El funcionario añadió que en la zona arqueológica de Toniná, municipio de Ocosingo, pobladores de la región también demandan la administración de las ruinas.
Gallaga Murrieta dio a conocer que, a 20 días del operativo para desalojar Chinkultic, que culminó con la muerte de seis campesinos, el lugar permanece cerrado y abandonado, porque “no existen las condiciones mínimas necesarias que garanticen libertad y seguridad para trabajar”.
El antropólogo se negó a profundizar sobre la demanda que el INAH interpuso contra los habitantes del poblado Miguel Hidalgo. Sólo dijo que “las ruinas arqueológicas siguen enmontándose, y podrían dañarse si no se les dan los servicios de mantenimiento y conservación de rutina”.
Explicó que desde que los campesinos de Miguel Hidalgo tomaron Chinkultic, el 7 de septiembre pasado, custodios y arqueólogos del INAH no han podido tener acceso al lugar, y esperan que las autoridades locales les permitan retomar la administración y el control de la zona.
Gallaga dijo que el desalojo en Chinkultic le recuerda “el riesgo latente que se vive en la zona arqueológica de Toniná, de Ocosingo, que ha sido asediada por comunidades zapatistas circunvecinas”.
Las Abejas ofrece su apoyo
La organización civil Las Abejas exigió castigo a los responsables del asesinato de seis campesinos de La Trinitaria. “La impunidad no se ha acabado, y ahora vemos que la tierra de Chiapas se vuelve a manchar de sangre por una nueva masacre”, declaró la agrupación, a la cual pertenecían los 45 tzotziles asesinados en la comunidad de Acteal el 22 de diciembre de 1997.
Las Abejas agregó en un comunicado: “no podemos olvidar, porque no queremos que se repitan esos hechos tan tristes (la matanza de Acteal), y hemos dicho que si no hay justicia verdadera repetirán las masacres, porque pasan donde hay impunidad”.
Además de exigir “el fin de los asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad pública” y castigo a los responsables del asesinato de los seis campesinos, la organización con sede en Acteal, municipio de Chenalhó, demandó una solución pacífica al caso de Chinkultic, y a “todas las demandas que el pueblo exige legítimamente, como los maestros en Morelos”.
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