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07/02/2010

Mujeres indígenas están obligadas a someterse a la ley antiaborto: PGJ

Cuetzalan, Pue., (La Jornada de Oriente).- Como cualquier otra ley aplicable en México, e independientemente de su condición de indígenas, las mujeres están obligadas a respetar la ley antiaborto, por lo que la comadrona, partera o el médico tendrán que dar parte al Ministerio Público (MP) cuando detecten algún caso porque es un delito que se persigue de oficio, afirmó Manuel Bautista Ramírez, director de asuntos indígenas de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla (PGJ).

–¿Cuál va a ser el impacto de esta ley en las mujeres indígenas? –se le preguntó.

–Se pueden hacer varias leyes, pero si nosotros, sobre todo en el caso de la mujer, su conducta siempre es como debe de ser, nunca van a tener impactos”.

El funcionario estatal agregó que “independientemente de que sean nahuas, otomíes o mestizas, se hizo una ley que debemos respetar y aplicar porque también hubo los espacios donde se pudo discutir. Estamos en un país donde nos rigen las normas y si se adecuan a la conducta cometida por la persona, pues se tienen que usar”.

Pese a reconocer que la gente desconoce aun esta ley debido a que es algo “reciente”, Bautista Ramírez insistió en que “todos estamos obligados a dar parte al MP, así sea la comadrona, la partera, el médico o quien tenga que ser, y ya sea en el hospital o consultorio particular, porque es un delito perseguible de oficio, independientemente de que sea una mujer indígena o no”.

–Fuentes periodísticas han informado que hay mujeres que ya tienen una denuncia por violar esta norma, ¿hay mujeres indígenas que hayan sido demandadas por abortar?

–Hasta ahora lo desconozco.

–¿Pero la dependencia a su cargo estará atenta a esto?

–Definitivamente, tenemos que verlo, aunque aquí hay algo importante, nosotros atendemos a las víctimas, y una persona que esta en un proceso de aborto no es víctima, la víctima es el bebé, y para nosotros més bien es perseguir a la mujer indígena que abortó, pero para eso está el defensor social, para que la apoyen”.

Y es que organizaciones de la región, como el Observatorio de Violencia Social y de Género de la Sierra Norte del Estado de Puebla, en voz de su representante, Gabriela Cano Azcárraga, han señalado que “la aprobación de dicha reforma no empodera a las mujeres y es una manera de poner mas trabas e impedir que las féminas puedan decidir libremente sobre su reproducción, además de que promueve la idea y la visión de que las mujeres son sujetas incapaces de tomar decisiones responsables”.

Otras organizaciones, como la Casa de la Mujer Indígena y el Centro de Asesoría y Desarrollo Entre Mujeres y el mismo observatorio regional, han señalado que “existen graves problemas en la región y principalmente en las mujeres, derivados de la violación de sus derechos sexuales y reproductivos, tales como la violencia sexual, los embarazos no deseados, la desnutrición, la anemia por motivo de embarazos consecutivos, las infecciones de transmisión sexual, la falta de acceso de métodos anticonceptivos adecuados y suficientes y la muerte y afecciones a la salud de las mujeres provocadas por abortos clandestinos mal practicados en condiciones de riesgo”.

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