Acapulco, Gro., (La Crónica de Hoy).- A casi un año y medio de que el indígena me’phaa y defensor de derechos humanos Raúl Hernández Abundio fuera encarcelado en el reclusorio de Ayutla de los Libres, región de la Costa Chica de Guerrero, hoy se llevó a cabo la última diligencia en donde los dos testigos de cargo evidenciaron fuertes contradicciones en su acusación.
En un comunicado, el organismo defensor de derechos humanos no gubernamental de Tlachinollan, señaló que al caer en contradicciones los testigos de cargo deja sin sustento jurídico el expediente penal integrado contra Raúl Hernández, en razón de que el señalamiento de dichos testigos son las únicas pruebas de cargo que existen.
El Centro de Derechos Humanos de Tlachinollan dio a conocer que esta situación demuestra una vez más que Raúl Hernández está recluido injustamente y que las pruebas que existen en su contra fueron fabricadas.
Exigieron a los magistrados del Poder Judicial que lo pongan en libertad inmediata al no haber pruebas para que siga encarcelado.
Las grandes contradicciones en que cayeron los dos testigos en la audiencia de ayer, que comenzó a las 11 de la mañana y concluyó a las 5 de la tarde, permitirá a la defensa ofrecer más pruebas para demostrar la inocencia de Raúl Hernández. Estas pruebas serán ofrecidas en próximos días.
Mientras que se llevaba a cabo el careo, una veintena de integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) se manifestaron pacíficamente alzando pancartas, en cuyas leyendas se leían textos como los siguientes: “Raúl pronto estarás con nosotros”; “Juez libera a mi papá”; “La OPIM más fuerte que nunca”.
Cuando los testigos de cargo iban camino a la entrada del reclusorio para la audiencia, los miembros de la OPIM que se manifestaban soltaron una lluvia de reclamos y en su lengua me’phaa los instaban a que “digan la verdad, no digan mentiras y dejen de culpar a Raúl”, según la traducción de Andrea Eugenio Manuel, integrante de la OPIM.
El 17 de abril de 2008, Raúl Hernández, junto con otros cuatro miembros de la OPIM (Organización del Pueblo Indígena Me’phaa) —Manuel Cruz, Orlando Manzanares, Natalio Ortega y Romualdo Santiago—, fue detenido y acusado del asesinato de Alejandro Feliciano García el 1 de enero del 2008 en el pueblo de El Camalote, estado de Guerrero. Todos ellos fueron considerados por Amnistía Internacional como presos de conciencia a causa de actividad en la defensa de los derechos de los indígenas.
Un año después de su arresto, Manuel Cruz, Orlando Manzanares, Natalio Ortega y Romualdo Santiago recobraron la libertad por orden judicial. Sin embargo, Raúl Hernández continúa detenido. El juez federal le negó el amparo debido al testimonio de dos testigos que habían certificado su presencia cuando se disparó a la víctima.
Visitas. La falta de acceso a la justicia para las comunidades indígenas también mantuvo en prisión de manera ilegal a las indígenas otomí, Jacinta Francisco Marcial y mazahua, Magdalena García Durán, quienes recientemente fueron liberadas tras probar su inocencia. En cautiverio, ambas fueron adoptadas como presas de conciencia por Amnistía Internacional.
A un año de que Raúl Hernández fue declarado por Amnistía como preso de conciencia, las dos mujeres indígenas visitarán a Raúl en prisión para compartir su experiencia con la OPIM.
También vendrán a Ayutla de los Libres, activistas de organismos civiles de Derechos Humanos de la ciudad de México y del estado de Guerrero.
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