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22 sep 2008

Proponen leyes en otomí en Querétaro

Querétaro, Qro., (Reforma).- Los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Legislatura local acordaron traducir todas las leyes del Estado al idioma otomí, a fin de que los indígenas de esta etnia tengan acceso a ellas de manera directa.

Asimismo, los legisladores exhortaron al titular del Poder Ejecutivo estatal a iniciar esta labor con la finalidad de que a la brevedad sean traducidas las leyes.

Magdaleno Muñoz González, presidente de la Comisión, señaló que con esto se brindará certeza jurídica y legal para los indígenas, en trámites y procesos de diferentes tipos.

De acuerdo con el legislador priista, se beneficiarán a cerca de 50 mil indígenas en todo el Estado, principalmente de los municipios de Amealco y Tolimán, lugares donde se concentra la mayor población de indígenas hñahñus.

"Lo que buscamos es que la población indígena esté, de alguna manera, mejor atendida en lo que es más el aspecto legal, argumentos, y que sus leyes puedan estar traducidas a su lengua, y en Querétaro estamos hablando aproximadamente de lo que es INEGI y la COESPO, estamos hablando de los 50 mil indígenas", explicó.

Agregó que en la propuesta también se menciona la manera de contar con traductores al otomí en materia de justicia, para llevar un proceso legal y transparente cuando se enjuicia a un indígena.

Y es que, aseguró, actualmente alrededor de 22 indígenas se encuentran en proceso penal, ante la poca garantía de recibir asesoría legal en su idioma.

"Dentro de lo que es materia de justicia se habla de los traductores, de alguna manera ya es un paso importante que se da a favor del indígena que esté acusado de alguna situación", dijo.

La comisión de Asuntos Indígenas exhortó en forma unánime que se traduzcan las leyes al lenguaje otomí hñahñu.

El acuerdo fue alcanzado, además por Magdaleno Muñiz, por los diputados, Martín Mendoza Villa, del PRD, y Antonio Aguilar Landaverde, del PRI, quien acordaron igualmente enviar un exhorto a la Secretaría de Gobierno, a Conaculta, al sector cultural, grupos indigenistas y a la propia Legislatura del Estado.

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