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21 oct 2008

Hoy podrían liberar a 4 de los 5 me’phaa acusados de la OPIM

Chilpancingo, Gro., (La Jornada Guerrero).- Hoy podrían salir en libertad cuatro de los cinco indígenas me’phaa presos desde hace seis meses por el asesinato de un informante del Ejército, luego de que ayer la juez octava de distrito, Livia Larumbe Radilla, les concedió un amparo y ordenó al juez Alfredo Sánchez Sánchez, que lleva la causa, su liberación en un plazo no mayor de 24 horas.

En un comunicado difundido ayer, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan dio a conocer que los indígenas amparados son Manuel Cruz Victoriano, Orlando Manzanarez Lorenzo, Natalio Ortega Cruz y Romualdo Santiago Enedina, todos ellos vecinos de la comunidad de El Camalote, municipio de Ayutla, detenidos desde el 17 de abril pasado.

En tanto, continúa preso Raúl Hernández Abundio, ya que de acuerdo con la argumentación planteada por la juez de distrito, hay testigos que lo señalan de manera directa como el que disparó el arma con que se asesinó al informante Alejandro Feliciano García el 1º de enero de este año.

El centro de derechos humanos refiere en su comunicado que el 7 de julio cinco abogados promovieron el amparo de la justicia federal en favor de los indígenas me’phaa al considerar ilegal e inconstitucional la detención que ordenó el juez Sánchez Sánchez el 23 de abril.

Tres meses después, la juez octava de distrito determinó, el miércoles 15 de octubre, conceder el amparo a cuatro de los cinco acusados y ordenó su excarcelación.

“Como centro de derechos humanos consideramos que esta revocación del auto de formal prisión obliga al juez mixto de primera instancia de Ayutla a decretar la inmediata libertad de los cuatro indígenas me’phaa y desahogar un juicio justo y conforme a derecho contra Raúl Hernández Abundio, porque igual que sus compañeros, él también es inocente, toda vez que no hay un señalamiento directo que indique que lo vieron a él accionar el arma contra Alejandro Feliciano, y el simple hecho de estar en un lugar no te hace culpable de un crimen”, precisó el centro.

En su boletín difundido ayer, la organización establece que el juez Sánchez Sánchez basó su veredicto contra los indígenas en “dichos subjetivos” y “sospechas”, y advierte que la sentencia de la juez octava demuestra “que la Procuraduría Justicia fabricó los delitos por los cuales fueron encarcelados los cinco indígenas de la OPIM y evidencia que la finalidad del encarcelamiento fue frenar el trabajo organizado que la OPIM está haciendo”.

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