Ciudad de México, DF:, (La Crónica de Hoy).- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal aseguró que funcionarios públicos de la administración local están relacionados en actos de “limpieza social” en contra de indígenas, drogadictos, indigentes y alcohólicos que “afean” el entorno citadino, por lo cual, son recluidos en albergues, privados de su libertad y obligados a trabajar, por lo que exigió a la Procuraduría capitalina que los investigue.
El ombudsman capitalino, Luis González Plascencia alertó sobre dicho fenómeno social que ocurre en algunas delegaciones de la ciudad de México, y presuntamente ordenada por algunos funcionarios locales.
“El objetivo es evitar que las personas que están en situación de calle afeen el entorno urbano… El simple retiro de estas personas no resuelve la problemática. Es importante aquí, plantearse una política pública que tenga como finalidad recuperar los derechos de las personas en situación de calle. Mientras eso no ocurra, cualquier acción que tenga como finalidad retirarlos…, será interpretado como limpieza social”, dijo González Plascencia.
Asimismo, el secretario de Gobierno, José Ángel Ávila Pérez, subrayó que de tratarse de un caso de “limpieza social” sería una de las cuestiones más infames que una sociedad pueda presenciar, por lo cual, aseguró que la Procuraduría General de Justicia capitalina tiene la instrucción de proceder con todo el peso de la ley, y hasta las últimas consecuencias.
“Nosotros condenamos absolutamente cualquier tipo de limitación de la libertad a las personas y sobre todo en una situación tan grotesca como la que se ha presentado con estas personas”, dijo el funcionario capitalino.
Anunció que las próximas reuniones de trabajo con la diputación de la Asamblea Legislativa para buscar los mecanismos de control necesarios para regular dichos establecimientos, que se presume trabajan en la clandestinidad, aunque habrá que esperar la resolución de la PGJDF.
Por su parte, el ombudsman dijo que en casos como Casitas del Sur, el Hospital Central de Oriente, y los hoteles de La Merced y Buenavista, donde se obligaba a menores de edad a ejercer la prostitución, es de suponer que hay servidores públicos de la administración capitalina involucrados brindando protección y canalizando víctimas a dichos lugares clandestinos.
“Por lo pronto, la omisión, la remisión sin supervisión, la ausencia de regulación, todo eso implica responsabilidad de servidores públicos”, dijo González Plascencia.
Aseguró que el caso de las 105 personas rescatadas del albergue Instituto de Rehabilitación de Alcoholismo y Drogadicción Santo Tomás “Los Elegidos de Dios”, es un ejemplo de la nueva modalidad de esclavitud.
En todos estos casos hay delincuencia organizada, trata de personas, corrupción de menores, y en su caso pornografía comercial infantil, secuestro entre otros, y aunque reconoció la labor de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por haber detenido a 27 presuntos responsables se deben revisar todas aquellas políticas de salud y desarrollo social.
Con estos hechos es evidente la incapacidad del Estado para brindar protección a los sectores vulnerables de la sociedad a tal grado, que son utilizados en trabajos forzados a manera de esclavos.
“Me parece que sobre lo que hay que llamar la atención es sobre las carencias que hay en la regulación y en la policía pública, que hoy hacen posible que en cualquiera de estos lugares, con el pretexto de la rehabilitación, se esclavice y se maltrate a personas”, consideró el ombudsman.
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