de oro, plata y zinc, principalmente en Santiago Lachiguiri, en el Istmo; Talea de Castro, en la Sierra Norte; Santa María Ecatepec en la Sierra Sur y San Vicente Arroyo Jabalí en la Cuenca del Papaloapan.

También en San José del Progreso, San José de Gracia, San Baltazar Guelavila, San Jerónimo Taviche, San Pedro Quiatoni y San Sebastián Río Dulce, en los Valles Centrales.

Se ratificaron además tres convenios de exploración con promesa de cesión de derechos en San Baltasar Guelavila y Santa Marìa Ecatepec con empresas canadienses.

Igualmente se firmaron dos convenios de exploración de traventino en la comunidad de Ignacio Mejía, Teotitlán de Flores Magón, en la Cañada, con empresas marmoleras poblanas.

Por otra parte, para apoyar a los pequeños mineros y sector social con proyectos de exploración y evaluación de sus depósitos minerales, se reactivó el Fondo de Fomento Minero Oaxaqueño.

Asimismo se visitaron 33 municipios del estado, atendiendo la solicitud de las diferentes autoridades municipales, comunales y ejidales, así como de las empresas del sector privado y social, dándose respuesta a sus planteamientos a través de 37 acciones con asesoría, asistencia técnica, gestión de financiamiento y proyectos de inversión.

La inversión en el sector minero fue de 702 millones de pesos, de los cuales, 286 millones correspondieron a las grandes empresas que exploran los yacimientos de minerales metálicos en el estado, consolidando 717 empleos permanentes y generando dos mil 323 empleos temporales.

El valor de la producción superó los tres mil millones de pesos, destacando los productos de minerales no metálicos como cemento, agregados pétreos y sal principalmente.

Detiene la ignorancia el desarrollo indígena

Morelia, Mich., (Cambio). “La ignorancia”, principal barrera para del desarrollo de una ley que norme los derechos de los pueblos indígenas, señaló Orlando Aragón Andrade, coordinador del libro Los derechos de los pueblos indígenas en México. Un panorama.

En el país es diversa la situación legal en materia de los pueblos indígenas, “pues pese a que a nivel nacional se reconoce a este sector, los diferentes estados no necesariamente reflejan esta misma situación, ya que cuentan con sus propios estatutos”, aseguró el responsable de esta edición, que se presentará el viernes 23 en la Sala Audiovisual de la Casa Natal de Morelos.

En este contexto, mientras que estados como Oaxaca y San Luis Potosí son de los más avanzados en cuanto a la atención de los pueblos indígenas en materia legal, Michoacán es una de las entidades más ambiguas en cuanto a establecer los derechos de estas etnias, mismos que se encuentran casi “rebajados” respecto al marco nacional.

En la legislación estatal, “el tema más urgente a atender para comenzar un proceso es el de la autodeterminación, pues la legislación estatal sólo reconoce la existencia de los pueblos indígenas sin otorgarles ningún derecho”, aseguró Aragón Andrade.

A falta de normas que establezcan el papel de este sector en la sociedad, los principales abusos en materia legal son los concernientes a la educación, salud, asesoría legal y robo de sus conocimientos tradicionales, refirió el jurista.

Según Andrade, por lo que respecta a las políticas de salud, en las comunidades indígenas el índice de mortalidad infantil es mucho más elevado que en las urbes, así también los índices de analfabetismo y en cuestiones legales, cuando algún indígena es procesado no cuenta con asesoría jurídica, en este mismo carácter de abuso se presenta mucho el robo a sus conocimientos tradicionales, como sus artesanías.

Problemática social

El atraso en cuanto a la confirmación de estas normas se presenta por un problema de carácter estructural, “en la sociedad existe una indiferencia generalizada hacia los problemas que aquejan a estas comunidades”. Así también, el desconocimiento y una voluntad política que atienda esos huecos legales impiden la autodeterminación de los pueblos indígenas, “en general se trata de un problema cultural”, aseguró el coordinador.

En esta cuestión, instituciones como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, “es un inicio para el desarrollo, pero una institución no basta en un proceso de este carácter, pues se trata de un problema estructural en la sociedad.

“Para iniciar un camino en este proceso hay que establecer estudios de esta temática, porque a estos pueblos legalmente se les deben atribuir ventajas para que en la realidad sean iguales, pues ellos desde que nacen llegan a la sociedad en desventaja por nacer en condiciones marginadas y no tienen las mismas oportunidades”, concluyó el responsable del Diplomado Interdisciplinario de Derechos de los Pueblos Indígenas en México.

Un panorama de los derechos de los pueblos indígenas

De este desconocimiento y vacíos jurídicos surge la necesidad de plantear una editorial que “sensibilice a los estudiantes y los juristas, porque no conocen del tema y en esos casos juzgan en base a prejuicios”, señaló Andrade.

En este sentido, el objetivo del libro Los derechos de los pueblos indígenas en México, que se presentará este viernes 23 de enero a las 19:00 horas, “es comenzar a abordar el tema en un carácter jurídico desde una visión más humanista, por lo que se seleccionó a los colaboradores con distintas formaciones, antropólogos, juristas”.

Entre los autores que colaboran en esta publicación figuran el matemático Guillermo Andrés Espinosa, el sociólogo Sergio Sarmiento Silva, el jurista José Emilio Rolando Ordóñez Cifuentes, el abogado Miguel Rábago Dorbecker, la abogada Mary Carmen Color Vargas y la antropóloga Ivy Jacaranda Jasso Martínez, entre otros especialistas en la materia.

La idea de esta compilación comenzó a materializarse apenas en el 2008, con la realización del Primer Diplomado Interdisciplinario en Derecho de los Pueblos Indígenas de México, realizado en la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana (UMSNH).

Michoacán sin ley para indígenas

Cabe señalar que actualmente el estado aún no cuenta con una norma de este carácter, ya que la propuesta de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado no logró llegar al Congreso legislativo en julio del 2008. Este año, aunque se trabajará en esta propuesta, “no se garantiza contar con esta Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas”, señaló José Lucas Ángel, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas en el Congreso del Estado.

Indígenas en analfabetismo

Entre la población de quince años y más hay 33 mil 361 analfabetas y 87 mil 552 alfabetos; sin instrucción primaria hay 32 mil 418 personas; con primaria terminada hay 19 mil 565; con secundaria terminada trece mil 60 personas. Esta situación educativa es uno de los principales obstáculos para la superación de los rezagos ancestrales de las comunidades indígenas.