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07/04/2010

El jueves 15 entra el caso de la me’phaa Inés a la Coidh; el de Valentina, en mayo

Ciudad de México, DF., (La Jornada Guerrero).- El director ejecutivo de Amnistía Internacional en México, Alberto Herrera Aragón, manifestó que el caso de la indígena me’phaa Inés Fernández Ortega, violada por soldados en Ayutla, que juzgará la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en Lima, Perú, el próximo 15 de este mes, es el primero en el que la víctima sigue viva y que se inserta en un contexto de abusos de parte de militares.

En conferencia de prensa en el auditorio del centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez, a la que asistió Obtilia Eugenio Manuel, dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Herrera Aragón anunció que la audiencia pública ante la Coidh para el caso de la otra indígena abusada sexualmente, Valentina Rosendo Cantú, serán los días 27 y 28 de mayo; lamentó que en México se tenga que recurrir a instancias internacionales para hacer justicia.

Por su parte, el director del centro de derechos humanos Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, y el abogado de los indígenas me’phaa Vidulfo Rosales Siera, dieron a conocer el inicio de la campaña Rompe el muro de la impunidad, con la que buscan dar a conocer los casos de Inés y Valentina.

También denunciaron que a nueve días de que sesione la Coidh aumentaron las amenazas contra Inés y Valentina, razón por la que no asistieron a la conferencia en esta ciudad,

La indígena me’phaa Inés Ferández Ortega fue violada sexualmente por militares el 22 de marzo de 2002, el 14 de junio de 2004 denunció el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); el 15 de abril de este año, la instancia celebrará la audiencia como parte de sus sesiones itinerantes en Lima, Perú, en donde se espera el veredicto para que el Estado mexicano repare los daños cometidos por miembros de las fuerzas federales.

En las intervenciones, los defensores exigieron al Estado que cesen las agresiones y amenazas contra Inés Fernández Ortega, su familia y representantes legales, así como contra integrantes de la OPIM. Obtilia Eugenio, destacó que a pesar de que Inés vive entre amenazas y miedo, espera que haya justicia y que el gobierno acate la sentencia que emita la Corte Interamericana.

Eugenio Manuel denunció que lejos de encontrar apoyos para los más pobres de México, el gobierno los reprime, y dijo que varios defensores de los derechos humanos están encarcelados, mientras que otros más han tenido que abandonar sus lugares de origen.

El abogado Vidulfo Rosales señaló que a la fecha hay tan sólo en Guerrero 107 defensores de los derechos humanos que cuentan con medidas cautelares, muchas de los cuales son a medias, debido a que el gobierno estatal sostiene que no cuenta con agentes suficientes para resguardar a la población.

Herrera Aragón indicó que en México no sólo el sistema de justicia es inaccesible para las víctimas de los delitos, sino que además las denuncias se trasforman en actos de alto riego para quienes asumen la responsabilidad de contribuir en el proceso de investigación y castigar a los agentes del Estado que violan derechos humanos. Recordó el caso de Rosendo Radilla Pacheco, por el que el Estado mexicano debe reparar daños, pero advirtió que hay otros asuntos pendientes.

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