Ciudad de México, DF., (OEM).- Ante el saqueo de las comunidades indígenas y la depredación de su territorio por parte de empresas trasnacionales y debido a su exclusión desde hace siglos, este sector reclama una organización y unidad para rescatar sus derechos sociales, por lo que antes de concluir el año quedará constituido el Frente Social Nacional para concretar un proyecto de nación rumbo al 2012.
José Jacobo Femat, dirigente de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares, así lo anunció al tiempo de informar la realización del Primer Foro Indígena Mesoamericano, el 13 y 14 de noviembre próximo.
Ello se desprende de la necesidad de contar con verdaderos representantes indígenas, no sólo en la Cámara de Diputados, sino también en todas las esferas del Gobierno federal, pues durante siglos ese sector ha sido explotado en su fuerza de trabajo y despojado de sus tierras de origen.
Es indispensable contar con un frente de defensa de los derechos indígenas ya que los representantes legislativos en el ámbito federal o local que dicen tener raíz originaria han traicionado a sus pueblos y sólo se han concretado a cobrar en los espacios políticos que ocupan.
"Será un movimiento social al margen de partidos políticos que impulsará la unidad de la sociedad, incluyendo a los más de 15 millones de indígenas que existen en el país, así como a los cerca de 40 millones de votantes que aplican el abstencionismo en cada proceso electoral federal mediante una candidatura presidencial con visión nacionalista", explicó.
El encuentro se efectuará en la zona arqueológica de "Tonina", ubicada en el municipio de Ocosingo, Chiapas, y participarán pueblos de origen maya de los países de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala.
Los objetivos de este foro son evaluar el impacto regional de la política neoliberal en el desarrollo de los pueblos originarios; evaluar las políticas públicas en el manejo y protección de la biodiversidad de Mesoamérica.
Además de acordar medidas de unidad para impulsar acciones que fortalezcan el ejercicio de los pueblos mesoamericanos, para proceder a demandar el respeto y aplicación de los acuerdos de San Andrés Larráinzar y los convenios suscritos por México ante la OIT y la UNESCO.
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