Ciudad de México, DF., (CIMAC Noticias).- En el país las violaciones a los derechos humanos derivadas de la impunidad que existe en el sistema de justicia, son constantes. Estas transgresiones se agudizan cuando se trata de mujeres pobres e indígenas, como Jacinta Francisco, Alberta Alcántara, y Teresa González, otomíes acusadas “falsamente” del secuestro de seis policías federales.
Así lo señalaron especialistas en el tema, en conferencia de prensa, convocada para dar a conocer el informe Sociedad amenazada. Violencia e impunidad, rostros del México actual, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), en 2009.
Con base en la investigación y análisis del Centro Prodh, Luis Arriaga Valenzuela, director de esta organización, refirió que el sistema de justicia mexicano pese a reformas recientes, tiene “serias deficiencias” que resultan en procesos penales inequitativos y violatorios de los derechos humanos de la población más vulnerable.
“La inequidad procesal se acentúa en personas que son previamente discriminadas y marginadas de la sociedad por su condición de género, económica y étnica”, los casos de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara, y Teresa González, así como el de la indígena zapoteca Isabel Almaraz, también acusada de secuestro, “son muestra clara de este hecho”, indicó Arriaga.
Cabe recordar que Jacinta, Alberta y Teresa, otomíes, originarias de Santiago Mexquititlán, Querétaro, fueron arrestadas en 2006, por un grupo de personas sin uniforme que con engaños las llevaron al Centro de Readaptación Social Femenil por el “supuesto” secuestro de seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), “ocurrido” dos años atrás.
En marzo de 2006, elementos de la AFI sin uniforme agredieron a tianguistas y destrozaron los productos que vendían las y los comerciantes de Santiago Mexquititlán, entre las que se encontraban las otomíes inculpadas de secuestro. El incidente no pasó a mayores.
El informe señala las violaciones a los derechos humanos que sufrió la indígena queretana Francisco Marcial, desde el momento de su detención, la cual fue arbitraria, se realizó mediante engaños y de manera ilegal. A Jacinta le dijeron que iría a declarar sobre la poda de un árbol.
Durante el proceso no se le respetó el derecho a contar con un traductor, por lo que al momento de rendir su declaración “ni siquiera entendía lo que estaba pasando”.
Además se transgredió su derecho al debido proceso, pues los agentes que se dicen víctimas, se asumieron también como investigadores y testigos. De igual forma, se violó esta garantía al momento que el juez aceptó como prueba una fotografía publicada por un diario local, en la que Jacinta aparece asomándose en la plaza de su pueblo, cuando los AFIs se enfrentaron con las y los tianguistas.
El documento del Centro Prodh indica que también se violó su derecho a la libertad personal y la presunción de inocencia. Además de que ningún elemento presentado acreditó que se cometió el delito.
Jacinta salió libre en 2009, pero Alberta Alcántara y Teresa González siguen en prisión, y recientemente, fueron condenadas a 21 años de prisión, a pagar una multa de 90 mil pesos y 70 mil pesos para resarcir el daño a los policías federales “supuestamente” ofendidos.
A decir de Daniel Vázquez, coordinador de la maestría de derechos humanos, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede México, el caso de las indígenas otomíes es la criminalización de la sobrevivencia, pues lo que hacían era vender mercancía en un mercado para sobrevivir.
Su caso es importante, aseguró, porque muestra el triple proceso de victimización: ser mujer, pobre e indígena lo que implica una “sistemática serie de violaciones a los derechos humanos que profundiza y empeoran su calidad de vida”, señaló.
Esta situación se debe a que en México no ha habido una transición en el sistema de justicia “sólo hubo un cambió de partido político en el poder, pero el régimen de impunidad siguió”. La gravedad de este hecho consiste en que la impunidad representa uno de los incentivos más importantes para que las violaciones a los derechos humanos continúen.
Pues, los policías, ministerios públicos, militares dicen: “no va a pasar nada, podemos hacer cualquier cosa legal, extralegal y contra la ley”, ejemplificó.
Para Emilio Álvarez Icaza, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, “el problema en este caso es que Alberta y Teresa siguen presas y que no se reconoce la inocencia Jacinta y no hay reparación del daño”.
