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21/04/2009

Exigen comunidades indígenas cancelar tres hidroeléctricas

Oaxaca, Oax., (La Jornada).- El foro nacional Tejiendo resistencias por la defensa de nuestros territorios, que reunió a pueblos zapotecos, mixtecos, mixes, chatinos y chontales, así como a organizaciones sociales estatales, nacionales e internacionales, exigió la cancelación de los proyectos hidroeléctricos Paso de la Reina, en Oaxaca; La Parota, en Guerrero, y Zapotillo, en Jalisco. Además, pidió al Ejecutivo federal que conceda derecho de audiencia a las comunidades afectadas por dichas presas.

Igualmente demandaron parar el proyecto minero en el municipio San José del Progreso, Oaxaca, con el argumento de que causará daños irreversibles al ambiente, a las comunidades y a la población.

Los participantes en el acto, celebrado en el municipio de San Pedro Apóstol (a unos 30 kilómetros de la capital de Oaxaca), afirmaron en el pronunciamiento de clausura que México vive un embate sistemático de macroproyectos promovidos por autoridades federales, estatales y algunas municipales para cumplir acuerdos con gobiernos extranjeros.

De esta forma, añadieron, se brindan concesiones y privilegios a trasnacionales que a su vez fortalecen a oligarquías locales, a costa de la "explotación irracional" de los pobladores, dueños originarios de los recursos naturales.

Expusieron que dichos proyectos incluyen turismo a gran escala, construcción de presas, explotación minera, complejos inmobiliarios, infraestructura, producción de energía eléctrica, explotación petrolera y de mantos acuíferos para negocios particulares, con lo que se impulsa la privatización de territorios y recursos naturales localizados en comunidades indígenas y campesinas.

Acotaron que esta política implican devastación y saqueo de la riqueza natural y territorial, explotación de mano de obra, daños a la salud y pérdida de calidad de vida, así como violación sistemática de derechos individuales y colectivos, y la ruptura del tejido social comunitario.

Aparte, subrayaron, propicia la complicidad entre autoridades y empresas y ocultamiento de información pública relacionada con el desarrollo de megaproyectos. También se propicia persecución, hostigamiento, mediatización o soborno de líderes y autoridades, y se recrudece la tendencia de los gobiernos a criminalizar las manifestaciones ciudadanas.

En el foro participaron activistas de Michoacán, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y el Distrito Federal, así como de España, Francia, Estados Unidos, Suiza, Argentina, Guatemala, Perú, Honduras y Alemania, así como académicos e investigadores.

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