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5 oct 2010

Crean en Oaxaca Observatorio Social de Derechos Lingüísticos

Oaxaca, Oax.- En el marco de la Convocatoria Acceso a la Justicia: Sociedad y Justicia (AJ) del Programa de Coinversión Social 2010, se firmó el convenio de concertación entre el Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y Traducción, Asociación Civil (CEPIADET AC) y el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), en el que colabora también el Fideicomiso 2125 Fondo Nacional para el fortalecimiento y modernización de justicia “FONDO JURICA”; las partes convienen en coordinar esfuerzos y coinvertir recursos para que el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, Asociación Civil, sea el Agente Responsable de la Ejecución del Proyecto (AREP) denominado: “Observatorio Social de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Oaxaca en la Procuración y Administración de Justicia”, que permita visibilizar el panorama de la situación actual de los derechos lingüísticos de los hablantes de lenguas indígenas en el ámbito judicial y generar indicadores y estándares, para proponer estrategias metodológicas que incidan en la progresividad de la observancia de estos derechos en la entidad oaxaqueña.

Esta acción nos permitirá generar impacto, así como empezar a observar las estrategias y prácticas judiciales, las políticas públicas o las simples relaciones humanas desde una óptica de capital social, para que este principio rija la toma de decisiones tanto en los operadores del sistema judicial como en los ciudadanos, además de fortalecer la comunicación horizontal y la reciprocidad entre sociedad y gobierno. Esto indudablemente, cambia percepciones unilaterales e incrementa la voluntad de trabajar de manera conjunta y articulada, socializar las necesidades y la información pertinente; rebosará en mayor credibilidad y confianza en el poder judicial estableciendo puentes de diálogo y entendimiento entre personal de instituciones y organizaciones de muy diferente naturaleza para incrementar las capacidades de la población beneficiaria.

Geográficamente el proyecto incidirá en cinco regiones del estado, como lo son: Istmo, Costa, Valles Centrales, Mixteca y Sierra Norte.

Una de las justificaciones es que en el año 2007, el "Informe del Diagnóstico sobre el Acceso a la Justicia para los Indígenas en México, Estudio de caso en Oaxaca", realizado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), refleja una situación de vulnerabilidad de las personas hablantes de alguna lengua indígena, específicamente al no contar con intérprete o traductor en los procedimientos judiciales, y puntualiza que "en este sentido, el no proporcionar traductor o intérprete es una violación a la garantía del debido proceso y es probable que resulte también en la negación al derecho a un juicio justo"; de las 586 encuestas aplicadas a personas indígenas reclusas, solo el 16% de este grupo reportó haber contado con traductor o intérprete en algún momento del proceso y el 84% contestó no haber contado con esta garantía constitucional; en el mismo sentido, se confirma el poco entendimiento y comprensión que los reclusos indígenas tienen de las audiencias que se generan en las Agencias del Ministerio Público y en los juzgados.

Por esta razón, se implementa este tipo de acciones, que pretende llevar este tema de la agenda pública a la agenda de gobierno e incidir en políticas públicas para beneficio de los pueblos y comunidades indígenas.

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