Cuernavaca, Mor., (La Jornada Morelos).- El resultado de las detenciones, los métodos de represión y la violación sistemática de los derechos fundamentales de los detenidos, en su mayoría indígenas, durante los operativos de desalojo orquestados en Huitzilac, Xoxocotla y Amayuca “apunta a deudas pendientes del gobierno en contra de las comunidades que han resistido a pesar de la represión que han sufrido”, declaró Juliana García Quintanilla, presidente de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM).
La activista dio a conocer escrito preliminar que documenta la violación de las garantías individuales fundamentales y derechos humanos establecidos en tratados nacionales e internacionales en contra de miembros del magisterio y de los pueblos indígenas de Morelos.
El documento es resultado de un trabajo colectivo que se realizó a partir de la agresión sufrida en los operativos montados los días 6, 7, 8 y 9 de octubre en comunidades de Huitzilac Xoxocotla y Amayuca. El informe integra testimonios de los agredidos y de familiares. Contiene 139 casos individuales con detalles de las torturas, amenazas y abusos sexuales de los que fueron víctima por parte de efectivos de policías federal, estatal y municipales.
El reporte de la CIDHM indica que de los 139 detenidos, 43 son mujeres y 96 hombres; de los cuales 19 son mujeres indígenas y 16 son hombres indígenas, además que existe el registro de siete menores de edad, dos niños y cinco niñas.
De estas personas, 16 son considerados civiles, 35 indígenas, de 83 no se tiene dato del grupo al que pertenecen y sólo cinco de los detenidos son parte del magisterio. “Esto señala claramente como la violencia que ejerció el gobierno fue directamente a las comunidades indígenas que han resistido y no han visto sus demandas resueltas”. García Quintanilla agregó que la diferencia en esta represión es que nunca antes habían arrojado gases lacrimógenos desde los helicópteros dejando indefensa a la población.
Del análisis de las violaciones a los derechos humanos que sufrieron los hombres, 13 por ciento son detenciones arbitrarias; el 12 por ciento privaciones ilegales de libertad; el 18, una violación de los derechos de los pueblos indígenas; una denuncia por tortura, y un 9.35 por ciento representa la violación de los derechos de las mujeres indígenas.
Una mujer narra abuso sexual y otras revelan que se usaron palabras altisonantes y recibieron amenazas de violación durante su permanencia en Torre Morelos, sede de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal a donde se llevaron a los detenidos durante el operativo en Xoxocotla.
El documento se entregará al Senado de la República para que se deslinden responsabilidades en contra de las autoridades encargadas de coordinar los operativos de desalojo y las detenciones que se derivaron de los mismos, entre los cuales se destacaría al gobernador Marco Adame Castillo y a los presidentes municipales que apoyaron los dispositivos con efectivos policíacos.
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