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22/11/2009

Para Xóchitl Gálvez, es producto de la corrupción partidista

Ciudad de México, DF:, (La Crónica de Hoy).- Xóchitl Gálvez, la ex comisionada nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, expresó que es inaceptable que los programas alimentarios del gobierno federal sean utilizados por los partidos políticos con fines electorales.

“Hay recursos públicos, hay millones de pesos etiquetados en el presupuesto para revertir este problema (el de la pobreza alimentaria), y en este foro tenemos que ponerle nombre y apellido, y el nombre y apellido se llama corrupción. Corrupción, y no voy a mencionar partido porque es pareja.

“Los pobres de este país se han vuelto un botín electoral; los pobres de este país representan un voto y, si ese pobre tiene la mala suerte de ser de un partido diferente al que gobierna, ese pobre es excluido de los programas sociales, ésa es la queja reiterada, la coacción, la amenaza”, enfatizó al participar en el foro “A 20 Años de la Convención de los Derechos del Niño: Saldos y Retos por Venir”, realizado en la Cámara de Diputados.

En tanto Saúl Arellano Almanza, asesor del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), aseguró que para 2010 la trata y explotación sexual infantil va a generar más ganancias que el tráfico de armas.

Indicó que se estiman ingresos por 32 mil millones de dólares anuales a nivel mundial, por lo que en México este delito generará 90 millones de dólares para los delincuentes.

Expresó que la trata de personas y la explotación sexual de niños y adolescentes es un atentado contra la seguridad del Estado, así como a la dignidad y libertad humanas, porque representa la mayor fractura de los derechos humanos.

Por su parte María Angélica Luna Parra, presidenta de la Asociación México Ciudad Humana, expresó que el DIF debe tener facultades de inspección a entidades públicas y privadas que atiendan a infantes.

De ahí que debe ajustarse el marco jurídico, para otorgarle facultades de inspección y establecer medidas precautorias para que los menores de edad no sufran maltrato.

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