Ciudad de México, DF., (CIMAC).- El año de 2009 fue para el estado de Guerrero un año de persecución y crímenes sin castigo que, junto con la falta de alternativas económicas, propició que se agravara el fenómeno de la migración de las familias indígenas, afirma el Centro de Derechos de la Montaña “Tlachinollan”.
Desde agosto del año pasado, más de 5 mil familias indígenas de la Montaña y Costa Chica de Guerrero salieron del estado para enrolarse como jornaleras y jornaleros agrícolas en las agroindustrias de Sinaloa, Sonora, Baja California Sur, Nayarit, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán y Morelos.
Las familias procedentes de los municipios más pobres de la entidad abandonaron su precaria vivienda junto con sus hijas e hijos, para ganar un sueldo de 53 pesos diarios en el corte del tomate, pepino, berenjena, chile y fresas, así como los vegetales exóticos promovidos por los chinos.
El Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña con sede en Tlapa, documentó que de septiembre a noviembre, salieron 2 mil 608 menores de 15 años, de estos mil 248 fueron niñas y mil 360 niños, así como 409 bebés –de 0 a 1 año- 206 niñas y 203 niños que migran junto con sus madres monolingües.
En todos los municipios de la Montaña alta y baja del estado, se observa un aumento de la mano de obra indígena como jornaleras y jornaleros.
POLÍTICAS PÚBLICAS DEFICIENTES
De acuerdo con esta organización los apoyos económicos que reciben las madres y padres de familia a través de los programas Procampo, Oportunidades y Setenta y más, han propiciado la dependencia económica y el paternalismo político, desalentando el desarrollo de las capacidades productivas de los pueblos originarios.
Señala que “la población económicamente activa ha dejado de producir y se ha transformado en una población meramente consumista, que ya no es capaz de garantizar su autosuficiencia alimentaria”, además de que las políticas asistencialistas aumentaron el número de familias pobres que se encuentran en situaciones sumamente críticas, donde las muertes de niñas y niños siguen rebasando el doble de la media nacional, a causa de la desnutrición.
En Cochoapa el Grande y Metlatónoc la tasa de analfabetismo se mantiene en un 70 por ciento y el monolingüismo sigue siendo el factor de discriminación y violencia para las mujeres indígenas, mientras que los gobiernos municipales no dimensionan la gravedad de esta crisis alimentaria y no atienden los problemas más urgentes de sus municipios.
Apunta que en el poder legislativo prevalece una “política racista y discriminatoria”, que desperdició la inversión financiera en obras de relumbrón de mala calidad y disminuyó el presupuesto de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI)
El incremento de precios a la gasolina, al transporte y a la tortilla este fin de año, es otro fuerte golpe a la economía de sobrevivencia que mantiene en vilo a las familias indígenas.
A ello se suma la falta de interés y atención, por parte de las autoridades a las demandas respecto a las altas tarifas en los recibos de luz, el trato discriminatorio y el abuso en los cobros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los fraudes de cooperativas fantasmas.
MILITARIZACIÓN VIOLA DERECHOS HUMANOS
En medio de este panorama, desde el 20 de diciembre de 2008 -cuando aparecieron decapitados 8 militares en la región- el ejército mexicano tomó el control de varias ciudades como una estrategia contra el narcotráfico, desplazando a las corporaciones policíacas tanto municipales, estatales y federales.
Las consecuencias fueron que sin ningún contrapeso y monitoreo por parte de las autoridades civiles, allanaron domicilios, detuvieron ilegalmente a varias personas, las intimidaron, las amenazaron, algunas sufrieron lesiones, otros fueron sometidos a torturas y detenciones arbitrarias, y en varias viviendas causaron daños y robos.
La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), documentó el año pasado, 143 casos, en muchos de los cuales se denunciaron varios hechos violatorios a los derechos humanos cometidos por militares.
El año también fue trágico para las y los defensores de derechos humanos, como lo demuestra la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales de Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas.
Cabe destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, otorgó el 9 de abril de 2009 medidas provisionales para 107 defensores que trabajan en las regiones de Ayutla y la Montaña, aunque las amenazas aún persisten.
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