Ciudad de México, DF., (CIMAC).- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas ha recibido información de fuente confiable de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitirá resolución para que obtengan la libertad los 12 paramilitares acusados de participar el 22 de diciembre de 1997 en la Masacre de Acteal, donde fueron asesinadas 33 mujeres -14 de ellas niñas- y 12 hombres -4 de ellos niños- tzotziles, en el municipio de San Pedro Chenalhó, como resultado de la incursión militar en la zona zapatista de los Altos de Chiapas.
El 2 de julio del 2007, señala el Frayba en un comunicado, la SCJN decidió atraer los amparos de 12 paramilitares inculpados en la Masacre de Acteal, por faltas al debido proceso cuyo origen es el deficiente sistema de procuración y administración de justicia; pero de ningún modo para pronunciarse por el fondo del asunto.
Sería lamentable, considera el Frayba, que la SCJN se deje influir por la campaña mediática, realizada por la defensa académica de los paramilitares sentenciados, desde diversos medios de comunicación masiva, particularmente desde la revista Nexos.
Los abogados de los paramilitares plantean la defensa desde una lógica académica, desde el escritorio, con el simple análisis de los expedientes derivando en hipótesis absurdas y mentirosas; y planteando su estrategia mediática involucrando como sus aliados a medios de comunicación afines a Ernesto Zedillo Ponce de León, principal autor intelectual de la Masacre de Acteal y quien seguramente está detrás de este intento de mayor impunidad, considera el Frayba.
LOS HECHOSEl 22 de diciembre de 1997 a las 11:30 de la mañana 33 mujeres -14 de ellas niñas- y 12 hombres -4 de ellos niños- tzotziles fueron masacrados en Acteal, municipio de San Pedro Chenalhó, como resultado de la incursión militar en la zona zapatista de los Altos de Chiapas.
Los atacantes, que fueron reconocidos como miembros del grupo paramilitar priista Máscara Roja estaban armados con fusiles AK-47 y M-16 y utilizaron balas expansivas contra las y los indígenas tzotziles que se encontraban rezando en una iglesia en la comunidad de Acteal, según un comunicado de prensa del EZLN.
Luego de que asesinaron a las y los 45 tzotziles, los paramilitares fueron por machetes y por más de sus compañeros.
“Hacían bulla, se reían, hablaban entre ellos, `hay que acabar con la semilla´, decían. Desvistieron a las mujeres muertas y les cortaron los pechos, a una le metieron un palo entre las piernas y a las embarazadas les abrieron y sacaron a sus hijitos y jugueteaban con ellos, los aventaban de machete en machete. Después se fueron”, relata Micaela, quien tenía 11 años cuando sucedió la masacre, en el libro la Otra Palabra mujeres y violencia en Chiapas: antes y después de Acteal.
Luego de la masacre, dice la publicación coordinada por Rosalía Aída Hernández Castillo y editados por Ciesas en 1998, en Acteal era “como si la muerte siguiera flotando en el aire y pudiera regresar en cualquier momento”.
Y aún cuando no hay lápidas que marcan el lugar exacto en el que quedó cada cuerpo, hay una cruz señala el lugar de entierro de las y los 45 asesinados.
Un día después de la masacre, las mujeres comenzaron a moverse en grupos y las y los niños, que como Micaela perdieron a alguno de sus padres, quedaron bajo el cuidado de la comunidad, incluso muchas de las mujeres que ya tenían seis o siete hijos tenían a su cargo hasta ocho huérfanos.
SOLICITANTES DE AMPARODe acuerdo a las declaraciones de los testigos presenciales, es decir, las y los sobrevivientes, todos los que hoy están solicitando amparo participaron en la masacre el día 22 de diciembre de 1997, en Acteal, sus declaraciones constan en los expedientes judiciales desde 1997 y en diligencias posteriores, incluyendo careos. En su momento los jueces de las causas penales consideraron suficientes los testimonios de los sobrevivientes, para fincar responsabilidad a las 12 personas que ahora acuden a la SCJN solicitando amparo.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas considera que la SCJN deberá valorar que de ser ciertas las faltas al debido proceso que alegan, en modo alguno implican la inocencia de los sentenciados. Su tarea principal debería ser no abonar a una mayor impunidad a 11 años y 4 meses de cometido este crimen de lesa humanidad.
Los hechos previos de violencia que llevaron a la Masacre, y por supuesto ésta en sí misma, constituyen un crimen de lesa humanidad, que se perpetraron en el marco de la implementación de una estrategia contrainsurgente implementada por el Estado Mexicano. Obviar esto, por parte de los ministros de la SCJN, a lo único que llevaría es convertirse en cómplices, dice el comunicado, sumarse a la lista de perpetradores de violaciones a derechos humanos por la Masacre de Acteal y a desgastar aún más, las ya débiles instituciones del Estado Mexicano.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas teme que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al pronunciarse, contribuya a la impunidad con consecuencias imprevisibles en las comunidades indígenas de Chiapas donde
persiste un Conflicto Armado Interno no resuelto.
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO MEXICANOA once años de perpetrada la masacre de Acteal, este Centro de Derechos Humanos insiste en la responsabilidad del Estado mexicano por las siguientes razones:
El Estado Mexicano es responsable por acción, ya que dicha masacre fue producto de una Política de Estado totalmente deliberada y encaminada a cometer ataques sistemáticos en contra de la población civil, con el fin de debilitar el apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y posteriormente disolverlo.
En la implementación de una política contrainsurgente el Estado creó, financió, entrenó y encubrió a grupos paramilitares para cometer ataques sistemáticos contra la población civil disidente.
El Estado Mexicano es responsable por omisión, pues mientras ocurría la masacre, la Policía de Seguridad Pública se encontraba a escasos 200 metros del lugar de los hechos, sin que interviniera para evitar su consumación.
Asimismo, autoridades del Gobierno de Chiapas fueron informadas de lo que ocurría esa mañana del 22 de diciembre, sin que actuaran en consecuencia.
El Estado Mexicano, continúa el comunicado, es responsable por dilación y denegación de justicia porque:
1) El derecho a conocer la verdad de los hechos ha sido negada, pues no se han agotado las líneas de investigación relativas a la implementación de una estrategia contrainsurgente ni a la existencia de grupos paramilitares. El Estado Mexicano se ha negado a reconocer las causas que dieron origen a la masacre, propiciando con ello impunidad.
2) Los autores intelectuales, como el entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo, el secretario de la Defensa Nacional, General Enrique Cervantes y el comandante de VII Zona Militar y de la Fuerza de Tarea Arcoiris que llevó a cabo el Plan de Campaña Chiapas 94, Mario Renán Castillo, entre otros, no han sido investigados y en consecuencia, tampoco castigados.
3) A once años de la masacre aún hay causas penales abiertas, los juicios se han extendido excesivamente debido a omisiones imputables al propio Estado, implicando con ello el desgaste de los sobrevivientes y testigos. Aún existen 27 órdenes de aprehensión sin ejecutar. Sólo una de las sentencias que han quedado firmes para cumplimentarse, condenó a uno de los autores materiales al pago de la reparación del daño por algunos de los ejecutados.
4) No han sido implementadas las medidas que garanticen la No Repetición de hechos como esta masacre, entre las que estaría el desarme de los grupos paramilitares.
EXIGENCIAS A LA SCJNPor tanto, el Centro Frayba y numerosas organizaciones de la sociedad civil están enviando escritos a los Ministros y Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación* del Gobierno Mexicano, urgiéndoles a:
1.- Que la revisión de los expedientes no contribuya a generar mayor impunidad, sino justicia para las víctimas y sobrevivientes de la Masacre de Acteal. En tal sentido, que se pronuncien de manera independiente e imparcial sobre la responsabilidad que tuvieron los sentenciados, la cual ha sido acreditada por las víctimas y sobrevivientes de la masacre.
Que exija a las autoridades responsables de la Procuración y Administración de Justicia se investigue de manera imparcial, la participación en estos crímenes de lesa humanidad de funcionarios de alto nivel, señalando a los responsables de operar esta política contrainsurgente.
SOLICITUDES AL EJECUTIVO FEDERALAl Poder Ejecutivo Federal, que se tomen acciones para garantizar justicia, investigación y castigo a los responsables por comisión y por omisión de quienes planearon, coordinaron yejecutaron la masacre.
Se abstengan de otorgar impunidad y cobijo a las Fuerzas Armadas de México que han actuado en contra de la población civil.
Y a la Sociedad Civil, solicitan “pronunciarnos en contra de la continuidad de la estrategia contrainsurgente y paramilitar. La liberación de los sentenciados, hoy quejosos, responsables de la masacre implicaría la confirmación de la acción de los grupos paramilitares contra la población civil, en el contexto del Manual de Contrainsurgencia que se implementa. Así mismo se corre el riesgo de la reactivación de sus acciones violentas.
Que no olvidemos lo sucedido, sus causas; que se movilice y manifieste sumándose a la exigencia de justicia y de la verdad.
