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30/08/2010

Atienden a indígenas con políticas de promoción

Morelia, Mich., (Mi Morelia).- Nunca antes un gobierno estatal había atendido a los indígenas con políticas públicas apegadas a estándares de derechos humanos reduciendo el gran abismo entre la retórica del discurso y la norma y la realidad que en materia de derechos humanos viven los miles de indígenas en Michoacán.

Desde el inicio de la administración de Leonel Godoy Rangel, se han presentado grandes cambios. La atención a jóvenes, mujeres, migrantes e indígenas ha pasado del llano discurso a acciones concretas.

“El principal reto en materia de derechos humanos que enfrentan los Estados democráticos, es lograr que el conjunto de estándares de derechos humanos se puedan traducir en realidades concretas para todas las personas que habitan su territorio”, sentencia Amerigo Incalcaterra, quien, desde 1989 ha desempeñado altos cargos en las Naciones Unidas.

La pregunta central que nos podemos plantear en este momento y que Luisa Arbort, quien fuera Alta Comisionada de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, formuló hace un par de años a la comunidad internacional, es cómo poder reducir el gran abismo entre los discursos y la norma de derechos humanos y la injusta realidad que viven millones de seres humanos.

Los diversos órganos de los tratados encargados de vigilar el cumplimiento de estos compromisos asumidos por los Estados, han insistido en la necesidad de que los países implementen políticas públicas tendientes a concretar los derechos humanos en las distintas esferas de la vida de las personas.

Atendiendo a esa necesidad, el gobierno de Godoy Rangel ha demostrado que se pueden implementar políticas públicas para impulsar el respeto de los derechos humanos y la perspectiva de género. “Que se tratan de un requisito indispensable para la vigencia misma de una sociedad democrática”, que se plasma en El estado y la libertad de expresión, publicado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos.

En esa obra, se advierte que el Estado debe jugar un papel de respeto garante y de promotor de los derechos humanos, “debe respetarlo, evitando que sus funcionarios y agentes lo atropellen; debe garantizarlo, velando por que agentes privados no lo lesionen y debe promoverlo, fomentando el pluralismo y la diversidad de las expresiones en un contexto de tolerancia y apertura”.

La creación de la Secretaría de Pueblos Indígenas, el Presupuesto Participativo, la conformación del Consejo Consultivo de Autoridades Indígena y el debate y consenso de una Ley de Derechos y Cultura Indígena son una respuesta a esa obligación del Estado.

Godoy Rangel ha mantenido una presencia y acciones constantes en aquellos ámbitos y sectores de la vida de las personas que son relevantes para el cumplimiento de los derechos humanos: la educación, la salud, el trabajo, la seguridad pública, la vivienda y el transporte, entre otros.

Esta forma de trabajo le permite una mayor cercanía a la problemática cotidiana de la persona y un conocimiento de primera mano, de las acciones que se requieren para la protección de los derechos humanos y la superación de los principales obstáculos que lo restringen.

“Un indicador de una buena gobernabilidad es el respeto a los derechos humanos”, sostuvo Emilio Álvarez Icaza, quien fuera ombusman capitalino, durante la inauguración del Encuentro Internacional Hacia una Política de Estado con enfoque de derechos humanos y género.

Aspectos como la igualdad jurídica de los sexos, redefinir el concepto de participación ciudadana, incorporar a la ciudadanía a la vida política y ejercer una verdadera democracia son necesarios para rediseñar las políticas públicas de una entidad, ya que “es necesario que tengan un enfoque de derechos humanos y de género”, advirtió.

Cumple Gobierno de Godoy con indígenas de la entidad

En Michoacán, la consolidación de la SPI, permite coordinar la atención integral de los pueblos indígenas del estado y la población migrante de otros estados, lo cual se logra a través de acciones que permiten su participación directa en el diseño de las políticas públicas.

La propuesta de reforma constitucional que tutelará los derechos de los pueblos indígenas señalados en tratados y leyes internacionales, el consejo de autoridades indígenas, instrumento de planeación y consulta con las comunidades, el desarrollo que ha presentado la educación indígena y más, han permitido colocar al gobierno del estado como el único del país con un modelo de atención que supera a varias entidades de la república.

Hacia el reconocimiento de los derechos

En octubre de 2009, Godoy Rangel habló sobre la creación del Consejo Consultivo de Autoridades Indígenas de Michoacán, CCAIEM, durante la cuarta sesión de este organismo, al que calificó como “un avance en la unidad y en la organización, porque en él está la mayoría de las autoridades, es el foro idóneo y el lugar adecuado para discutir temas de trascendencia para la unidad y organización”.

El CCAIEM ha sesionado de manera ordinaria en cuatro ocasiones, aprobando la aplicación del Presupuesto Participativo, la propuesta de reforma constitucional y el reglamento interno. Es un órgano consultivo del Ejecutivo del Estado y un instrumento de desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, donde se ha incorporado a la ciudadanía en la vida política y toma de decisiones, entre sus objetivos están el diseño, planeación y programación de políticas públicas.

El gobernador abordó la propuesta de reforma indígena que se trabajo junto a los pueblos originales, enumeró que esta iniciativa agrupa cuestiones fundamentales, de defensa de derechos, reconocimiento de la autonomía, autodeterminación, autoidentidad y autoadscripción, defensa de la lengua materna y respeto a las formas de gobernar de las comunidades.

Fue un proceso que duro dos años. Cumple con la demanda histórica de reconocimiento de derecho de los pueblos originarios de Michoacán y que tiene sus bases jurídicas en los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas, todos ellos signados por el Estado mexicano.

Educación indígena

Más acá, en el primer tercio de 2010, en el Sexto Encuentro Intercultural de Pueblos Indígenas, se reconoció que en esta entidad no existe la discriminación, ni la falta de oportunidades. Michoacán se ha consolidado a nivel nacional como un destino a donde emigra el mayor número de jóvenes indígenas provenientes de otras partes del país; ésta fue una de las conclusiones a las que llegaron especialistas en la materia. Y es que el gobierno de dirige Leonel Godoy Rangel asume el papel que le corresponde, como proveedor de servicios públicos.

Se ha acercado la educación a los que menos oportunidades tienen; prueba es la terminación de las instalaciones de la Universidad Indígena en Pichátaro, en donde se invirtieron más de los cuarenta millones de pesos. Se abrió un nodo de esta institución en la costa michoacana, lo que coloca a la universidad como la primera en llegar a la comunidad nahua. Se ha colocado las primeras piedras de los campus de la Universidad Michoacana en Ciudad Hidalgo y Lázaro Cárdenas.

Estas nuevas universidades se suman a la Escuela Normal Indígena de Michoacán y al Instituto Tecnológico Superior Purépecha que se ubican en el municipio de Cherán.

Para el ciclo escolar por comenzar se contempla la apertura de más de 340 telebachilleratos con la finalidad de ampliar la cobertura de ese nivel educativo a las comunidades más marginadas; entre ellas, las indígenas.

Instituto Michoacano de Lenguas Indígenas

En el año 2000, en el país, 7.1 por cierto de la población era hablante de alguna lengua, lo cual cayó al 6.7 por ciento para el 2005.

Ante los peligros que amenazan la supervivencia de las lenguas nahua, mazahua, otomí y purépecha, es necesaria la creación de una institución que preserve, fortalezca y desarrolle las lenguas indígenas.

La propuesta de creación de una institución de este tipo fue el tema central de la reunión de trabajo sostenida entre especialistas en lenguas, personal del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la SPI. Institución que debe ejercer en el ámbito público y de desarrollo de los pueblos indígenas, una política de lenguaje que detenga el ritmo acelerado de extinción de las lenguas, que permitirá su fortalecimiento dentro de un marco de reconocimiento, respeto y legalidad aplicados por el estado y la sociedad en su conjunto.

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