En entrevista en esta ciudad, Raúl Plasencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mencionó que la entidad tiene un rezago serio pues la modificación a la Constitución Política Federal se dio en el 2001 y después de nueve años, no existe una legislación que proteja a este sector.
“Debe plantearse una iniciativa de ley para reconocer los derechos de indígenas, la reforma de 2001 esta con un pendiente en Guanajuato, responde a la necesidad de una ley especializada en materia indígena.
“Urge por que no esta plenamente desarrollado lo que planteó la constitución desde el año 2001 y para que pueda llevarse a la realidad y hacerse práctico, se necesita una ley reglamentaria” puntualizó.
Sin embargo, Plasencia mencionó que Guanajuato tiene un nivel aceptable en Derechos Humanos, en comparación con otros estados como los del sur del país pero aceptó que aun existen puntos vulnerables.
“Esta en condiciones evidentemente más favorables, uno de ellos es el tema indígena otra más el tema de la ley que establece el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia que no esta todavía desarrollada y que hace falta se impulse por parte del Congreso”, aseguró.
El doctor Rodolfo Stavenhagen, quien se ha dedicado a la cuestión de los derechos humanos y particularmente, de los derechos humanos de los pueblos indígenas, ofreció ayer una conferencia magistral sobre esta ley.
Dijo que en el caso de los pueblos indígenas la idea que se ha tenido en México desde hace muchos años, es que los indígenas han estado al margen del progreso del país.
Reflexionó que para los pueblos indígenas el concepto de “comunidad” es fundamental para su supervivencia como sociedades viables vinculados a la tierra y al territorio, a una historia compartida y a un tejido social y cultural que da sentido de pertenencia, rumbo y orientación a la vida.
En un comunicado, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) informó que están a favor de una Ley Indigena para Guanajuato.
En el caso de Guanajuato existe discriminación hacia chichimecas que habitan en el norte y noreste del estado y se relega a los que emigran de otras regiones y andan en las ciudades de la entidad pidiendo limosna o sobreviviendo con la venta de sus productos o con trabajos mal pagados, cita el comunicado.
La falta de una ley indígena en Guanajuato se refleja en la falta de políticas públicas que reconocen a los indígenas como sujetos de derecho y como personas a las que se les debe respaldar su cultura, costumbres y bienestar.
Según datos de la Comision Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas, el estado de Guanajuato estaría perdiendo anualmente entre 15 y 20 millones de pesos (por municipio) en recursos tipificados para la creación de obra pública y fortalecimiento a los pueblos autóctonos.
Apenas el 5 de agosto pasado fue aceptada como iniciativa ante el pleno del Congreso del Estado.
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