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4 ene 2010

Pide CNDH conocer verdad histórica del homicidio de indígenas en Guerrero

Ciudad de México, DF., (W Radio).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió la verdad histórica del asesinato de mixtecos asesinados en febrero del año pasado.

En un cerro de Ayutla, en estado de descomposición y con visibles huellas de tortura, los cadáveres de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, quienes defendían los derechos de los indígenas nasavi, fueron hallados el 22 de febrero por la policía luego de que estaban reportados como desaparecidos.

Respecto a la recomendación emitida por la CNDH el pasado 28 de este mes, el subsecretario de asuntos políticos, Israel Soberanis Nogueda, indicó que será con base al expediente como el gobierno del estado responderá.

El ombudsman nacional recomendó al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, al congreso local y al alcalde de Ayutla, la elaboración de nuevos peritajes, y observó que el ministerio público no ordenó que buscaran a Raúl Lucas y Manuel Ponce, luego de la denuncia de su desaparición, lo que pudo haber llevado a la localización de éstos y los probables responsables y evitar que fueran privados de la vida, consideró el organismo.

Las víctimas dirigían la organización para el futuro de los pueblos mixtecos (OFPM), y el 16 de ese mes, Amnistía Internacional (AI) lanzó una acción urgente en la que externa su preocupación por la desaparición de ambos dirigentes y exigieron a las autoridades una investigación inmediata para dar con su paradero.

Soberanis Nogueda opinó que en el caso del indígena mephaa Raúl Hernández Abundio no está detenido por defender los derechos humanos.

Raúl Hernández fue detenido el 17 de abril de 2008 junto con otros cuatro integrantes de la organización del pueblo indígena mephaa, señalados como presuntos responsables del homicidio de un presunto informante del ejército.

Cuatro fueron liberados el 20 de marzo de 2009 tras probar su inocencia, no obstante, Raúl Hernández sigue en prisión con un expediente con pruebas inconsistentes, según organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional, Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.

El funcionario afirmó que ninguno está detenido por dedicarse a resolver o atender o a gestionar asuntos de orden social en el estado de Guerrero; en la entidad no hay perseguidos sociales, ni políticos, simplemente se aplica la ley con todo rigor a aquellos que violan.

Con respecto a que a si Amnistía Internacional está equivocada, cuando los declara presos de conciencia, respondió que está detenido por una acusación de terceros, por asuntos de entre particulares, indicó.

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