Xalapa, Ver., (La Jornada).- Más de un centenar de campesinos provenientes de diferentes regiones indígenas de Veracruz, afiliados al Comité de Derechos Ciudadanos (Codeci), bloquearon la avenida Juan de la Luz Enríquez, frente a palacio de gobierno, en protesta porque les fue cancelada una audiencia con el gobernador Fidel Herrera Beltrán.
Los labriegos tenían programada una reunión con el mandatario priísta para ratificar los acuerdos suscritos el pasado 12 de noviembre, cuando instalaron un plantón en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada, en demanda de la liberación de recursos para obra pública básica, proyectos productivos, introducción de servicios a comunidades rurales y contratación de maestros bilingües.
Molestos porque algunos viajaron 10 horas para llegar a la cita, los campesinos amagaron con prenderse fuego frente a las oficinas de Herrera Beltrán, como hizo el popoluca Ramiro Guillén Tapia el pasado 30 de septiembre.
Sin embargo, un grupo de funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, encabezados por el director de política regional, Marlon Ramírez Marín, evitaron que los manifestantes se inmolaran e intervinieron para que se liberara la vialidad.
Los campesinos provenientes de Tantoyuca, Papantla, Tezonapa, Tierra Blanca, Minatitlán, Las Choapas, Playa Vicente, Coyutla y Juan Rodríguez Clara formaron una comisión de 40 integrantes para abrir una tercera mesa de negociación con el gobierno estatal.
Catarino Torres Pereda, presidente del Codeci, recordó que en la reunión que el 12 de noviembre sostuvieron con varios secretarios de despacho del gobierno estatal, se comprometieron obras por casi 100 millones de pesos para las regiones indígenas, lo cual ahora “desconocen” los funcionarios.
“Por ejemplo, se aprobó un proyecto para crear una intermediaria de financiamiento a 6 mil 600 productores de maíz y frijol que requiere un fondo de 3 millones de pesos, pero ahora sólo ofrecen inyectar 500 mil pesos, como si fuera una limosna”, expuso.
Torres Pereda subrayó que las autoridades estatales también han incumplido con la entrega de 75 plazas para maestros rurales y bilingües de escuelas ubicadas en las regiones huasteca, totonaca, popoluca y náhuatl.
Mientras, unos mil 500 pobladores de Acultzingo, en las faldas del volcán Pico de Orizaba, mantienen bloqueado desde hace dos meses el palacio municipal, en demanda de que se investigue al edil Juan Carlos Rodríguez González por abuso de autoridad, tráfico de influencias y actos de corrupción, y se inicie un proceso en el Congreso local para destituir a la síndica, Noemí Torres, a quien acusan de agredir a los ciudadanos.
“No es una ciudadana que esté en condiciones de representar legalmente al municipio, pues hasta ahora ha demostrado desprecio al pueblo, a las leyes e instituciones, pues ha utilizado el cargo para agredir y marginar a los ciudadanos”, afirmaron los lugareños y los integrantes de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica.
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