San Cristóbal de las Casas, Chis., (El Universal).- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) advirtió sobre riesgos de enfrentamientos entre indígenas de los municipios de Aldama y Chenalhó, en los Altos de Chiapas, por problemas de límites y posesión de tierras.
El organismo independiente acusó a funcionarios del gobierno chiapaneco de poner en riesgo "la endeble" paz social de la zona, al promover la firma de un acta de audiencia de conciliación que no resuelve la disputa, sino que "ratifica el despojo" de las tierras.
Diego Cadenas, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, solicitó en una carta pública que el gobernador Juan Sabines ordene de manera urgente la aplicación de medidas cautelares que garanticen la vida, la integridad física, el territorio, la seguridad jurídica y la paz de las comunidades Aldama y Manuel Utrilla de los citados municipios.
El Centro de Derechos Humanos con sede en San Cristóbal de las Casas expuso que tras la emisión del plano definitivo de la zona, elaborado por el Programa de Certificación de Derechos Parcelarios ( Procede), se modificó el polígono de ambas comunidades y afectó 30 hectáreas de tierras de Aldama del municipio del mismo nombre en perjuicio de 115 campesinos toztziles, entre ellas 31 familias bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
La modificación territorial abundó el organismo, provocó que comuneros de Manuel Utrilla del municipio de Chenalhó, exigieran la legalización de las superficies ante el Tribunal Unitario Agrario, en tanto los afectados reclaman la legitimidad de las propiedades, algunas de las cuales fueron obtenidas por herencia de padres y abuelos, precisó.
Existen actas de acuerdos suscritas entre ambos poblados, donde ratifican los mojones que delimitan sus territorios, los cuales les permitían mantener una buena vecindad que se rompió luego de que el Procede determinó los nuevos linderos, añadió el Frayba.
En un comunicado, Cadenas denunció que el Programa de Certificación de Derechos Parcelarios atenta contra el territorio, la cultura, el patrimonio de indígenas y campesinos.
"Las decisiones del Procede generan conflictos en el campo y las comunidades, porque fomentan el individualismo y el divisionismo de las estructuras ancestrales de los poblados", argumentó.
El director del Fray Bartolomé de Las Casas advirtió que en el contexto de las autoridades estatales, "el inoportuno e inapropiado tratamiento político a conflictos políticos", como el de Aldama y Manuel Utrilla, "pueden traer como consecuencia hechos de sangre que lamentar"
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