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18 sep 2009

Lamentan vivan mujeres indígenas en alto grado de vulnerabilidad

Ciudad de México, DF., (Notimex).- El cuarto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Fernando Batista Jiménez, lamentó que mujeres indígenas en México vivan en un alto grado de vulnerabilidad y marginación, incluso en sus propias comunidades.

Entrevistado en el marco de las Jornadas de Acceso a la Justicia de la Mujer Indígena, agregó que lo más paradójico es que la mujer indígena "no sólo es el sustento de la vida familiar, sino también de la propia comunidad".

En torno a la discriminación institucional, subrayó que ésta se da en los tres órdenes de gobierno, "incluso de las autoridades indígenas".

En este sentido, subrayó que la CNDH está lista para atender cualquier violación a las mujeres indígenas y en general de todo ciudadano al que se violen sus garantías individuales, quienes desconocen sus derechos.

"Lo cierto es que a las autoridades penitenciarias no les interesa acercarles los mecanismos que permitan la defensa de sus derechos, y en muchos casos, ser liberados, razón por la que se refuerza el trabajo de promoción desde el organismo", comentó.

Un ejemplo de ello es que de 2005 a la fecha, bajo la coordinación de la CNDH y otras organizaciones civiles, se ha logrado la preliberación de un promedio anual de mil indígenas de las cárceles en México.

Respecto al marco legal que garantiza el acceso de la justicia a los indígenas en su propia lengua, lamentó existan muchas deficiencias y lagunas, empero expuso que antes de reformarla, hay que vigilar que se cumplan las leyes existentes.

"Tenemos que ver que no se conviertan en letra muerta, por ello hemos iniciado una revisión de las leyes locales para ver si éstas cumplen con las disposiciones federales para que se puedan adecuar a ese marco legal", consideró.

Batista Jiménez, quien elaboró la recomendación de la CNDH respecto al caso de la indígena Jacinta Francisco Marcial, pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) hacer lo propio con las indígenas Alberta Alcántara y Teresa González, también acusadas del secuestro de seis agentes federales.

Observó que es necesario "se cumpla a cabalidad" la recomendación que hicieran para la liberación de las indígenas ante "dudas razonables" por su presunta participación en los hechos delictivos.

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