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11 mar 2009

Van 50 cartas enviadas en solidaridad por caso Jacinta

Ciudad de Mexico, DF., (El Universal).- Hasta el momento suman 50 cartas enviadas en solidaridad con el caso de la indígena otomí Jacinta Marcial, condenada a 21 años de prisión por el secuestro de seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), luego del lanzamiento la campaña en su defensa.

José Rosario, coordinador del Área de Comunicación y Análisis del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, señaló que el nivel de respuesta ante el movimiento de apoyo a Marcial ha sido bastante bueno, aunque el principal problema radica en que la carta al Magistrado del Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito, Hanz Eduardo López Muñoz debe hacer vía correo postal, ya que no se tiene su dirección electrónica oficial.

La campaña consiste en el envío de una carta modelo al magistrado, para solicitarle que tome en cuenta los argumentos de la defensa que prueban la inocencia de Jacinta Francisco Marcial. El documento tiene que ser rellenado con el nombre y nacionalidad del adherente a la causa de Marcial. El conteo de las misivas se lleva porque según el número de copias enviadas al centro de derechos humanos vía correo electrónico.

Segunda fase de su defensa

Comentó que ante la próxima resolución del juez, están preparando la segunda etapa de la defensa de Marcial, la cual consiste en la distribución masiva de información en las redacciones de periódicos del país, y en caso de una sentencia confirmatoria de la pena a Marcial, se emitirán postales en el país con el rostro de la indígena.

Señaló que los dos abogados que llevan el caso de Jacinta Marcial han hecho un análisis riguroso de la sentencia, por lo que confían en demostrar que es inocente, en caso de que el juez acepte la apelación.

Diputados federales visitaron hoy a Marcial para recabar datos sobre su caso, junto con una comisión del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.

La señora Marcial es una indígena otomí que vivía en Santiago Mexquitlán y que fue arrestada el 3 de agosto de 2006, acusada de haber secuestrado a seis agentes de la AFI, proceso por el cual se le condenó a 21 años de prisión y dos mil días de salario mínimo de multa.

Sus defensores señalan que la acusación es un "desquite" en contra del pueblo, pues el 26 de marzo de aquel año, agentes de la corporación sin identificación y sin uniforme llegaron a la plaza central de la comunidad, y despojaron a comerciantes de su mercancía, alegando que se trataba de piratería.

Los afectados protestaron y la tensión hizo que el jefe regional de la AFI y el agente del Ministerio Público de la Federación en San Juan del Río acudieran a para dialogar con la gente, y se comprometieron a pagar el daño ocasionado por sus agentes. Uno de los policías se quedó como "garantía", pues las autoridades dijeron que tenían que trasladarse a San Juan del Río para conseguir el pago.

El incidente terminó por la tarde de aquel día, pero fue el hecho por lo que se acusó y sentenció a la señora Marcial.

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