Indígenas, los ‘narcos’ pobres

Chilpancingo, Gro., (El Diario).- Florencia Morales Dircio no se parece a “La Reina del Pacífico”. A ella no la detuvieron en una residencia ni le confiscaron relojes finos, aunque también se encuentra en la cárcel como narca. A esta joven indígena que mira al piso cuando habla que unos judiciales federales la sacaron del jacal de su suegro, le quitaron al hijo que llevaba en brazos, la acusaron de estar “cerca” de semillas de amapola y greñas de mariguana, y por tal delito un juez la condenó a cinco años y tres meses de cárcel.
Su caso engruesa la publicitada cifra de 82 mil detenidos en lo que va del sexenio por delitos relacionados con el narcotráfico, pero el delito de Florencia, si acaso, es ser indígena, analfabeta, hablar mal el español y carecer de dinero para contratar un abogado.

Aunque al ser encarcelada era menor de edad, tenía un hijo lactante, estaba embarazada y no hubo pruebas en su contra, le fijaron la pena máxima para los campesinos “de escasa instrucción y extrema necesidad económica” dedicados a la siembra, cultivo o cosecha de mariguana, amapola, hongos alucinógenos, peyote “o cualquier otro vegetal que produzca efectos similares”.

En el país existen 477 indígenas encerrados bajo la acusación de haber cometido uno o varios delitos contra la salud. Sólo en la cárcel de Chilpancingo hay 27, cuatro de ellos mujeres.

La descripción del operativo de captura de Florencia, plasmada en el expediente 06/2008, ilustra su estilo de vida:

“Teniendo acceso por la puerta de madera sin pintar, se observó un altar con imágenes religiosas y, a un costado, elotes amontonados en el suelo, así como tres botes metálicos. Se encontró sobre el suelo una yerba verde y seca en greña, así como envolturas color azul con un atado con las características propias al parecer de la mariguana y un pañuelo color rosa conteniendo al parecer semillas de amapola (…) se observó una cocina donde se observan un molino, una mesa de madera, una hamaca y un comal donde no se localizó delito alguno (…) es una casa de construcción de adobe con techo de teja y lámina y mide aproximadamente 10 metros de largo y seis de ancho.”

En el legajo se indica que en enero de 2008, cuando fue aprehendida en la comunidad de Oxtotitlán, municipio de José Joaquín de Herrera, Florencia tenía 16 años. El comandante al mando de la misión era Benjamín Catalán Nava, de la Agencia Federal de Investigación, quien señala que acudieron al jacal por una denuncia anónima y al llegar descubrieron a Faustino García, esposo de Florencia, y al padre de éste, Vicente Hermenegildo García, regando el jardín de la casa.

“Ante ello, el personal se traslada al patio y, a tres o cuatro metros, observan diversas plantas conformadas por tallos y bulbas con características de amapola en una superficie de 100 metros cuadrados, con 10 plantas por metro cuadrado”, declara Catalán en su reporte.

De la culpabilidad de los varones, o de su paradero, nada dice el expediente porque ellos nunca pisaron la cárcel. Florencia afirma que eso se debe a que ni su marido ni su suegro estaban en el lugar.

“Ese día iba yo a visitar a mi suegro y vi que cerquita iban como tipos armados, así como civiles; nomás estaba la casa sola y ellos empezaron a entrar, pues, a revisar, y me pregunta: ‘¿Aquí vive tu suegro?, venimos este orden de cateo’. Le digo: ‘yo no sé nada’. Quieren traerme, no quería venirme, tenía yo cargando mi niño, me lo quitaron y se lo dieron a una señora; una mujer judicial hasta me arrempujaba. ‘Aquí vas a caminar, así te va a ir en Chilpo’. Le digo: ‘¿Qué delito, tengo problemas? Enséñeme mi nombre si de veras viene’. Y me trajeron”, explica la joven nahua a Proceso.

El magistrado del Primer Tribunal Unitario, José Luis Arroyo, quien firmó el expediente, sólo dio validez a la palabra de los agentes de la AFI. Desechó las declaraciones de Florencia y de los dos testigos que juraron que ni siquiera era suya la casa donde supuestamente encontraron los estupefacientes. Tampoco le valió el testimonio del agente de Bienes Ejidales de su verdadera comunidad, Ajacayan Oriente, a media hora de Oxtotitlán, que la describió como persona intachable; ni el de la vecina presente en la detención que declaró que en el operativo no encontraron droga. A Florencia también le sorprendieron los cargos.

El magistrado Arroyo, sin embargo, consideró que los testigos fueron aleccionados para beneficiarla.

“Tales probanzas no son suficientes, ya que aun cuando refieren que Florencia no vivía en el lugar, no justificaron su presencia en el mismo (…), y la testigo Mariana Felipe, que señala que vio todo porque estaba llenando su tanque y andaba un señor repartiendo agua, es una manera vaga y superficial de intentar beneficiar al procesado”, argumentó.

Bajo la premisa de que los ciudadanos son culpables hasta que demuestren lo contrario, el mismo juez señaló que Florencia no presentó pruebas para sustentar su inocencia y que, aunque la casa denunciada no es suya, estuvo cerca de la droga: 430 gramos de mariguana y dos kilos de semillas de amapola.

“A pesar de que admitió que tuvo dentro de su radio de acción y ámbito de disponibilidad los estupefacientes y precisó son de sus suegros –asentó el juez–, sin embargo esa manifestación por sí sola no tiene alcance de invalidar el conocimiento de elementos; se trata de una simple negativa de su participación en los hechos, pero no corroborada con prueba alguna. Admitir como válida tal manifestación sería tanto como destruir todo el mecanismo de prueba presuncional y facilitar la impunidad de cualquier inculpado, ya que toda una cadena de presunciones se volvería ineficaz por la sola manifestación de los procesados, situación que es jurídicamente inadmisible.”

El día de la visita de esta reportera al penal, Florencia dejó al hijo que la acompaña a cargo de otra interna que es madre, con la que comparte un cuarto de madera en el patio. Llegó a la Dirección con su cara de niña asustada, se instaló retorciéndose como lombriz en la silla, penosa, intentando zafarse de la entrevista con el argumento de que no entiende español, aunque con dos años y medio de encierro lo ha aprendido bien.

Cuando entró en confianza, lamentó que su esposo no tiene dinero para visitarla y que de tanto tiempo de separación su hijo mayor, el chiquillo de un año que cargaba el día que la detuvieron, ya no la reconoce.

“Tenía mi hijo que lo cuida mi suegra; me lo trajeron a los ocho meses después; orita ya no me conoce como mamá; sí me dice ‘mamá’, pero casi no. No hay manera que vengan a verme. Para donde yo vivo está lejos y el pasaje sale mucho dinero. Mi otro hijo ya nació aquí, aquí lo tengo, tiene un año con seis meses. Cuando vienen les digo: ‘Yo estoy aquí, ustedes allá, pero algún día voy a juntar mis hijitos que no se conoce como hermanos’. A veces me dicen que viene licenciado, pero yo les digo: ‘Ustedes son licenciado, sácame y ahí afuera voy a conseguir prestado, los voy a pagar’, pero me dicen: ‘Ya te falta poquito ahí, aguanta’.”


Los presuntos culpables


Datos del Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas (Cupihd) señalan que México ocupa el quinto lugar entre los países con más gente encarcelada, con 225 mil reos. Una cuarta parte de ellos fueron condenados por delitos federales, principalmente tráfico de drogas.

“No consideramos válida la variable de número de detenidos como muestra del buen resultado de la estrategia (gubernamental antidrogas); la consideramos detestable y deleznable porque a muchos de éstos ni siquiera se les inicia averiguación previa debido a que hay mal trabajo de integración judicial, y los que llegan a la cárcel son los eslabones más débiles, que no pueden contratar abogados para defenderse o que a veces se quedan inocentes. Porque también pasa que primero agarran a gente y luego averiguan quiénes sí estaban involucrados y quiénes no”, dice Carlos Zamudio, investigador de Cupihd.

La exdiputada Elsa Conde, activista por la legalización de la mariguana e integrante del colectivo, señala que del total de los detenidos en la “guerra contra las drogas” sólo el 0.5 por ciento son capos; el resto, infantería, y la mayoría, pobres.

Por su parte, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan de La Montaña, ubicado en la región más pobre del país y primera en cultivo de amapola, critica la estrategia gubernamental antidrogas porque se basa en castigar a los campesinos y no se ocupa de las causas que obligan a los pobres a cambiar su milpa por cultivo de “maíz-bola” (como se conoce a la amapola).

“Acá mandan al Ejército como si hubiera grandes delincuentes, en vez de enviar proyectos para que la gente siembre maíz, estudie, tenga comida. Esa política ve a los pobres como delincuentes, pero la gente se ve obligada a sembrar, no porque quiera, sino porque tiene hambre. De ésos llenan las cárceles”, manifiesta el antropólogo Barrera.

Según el titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xavier Abreu, en México unos 50 mil indígenas de 60 comunidades se dedican a la siembra de drogas; sin embargo, nunca ha querido aclarar en qué reporte funda su cálculo ni en qué lugares viven dichos indígenas.

En la cárcel de Chilpancingo hay otro joven nahua, Gumersindo Primitivo, quien dice que a él y a seis vecinos los acusaron de tráfico de drogas porque un cacique quería quedarse con sus tierras.

“Nos detuvieron, nos pusieron goma que no era de nosotros, nos dieron sentencia de cinco años y 100 días sin tener ni una culpa. Hemos presentado las pruebas, presentamos testigos, trajimos constancia de buena conducta, pero no pasó nada. El terreno que estábamos defendiendo se lo quedó el señor que nos acusó”, explica a Proceso.

Asimismo, Alfonsa Juárez Barrera, una indígena jornalera de 29 años, fue encarcelada a su regreso de las pizcas de Sinaloa. Había conseguido trabajo de limpieza en una casa donde la enviaron a llevar un encargo. En el camino la detuvieron los soldados, y cuando la revisaron se enteró de que el paquete contenía ‘goma’, el líquido cristalizado de la amapola. La sentenciaron a 10 años de cárcel.

Explica: “La señora de Tlapa me dice: ‘Te voy a dar mi encargo, no lo abras’. Me mandó a dejar unas cosas en Chilapa. Pasé donde los guachos, y cuando dicen los guachos que me pare, lo abrieron, y así pues dicen: ‘tú vas a ir a la cárcel’”.

Ella también es madre. Sus hijos tienen siete y 11 años.

“Nadie me cuida a mis hijos; se van a meter a otra casa ajena. Están tristes. Yo también, porque me están dejando la culpa; a la señora que me mandó ya la mataron”, dice.

Según el visitador adjunto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Juan Silva Santana, en los juicios de los indígenas acusados por delitos contra la salud las declaraciones de los acusados se contraponen a las que hacen las autoridades.

“Ellos niegan siempre esos delitos. Comúnmente dicen que la droga se la sembraron, pero las autoridades afirman que sí los detuvieron con esa droga. Sólo algunos internos aceptan que los detuvieron en el sembradío, pero argumentan que lo hicieron por las necesidades económicas”, expresa el funcionario.

Otro indígena encarcelado en Chilpancingo, el tlapaneco Victórico Castro Concepción, refiere que unos encapuchados armados le salieron al paso y le dijeron que llevara un paquete a otro paraje, pero en el camino miembros del Ejército revisaron su automóvil y lo detuvieron. Su expediente es el 102/2007.

“Llevé a mi primo, que iba a traer a su esposa del hospital. Estuve sentado esperando, y que me fijo, y ahí están dos personas en mi camioneta. Le abrieron el cofre, bajé, me estuvieron amenazando, querían la llave, sacaron un arma: ‘Tú vas a llevar un recado a Zapotitlán. Van a salir tres personas vestidas de negro en el camino. Si no quieres, matamos a tu familia, tus hijos’. Me arranqué, bajé, estaban los soldados revisando los carros. Ahí me dijeron que llevaba goma.”

Él era el sostén de ocho hijos que se vieron obligados a dejar la escuela y a quienes su esposa mantiene lavando ropa ajena. Victórico luce pelón, está enfermo, tiene un tumor en la cabeza cuyos dolores mitiga a base de aspirinas que a veces le dan en la enfermería. Está resignado a morir, pues no tiene dinero para pagar una operación. (En cuanto lo escucha, el visitador de derechos humanos le toma sus datos.)

El tlapaneco lamenta: “Yo veo que somo indígena y la gente se aprovechan de uno, que nos viene a engañar. Aquí hay mucha gente mala. Estoy sentenciado. No estoy de acuerdo. Veo que las personas que hacen los hechos no están aquí, y tú, la gente que no hizo nada, está pagando”.